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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (10 DE ENERO DE 2018)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

SIGUE LA HUELGA EN EL PALACIO EUSKALDUNA TRAS UNA CITA SIN ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ

COLA DE 11 KILÓMETROS DE TRÁILERES EN LAS CARRETERAS DE GIPUZKOA, EL SEGUNDO DÍA DE LA HUELGA

EL 80% DE TRABAJADORES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) ACEPTA PREACUERDO PARA DESCONVOCAR LA HUELGA

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EXPEDIENTA A OTRA DECENA DE BOMBEROS EN HUELGA

LOS TRABAJADORES DE XUSTIZA EN GALICIA AMENAZAN CON NUEVOS PAROS

LA PLANTILLA DE FERROATLÁNTICA DENUNCIA "UNA REPRESALIA" POR LA FALLIDA VENTA DE LAS CENTRALES

VIGILANTES DEL METRO DE MADRID: A LA HUELGA TRAS MÁS DE DOS MESES SIN COBRAR

VARIOS CENTENARES DE TRABAJADORES DE AMAYA PROTESTAN EN SEVILLA AL CONSIDERAR UN "PARIPÉ" LA MESA DEL CONVENIO

LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA LAS DEMANDAS DE ALGUNOS SINDICATOS CONTRA EL ERE DE LIBERBANK

DENUNCIAN QUE RENFE SIGUE EXTERNALIZANDO SERVICIOS Y NO CUBRE LAS BAJAS DE LA PLANTILLA

ESPAÑA TENDRÁ QUE INDEMNIZAR A 5 EMPLEADAS QUE DENUNCIARON A UN 'SÚPER' POR VIGILARLAS CON CÁMARAS

ALICANTE SERÁ LA MÁS AFECTADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR EL ERE DE BANKIA

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

- Acta de acuerdo para el Convenio colectivo marco de la Unión General de Trabajadores (VER PDF)

- Acuerdo derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos (VER PDF)

- Acuerdo derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos (VER PDF)

- Acta de modificación del II Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL (VER PDF)

SIGUE LA HUELGA EN EL PALACIO EUSKALDUNA TRAS UNA CITA SIN ACUERDO ENTRE LA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ

EFE – Bilbao

La huelga de auxiliares en el Palacio Euskalduna, en Bilbao, continúa tras haberse celebrado una reunión entre la dirección de Eulen, adjudicataria de los servicios, y el comité, sin acuerdo, ha informado el sindicato ELA.

Son 45 las personas que, subcontratadas por la empresa Eulen, trabajan en el Palacio Euskalduna y que están en huelga indefinida.

El sindicato ha explicado que el comité se ha reunido con la dirección pero no hubo ningún acuerdo: "La oferta de la empresa es claramente insuficiente, y no sirve para acabar con la precariedad que sufren estos trabajadores".

Según ELA, "Eulen sigue sin reconocer la antigüedad -algunos trabajadores llevan 15 años en el Euskalduna-; la propuesta salarial sigue siendo precaria, y la regulación del personal eventual -60% de la plantilla- está sin determinar".

Ante esta situación, la plantilla lo tiene claro: seguirán con la huelga y con las movilizaciones.

Esta tarde, a las 16:00 habrá una concentración ante el Euskalduna, coincidiendo con el espectáculo de Peter Pan; y el 5 de enero, a las 12:30, Melchor, Gaspar y Baltasar entregarán en nombre de la plantilla un saco de carbón a la Diputación Foral de Bizkaia.

COLA DE 11 KILÓMETROS DE TRÁILERES EN LAS CARRETERAS DE GIPUZKOA, EL SEGUNDO DÍA DE LA HUELGA

Las retenciones se han prolongado durante toda la tarde

Si una imagen vale más que mil palabras, las colas registradas en la AP-8 a la altura de Irún en dirección Baiona sirvieron a la Diputación de Gipuzkoa para armar el mejor discurso sobre la escasa incidencia del paro de transportistas.

El carril derecho de la autopista colapsado de camiones sustentaba la valoración de la institución foral sobre una «escasa repercusión» de la huelga.

Ocurrió el primer día de movilización, y se repitió de manera más acentuada. Las colas de vehículos pesados en el peaje de Irún certificaron una densidad de tráfico de transportistas que contrastaba con la celebración de un paro que llamaba a no transitar por las carreteras de Gipuzkoa.

