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READMITIDOS LOS 32 DESPEDIDOS EN GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA


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EL GOBIERNO READMITIRÁ A LOS 32 DESPEDIDOS EN GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA (GAN) AL TUMBAR EL ERE EL SUPREMO

J.A. Monreal/ S. Zabaleta - Patxi Cascante – Noticias de Navarra

Anula el expediente porque fue la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y no GAN quien comunicó al comité las extinciones

La ley impide al Gobierno plantear otro ERE sin el aval del Parlamento

La plantilla de Gestión Ambiental de Navarra (GAN) se manifestó enfrente del Parlamento cuando aprobó la ley para evitar más despidos de empresas públicas en agosto de 2013.

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El Gobierno de Navarra deberá readmitir a los 32 trabajadores de GAN (Gestión Ambiental de Navarra) a los que despidió en 2013. El TS ha anulado el ERE al entender que no se comunicó de modo debido a la representación de los trabajadores la finalización del periodo de consultas y, por tanto, la ejecución de los despidos.

“El comité conoce la decisión de los despidos de manera indirecta a través de una comunicación electrónica remitida por la directora de RRHH de CPEN y no por GAN”, detalla el fallo.

La sentencia es firme, cuenta con un voto particular en contra, contradice a la dictada por el TSJ de Navarra, se basa en una cuestión de tipo formal y obliga a la CPEN, a la que pertenece GAN, a readmitir a los trabajadores, previsiblemente a lo largo de las próximas semanas.

“Nos parece muy sorprendente, porque existen dos documentos con la firma de los representantes de los trabajadores en los que se comunica la finalización del periodo de consultas. No sé por qué se han obviado”, explicaba Jorge San Miguel, director de la Corporación Pública Empresarial de Navarra.

De este modo, el TS entiende que el comité solo conocía la decisión final de ejecutar los despidos por medio de un correo electrónico enviado por la directora de Recursos Humanos de modo posterior a que esta comunicara su decisión a la autoridad laboral.

El Supremo considera esta comunicación como insuficiente, algo sobre lo que discrepa el voto particular en contra y el propio Gobierno de Navarra. “La decisión contaba con el visto bueno de la Inspección de Trabajo”, señalaba San Miguel, quien recordaba que tanto el “Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio Fiscal” habían dado por bueno este modo de proceder.

Con esta decisión, la plantilla de GAN, que actualmente ronda los 83 trabajadores, deberá absorber a otros 32. O al menos aquellos que soliciten su regreso al puesto de trabajo, al caber la posibilidad de que alguno de ellos decida no hacerlo.

“Tenemos que ver qué hacemos, cómo podemos incrementar los ingresos para adecuarnos a esta nueva estructura”, señalaba San Miguel, quien mencionaba la posibilidad de recuperar algunas externalizaciones y asumía que las cuentas de 2015 retomarán un cierto desequilibrio. “Habrá que reforzar la actividad comercial”, destacaba San Miguel, que hace unas semanas informó ante el Parlamento de Navarra sobre la previsión de cierre de cuentas de 2014. GAN presentó un beneficio neto de 115.141 euros.

Desde el comité, compuesto por cuatro delegados de CCOO y otros cuatro de UGT, mostraron “satisfacción”, pero también “prudencia” y solicitaron reunirse con la dirección de GAN. La parte social presentó la demanda en el Supremo, defendida por el abogado Chema Pastor, con varios motivos, pero únicamente el Alto Tribunal examinó la cuestión de la caducidad del procedimiento del ERE, que le sirvió para su dictamen.

Devolución de salarios

El letrado indicó que la ejecución de la sentencia conlleva el pago de los salarios a los afectados desde que fueron despedidos hasta la actualidad; y la devolución de las indemnizaciones a la empresa y de las prestaciones por desempleo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem). En un principio, los trabajadores no se tienen que encargar de afrontar el reingreso del paro sino que la empresa resta a la cantidad total de salario que debe a cada empleado, el paro que ha consumido, para resolver esa deuda que ingresará al Inem.

La ley permite hacer otro ERE Según la normativa vigente, al no comunicar de forma oficial a la parte social la conclusión del ERE, en el plazo de quince días caduca el expediente y se anulan los despidos. Pero, esto no evita que la empresa pueda plantear otro expediente con despidos, ya que la propia ley lo permite.

Sin embargo, desde agosto de 2013, la mayoría del Parlamento foral, excepto UPN y PPN, aprobó una modificación sobre la ley foral de empresas públicas a través de la cual el Gobierno necesita el respaldo de la mayoría de la Cámara para hacer un ERE. Un cambio que tuvo su origen en este mismo expediente de extinción en GAN. Por ello, en el caso de que el Ejecutivo decidiera proponer otro ERE tendría que contar con el apoyo del legislativo.

¿Qué dice la sentencia?

Comunicación indirecta.

“El comité solo conoce los despidos indirectamente a través de una comunicación electrónica remitida por la directora de Recursos Humanos de la CPEN... Ganasa no comunica a los representantes de los trabajadores su decisión final sobre el despido colectivo...”.

No solo es deber informativo.

 “La omisión de la exigencia de comunicar a los representantes de los trabajadores la decisión de despido colectivo no es un mero incumplimiento de un deber informativo, sino un requisito esencial para la efectividad primero del despido colectivo, después de los despidos individuales, y en su caso de la posible demanda empresarial con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva”.

Cronología: Mes frenético: junio de 2013

El plan de reestructuración.

En junio de 2013, la Corporación Pública Empresarial de Navarra inició un plan para salir de los números rojos. Entre las medidas, la aplicación de un ERE de extinción en una de sus empresas, GAN.

Su gerente, en la picota.

En este proceso, se conoció que el gerente de GAN en ese momento, José Torres, fue uno de los promotores de una oscura operación en Echauri Forestal, cuyas pérdidas las asumió GAN.

Sin acuerdo y con 20 días.

La negociación del ERE concluyó sin acuerdo, y el Gobierno decidió aplicar el expediente, con la indemnización mínima que marca la ley. El comité acudió a los tribunales.