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ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO


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LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO OCULTAN EL DÉFICIT REAL CON EL QUE SE VA A CERRAR EL PRESENTE EJERCICIO

José Segura Clavell - Diario de Avisos

Aunque pueda parecer muy elemental, convendría que recordásemos que en los presupuestos hay que cuadrar los ingresos previstos con los gastos previstos y que cuando pasa el tiempo la realidad se suele parecer muy poco con lo que se previó.

Es decir, en múltiples ocasiones los gastos suelen ser mayores de lo previsto y los ingresos menores y de ahí la aparición de un déficit real. Por ello podemos afirmar que la mayor trampa de estos presupuestos se encuentra en la ocultación del déficit real con el que se va a cerrar el presente ejercicio.

La reducción del déficit, hasta finales de 2016, implica como mínimo un ajuste de 23.000 millones de euros para todas las administraciones públicas, cuyo valor resulta de la suma de dos sumandos, el primero la reducción del déficit del próximo ejercicio de 2016 y el segundo -que reiteramos Rajoy oculta en la presentación de los presupuestos-, de la desviación del déficit real del presente ejercicio de 2015.

Ahora bien, es cierto que el ciclo económico en el que nos encontramos como consecuencia de mayores ingresos públicos permitirá reducir el déficit en 13.000 millones de euros y en consecuencia el recorte de todas las Administraciones será aproximadamente de 10.000 millones de euros que coincide con el “regalo fiscal” que Rajoy ha realizado a las rentas más altas.

El Gobierno estima que los ingresos tributarios van a crecer un 6,2% en el 2016, sin embargo el propio Gobierno reconoce que para el 2015 se preveían unos ingresos que crecerían a una tasa del 5,4%, mientras que la dura realidad nos indica que en el tiempo transcurrido del presente año 2015 el crecimiento está siendo del 4,2%.

También se estimó que en el 2015 las cotizaciones sociales crecerían al 6,7%, pero también esa dura realidad nos indica que están creciendo al 1%.

En España justamente cuando la economía crece es cuando se incrementan las desigualdades, el gasto social se estanca en términos nominales, pierde peso en los presupuestos y se reduce en términos reales.

Si nos fijamos en el año 2011, el peso del gasto social en el conjunto del presupuesto consolidado fue del 58%, en el año actual 2015 se ha reducido al 54% y en el proyecto de 2016 se sitúa en el 53,5%.

El Gobierno argumenta que el gasto en desempleo -19.500 millones de euros- es menor, porque hay menor número de parados; sin embargo, la razón es otra dado que hay el mismo número de desempleados que en 2011, año en el que se destinaban al desempleo 30.500 millones de euros.

Lo que realmente puede explicar tal diferencia es el que en la actualidad sigue cayendo la cobertura por desempleo situada por encima del 50% por lo que podemos afirmar que uno de cada dos parados carece de prestación por desempleo.

Mientras, el Gobierno hace un regalo fiscal de 5.256 millones de euros a las rentas más altas y a las grandes corporaciones como consecuencia de la entrada en vigor de la segunda reforma fiscal gubernamental de cuya aplicación se desprende la pérdida de ingresos mencionada de 5.256 millones de euros resultado de la disminución de la recaudación derivada del impuesto de sociedades cifrado en 2.641 millones de euros y por otro de 2.615 millones de euros por la reducción del IRPF.

En este último caso se da la obscenidad de que el 1% de los contribuyentes más ricos (cerca de 194.000) se benefician de la reforma fiscal más de lo que lo hacen los 14 millones de contribuyentes que menos renta tienen; así como que los 5.000 contribuyentes más ricos se benefician más de la mencionada reforma fiscal, de lo que lo hacen los 8 millones de contribuyentes con menos renta.

Porque es una verdadera obscenidad e insensibilidad social el que el gobierno regale 5.256 millones a las rentas más altas y que tenga que recortar una cantidad similar en prestaciones por desempleo.

Finalmente téngase en cuenta que mientras Rajoy tiene como preferencia el 10% de los contribuyentes más ricos, la propuesta del PSOE del ingreso mínimo vital, tiene entre sus prioridades el 10% con menos renta, esto es, aquellos ciudadanos que más sufrimiento han soportado en la larga crisis que nos ha tocado vivir.

Tal como hemos puesto de manifiesto, la desviación de los objetivos del déficit público que inexorablemente se van a producir en la liquidación final de los presupuestos del 2015 provocará importantes recortes en los contenidos que configuran el Estado del bienestar y en la inversión productiva.