Las hileras de tráileres llegaron a los seis kilómetros y se alcanzaron retenciones de hasta once kilómetros, según confirmaron fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Las cifras pusieron en bandeja a la Diputación la conclusión de que «se demuestra que el flujo de camiones se mantiene durante estos días».

La ubicación del tapón de camiones dejaba al descubierto el desmarque de la huelga de muchos transportistas. Diferente hubiera sido si se hubiera producido en la salida de Behobia hacia Francia, con camiones que para evitar cruzar Gipuzkoa procedieran de la N-121-A.

Pero la aglomeración afectó a los transportistas que se incorporaban a la AP-8 desde el interior de Gipuzkoa, bien desde la misma autopista de pago o desde la N-1, gratuita aún hasta el martes, día 9.

EL 80% DE TRABAJADORES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) ACEPTA PREACUERDO PARA DESCONVOCAR LA HUELGA

EFE – València

El 80 % de los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), reunidos en asambleas, han aceptado el preacuerdo alcanzado por la dirección de la empresa y los sindicatos y que supone la desconvocatoria definitiva de la huelga.

Según han informado fuentes del sindicato UGT en el comité de empresa, el acuerdo sometido a votación de los empleados se alcanzó el pasado día 22 de diciembre y supuso desconvocar los paros en el metro y el tranvía, formalizados en su momento por UGT, CCOO, SIF y SCF, hasta estas reuniones.

Se han celebrado asambleas, de mañana y tarde, tanto en València como en Alicante y en su conjunto, el 80 % de los trabajadores ha aceptado el preacuerdo, por lo que está previsto informar a la empresa del resultado de las consultas y desconvocar oficialmente los paros.

Entre los puntos del acuerdo destaca la revisión del reglamento disciplinario de FGV en el seno de la Comisión Negociadora del XIII Convenio Colectivo, que deberá adecuar el Reglamento de faltas y sanciones al régimen sancionador de la futura Ley de Seguridad Ferroviaria, en tramitación parlamentaria, y que era uno de los principales aspectos que rechazaban los sindicatos.

"Con la última redacción del documento de acuerdo, se salvaguardan las condiciones de los trabajadores", han argumentado las fuentes para defender el texto aprobado para desconvocar la huelga.

Esa adecuación contemplará los supuestos de concurrencia normativa para evitar situaciones de doble imposición en casos de responsabilidad penal, civil y administrativa.

También recoge las propuestas iniciales que planteó la empresa y que contemplan mejoras de las condiciones de trabajo del colectivo del personal de conducción y circulación, como ampliar en dos días la formación anual del personal de circulación (ahora cuatro jornadas), el abono por los gastos de desplazamiento para la realización de la formación, y de los reconocimientos médicos y pruebas para el mantenimiento de las habilitaciones.

Igualmente, se establecen nuevos plazos para realizar una nueva evaluación psicológica, con el fin de obtener o renovar el certificado en la habilitación: 1 año para las evaluaciones de inicio y 3 meses para la renovación.

Entre otros aspectos, también se fija descanso de 10 minutos cada 2 horas para los Reguladores de Puesto de Mando en aquellas situaciones denominadas "degradadas" en las que no quepa realizar pausas para prevenir fatiga física, visual y mental, y que la duración mínima de la jornada diaria se establezca en 6 horas, incluyendo los tiempos de toma y deje correspondientes. En el caso de que fuera menor, se computarán esas 6 horas como jornada del día.

También se estipula un límite máximo de 8 días continuados de trabajo en ciclos diurnos y 4 días de trabajo nocturnos seguidos, salvo en el caso de los maquinistas de tracción diésel, en los que no se podrán superar los 5 días consecutivos de trabajo.

Ambos límites podrán superarse hasta 10 días siempre que sea por voluntad del trabajador o transitoriamente en supuestos de servicios especiales (Hogueras, Fallas, San Juan).

Cuando por algún motivo haya de superarse la jornada ordinaria diaria, a partir del 1 de enero de 2018 no se podrán realizar más de 10 horas, incluyendo las horas extras, frente a las 12 actuales. El límite será de 9 horas y 30 minutos a partir del 1 de enero de 2019.

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EXPEDIENTA A OTRA DECENA DE BOMBEROS EN HUELGA

Jesús Sánchez Orellana - cadenaser.com

Han sido citados para tomarles declaración por una "información reservada" que no han detallado

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto expediente a otra decena de bomberos municipales a los que ha citado el miércoles 10 de enero para tomarles declaración ante una "información reservada" que se instruye desde la jefatura de la Policía Local de Málaga.

