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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (12 DE JUNIO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

VARIOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES EN HUELGA

VARIOS SERVICIOS PÚBLICOS SE ENCUENTRAN AL "LÍMITE" DE SU CAPACIDAD PARA ATENDER A LOS CIUDADANOS

CGT APOYA LOS PAROS DE LA PLANTILLA DEL ALCANTARILLADO DE FCC

ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR HOSTELERO DE LA REGIÓN DE MURCIA

UGT Y CC OO PACTAN CON LA PATRONAL DEL METAL UNA SUBIDA SALARIAL DEL 2,5% PARA 2017 ANEM ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS DEL METAL

EL SANTANDER PONE FECHA A LOS PRIMEROS DESPIDOS EN EL POPULAR

NUEVA PROTESTA ANTE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LOS DESPIDOS EN LA EMPRESA RMD SEGURIDAD

LOS REGANTES TEMEN DESPIDOS EN MUCHOS SECTORES SI NO SE GARANTIZA AGUA

CC.OO. CONVOCA HUELGA INDEFINIDA ENTRE EL PROFESORADO FUNCIONARIO DE LOS CONSERVATORIOS ANDALUCES A PARTIR DEL 16 DE JUNIO

SINDICATOS Y DIRECCIÓN DE LIBERBANK SIGUEN NEGOCIANDO EL NUEVO ERE

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (GAM) ACOMETE NUEVOS AJUSTES Y DESPIDOS TRAS OCHO AÑOS EN PÉRDIDAS

EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN A 'EL PAÍS' Y CONFIRMA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A 129 TRABAJADORES EN 2012

COMUNICADO OFICIAL DEL COLECTIVO DE DESPEDIDOS DE TRUBIA TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Acuerdo sobre condiciones de venta para varios sorteos, derivado de lo dispuesto en el XV Convenio colectivo de la ONCE y su personal VER PDF

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de Unicamp Services, SL. VER PDF

Tablas salariales para los años 2016 y 2017 del V Convenio colectivo del Grupo Generali España VER PDF

VARIOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES EN HUELGA

Ana Requena Aguilar – eldiario.es

La plantilla de la fábrica de Cuétara en Madrid, las limpiadoras de la empresa KLE en Almería o el personal de un centro de atención a discapacitados en Ciudad Real mantienen conflictos claves para sus derechos laborales

El personal laboral en las embajadas españolas en el exterior denuncia la congelación de sus salarios desde 2009 y ha convocado paros en varios países

Sus conflictos no ilustran portadas ni abren informativos, pero sus derechos laborales también están en entredicho.

Limpiadoras de la empresa KLE en Almería

A Toñi González y a sus 28 compañeras de la empresa KLE Servicios Integrales les deben dos nóminas. Después de meses de retrasos e impagos, de falta de material para hacer su trabajo, las 29 empleadas, encargadas de la limpieza de once institutos de Almería, están en huelga indefinida.

Su paro compromete los pocos de cientos de euros que cobran al mes: 811 por jornada completa, aunque la mayoría solo trabajan unas horas y cobran 300 o 400 euros.

"Estamos dispuestas a pelear", dice Moreno, delegada de UGT, que, como muchas de sus compañeras, trabaja para otra empresa para poder completar su sueldo. "300 euros dan para pagar las facturas y nada más". Sus compañeras en el aeropuerto de Ibiza protagonizaron una huelga por idénticos motivos hace unas semanas. KLE ha entrado en concurso de acreedores y las trabajadoras desconfían de su futuro.

El caso es, además, paradigmático de lo que tanto ha sucedido en los últimos años: una administración externaliza el servicio, una empresa gana el concurso a base de tirar los costes y la plantilla paga el pato con unos salarios mucho más bajos.

En este caso, la delegación de educación de Almería, que asegura que el impago de nóminas no es motivo de rescisión del contrato de limpieza de estos once institutos. El aeropuerto de la provincia, sin embargo, para el que también trabajaban estas limpiadoras de KLE, sí ha prescindido de la empresa, como ya hizo el de Ibiza, donde la nueva adjudicataria se hizo cargo de las trabajadoras.

Plantilla de la fábrica de galletas Cuétara

También en huelga ha estado la plantilla de la fábrica de galletas Cuétara en Villarejo de Salvanés (Madrid), unas 420 personas. Su convenio colectivo caducó en 2015 y las negociaciones para renovarlo no han dado frutos.

Los sindicatos piden la reducción de la jornada anual en ocho horas, subidas salariales retroactivas desde 2015 (del 0,5% en 2015, del 1% para 2016 y del 2,5% en 2017 y hasta 2019) y que la empresa les dé licencias para acudir a médicos especialistas.

"Tenemos turnos de mañana, tarde y noche así que para ir a atención primaria puedes organizarte, pero si tienes una cita con un especialista te la dan cuando te la dan. Ahora la empresa nos hace coger días de vacaciones, un permiso sin retribución para ir o nos piden recuperar esa jornada", dice la presidenta del comité de empresa, Elena Nuño, de CCOO.

Otra de sus demandas es que se reduzcan los trabajadores contratados a través de ETT y "que las bajas permanentes se cubran con contratos indefinidos". Los sindicatos acaban de aceptar una tregua en sus paros reiniciar las negociaciones con la empresa.

