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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (12 DE NOVIEMBRE DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CÁDIZ AFIRMA QUE LA PLANTILLA DEL 085 HA SIDO SUBROGADA AL 100%

LOS CONDUCTORES DE IRUBUS RETOMAN SU HUELGA DE 24 HORAS

TRABAJADORES DE AUCORSA CORTAN RONDA DE LOS TEJARES

'EL ESPAÑOL' REDUCE SUELDOS Y NO SE DESCARTAN DESPIDOS

SIEMENS GAMESA APLAZA LA CONCRECIÓN DE LOS DESPIDOS EN ESPAÑA

GUERRA EN LA GRÚA DE VALÈNCIA: LOS TRABAJADORES PLANTEARÁN HUELGA TRAS EJECUTARSE SEIS DESPIDOS

PERSONAL DE UNIPOST INSTA A HACIENDA A EVITAR LOS DESPIDOS Y EL CIERRE DE LA FIRMA

AMBULANCIAS TENORIO ESTUDIA SANCIONAR A SIETE CONDUCTORES

CINCO CENTROS GALLEGOS DE POPULAR (3) Y SANTANDER (2), AFECTADOS POR EL ERE PARA 1.580 TRABAJADORES EN TODA ESPAÑA

ELA Y LAB PREPARAN LA DEMANDA PARA ANULAR EL ERE DE FAGOR CNA

UNA MULTINACIONAL ANUNCIA EL CIERRE DE SU CONOCIDA FÁBRICA EN TALAVERA Y EL DESPIDO DE SUS 31 EMPLEADOS

LOS TRABAJADORES DE ES MURTERAR SE CONCENTRARÁN CONTRA EL CIERRE DE LA MITAD DE LA CENTRAL TÉRMICA

EL COMITÉ DE CEL PLANTEA EVITAR DESPIDOS CON UN ERE TEMPORAL ROTATORIO

PRISA ANUNCIA UN ERE EN LA IMPRENTA DE ‘EL PAÍS’ Y PLANEA EL FANTASMA DEL CIERRE

CC.OO. ASEGURA QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAN PERDIDO EN SIETE AÑOS ENTRE UN 14 Y 20 POR CIENTO DE PODER ADQUISITIVO

FCC CONDENADA POR VULNERAR LA LIBERTAD SINDICAL DEL SINDICATO CGT

ESTIBADORES ESTUDIAN "ACCIONES" ANTE LA "INJERENCIA" DE LA CNMC A SU "LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA"

LAS LIMPIADORAS DE HOTEL DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO QUE IGUALA SUELDOS ENTRE FIJAS Y EXTERNAS

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EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CÁDIZ AFIRMA QUE LA PLANTILLA DEL 085 HA SIDO SUBROGADA AL 100%

diariodecadiz.es

Francisco Vaca presidente del Consorcio provincial de Bomberos de Cádiz ve falta de respeto en la crítica de Pontones y confía en que fuese un "lapsus" del edil

El presidente del Consorcio de Bomberos de Cádiz, Francisco Vaca, ha respondido a las acusaciones que lanzó el edil puertorrealeño Juan Antonio Pontones, representante de la Villa en el Consorcio. Vaca, en un comunicado, mostró su "estupor" por las informaciones vertidas por Pontones sobre que los consejeros van a la Junta General "a pasar el rato". "Quiero pensar que las palabras del consejero de Puerto Real hacia sus compañeros son un lapsus", dijo.

Para el presidente esa afirmación es una "falta de consideración y de respeto para con el resto de consejeros que hacen su esfuerzo de implicarse y comprometerse con la gestión de los Bomberos". Entre otros temas, Pontones denunció que la nueva concesionaria del servicio de atención telefónica 085 había despedido ya a una trabajadora.

Una información que Francisco Vaca desmiente, afirmando que la empresa adjudicataria "ha subrogado al 100% del personal de plantilla. "Eso supone un incremento del porcentaje que establece el convenio del sector que contempla una subrogación del 90% de la plantilla", explican desde el Consorcio de Bomberos.