Los diez operarios muncipales han recibido el escrito, fechado el pasado tres de enero, y en él un "instructor" de la causa les cita por designación del Director General de Recursos Humanos, Calidad y Seguridad del consistorio malagueño.

El documento no señala los hechos por los que han sido citados; se limita a decir que se trata de una "información reservada". Sin embargo, este tipo de escritos no son nuevos para la plantilla de bomberos de Málaga que llevan más de un año protestando por las condiciones laborales en las que tienen que desarrollar su trabajo.

Durante estos más de doce meses (el primer aniversario se cumplió el pasado 29 de diciembre) otros efectivos han sido citados del mismo modo por las pintadas aparecidas en los vehículos contraincendios o en las fachadas de los propios parques.

Los bomberos exigen abrir una negociación que el equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento se niega a abordar. Uno de los momentos más tensos se vivió durante la pasada Nochebuena y Nochevieja cuando el propio alcalde, Francisco de la Torre, visitó el dispositivo de seguridad y vigilancia en el parque de Martiricos.

En la segunda visita, los efectivos tiraron al suelo (de manera simbólica) las caretas blancas que se habían puesto en señal de solidaridad con toda la plantilla y con las que exigían ser escuchados.

Todos los grupos políticos, a excepción del PP, han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. El conflicto laboral continúa, de momento, enconado.

Infoca en Sevilla el 4 de enero de 2018 -> https://youtu.be/cBJP8V9Zx7Y

El pasado 4 de enero en Sevilla, los Bomberos se han movilizado

LOS TRABAJADORES DE XUSTIZA EN GALICIA AMENAZAN CON NUEVOS PAROS

El comité explicó que la oferta económica de la Xunta para "recuperar las cantidades confiscadas" a los trabajadores de la justicia gallega en el periodo 2013-2016 es de entre 3.500 y 10.000 euros anuales

El comité de huelga de la justicia gallega (integrado por SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.) y la Dirección Xeral del ramo de la Xunta celebraron la cuarta reunión para negociar salarios, derechos de los trabajadores y las plazas vacantes. Para los sindicatos, el Gobierno gallego exhibe "su peor talante".

El comité explicó que la oferta económica de la Xunta para "recuperar las cantidades confiscadas" a los trabajadores de la justicia gallega en el periodo 2013-2016 es de entre 3.500 y 10.000 euros anuales.

Las centrales calculan que "se tardaría más de 10 años en recuperar" lo perdido a ese ritmo. En este sentido, han recordado que "las cantidades solo se confiscaron a los trabajadores gallegos", ya que en el resto de comunidades autónomas y en el propio ministerio no se retiraron.

Por lo que respecta a la "discriminación sanitaria", las organizaciones sindicales han incidido en que la Xunta "sigue sin aceptar la regulación de las incapacidades laborales" como sí hace con el resto de trabajadores de la administración de justicia, magistrados, fiscales y letrados judiciales.

Aunque el comité de huelga prevé una próxima reunión con la Dirección Xeral de Xustiza el martes 9 de enero, ha asegurado que, si la Xunta de Galicia no cambia de actitud, el día 25 la justicia gallega "se parará otra vez".

Finalmente, ha recordado que la pasada "paralización" de la justicia en Galicia, que se produjo los días 1 y 13 de diciembre, tuvo un seguimiento del 95 por ciento, además de que se prevé una "huelga indefinida" para el día 7 de febrero

LA PLANTILLA DE FERROATLÁNTICA DENUNCIA "UNA REPRESALIA" POR LA FALLIDA VENTA DE LAS CENTRALES

Manuel Barral - laopinioncoruna.es

El grupo pretende cambiar los convenios de empresa en cada centro de trabajo por un acuerdo marco estatal - El comité de Cee y Dumbría lo achaca al "no" a la operación

Protesta de trabajadores de Ferroatlántica ->

http://fotos01.laopinioncoruna.es/2018/01/05/328x206/plantilla-ferroatlantica.jpg

Las claves

El conflicto. Ferroatlántica pretende aunar en un acuerdo marco estatal todos los convenios colectivos de empresa que tiene en sus centros de trabajo en España