Huelga en atención a personas con discapacidad

En el centro de atención a personas con discapacidades de "La Fuensanta", en Ciudad Real, están en huelga indefinida. La asociación que gestiona el centro quiere dejar de aplicar el convenio propio y acogerse al convenio estatal de centros y servicios de atención a la discapacidad. "Hace cuatro años, en plena crisis, nos plantearon ampliar la jornada y congelar salarios temporalmente para que el servicio fuera viable.

Los trabajadores aceptaron. Al negociar ahora la renovación del convenio nos dicen que quieren seguir aplicando esas condiciones y para lo demás, el convenio estatal. Esta gente tenía un convenio propio con mejores condiciones y esto es perder derechos adquiridos", explica el responsable del sector socioeducativo de CCOO en Castilla La Mancha, Antonio Romero.

La huelga de las 53 personas que trabajan en el centro no es, sin embargo, convencional. "Nosotros mismos pedimos unos servicios mínimos de 100% porque sabemos que no se puede dejar de atender a nuestros usuarios", dice Romero.

Su huelga se manifiesta en forma de concentraciones y protestas. El sindicalista asegura que el centro registra resultados económicos positivos y recibe subvenciones de varias administraciones públicas: "No hay motivos para estos recortes".

Protestas del personal laboral en el exterior

El personal laboral en el exterior, que trabaja en embajadas, consulados y otros centros de la administración, vive también su propio conflicto: después de años de congelación salarial, demandan una revisión de los sueldos que les permita adaptarse al nivel de vida de los países en los que trabajan. En Argentina, el personal de la embajada está llevando a cabo una huelga indefinida ante lo que, denuncian, es una situación insostenible debido a la alta inflación del país.

En Canadá, Estado Unidos y Suecia se sucederán los paros en las próximas semanas y el personal de Marruecos y Guinea Ecuatorial registra estos días convocatorias de huelga. "En Canadá la situación es dramática.

Los sueldos están muy por debajo de los mínimos aceptables en este país. De hecho, no alcanzan ni siquiera el mínimo para para poder solicitar ayudas sociales para el alquiler o compra de vivienda social porque según declaran los departamentos de asistencia social, los sueldos de la Oficina de Turismo son de pobreza", declaraba el secretario de la Federación de Empleados Públicos de UGT en el Exterior.

Jaime Sastre, del sindicato CSIF, menciona también la situación del personal en Australia, Finlandia o Emiratos Árabes. "Hay gente que está trasladando a su familia a España porque no pueden mantenerse. En algunos lugares ha habido unas subidas del precio de la vida muy fuertes", reitera Sastre, que pide diálogo a la administración para abordar una situación que puede afectar a varios miles de trabajadores en el exterior.

VARIOS SERVICIOS PÚBLICOS SE ENCUENTRAN AL "LÍMITE" DE SU CAPACIDAD PARA ATENDER A LOS CIUDADANOS

Marina Estévez Torreblanca - eldiario.es

- Los Inspectores de Hacienda lanzaron una llamada de socorro ante la situación de la Agencia Tributaria

- Funcionarios de la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud o las oficinas expendedoras del DNI se encuentran también colapsados por la reducción de personal de los últimos años

- Los sindicatos no creen que la convocatoria de 67.000 plazas públicas en los Presupuestos de 2017 sea más que una "pequeña corrección"

Los inspectores de Hacienda advertían de que están " al límite" de su funcionamiento operativo por falta de medios. Con 3.000 efectivos menos en la Agencia Tributaria (AEAT) que en 2009, a su juicio sus "carencias" no se van a solucionar con un aumento "ficticio" de las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Según el sindicato CSIF, las plantillas públicas en España han perdido 332.800 empleos desde finales de 2011. Además, 255.400 personas tienen más de 60 años y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.

Agencia Tributaria

La falta de medios afectaría a todos los cuerpos y escalas de funcionarios, tanto al tramo superior como también a los niveles medios. De este modo, los inspectores carecen de actuarios del cuerpo técnico, que son quienes bajo las órdenes del inspector colaboran en la lucha contra el fraude, en número y niveles suficientes para formar adecuadamente los equipos de inspección. También se extienden estas carestías a agentes tributarios, TIC (tecnologías de la información y la comunicación) o Servicios de Vigilancia Aduanera.

Pero los funcionarios de la AEAT están lejos de ser los únicos que sufren una falta perentoria de medios, sin que los aumentos en las partidas presupuestarias del proyecto que ha presentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya servido para tranquilizar a los sindicatos y organizaciones de trabajadores públicos.

Seguridad Social

Según CCOO, la Seguridad Social acumula una pérdida de 4.249 trabajadores que prestan servicio en sus diferentes entidades gestoras y servicios comunes. Esta situación ha supuesto que entre julio de 2009 y el año 2016 los empleados públicos que mantienen el servicio público de Seguridad Social hayan disminuido un 13,73%.

Como consecuencia se ha tenido que reordenar la red de centros de atención que se mantiene abierta para atender a los ciudadanos. Por ejemplo, algunos centros concertados en zonas rurales se atienden con personal desplazado, por falta de personal.

Hay una cuestión añadida: la edad de las plantillas. Solo en el caso de la Seguridad Social está previsto que en los próximos cinco años se jubile el 19,31% de los actuales empleados públicos, cifra que alcanzará en los cinco años posteriores al 29,04%.