Referente a la adjudicación del contrato, explican que a la licitación del Servicio de Atención Telefónica y del Sistema Integrado de la Sala de Emergencias del 085, acudieron un total de seis empresas. Fue la UTE Abante EPO y Factudata XII, la que obtuvo mejor valoración en la mesa de contratación y a la que se le iba a adjudicar el servicio hasta que, en octubre de este mismo año, la UTE renunció a formalizar el contrato por "las discrepancias interpretativas en la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, referente a la sucesión de empresas y la consecuente subrogación del personal", explican desde el Consorcio.

Así las cosas, "con el fin de evitar mayores problemas a ambas partes" la mesa de contratación optó por adjudicar el servicio a la segunda empresa más valorada, Ferrovial, "que ha incrementado al 100% la subrogación de la plantilla de la sala del 085, por encima de las pautas recogidas en el convenio de estos trabajadores", aseguran.

En el comunicado, el CPBC también ha dado explicaciones sobre la decisión de no absorber a los trabajadores como plantilla del Consorcio, después de que Pontones recordase que los trabajadores lograron el compromiso de la Diputación Provincial, pese a que después no se hiciese efectivo en base a unos informes que calificó de "a la carta".

Según el Consorcio, se llevó a cabo un "estudio riguroso" de la petición pero "los departamentos legales y administrativos determinaron que no era viable y los informes han estado a disposición de los miembros de la Junta del CBPC, y sus representantes en cada ayuntamiento han estado informados en todo momento".

Por último, Vaca García quiso valorar una vez más el esfuerzo que llevan a cabo todos los ayuntamientos para responder a sus compromisos de pago, y aprovechó para recordar que Puerto Real mantiene una deuda pendiente de 329.805 euros y que en estos momentos ambas administraciones están en contacto de cara a consensuar el abono de la deuda, con un trato cordial y no castigador, como afirmó Pontones.

LOS CONDUCTORES DE IRUBUS RETOMAN SU HUELGA DE 24 HORAS

Agencia EFE

Los conductores de la empresa Irubus, del grupo Alsa, que desarrolla su actividad en la sierra oeste, volverán a la huelga de 24 horas el lunes y martes tras el parón de la semana anterior.

El jueves 2 de noviembre se mantuvo una nueva reunión entre la dirección de la compañía y los trabajadores que terminó sin un acuerdo, según han informado fuentes de la negociación a Efe.

El comité de empresa ha explicado que ambas partes siguen "estando muy lejos", mientras que la compañía considera que la oferta realizada es "razonable".

En el calendario de la protesta está marcado que la huelga se lleve a cabo todos los lunes y martes de noviembre y diciembre, a excepción del último de cada mes.

Irubus conecta las 26 localidades de la sierra oeste, en la que viven más de 200.000 personas, con la capital, y tiene más de 15.000 usuarios diarios.

TRABAJADORES DE AUCORSA CORTAN RONDA DE LOS TEJARES

I. Marzo - diariocordoba.com

Tienen previsto ir a la huelga en diciembre

Exigen mejoras laborales y reunirse con la alcaldesa, Isabel Ambrosio

Trabajadores de Aucorsa y sus familiares se manifestaron en Ronda de los Tejares

Trabajadores de Aucorsa cortaron durante una media hora la avenida de Ronda de los Tejares, en demanda de la mejora de sus condiciones laborales y para volver a pedir a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que se reúna con ellos.

El corte de tráfico solo afectó a los vehículos privados, ya que la plantilla respetó los dos carriles de servicio público de buses y taxis en sendos sentidos. La Policía Local desvió el tráfico por la avenida de Cervantes para evitar el colapso en el centro.

El presidente del comité de empresa, Custodio Sánchez (CC.OO.), lamentó que haya que llegar a estas movilizaciones por «la actitud» del gerente de la empresa que está, a su juicio, «en la provocación constante».

La plantilla de Aucorsa tiene prevista la celebración de una huelga los días 14 y 15 de diciembre, después de que los trabajadores apoyaran en referéndum. En líneas generales, persiguen una mejora de los periodos vacacionales y una disminución de las horas de trabajo, ya que su jornada laboral es actualmente de 9 horas.

También solicitan el incremento de un 1% en el salario, que ya disfrutan otras empresas municipales de la ciudad. Está prevista una reunión negociadora el jueves, mientras que el viernes informarán a todos los consejeros del consejo de administración de Aucorsa de los motivos de la huelga.