Lectura. La plantilla de A Costa da Morte considera que la medida es “un castigo, una represalia” de la empresa tras no poder desarrollar su plan de venta de los saltos de agua

Convocatoria. Los trabajadores denuncian que el grupo no convocó a los comités de empresa de los distintos centros, sino a los sindicatos con representación en la firma

Consecuencias. El comité de empresa de Cee y Dumbría sigue con las movilizaciones y no descarta convocar una huelga ni recurrir un posible acuerdo marco estatal en los tribunales

La paz entre Ferroatlántica y los trabajadores de las fábricas y las centrales hidroeléctricas de A Costa da Morte ha durado poco después de que la Xunta rechazase la solicitud de la empresa para separar la actividad de generación eléctrica de la producción de ferroaleaciones, requisito indispensable para poder vender los saltos de agua, como pretendía.

La plantilla de Cee y Dumbría retomó en los últimos días las movilizaciones pero no contra los planes de venta de las centrales de los ríos Xallas y Grande sino por la pretensión de la compañía controlada por Villar Mir de suprimir los convenios colectivos de empresa existentes en los distintos centros de trabajo con los que cuenta en España y sustituirlos por un acuerdo marco para el conjunto de sus instalaciones en territorio español.

Los trabajadores de A Costa da Morte, que ya realizaron dos protestas y no descartan convocar una huelga, consideran que la medida es "una represalia, un castigo" de la empresa tras haberse frustrado su plan de venta de las centrales hidroeléctricas gallegas.

Además, denuncian que Ferroatlántica "usurpa la legitimidad de negociación de los comités de empresa de los centros de trabajo" porque la dirección del grupo reconoce como interlocutores para pactar el acuerdo marco a los representantes de los sindicatos con representación en la plantilla.

"La empresa no ha convocado a los comités de empresa, sino a las secciones sindicales de cada sindicato, por lo que no tenemos representación en una mesa en la que deberíamos estar por ser el mayor centro de trabajo de España", denuncia uno de los integrantes del comité de empresa de las fábricas de Cee y Dumbría. "El proceso tenía que realizarse mediante la convocatoria de un comité intercentros, pero no ha sido así", añade.

Los centros de Ferroatlántica en A Costa da Morte cuentan actualmente con dos secciones sindicales, una integrada por CIG y CGT y otra de independientes, después de que los vinculados a UGT y CCOO decidiesen abandonar ambos sindicatos una vez que sus representantes autonómicos y estatales apostaron por apoyar el plan de la empresa de vender las centrales hidroeléctricas gallegas.

El comité de empresa, sin embargo, anuncia que irá hasta el final para defender los intereses de la plantilla, "llegando a los tribunales si es necesario".

En los últimos días el comité de empresa ya denunció la situación en la Inspección de Trabajo y el Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Solución de Conflitos Colectivos de Traballo (AGA).

Los empleados de A Costa da Morte aseguran que el convenio colectivo vigente en Cee y Dumbría caducó en 2015, pero que está prorrogado por la cláusula de ultraactividad de los convenios y que en los últimos dos años los representantes sindicales presentaron varias propuestas a la empresa para negociar su renovación. "Desde 2016 estaba la negociación pendiente por el tema de las centrales, pero tenemos un convenio propio, con una comisión negociadora propia.

Con el convenio marco quiere puentearnos, al no estar vinculados a ningún sindicato, por eso creemos que es una represalia, un castigo tras frustrársele la venta de los saltos de agua", concluye uno de los integrantes del comité de empresa de Cee y Dumbría.

Los trabajadores seguirán con movilizaciones en los próximos días, sin descartar la huelga si se cierra un acuerdo marco estatal.

VIGILANTES DEL METRO DE MADRID: A LA HUELGA TRAS MÁS DE DOS MESES SIN COBRAR

Víctor de la Fuente

En estos días donde el consumismo alcanza su máximo esplendor y los vagones son abarrotados por las compras navideñas.

Las trabajadoras y trabajadores de seguridad privada del Metro de Madrid siguen luchando por algo tan sencillo como que les paguen su sueldo.

Ya son más de dos meses los que los trabajadores de seguridad del Metro de Madrid llevan sin cobrar sus nóminas. Esta situación les ha llevado a convocar una huelga indefinida para reclamar a la empresa Seguridad Integral Canarias (SIC) los salarios que les corresponden.

Empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva las Palmas e imputado y condenado a prisión por varios casos. Pongámonos en situación y echemos un vistazo al historial de este empresario.