De hecho, en febrero de 2017 trabajaban 24.837 personas en la Seguridad Social, de las que tan solo 781 tenían menos de 40 años.

Sistema Nacional de Salud

Pese al acuerdo alcanzado para una Oferta de Empleo Público excepcional en marzo de este año, los sindicatos recuerdan que debe abordarse la pérdida de 28.000 puestos de trabajo entre 2010 y 2016, así como el significativo impacto de la jubilación de miles de profesionales sanitarios en los próximos años.

Oficinas del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Los problemas de atención en este servicio público no sólo provienen de la falta de personal, sino de carencias técnicas y de equipamiento. Como explica Javier Cruz, miembro del CSIF en la mesa delegada del Ministerio del Interior y funcionario expendedor de documentos de identidad, "los colapsos del DNI y el pasaporte son cíclicos".

Además de la acumulación de peticiones de cara al verano, hay niños a los que les exigen el DNI en determinadas matrículas antes de cumplir la edad legal a la que es obligatorio contar con este documento.

Pero además las oficinas se enfrentan con problemas técnicos. Según relata, se acaban de renovar los ordenadores y el sistema operativo con los que se expiden las identificaciones, pero no así los dispositivos biométricos que sirven para tomar las huellas y escanear las fotos ni las impresoras.

Esta circunstancia provoca fallos técnicos que en ocasiones tardan varios días en solucionarse, a lo que se añaden problemas de conexión que provocan periódicas caídas del sistema.

Con este panorama, el hecho de que se vayan a incorporar 100 personas casi todas funcionarios que vuelven de excedencias, asegura- a las alrededor de 1.500 que prestan este servicio no solucionará estas dificultades.

Según el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fréderic Monell, en los últimos años "ha habido una pérdida neta de plantilla" que la " pequeña corrección" de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se aprueban  67.000 plazas, no logra paliar.

De hecho, se habla de convocar 250.000 plazas para acabar con interinidad en tres años, pero hoy por hoy la temporalidad alcanza la cota más alta del último lustro, con 686.100 personas en esta situación, es decir, casi la cuarta parte de las plantillas.

CGT APOYA LOS PAROS DE LA PLANTILLA DEL ALCANTARILLADO DE FCC

CGT en FCC Zaragoza

Desde la CGT en FCC Zaragoza muestran su apoyo a los paros que está realizando la plantilla de alcantarillado para que se respeten sus justas reivindicaciones.

Estas reivindicaciones no son otras que el respeto de su convenio actual y que FCC cumpla el pliego de condiciones que aceptó al asumir la contrata, en la cual se obliga a la empresa a respetar los derechos de la plantilla y no rebajar sus condiciones laborales.

FCC pretende rebajar 300 euros del salario y una ampliación de jornada, amenazando a la plantilla con llevarla al convenio del sector con lo que eso supone.

Ecociudad, la empresa pública que gestiona este servicio público no puede mirar hacia otro lado y permitir este ataque a los derechos de la plantilla, como gestora del servicio debe velar por el cumplimiento del contrato y si no, CGT exige al gerente de Ecociudad Miguel Angel Portero que rescinda inmediatamente la contrata con FCC y asumir la gestión directa del mismo.

Las plantillas de las contratas municipales no pueden continuar siendo rehenes de este juego.

Mientras las empresas privadas hacen unas rebajas escandalosas para adjudicarse los servicios (500.000 EUROS en este caso), el ayuntamiento las acepta a sabiendas de que eso va a repercutir en las condiciones laborales y la pérdida de calidad de la prestación del servicio.

Son ya numerosos los ejemplos donde la solución a estos abusos es la gestión directa de los servicios públicos, por parte de los ayuntamientos, con lo que se consigue un verdadero ahorro mejorando la calidad de estos servicios y manteniendo las condiciones laborales.

Por todo ello, exigen que se respeten las condiciones actuales de la plantilla de alcantarillado y que el ayuntamiento deje de hacer negocios con empresas privadas.

Hacen un llamamiento a participar en las movilizaciones.

ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR HOSTELERO DE LA REGIÓN DE MURCIA

José Luis Domínguez - diariodelamanga.com

El diputado socialista explicó, en rueda de prensa posterior al Pleno, la iniciativa parlamentaria a favor del sector hostelero

Con la abstención de Ciudadanos y la oposición del Partido Popular la Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa del PSOE para que ésta inste a la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social a que promueva el encuentro “entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores del sector de hostelería de la Región de Murcia, con el fin de propiciar e impulsar el cumplimiento del compromiso adoptado en la firma de la reactivación de la vigencia del convenio de 2008, en febrero de 2016, para redactar un nuevo convenio colectivo actualizado del sector de hostelería”.

El diputado regional socialista, Antonio Guillamón, indicó que la Reforma Laboral del Partido Popular modificó los grandes aspectos de la regulación legal de las relaciones laborales: los contratos de trabajo, los despidos, las posibilidades de cambiar a peor las condiciones de trabajo, incluidos los salarios y los convenios colectivos.

“Bajo el paraguas de la Reforma Laboral -ha añadido- se están poniendo obstáculos a la negociación colectiva en materia laboral entre representantes de las empresas y de los trabajadores”, que desemboquen en la firma de convenios sectoriales que regulen las condiciones de trabajo y productividad y que, como contrapartida, establezcan obligaciones recíprocas que garanticen la paz laboral.