'EL ESPAÑOL' REDUCE SUELDOS Y NO SE DESCARTAN DESPIDOS

Catalunyapress

El diario digital 'El Español' prevé bajar sueldos y no descarta realizar despidos como consecuencia de los resultados económicos negativos.

El periódico fundado por Pedro J.Ramírez ya presentó números rojos en 2016, y es que la editora, El León de El Español Publicaciones, cerró el ejercicio con unas pérdidas de 2,7 millones de euros.

La reestructuración de costes repercute también en la cúpula del diario, que cuenta con bajadas de sueldos del 10 por ciento.

Según fuentes periodísticas, Pedro J.Ramírez ha explicado en reuniones internas que la estructura de costes de 'El Español' es difícil de mantener.

Los datos presentados en el Registro Mercantil señalan que en el conjunto de 2016 se destinaron 5,8 millones de euros a gasto de personal.

Esta cifra supone el 61 por ciento de los costes totales (9,4 millones) y más del doble que el año anterior.

SIEMENS GAMESA APLAZA LA CONCRECIÓN DE LOS DESPIDOS EN ESPAÑA

Dice que debe tratar el ajuste con el comité de empresa europeo, mientras los sindicatos en Euskadi cargan contra la firma con el foco puesto en el Gobierno

Siemens Gamesa ha inyectado nuevas dosis de la peor de las incertidumbres posibles entre sus 4.500 trabajadores en España, 700 de los cuales desempeñan su labor en Euskadi. La firma alemana ha mantenido -por video conferencia- una reunión con los sindicatos de la que, en principio, se esperaba que arrojara algo de luz sobre el impacto en el Estado de esos 6.000 despidos que ha anunciado efectuará en los próximos tres años.

Las centrales sindicales, desde Sarriguen (Navarra), Zamudio y Madrid, se han quedado sin esa información tan importante cuya aportación ha sido retrasada por la multinacional, en el marco de un nuevo encuentro. La razón esgrimida por la firma pilotada por Markus Tacke ha sido que aún se debe tratar el ajuste con el comité de empresa europeo. Un silencio que ha disparado las críticas de los representantes sindicales en Euskadi.

Antes de ese fallido encuentro, la dirección de la compañía alemana ha mantenido una cita con responsables del departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, dirigido por Arantxa Tapia. La propia consejera ha explicado que Siemens Gamesa ofreció al Ejecutivo de Iñigo Urkullu «cumplida información sobre todo lo que se le solicitó».

«Hemos obtenido cumplida respuesta a todas las cuestiones que hemos planteado, hemos analizado posibilidades de trabajo a futuro y, a partir de ahí, le toca a la empresa trabajar, hablar y comunicar, en primer lugar a los trabajadores», ha apuntado Tapia que, como hiciera la víspera el consejero portavoz, Josu Erkoreka, ha reclamado de la empresa la mayor transparencia posible.

GUERRA EN LA GRÚA DE VALÈNCIA: LOS TRABAJADORES PLANTEARÁN HUELGA TRAS EJECUTARSE SEIS DESPIDOS

Carlos Navarro Castelló - eldiario.es

El Ayuntamiento de València anunció la rescisión del contrato con la actual empresa y aseguró a los empleados que se integrarían en la nueva adjudicataria.

Pese a todo, se cerró la base de la calle Benicarló, se ha reducido a 15 el número de grúas operativas y se han producido seis despidos.

Con el miedo en el cuerpo. Así se encuentran los 77 trabajadores que quedan en la grúa municipal que gestiona la Unión Temporal de Empresas (UTE) Pavapark y Auplasa.

Y es que, el viernes 3 de noviembre, la UTE despidió a seis trabajadores, cuatro de ellos conductores y dos cobradores. Además, ese mismo día se cerró definitivamente la base ubicada en la calle Benicarló y el número de grúas operativa se ha reducido a 15, entre tres y cinco menos de lo que venían funcionando.

Los despidos se han producido después de que el Ayuntamiento haya acordado con la compañía la resolución del contrato y su continuidad al frente del servicio de forma transitoria, por un plazo de entre tres y nueve meses, hasta que se licite el nuevo concurso para su adjudicación.