Fue condenado a tres años de prisión por un delito medio ambiental y posteriormente indultado por el gobierno del Partido Popular presidido por M. Rajoy.

Además de ser imputado por un delito de fraude fiscal multimillonario a Hacienda y la Seguridad Social por cantidades que ascenderían a 21 millones de euros, según un informe de la Inspección de Trabajo.

Y como guinda al pastel Miguel Ángel Ramírez apareció en los papeles que registraban las donaciones de la ya famosa “Caja B” del Partido Popular, por cantidades que ascendían a los 150.000€ en los años 2010 y 2011.

SIC es una de las tres empresas contratadas por la Comunidad de Madrid para gestionar la seguridad del servicio de metro de la ciudad.

Servicio de transportes públicos gestionados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid e integrado por la empresa pública Metro de Madrid S.A. responsable directa de la gestión de la red del suburbano de la ciudad.

Esta no es la primera de las huelgas que ponen en marcha l@s trabajador@s de la empresa Seguridad Integral Canarias en el metro de Madrid, ya en Mayo del pasado año celebraron otra huelga que cual tuvo un seguimiento del 90%.

Protesta que se trasladó el pasado 1 de Diciembre frente a la Asamblea de Madrid donde l@s trabajdor@s reclamaron el papel de la Comunidad de Madrid como parte contratante de los servicios.

Pues Metro Madrid no se ha presentado a las reuniones que se han celebrado entre ambas partes y no ha puesto en marcha las sanciones que ya avisó que impondría si la empresa no respetaba los derechos de la plantilla.

La situación ha trascendido más allá del conflicto sindical, la diputada Isabel Serra de Podemos Comunidad de Madrid, introdujo el debate en el pleno de la Comunidad.

Preguntado y reclamando a la consejera del gobierno del Partido Popular que éstos no hayan ayudado a l@s trabajdor@s actuando por tanto en apoyo de la empresa privada. Ya en Marzo de 2016 explicó desde la tribuna del pleno la precaria situación de l@s trabajador@s de seguridad privada: sueldos de 700€ y precariedad.

Era el caso de la empresa Mar Segur, la cual consiguió ser la mayor adjudicataria de contratos de seguridad privada de la comunidad.

Su clave, reducción de salarios e incumplimiento del convenio que rige el sector, reducción o eliminación de los pluses que establece el puesto, como peligrosidad o nocturnidad. Casualidades, esta empresa también pertenece al ya mencionado previamente Miguel Ángel Ramírez.

En este pleno ya aparecía la empresa SIC (Seguridad Integral Canaria), la cual había sido denunciada por obligar a sus trabajador@s a realizar horas extra a cambio de dietas para no cotizar a la Seguridad Social y casi dos años después sigue gestionando este servicio público y arrastrando a trabajadores como Daniel a una huelga de hambre que se ha alargado durante más de 16 días.

Finalmente Miguel Ángel Ramírez ha conseguido hacerse prácticamente con el total del monopolio de la seguridad privada de la comunidad: urgencias del SUMA, sede de empleo, de cultura, residencias infantiles, etc.

A través de concursos públicos en los cuales el Partido Popular siempre establecía unos límites de gasto a las empresas que se presentaban tan bajo que eran imposibles de cumplir asumiendo el convenio laboral, lo cual obliga a las empresas que cumplen dicho convenio a quedarse fuera sistemáticamente del concurso.

José Antonio, uno de los portavoces de la asociación Marea Negra en defensa de l@s trabajador@s de la seguridad privada, asegura en declaraciones a Poder Popular: “La connivencia entre los empresarios y la administración pública no es ninguna novedad.

Ya con la reforma laboral de 2012 y la Ley de Contrataciones, se firmaban contrataciones de empresas por parte de la administración sin atender a los servicios que se iban van a prestar.

Todo ello ha permitido a estos empresarios ganar increíbles cantidades de beneficios, como por ejemplo las empresas Securitas y Prosegur, las cuales aumentan su cotización en bolsa constantemente mientras rebajan el salario a los trabajadores hasta que es insostenible con la vida.”

Desde Marea Negra señalan otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las plantillas de trabajador@s frente a la patronal. “Es indignante el papel de los sindicatos mayoritarios como CCOO, UGT y USO principalmente.