Guillamón indicó que uno de los sectores de actividad que más ha sufrido las circunstancias de no contar con un convenio colectivo actualizado y, por tanto, de desprotección, de precariedad y de pérdida de derechos “es, sin ninguna duda, el sector de hostelería de la Región de Murcia”.

“El turismo es una actividad que constituye alrededor del 10% del PIB regional y es, por tanto, uno de los pilares de nuestra economía. Sin embargo, no se piensa que tras el turismo hay en esta Comunidad un gran sector de hostelería, sostenido por alrededor de 32.000 personas con empleo directo y otras 10.500 personas con empleo indirecto”.

El diputado socialista defiende que “parece razonable la intermediación de la Administración regional, mediante su órgano competente, para que el acuerdo se produzca lo antes posible y estos trabajadores tengan garantizados sus derechos”.

“Los trabajadores continúan estando mal pagados, con pésimas condiciones laborales, poco formados y escasamente reconocidos socialmente, algo totalmente inaceptable, porque todos los trabajadores tienen derecho a un sueldo digno, a cambio de su trabajo, para sacar adelante a sus familias”.

Guillamón añadió que si esto no fuera suficiente, en este sector existe una elevada precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales por efecto de la Reforma Laboral “y unos niveles de temporalidad indecentes, con contratos de corta duración y en muchos casos fraudulentos, ya que se trabajan más horas de las especificadas en el contrato. Y esto supone, además, un fraude a la Seguridad Social y una carga laboral adicional a los trabajadores”.

Por último, dedicó una mención a las camareras de piso. “Trabajadoras que alcanzan la más alta cota de explotación con un elevadísimo ritmo de trabajo y peor reconocimiento salarial. Muchas de ellas contratadas por empresas de servicios creadas al efecto, cobrando por debajo del convenio o mediante empresas de trabajo temporal”.

Podemos, a favor

El diputado regional de la formación, Andrés Pedreño, ha coincidido en afirmar que se hace “necesario que se desbloquee el Convenio de Hostelería. Para que se reconozca a los trabajadores su profesionalidad mediante derechos laborales y salarios dignos.

Son personas que están condenadas a la precariedad, con contratos fraudulentos, externalizaciones y subcontrataciones. Todo, amparado por la reforma laboral de Rajoy que ha creado una dictadura del trabajo”.

“No se puede plantear -ha señalado- elevar la calidad de la industria turística regional sin tener profesionales reconocidos y con salarios decentes.

Sin Convenio Colectivo no habrá un crecimiento turístico equilibrado y sostenible, que ponga en valor las cualificaciones profesionales y la formación continua en el sector”.

Por eso, ha asegurado Andrés Pedreño, “se está creando empleo por debajo del crecimiento real del turismo. Y dicho empleo es precario, temporal, parcial y de bajos salarios, amén de tener un alto porcentaje de prácticas fraudulentas que enmascaran largas jornadas con contratos a tiempo parcial. El poco empleo que se está creando es a costa de destruir empleo estable, de calidad y a tiempo completo”.

UGT Y CC OO PACTAN CON LA PATRONAL DEL METAL UNA SUBIDA SALARIAL DEL 2,5% PARA 2017 ANEM ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS DEL METAL

diariodenavarra.es

Los sindicatos estatales acuerdan un aumento salarial para el último año de vigencia del convenio de la industria siderometalúrgica

Los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones empresariales del sector del Metal, ANEM y APNEN, han firmado un acuerdo para incrementar los salarios un 2,5% en 2017, último año de vigencia del convenio de la industria siderometalúrgica de Navarra, que afecta a aproximadamente 38.000 trabajadores.

El acuerdo, que se ha suscrito es durante una reunión de la mesa del convenio del metal celebrada en el Tribunal Laboral de Navarra y presidida por Alejandro Lara, "garantiza la mejora del poder adquisitivo de los salarios para el conjunto del periodo de vigencia del convenio (2015-2017)", ha valorado UGT en un comunicado.

Según ha indicado, "en los dos primeros años del convenio (2015 y 2016), los salarios han crecido 8 décimas por encima de lo que lo han hecho los precios en Navarra, ya que frente a una inflación acumulada del 1,7% (-0,1% en 2015 y 1,8% en 2016), los salarios han aumentado un 2,5% (un 1% y un 1,5%, respectivamente)".

"Aunque habrá que esperar hasta enero del próximo año para conocer el IPC de 2017, el incremento salarial pactado para este año se sitúa en la parte alta de la banda salarial que las dos organizaciones sindicales han planteado a la patronal en las negociaciones del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC), que oscila entre el 1,8% y el 3%", ha remarcado UGT.

En este sentido, ha destacado que "desde el inicio de la crisis en 2008, los trabajadores del sector metalúrgico de Navarra, a través de los tres convenios colectivos firmados por UGT y CCOO (2008-2011, 2012-2014 y 2015-2017), ha mejorado el poder adquisitivo de sus salarios un 4,5%".

"Tan solo en el convenio 2012-2014, el periodo más duro tras la entrada en vigor de la reforma laboral, se registró una ligerísima caída del poder de compra (-0,05%), sobradamente compensada por los 3,75 puntos de mejora del convenio 2008-2011 y del 0,8% de los dos primeros años del convenio actualmente vigente", ha apuntado.