Los despidos han causado alarma entre la plantilla, por lo que se volvió a reunir con representantes de la Concejalía de Protección Ciudadana que dirige la edil Annaïs Menguzzato, para trasladarle su preocupación por la incertidumbre creada: "Nos dijeron que los despidos eran cosa de la empresa y que la intención del Ayuntamiento sigue siendo que la nueva compañía que se haga cargo del servicio asuma a los trabajadores, pero es lo mismo que nos dijeron antes de los despidos y de momento ya hay seis personas en la cola del paro", han explicado fuentes del Comité de Empresa.

Ante esta tesitura, las mismas fuentes han asegurado que van a plantear la convocatoria de paros parciales hasta que se garantice "la continuidad de todos los trabajadores, incluido el rescate de los seis despedidos".

En cuanto al servicio, desde el Comité han asegurado que con el cierre de la base de la calle Benicarló y con la reducción a 15 grúas, será "casi imposible llegar a todos los servicios antes de 30 minutos, tal y como anunciaron".

Además, han explicado que los sábados tan solo hay cinco grúas operativas y los domingos dos, "algo totalmente insuficiente, sobre todo cuando hay fútbol o carreras populares, además del rastro".

PERSONAL DE UNIPOST INSTA A HACIENDA A EVITAR LOS DESPIDOS Y EL CIERRE DE LA FIRMA

laopinioncoruna.es

Los trabajadores de la empresa privada de servicio postal Unipost reclaman una "salida política" que evite el cierre de la empresa y el despido de los más de 2.400 empleados que tiene en España, 123 de ellos en Galicia. El sindicato CC.OO. apunta directamente a la Agencia Tributaria, principal acreedor de la empresa, como el organismo que puede solucionar la situación favoreciendo "la compra de Unipost por otra empresa".

Para presionar al departamento que dirige Cristóbal Montoro, el sindicato convocó concentraciones en toda España delante de varias delegaciones de la Agencia Tributaria.

En el caso de Galicia la protesta será ante la delegación de Santiago, pero a la misma hora (12.00 horas) habrá concentraciones ante los centros de trabajo que Unipost tiene en A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo.

La liquidación de Unipost, según CC.OO., supondría la pérdida de 2.400 empleos directos y unos 2.000 indirectos.

AMBULANCIAS TENORIO ESTUDIA SANCIONAR A SIETE CONDUCTORES

J. López-Lago - hoy.es

De momento se descartan los despidos en un ambiente en el que empresa y sindicatos reconocen que hay que rebajar la tensión

La nueva concesión del servicio de ambulancias en la región apenas lleva una semana en funcionamiento y tras los desajustes iniciales tanto sindicatos como empresa tratan de rebajar la tensión. De momento, no habrá despidos, pero sí hay sobre la mesa siete propuestas de sanción para empleados del área sanitaria Zafra-Llerena.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, hizo un llamamiento para que no se use la palabra «caos» al referirse a los primeros días de gestión por parte de la empresa sevillana Ambulancias Tenorio e Hijos, la cual acaba de relevar al consorcio extremeño que llevaba unos treinta años gestionando el transporte sanitario.

Según el director de operaciones de la nueva concesionaria, Javier Sánchez, estas propuestas de sanción se enmarcan en un contexto de deslealtad a la nueva empresa. Prefiere no entrar en detalles, pero habló de «hechos significativamente graves que han afectado a pacientes nuestros, por eso de manera preventiva de momento no conducirán ambulancias y se quedarán en casa». Según explicó, a partir de ahora se inicia un expediente en el que los siete empleados podrán presentar sus alegaciones.

Todo esto se explicó durante una reunión entre Sánchez, el director territorial para Extremadura, Antonio Serna, y los delegados sindicales de UGT y CC.OO., además de trabajadores del centro coordinador del servicio, que está ubicado en Mérida y que también registró incidencias. De ahí el temor a que se produjeran despidos en esta sede central donde trabajan entre cuarenta y cincuenta personas.

Según Jerónimo Luengo, responsable de Sanidad Privada de la Federación de Empleados Públicos de UGT, desde Mérida se organizan las rutas. Afirma que los trabajadores estaban desbordados los primeros días y sentían amenazada su continuidad en el puesto. «Muchos estaban nerviosos porque pensaban que los iban a echar», señaló el representante sindical.