Sientan a gente a negociar que nada tiene que ver con el sector y reuniones a espaldas de los trabajadores.” Desde Marea Negra confían en conseguir aglutinar al total de las plantillas, trabajadores y trabajadoras del sector, que ya cuenta con cerca de 300.000 personas, para poder alcanzar sus reivindicaciones.

VARIOS CENTENARES DE TRABAJADORES DE AMAYA PROTESTAN EN SEVILLA AL CONSIDERAR UN "PARIPÉ" LA MESA DEL CONVENIO

Sevilla (Europa Press)

Varios centenares de trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) --dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta andaluza-- han protestado en Sevilla tras ver "inaceptables" las propuestas de la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo, una mesa que consideran un "paripé".

Así lo han indicado fuentes del sindicato CGT, cuya sección sindical, al igual que la del SAT, han convocado esta concentración en la puerta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas --en el edificio Torretriana, ubicado en la Isla de la Cartuja--, y más tarde una marcha desde esta consejería a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, también en la Cartuja, acabando a las puertas de donde se encuentra la Dirección de Amaya.

"Ha habido una buena participación, pero no nos ha recibido nadie", han indicado estas mismas fuentes, que recuerdan que tras un receso en el calendario de movilizaciones para ver cómo iba la mesa de negociación, han vuelto a protagonizar protestas porque "estamos viendo que la mesa es un paripé", lamentan.

La marcha de se ha desarrollado bajo el lema 'Por un salario y condiciones laborales dignas y adhesión al VI convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía'.

Desde la CGT aclaran que "tras recibir noticias por parte de la dirección de Amaya de que en dicho convenio no se podrá incrementar la masa salarial ni un céntimo, ni tan siquiera en los complementos, a excepción de la antigüedad, cuya propuesta es darla progresivamente cada año, nos parece inaceptable que un dispositivo como es el dispositivo Infoca, dedicado a combatir los incendios forestales y que está reconocido como el mejor de Europa, no pueda incrementar después de once años nuevamente sus salarios, cuando vemos que en otras comunidades como Extremadura o Valencia sí que se ha incrementado dicha masa salarial en los dispositivos contra incendios".

A esta falta de subida salarial se suma el rechazo a hacer una relación de puestos de trabajo (RPT), "cosa que no tiene lógica siendo una agencia pública", según apunta el sindicato, que agrega que "tampoco se le da una solución a la estabilidad de nuestros colectivos precarios de indefinidos no fijos, indefinidos no fijos discontinuos de Infoca y eventuales de la bolsa Infoca, llevando más de doce años echando cuatro meses de trabajo y a los que se les está haciendo un trato discriminatorio al no dejarlos participar en promoción".

A todo esto le añaden desde CGT "la falta de reconocimiento de dicha categoría de bombero forestal, la cual solo se ha quedado en un nombre, sin reconocimiento de las enfermedades profesionales, sin unas cualificaciones recibidas y sin una jubilación anticipada para nuestros mayores".

LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA LAS DEMANDAS DE ALGUNOS SINDICATOS CONTRA EL ERE DE LIBERBANK

Europa Press

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado las demandas presentadas por las organizaciones CSI, Csica y Apecasyc contra Liberbank y otros sindicatos --UGT, CCOO y CSIF, entre otros-- por el procedimiento de despido colectivo acordado el pasado 21 de junio al considerar que se interpusieron fuera de plazo.

Concretamente, las demandas fueron presentadas por los sindicatos Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), Asociación Profesional de Empleados de Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (Apecasyc) y Confederación Sindical Independiente de Empleados de Cajas y Afines (Csica). Los dos primeros presentaron su demanda el pasado 26 de julio, mientras que Csica interpuso la suya al día siguiente.

Los demandantes solicitaban ante el juez que se declarasen nulas o, al menos, injustificadas, las medidas integradas en el acuerdo al que llegaron entidad y sindicatos el pasado mes de junio por el que se establecían bajas incentivadas y voluntarias para un máximo de 525 personas en España.

La defensa de la entidad alegó que la acción debía considerarse fuera de plazo, pues el periodo de caducidad era de veinte días a contar desde la fecha del acuerdo, que fue el 21 de junio de 2017.