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de la UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, ha considerado que se trata de "un acuerdo muy positivo, ya que recupera el IPC histórico como una referencia clave de la negociación salarial y permite consolidar la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores del sector lograda en los dos primeros años de vigencia del convenio".

Ríos ha valorado que "en un momento en el que los beneficios empresariales están creciendo claramente por encima de los salarios, el incremento pactado en el principal convenio de Navarra marca una senda de reequilibrio en la distribución de la riqueza generada en un sector con una alta productividad, por la que habrá que seguir avanzando en el próximo convenio, y constituye una pauta para el resto de los convenios sectoriales de nuestra Comunidad".

Finalmente, el responsable de FICA-UGT ha opinado que la negociación colectiva sectorial "ha constituido, durante estos complicadísimos últimos nueve años, un factor de estabilidad para la industria en Navarra, que ha permitido salvaguardar buena parte del tejido productivo y del empleo, y que ha garantizado unas condiciones dignas a decenas de miles de trabajadores".

EL SANTANDER PONE FECHA A LOS PRIMEROS DESPIDOS EN EL POPULAR

José Antonio Álvarez, segundo ejecutivo del Santander, reconoce implícitamente los despidos en el Popular cuando la integración operativa se complete

Los sindicatos del Popular temen perder la mitad de la plantilla

Una de las grandes incógnitas abiertas tras la absorción ejecutada por Banco Santander es qué pasará con los más de 10.000 empleados con los que a día de hoy, y a falta de completarse los últimos flecos de un ERE en curso, cuenta Banco Popular. Los despidos prácticamente se dan por hecho. La cuestión es cuántos y cómo se harán.

Los sindicatos temen, en el peor de los casos, el despido de prácticamente la mitad de la plantilla. Es decir entre 4.000 y 5.000 trabajadores. La entidad compradora, el Santander, por ahora guarda silencio sobre el total de afectados, aunque empieza a reconocer que las bajas serán inevitables.

"La plantilla del Popular, cómo no, va a tener continuidad. Son magníficos profesionales que siguen teniendo que atender a 4 millones de clientes porque durante un tiempo la integración operativa no estará ejecutada".

Así se ha expresado el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, en un encuentro del sector financiero organizado por la Asociación Española de la Banca (AEB). El segundo directivo del Santander mantiene, eso sí, el discurso optimista marcado por Ana Botín. “Es el primer día y la buena noticia es que los clientes y los trabajadores han recuperado la normalidad", ha señalado Álvarez.

Con todo, la sombra de la duda se extiende también sobre la amplia plantilla española del Santander. Pocas horas después de hacerse oficial la operación, la propia Botín trataba de tranquilizar a sus trabajadores con una carta en la que recordaba la “experiencia demostrada” del banco en este tipo de operaciones. “Podéis estar seguros de que todas las decisiones que adoptemos tendrán en cuenta el bienestar y los intereses de todas las personas que trabajamos en Santander España”, señala Botín.

Banco Santander: Botín trató de tranquilizar a sus trabajadores con una carta en la que recordaba la “experiencia demostrada” del banco en este tipo de operaciones

Despidos en los últimos años

En un aviso para navegantes, desde UGT advertían que no aceptarán más recortes de empleo: “no es necesario seguir cortando pelo porque todo está muy rapado”. Recuerdan que el Santander y el Popular, que suman unas plantillas de 30.000 personas, han prescindido de más de 5.000, a razón de unas 2.600 por entidad, en los últimos años. 

NUEVA PROTESTA ANTE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LOS DESPIDOS EN LA EMPRESA RMD SEGURIDAD

El sector de Seguridad Privada de la FeSMC-UGT de Huelva se ha vuelto a concentrar, ahora, ante las puertas de las oficinas de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía (Avda. de Alemania)  en Huelva, donde se encuentra la Secretaría General de Justicia, la cual tiene adjudicada la vigilancia del Juzgado nº 5 de Ayamonte, para protestar por los despidos de dos trabajadores realizado por la empresa RMD Seguridad, cuando el pasado día 1 Abril de 2017 fue adjudicataria del Servicio de Seguridad de dicho juzgado, dependiente de la mencionada Delegación de Justicia e Interior.

Según informa UGT, “la empresa ha incumplido el convenio colectivo y no se ha hecho cargo de los dos trabajadores que prestaban servicios en los Juzgados de Ayamonte, los cuales cumplían todos los requisitos legalmente establecidos para ser subrogados.

A su vez la empresa  contrata a dos trabajadores nuevos a los cuales les aplica un acuerdo de empresa que dicen que existe, que evidentemente es ilegal, para abonarle un salario con una rebaja de 200 euros mensuales en comparación al convenio colectivo estatal de seguridad privada, que es el que legalmente tiene que aplicar.

Esta no es la primera vez,  ni en la única provincia que esta empresa, RMD Seguridad, realiza este tipo de acciones, y aun así y sabiendo la Junta de Andalucía el daño que esta empresa hace al empleo y a las condiciones laborales de los/as trabajadores/as le sigue asignado servicios de vigilancia.