Tanto la empresa como los sindicatos justifican estos fallos iniciales por la novedad del sistema operativo, con el que entienden que los trabajadores aún no están familiarizados. Javier Sánchez fue tajante en este punto: «No se debe culpar a los trabajadores del centro coordinador», dijo.

Por su parte, El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, descartó hablar de «caos» en la situación del transporte sanitario en la región porque, según consideró, «no lo ha habido en ningún momento». Vergeles reconoció «incidencias que se han corregido» y aseveró que han sabido ajustar, tanto por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) como por parte de la empresa, las exigencias que han tenido cada una de las partes.

En cualquier caso, insistió en que no hay falta de recursos y que «están las ambulancias que tenían que estar, con su equipamiento para funcionar y con sus papeles en regla». En cuanto a su funcionamiento, Vergeles indicó que el martes estaba «mucho más normalizado» que el lunes, dentro de lo «complicado que es un servicio de estar características».

Como se sabe, desde hace treinta años y hasta el mes pasado el servicio de ambulancias en Extremadura lo prestaba un consorcio de ocho empresas de transporte extremeñas. Este trabajo salió a concurso y concurrió otra empresa, la sevillana Ambulancias Tenorio e Hijos, que obtuvo la mejor puntuación.

Cuando en junio se conoció este cambio, desde la nueva empresa aseguraron que subrogarían todos los contratos, 812 en total, tal y como se recogía en el pliego de condiciones. El pasado 1 de noviembre empezó a prestar servicio la nueva concesionaria y en la transición hubo algunos fallos. Hasta el lunes se habían registrado 115 quejas, lo que elevó la tensión en el seno de la plantilla.

Según el sindicato UGT, el 97% de los anteriores trabajadores del consorcio había sido subrogado, solo faltaban 33 personas pertenecientes al nivel directivo.

CINCO CENTROS GALLEGOS DE POPULAR (3) Y SANTANDER (2), AFECTADOS POR EL ERE PARA 1.580 TRABAJADORES EN TODA ESPAÑA

Santiago de Compostela (Europa Press)

La CIG cifra en 500 los despidos en A Coruña de centralizarse en Madrid servicios centrales y empresas auxiliares

Cinco centros gallegos, tres de Popular y dos de Santander, se ven afectados por el expediente de regulación de empleo para 1.580 trabajadores en toda España previsto para la integración de los servicios centrales de ambas entidades.

Así lo ha trasladado la compañía a los sindicatos, dentro de una fase de negociación previa de estas salidas. A mayores, plantea 585 recolocaciones en otras empresas del grupo.

En el caso de la comunidad gallega, los centros afectados del Popular, según el listado facilitado a las centrales, serán el Cantón y Beiramar (Orillamar) en A Coruña y Praza de Vigo en Santiago (donde trabaja una plantilla de unas 10 personas dedicadas a negocio inmobiliario e impagos).

Quedan fuera, por tanto, las oficinas de Bergondo, donde unos 37 profesionales desarrollan labores de banca directa por los que en un principio temieron también las organizaciones sindicales.

A mayores, en el caso de Santander, el ajuste afecta a los centros de Durán Loriga y también del Cantón, ambos en la capital herculina. "La dirección no dio más datos", lamenta la CIG, a través de un comunicado.

Por su parte, el representante de UGT en Pastor, Javier Castro, en declaraciones a Europa Press, señala que el número global es una cifra "a rebajar" para los representantes de los trabajadores, al igual que el indicador de 58 años en adelante para las prejubilaciones.

"No estamos conformes con los números, a ver en el desarrollo sucesivo", ha advertido Castro, apuntando a la nueva cita, fijada ya para el lunes 13. "Espero que podamos entrar en detalles sobre las condiciones".

Y es que el próximo 16 de noviembre se iniciará ya el periodo de consultas, con la previsión de que los despidos se apliquen en enero, según indica la central nacionalista.

Ante esto, la CIG ha convocado una movilización el martes 14 a las 11,30 horas en el Cantón de A Coruña para protestar contra el expediente de regulación de empleo.

Las secciones sindicales de este sindicato en las dos entidades defienden la posición que venían manteniendo, relativo al mantenimiento de la marca Pastor, por la "vinculación social y al territorio que en sí misma es positiva desde el punto de vista comercial".