Es precisamente dicha desviación la que hace más irrealizables los presupuestos previstos por el Gobierno para el próximo año 2016. Asimismo, tanto o más preocupantes son los presupuestos de la Seguridad Social, más concretamente las previsiones de ingresos que realiza el Gobierno.

Ya los Presupuestos del 2015 para la Seguridad Social se habían evidenciado como irreales, cosa que se va poniendo de manifiesto con los datos acumulados hasta el día de hoy: los ingresos por cotizaciones sociales se preveía que crecieran al 8% y lo están haciendo al 1,3% en lo que va de año; una fantasía que se va a ampliar en el 2016, pues prevén un crecimiento del 7% adicional respecto de una cuantía global en la que se incluye ese utópico 8% de 2015.

Esto supone que en el 2016 solo se recaudará el 90% de lo presupuestado como cotizaciones a la Seguridad Social, lo que implicará un desfase adicional, al que se va a producir este año, no previsto de 12.000 millones de euros que se tendrá que cubrir acudiendo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cabe recordar que el Gobierno ha utilizado 37.000 millones de euros de ese fondo, es decir, casi la mitad de la cuantía con la que lo dejó dotado el último Gobierno socialista.

En el proyecto de presupuestos para el próximo año, se oculta un desfase en el presupuesto de la Seguridad Social de alrededor de 15.000 millones de euros, cuando se ha presupuestado un déficit solamente de 3.000 millones y, prácticamente, el agotamiento final del Fondo de Reserva de las pensiones para los próximos años.

Se está llevando a la Seguridad Social a una situación de riesgo por una política ciega, obsesionada en reducir el crecimiento de las pensiones y despreocupada por aumentar los ingresos. El año pasado nos dijeron que las cotizaciones aumentarían un 6,8%. A mitad de año tenemos un incremento de 1,32%, es decir, solo el 20% de lo presupuestado, y ahora se presentan con una previsión de aumento de las cotizaciones de empresarios y trabajadores del 8,4% para el año 2016.

Los pensionistas van a perder otra vez poder adquisitivo en el 2016 como ya les ha pasado entre 2010 y 2014. Sea cual sea el indicador social que se utilice, el Gobierno de Mariano Rajoy va a dejar al país peor de como lo encontró.

Con algunos datos laborales, actualmente hay 598.900 ocupados menos y 613.900 asalariados menos -calculados en empleo equivalente a tiempo completo- que en diciembre de 2011. La temporalidad se mantiene en los niveles de 2011 a pesar de que reducirla era un supuesto objetivo de la reforma laboral del PP. Su estrategia para acabar con la dualidad laboral ha pasado por igualarse en la precariedad, convirtiendo trabajo digno en precario.

Han aumentado los contratos a tiempo parcial forzados, con lo que ello supone de salarios por debajo del umbral de la pobreza y pensiones de miseria.

Hoy solo reciben prestaciones 55 de cada 100 parados, esto es, diez puntos menos que en el 2011, además de que más de la mitad de los que la cobran perciben solo el subsidio asistencial.

Las principales víctimas de sus políticas son los mayores de 50 años; la reforma laboral ha facilitado su despido, no se les ofrece oportunidades de empleo, se reducen sus prestaciones y se les dificulta la jubilación anticipada.

En 2016 se dedicarán a políticas activas de empleo el 30% menos que en 2011, cifrándose en la cantidad de 2.137.389 millones de euros. Esto sin contar que una buena parte de estos recursos se dedican a bonificar contratos precarios y a financiar ETT o empresas privadas de colocación.

Los recursos destinados a Dependencia se sitúan en 1.252 millones de euros, muy por debajo de los 1.498 millones del año 2011. Esto mientras 470.000 personas que tienen reconocido su derecho a prestaciones de dependencia no la reciben por falta de recursos.

Estos presupuestos, además de antisociales, son profundamente centralizadores, como se pone de manifiesto si comprobamos el recorte de los recursos que se destinan a las Comunidades Autónomas. Se fuerza una reducción del gasto sanitario de las Comunidades Autónomas, provocando en consecuencia el aumento de las listas de espera y generando una sanidad en dos velocidades.

Lo mismo sucede con la educación o con los servicios sociales, que sufren un ajuste presupuestario de manera dramática e incidiendo en la pérdida de competencias de los Ayuntamientos con una vulneración vergonzosa de la autonomía local.

En suma, unos presupuestos falsos y antisociales.