La Junta de Andalucía se convierte en consentidora de los dos despidos realizados, por cuanto no cumple ni hace cumplir a la empresa, el documento de las Cláusulas Sociales firmado el pasado mes de Octubre por Susana Díaz y los Agentes Sociales (UGT y CCOO), donde se recogen una batería de medidas precisamente para evitar este tipo de situaciones y evitar que empresas como RMD puedan perjudicar a los/as trabajadores/as.

Hasta la fecha, seguimos sin ninguna respuesta satisfactoria para los trabajadores despedidos, con lo que entendemos que  la Junta de Andalucía, se lava las manos.

En los próximos días FeSMC-UGT, seguirá con nuevas concentraciones y movilizaciones en las puertas de los clientes que tiene adjudicado la empresa RMD, hasta que esta situación se solucione”.

LOS REGANTES TEMEN DESPIDOS EN MUCHOS SECTORES SI NO SE GARANTIZA AGUA

Manuel Buitrago - laverdad.es

Nunca como hasta ahora los regantes del Trasvase Tajo-Segura, y por extensión las mesas del agua de la Región de Murcia, Alicante y Almería, han expuesto un escenario tan grave debido a la falta de agua. El presidente del Sindicato de Regantes, Lucas Jiménez, declaró, al término de la reunión del Círculo del Agua, que en estos momentos «hay un envite importante a la Región». «Si esto no funciona, habrá despidos directos» en sectores vinculados al modelo actual de la industria agroalimentaria del Sureste, y puso como ejemplo a los transportistas.

Jiménez anunció que solicitarán reuniones con los portavoces parlamentarios del Congreso y con el presidente Mariano Rajoy. Consideró una «tradición» que no se cumpla la ley del Memorándum para la cesiones de derechos y apuntó que este verano tendrán como mínimo una merma de 30 hectómetros para regar.

«Nos quieren condenar a futuro desalado y desolador», dijo. «Estamos cada vez peor». El Círculo del Agua responsabiliza al PP y al Gobierno central y autonómico de no haber solucionado el déficit de agua y defiende el modelo económico actual del Levante.

Espera que la ministra autorice la apertura de los pozos, que ayudarán pero que no solucionan el problema, y le pedirá que abra una línea de trabajo para solucionar el problema «con trasvases», recalcó Jiménez.

CC.OO. CONVOCA HUELGA INDEFINIDA ENTRE EL PROFESORADO FUNCIONARIO DE LOS CONSERVATORIOS ANDALUCES A PARTIR DEL 16 DE JUNIO

Según el sindicato, el objetivo de la ampliación de la convocatoria de huelga al personal funcionario, es evitar que se constituyan los tribunales de oposiciones de conservatorios y lograr así que estas oposiciones se trasladen a 2018, en coordinación con el resto del Estado.

Tras más de dos meses de huelga indefinida entre los docentes interinos de conservatorios andaluces, y ante la negativa de la Consejería de Educación de negociar una solución a este conflicto, a pesar del anuncio cuando el profesorado afectado estuvo esperando en asamblea una oferta que nunca llegó, CC.OO. ha convocado huelga indefinida para el profesorado funcionario de los conservatorios andaluces.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “por petición del personal docente de los conservatorios andaluces --interinos y numerosos funcionarios--, hemos convocado una nueva huelga indefinida, en este caso de funcionarios, para que, de modo solidario, el profesorado que ha sido nombrado como vocal titular o suplente de tribunales de oposiciones, si así lo desea, haga uso de la huelga imposibilitando el funcionamiento de éstos y, con ello, la realización de unas oposiciones que, en solitario, tiene convocadas la Consejería de Educación andaluza.”

El sindicato informa que va a iniciar una campaña de difusión entre el profesorado funcionario de conservatorios andaluces de modo que sea el derecho básico a la huelga contemplado en nuestra Carta Magna, el que dé cobertura legal para que el profesorado funcionario no constituya los tribunales de oposiciones y, de este modo, colabore con la huelga indefinida que vienen desarrollando sus compañeros de años y que poseen un contrato como interino. 

En este sentido, Molina señala, que “no se trata de que el profesorado funcionario de los conservatorios haga uso de la huelga todos los días, sino sólo aquel que ha sido nombrado para los tribunales y en los días en que se le requiera para esta tarea, muchos de ellos festivos, por lo que esta huelga tendrá escasa repercusión en su salario habitual”. Continúa el dirigente sindical, “además, estudiaremos desde CC.OO. las fechas claves en las que sea necesario hacer uso de esta huelga en base al calendario de oposiciones, para que afecte lo mínimo en las retribuciones del profesorado”.

No obstante, desde el sindicato se informa que, junto a esta nueva medida, se siguen desarrollando otras como el actual encierro que está realizando este profesorado interino en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, así como otras acciones que está estudiando el colectivo en coordinación con CC.OO., convocante de esta huelga, y que se desarrollarán próximamente.

SINDICATOS Y DIRECCIÓN DE LIBERBANK SIGUEN NEGOCIANDO EL NUEVO ERE

Cadena Ser Se va a celebrar una tercera reunión para analizar las medidas de recorte en la plantilla ya propuestas a los sindicatos

Imagen de archivo de una de las protestas por el ERE aplicado en Liberbank ->

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/09/ser_cuenca/1496989436_691887.html

Sindicatos y dirección de Liberbank mantienen la tercera reunión sobre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, el ERTE, que la empresa quiere comenzar a aplicar a partir de julio. En la cita anterior, la empresa dio algunos avances más sobre su plan, y sindicatos como CC.OO. presentaron sus propuestas para evitar el ERTE.