Finalmente, la Audiencia Nacional ha dado la razón al banco dirigido por Manuel Menéndez, si bien señala en su fallo que puede presentarse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Bajas voluntarias

El acuerdo firmado entre sindicatos y entidad establece, entre otras medidas, bajas voluntarias por prejubilación para los nacidos entre 1956 a 1959 con una remuneración de entre el 75% y el 80% del salario neto y bajas incentivadas voluntarias con indemnización de 33 días por año trabajado con un límite de 120.000 euros.

Además, se contempla una compensación económica para los empleados con salarios brutos inferiores a 30.000 euros de 400 euros en 2017 y de 800 euros para 2018 y 2019.

El plazo de ejecución del procedimiento acordado se extiende desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, periodo durante el cual los trabajadores de la entidad tienen una jornada de trabajo reducida de entre el 10,04% y el 13,56% anual.

Asimismo, se establece una reducción de jornada de entre el 18% y el 30% para hasta 50 trabajadores que lo hubieran solicitado voluntariamente.

DENUNCIAN QUE RENFE SIGUE EXTERNALIZANDO SERVICIOS Y NO CUBRE LAS BAJAS DE LA PLANTILLA

La media de edad de los 200 trabajadores de Renfe y Adif en Salamanca supera los 55 años

CGT denuncia que Renfe y Adif siguen privatizando los servicios

Plantilla envejecida, con bajas que no se cubren, y externalización de los servicios. Son dos de los problemas a los que se enfrentan los 200 trabajadores de Adif y Renfe en Salamanca. Con una media de edad de sus trabajadores que supera los 55 años, Ubaldo Hernández, representante sindical de CGT en el comité de empresa, afirma que no se cubren las bajas por jubilación, situación a la que se suma la privatización de los servicios que hasta ahora venían realizando estos trabajadores “con una calidad cuestionable”.

Para Hernández, con esta política de la empresa se aumenta la precariedad. “Se generan vacantes que no se sustituyen y se privatizan los servicios que hasta ahora realizaba la plantilla”, asegurando que en los últimos cuatro años se ha reducido el número de trabajadores en más de 30. El representante de CGT asegura que la privatización está reduciendo la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios y lamenta que se prime la rentabilidad por encima de la calidad que se ofrece a los usuarios.

Pacto de estado en materia de ferrocarril

Ubaldo Hernández también aboga por un Pacto de Estado en materia de ferrocarril que permita la comunicación por tren de todo el territorio. “Aunque no sean todos AVE, pero que haya comunicación”.

En este sentido, CGT solicita que los trenes procedentes de Madrid continúen, “al menos una vez al día” hasta Fuentes de Oñoro para que los vecinos de la comarca de Ciudad Rodrigo puedan desplazarse por tren hasta Salamanca, Valladolid o Madrid.

Una petición realizada por los comités de empresa. Se trata, asegura Hernández, de una “cuestión de voluntad política”, aunque reconoce que en Salamanca “somos pobres hasta para pedir”.

ESPAÑA TENDRÁ QUE INDEMNIZAR A CINCO EMPLEADAS QUE DENUNCIARON A UN 'SÚPER' POR VIGILARLAS CON CÁMARAS

Beatriz Ríos - Bruselas

Vista general de edificio sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera la práctica una violación del derecho a la intimidad

En 2006, cinco empleadas de una cadena de supermercados española fueron despedidas por haber cometido robos o ayudado a compañeros y clientes a cometerlos en el establecimiento.

La empresa utilizó imágenes de cámaras de seguridad para probar los hurtos y justificar los despidos.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha determinado que aunque los despidos son procedentes, la instalación de cámaras de seguridad sin informar a los trabajadores constituye una violación de su derecho a la intimidad y exige a España que compense a las afectadas con 4.000 euros por daños.

Ante el incremento de hurtos en un supermercado, la dirección decidió instalar cámaras de seguridad. Debido a las sospechas de que los trabajadores podían estar implicados en los robos, la dirección no informó a la plantilla del emplazamiento de cámaras de vigilancia encubiertas.

Sin embargo, fueron las imágenes registradas por estas últimas las que permitieron probar las sustracciones por parte del personal y proceder posteriormente a los despidos de cinco trabajadoras, que denunciaron a la empresa.

Denunciaron

Las trabajadoras despedidas consideraron que el uso de las grabaciones suponía una violación de su derecho a un juicio justo y a la intimidad.

El TEDH considera que el procedimiento fue apropiado, ya que "el material de vídeo no fue la única prueba en la que se basaron los tribunales nacionales al confirmar las decisiones de despido", y además, las demandantes pudieron impugnar las grabaciones.