Así lo ha explicado Rafael García, responsable de la sección sindical de Comisiones en Liberbank, que ha avanzado que en la cita a celebrar en Madrid, esperan que la empresa avance algunos detalles más y el resto de fuerzas sindicales sumen también otras propuestas.

En el nuevo Expediente de Regulación de Empleo, la dirección de Liberbank propone bajas indemnizadas voluntarias para un máximo de 525 trabajadores de edades comprendidas entre los 61 y los 59 años; una reducción de jornada y salario durante dos años y medio que oscilaría entre el 10.04 y el 13.56%; y el mantenimiento del acuerdo de movilidad geográfica para el personal con compensaciones en los mismos términos que en la actualidad.

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (GAM) ACOMETE NUEVOS AJUSTES Y DESPIDOS TRAS OCHO AÑOS EN PÉRDIDAS

Luis Gancedo - lne.es

La empresa es condenada a indemnizar con 113.000 euros a un exdirectivo

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) está haciendo este año nuevos despidos y otros recortes con el propósito de reducir sus pérdidas. Según fuentes de los trabajadores, la multinacional asturiana ha reducido decenas de empleos en varias de sus filiales y centros de trabajo, entre ellos los de Asturias.

En las cartas de despido se alega que GAM ha encadenado ocho años de pérdidas, con unos "números rojos" acumulados superiores a 320 millones desde 2009. Las mismas fuentes indicaron que la compañía ha cerrado centros de trabajo dentro y fuera de España (el último, el mexicano de Monterrey).

Un portavoz de la empresa que preside Pedro Luis Fernández, también líder de la patronal asturiana FADE, afirmó que la evolución de la empresa es positiva y que, aunque se hayan producido cierres, GAM ha abierto a la vez nuevos centros y líneas de negocio.

Parte de los trabajadores han pleiteado en los tribunales obteniendo indemnizaciones por despido improcedente. La mayor conocida son los 113.000 euros que GAM ha sido condenada a pagar en Cataluña al subdirector de recursos humanos Luis Ramos.

EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN A 'EL PAÍS' Y CONFIRMA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A 129 TRABAJADORES EN 2012

Europa Press

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que la cuantía de la indemnización que corresponde a los 129 trabajadores de 'El País' afectados por el despido colectivo de 2012 es la pactada en el acuerdo de conciliación ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que puso fin al mismo el 14 de enero de 2013, y no la establecida en un pacto de fin de huelga firmado el 14 de junio de 2011.

El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una de las trabajadoras del diario, que alegaba en su escrito "contradicción" existente entre la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 5 de mayo de 2014 y el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 16 de noviembre de 2015.

De esta forma, el fallo del Tribunal Supremo --que contiene votos particulares-- resuelve que, en caso de incompatibilidad real entre los dos acuerdos, habría que proclamar la validez de un pacto alcanzado por sujetos legitimados y con la fuerza vinculante de toda negociación colectiva válida, reforzado con el respaldo otorgado por su homologación en la Audiencia Nacional y que no ha sido impugnado dentro del plazo previsto para ello.

Para la Sala de lo Social, el acuerdo de fin de huelga tiene valor para todos los despidos colectivos del grupo Prisa, pero si en uno posterior se llega a otro tipo de acuerdo, como ocurrió con Ediciones El País, éste ha de prevalecer, puesto que el primero no cierra el estado de la cuestión de modo "absoluto o pétreo", sino que manifiesta su "más amplio respeto a la autonomía de la voluntad colectiva y legitimada en sus respectivos ámbitos".

En este sentido, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo añade que con ello se admite la existencia de una especie de "negociación en cascada", de manera que siempre que se cumplan las exigencias de representatividad hay que permitir el juego de la autonomía colectiva en ámbitos inferiores al Grupo de Empresas.

Asimismo, la sentencia del tribunal declara que no hay oposición entre lo acordado en 2011 para finalizar la huelga y la conciliación pactada en 2013 resolviendo un despido colectivo, aunque ésta última, en principio, tiene efectos de cosa juzgada.

Desde esa perspectiva, resuelve la cuestión planteada en sus recursos por cinco trabajadores de 'El País' que impugnaron individualmente sus despidos y reclamaban el cobro de una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, tal y como recogía el acuerdo de fin de huelga de 2011, en lugar de la correspondiente a 38 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para menores de 58 años, fijada en la conciliación judicial de 2013.

Las demandas fueron rechazadas en primera instancia y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó esta decisión basándose en que el acuerdo de conciliación judicial tiene el valor de una sentencia firme, a la que sustituye, y tiene eficacia de cosa juzgada entre las partes.

En ese mismo sentido, el Supremo aclara que la conciliación fue un acuerdo entre las partes litigantes fruto del preacuerdo que los representantes de los trabajadores sometieron antes a la asamblea, que votó a favor del mismo, de modo que aquéllos llevaban un mandato al efecto y eran los representantes de los trabajadores que habían llegado al pacto de fin de huelga de 2011, por lo que "es evidente que el segundo acuerdo (el de 2013) sobre el despido y alcanzado por quienes podían" sustituía al primero (de 2011) "tanto por su posterioridad como por su especialidad".