Sin embargo, alega que la utilización de cámaras encubiertas supone una violación del derecho a la intimidad, ya que las denunciantes "deberían haber sido informadas de que estaban bajo vigilancia".

Tanto el Juzgado de lo Social de Granollers como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que examinaron el caso aludieron a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al considerar que cuando existe sospecha de robo, el derecho a la privacidad del trabajador se enfrenta al de propiedad del empleador.

Entendieron que al tratarse de una práctica reiterada, el uso de cámaras escondidas era proporcional. El TEDH discrepa. Estrasburgo entiende que "la vigilancia no cumplió con la legislación española" y cree que los tribunales nacionales no lograron "un equilibrio justo" entre los derechos del trabajador y el empleador.

Salvaguardar derechos

E insiste el Tribunal, "los derechos del empleador podrían haberse salvaguardado por otros medios", podría haberse proporcionado información general sobre la vigilancia a los empleados, además de sobre sus derechos, recogidos en la Ley de Protección de Datos.

Las demandantes acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras los rechazos de los recursos de casación y amparo de las demandantes, este último ante el Constitucional. El TEDH es competente siempre y cuando se hayan agotado todas las vías nacionales posibles y el afectado considere que el Estado en cuestión ha violado alguno de los derechos recogidos en la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

España alegó no ser responsable en este caso, al tratarse de una disputa con una empresa privada. Sin embargo, Estrasburgo recuerda que "los países tienen una obligación positiva en virtud del Convenio Europeo de tomar medidas para garantizar el respeto de la vida privada".

Los tribunales españoles fallaron al hacerlo. El Estado deberá compensar con 4.000 euros a cada una de las afectadas, además de sufragar los gastos judiciales, hasta un total de 568,86 euros en cuatro de los casos, 500, en uno de ellos.

ALICANTE SERÁ LA MÁS AFECTADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR EL ERE DE BANKIA

València - ene (EFE)

La provincia de Alicante será la más afectada de la Comunitat Valenciana por la fusión de Bankia y BMN y el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por la entidad bancaria para 2.510 empleados en toda España, que abrió su negociación.

En Alicante existe un problema de duplicidad con 420 empleados de Bankia y cerca de 400 de BMN, y además se trata de una plantilla joven con pocos trabajadores con más de 55 años, la edad que el sindicato UGT cree adecuada para fijar las prejubilaciones, según han indicado fuentes de su sección de banca.

Para los empleados en Alicante, UGT reclama que se preserve el empleo y que sean trasladados al lugar más próximo a su domicilio, y que en cualquier caso las salidas de la entidad no sean traumáticas.

Según fuentes de CCOO, la situación en Alicante no es como en Andalucía o Murcia sino que un posible excedente de plantilla, que cifra en un centenar de personas, podría ser absorbido si la reestructuración incluye salidas de empleados de mayor edad.

En Valencia, en cambio, sí hay cerca de 200 empleados de Bankia con más de 55 años que podrían salir de la entidad con bajas pactadas, y ser sustituidos con empleados procedentes de Alicante. La provincia de Valencia es, junto con Madrid, donde hay más personal de mayor edad.

UGT ha señalado que en el inicio de las negociaciones Bankia mantiene una postura "dura" y plantea la salida de los mayores de 57 años, lo que generaría, de mantenerse en esa edad, una situación complicada para Valencia.

En Castellón la problemática es menor ya que el número de trabajadores de BMN es pequeño, inferior a 20 personas.

Desde CCOO consideran que la apertura de un centro de multicanalidad en la Comunitat -donde Bankia ya cuenta con uno en Valencia- podría absorber a un determinado número de la plantilla.

CC.OO. pide preservar al máximo el empleo y que las medidas sean siempre de carácter voluntario, y ha indicado que el actual ERE no se está realizando por "supervivencia" como en el nacimiento de Bankia o BMN sino por una operación de fusión, y además Bankia tiene liquidez suficiente y no debe imponer medidas traumáticas ni pérdidas de empleo más allá de lo que sea necesario.

Bankia, por su parte, ha informado de que la cifra que se maneja para el ERE en toda España es de 2.510 afectados, y todavía no se ha concretado por territorios.

En la Comunitat Valenciana, Bankia cuenta con 2.448 empleados y BMN con 366, según los datos proporcionados por la entidad a diciembre de 2016. EFE

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