Según el tribunal, en el acuerdo de fin de huelga se aludía a un método general regulador de baja indemnizada a los efectos de desvinculaciones y a un módulo indemnizatorio de referencia, y en la conciliación se describen las consecuencias de un despido concreto que afecta a 129 trabajadores.

Finalmente, agrega que en 2011 se establece un "método" y un "módulo" que constituyen "la pauta a seguir con carácter general, pero en defecto o siempre que no exista una específica y posterior que contemple un escenario diferente".

COMUNICADO OFICIAL DEL COLECTIVO DE DESPEDIDOS DE TRUBIA TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO

Los 55: “el supremo nos condena a la exclusión social”

Quisiéramos desde estas líneas, en nombre de la asociación 55 despedidos de General Dynamics en su factoría de Trubia, agradecer y reconocer a todas las personas físicas, así como a colectivos vecinales y partidos políticos (éstos sin falta de nombrarlos saben a quién nos referimos, pues alguno ni apareció ni se le esperaba) el apoyo a nuestra lucha que creíamos y seguimos defendiendo, era y es, una reivindicación justa en la que se nos ningunea y pisotea como ciudadanos y trabajadores en una Compañía en la que llevábamos más de 30 años de dedicación.

Una vez dicho esto, y después de conocer (a nuestro entender) el insólito veredicto del Tribunal Supremo, donde se da por bueno y ajustado a derecho el ERE presentado por General Dynamics en el año 2013, siempre en nuestra humilde opinión, mantener que no se han tenido en cuenta ninguna de las argumentaciones que fueron alegadas desde esta asociación y desde los sindicatos que nos representaban en los recursos de casación, ya que se exonera a la empresa de los “defectos formales” cometidos durante la tramitación de dicho ERE, tal y como se dice expresamente en la sentencia. Pero esto no impide que la otra parte en litigio tenga que asumir los despidos.

No cabe duda que la resolución del alto tribunal deja, si no lo remedian los juicios individuales, indefensos con nombres y apellidos a trabajadores que por circunstancias de edad, incapacidades, etcétera., irán a la exclusión social, algo cada vez más frecuente por desgracia en nuestra sociedad. A nuestro entender este fallo del Tribunal Supremo no sólo condena a la marginación a los trabajadores directamente afectados, sino que es un varapalo a la “durmiente” sociedad asturiana, la cual parece sumida en el sueño de los “imposibles” y a quien no parece importarle el futuro de nuestra comunidad.

Decimos que es un varapalo a la sociedad asturiana porque con este fallo se podría pensar que se convalidan todas las actuaciones de esta multinacional en Asturias, donde en una década pasó de tener dos factorías a una, destruyendo 246 puestos de trabajo directos.

Sorprendentemente a día de hoy y antes de la Sentencia del Tribunal Supremo, la plantilla en Asturias ya supera en número a la que había antes de nuestros 55 despidos, eso sí, con otro tipo de contratos. Con un uso torticero de la ley, la reforma laboral le permitió abaratar los despidos y confirmar una devaluación vía salarios más que patente.

¿Alguien cree que existió otro motivo para el despido de los 55 trabajadores de Trubia? Que cada cual haga su análisis. Pero es significativo que diez compañeros despedidos, profesionales cualificados, hayan sido contratados nuevamente en la factoría trubieca con la categoría más baja existente en el convenio colectivo. Es decir, con la categoría de especialistas o peones, todo, por supuesto, con la aquiescencia y visto bueno de sindicatos y comité de empresa.

La realidad es la que es. Y suele ser tozuda, por desgracia. Hoy hay un fallo del Tribunal Supremo que no compartimos, un trámite al cual nos hemos visto obligados a participar, ya que nuestra intención era y sigue siendo en consecuencia con lo expuesto anteriormente, la reincorporación como manifestamos es escrito enviado a la Dirección de Personal con copia al Comité Empresa, con fecha 27-09-2015 y recibido el 4-11-2015.

No podríamos dejar de mencionar con especial desolación a los llamados “agentes sociales” (por suponerse los más cercanos a nosotros), donde con su silencio cómplice se sacuden responsabilidades con manifiestos que más parecen un brindis al sol. Si no hay acuerdo en el periodo de negociación del ERE, no se puede propiciar en las fábricas la aceptación de las condiciones impuestas por la empresa para los que tienen una determinada edad.

Hay que ser consecuentes, porque luego este estúpido dato si no existe capacidad o interés de análisis, es válido como argumento de la empresa, como así quedó ratificado en la sentencia al mencionarse en ésta que un 77,4% se adscribió de forma voluntaria a las condiciones de la empresa.

Alguien debería de añadir que a ese 77,4% se les abonaron unas pólizas que rondan los 200.000 euros y ¡oh casualidad!, estando algunos de los negociadores en ese grupo. Al otro 22,6% ni se nos avisó de que íbamos a ser despedidos. Nos fuimos como se suele decir, “con una mano detrás y otra delante”.

Sólo queremos desde estas líneas y como última reflexión transmitir a todos los que nos apoyáis que nos sentimos orgullosos de la lucha, en la que seguimos creyendo pues argumentos no nos faltan. GRACIAS.

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