Al margen de esto, rechazan "el proceso de centralización del sistema financiero impulsado por el Gobierno central, que tiene un claro impacto sobre el empleo a nivel gallego, en las redes de servicio a la clientela, pero especialmente en los servicios centrales".

De acuerdo con sus estimaciones, de centralizar todos servicios centrales y empresas auxiliares en Madrid, el banco "será responsable de la destrucción de 500 puestos de trabajo en A Coruña".

"Ajuste excesivo"

La entidad que preside Ana Botín ha trasladado a los sindicatos que la integración en los servicios centrales de ambas entidades, así como en las unidades territoriales de apoyo a estos servicios, afectará a unos 2.100 trabajadores.

En concreto, Santander ha planteado la recolocación de unos 585 trabajadores en otras empresas del grupo y la salida de unos 1.580 empleados mediante prejubilaciones a partir de los 58 años y bajas incentivadas, si bien los detalles están sujetos al proceso de negociación, que comenzará formalmente el próximo 16 de noviembre.

En este sentido, los sindicatos en el ámbito estatal consideran que el ajuste es "excesivo" y creen que hay "más recorrido" en el ámbito de las recolocaciones, así como para rebajar la edad de prejubilación planteada inicialmente.

Por el momento, la red comercial de ambas entidades no se verá afectada en el marco de esta negociación, pues su integración no se prevé hasta el año 2019, una vez culminada la integración tecnológica.

Según explicó Santander, la reducción de plantilla se efectuará mediante un criterio de meritocracia en el que se aprovechará "el mejor talento" de ambas entidades, con un "esfuerzo especial" para que las salidas que se produzcan se realicen en "buenas condiciones".

En cualquier caso, el ajuste se efectuará después de que tanto Santander como Popular aplicaran en 2016 sendos expedientes de regulación de empleo.

En la actualidad, Santander cuenta con 200.949 empleados, de los que aproximadamente un 6% correspondería a Popular, puesto que al cierre del primer trimestre --la última vez que presentó resultados-- esta entidad contaba con 15.020 trabajadores, 13.449 de ellos en España. En conjunto, los servicios centrales de Popular y Santander España engloban a unos 7.000 empleados.

En Galicia, el Popular-Pastor contaba con 1.422 trabajadores con datos a 31 de agosto, mientras que el Santander dispone de unos 900 profesionales en la comunidad, donde las organizaciones sindicales exigen el mantenimiento de la marca Pastor.

ELA Y LAB PREPARAN LA DEMANDA PARA ANULAR EL ERE DE FAGOR CNA

Las centrales sindicales ultiman los detalles del escrito judicial

Los sindicatos ELA y LAB preparan la demanda para pedir la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo de extinción aplicado a 145 trabajadores de Edesa Industrial y Geyser Gastech, marcas agrupadas en Fagor CNA Group, que esperan presentar.

Fuentes del comité de empresa indicaron que los trabajadores de la planta de Garagartza, en Arrasate, siguen “a la espera” después de que la compañía entrara en concurso de acreedores y anunciara que negociaría la entrada de un inversor. A este respecto, señalaron que la dirección les ha trasladado que “lo tienen bastante avanzado, pero no tienen nada firmado”.

“Estamos a la espera de que el juez nombre al administrador concursal y, a partir de ahí, empezar a hablar con él y con la empresa”, añadieron las mismas fuentes, que señalaron que están en “un momento de ‘impasse’”.

En cuanto a los 145 despidos tras finalizar el periodo de consultas del ERE de extinción planteado para sus 327 empleados fuera del que han quedado 160 trabajadores, ELA y LAB indicaron que ya se terminaron de notificar, y ambos sindicatos trabajan ahora “en la demanda judicial para pedir la nulidad” del citado ERE, que esperan presentar. - E.P.

UNA MULTINACIONAL ANUNCIA EL CIERRE DE SU CONOCIDA FÁBRICA EN TALAVERA Y EL DESPIDO DE SUS 31 EMPLEADOS

eldigitalcastillalamancha.es

Mala noticia para la ciudad de la cerámica

La multinacional holandesa De Heus ha anunciado su pretensión de cerrar su fábrica de piensos 'Biona' de Talavera de la Reina y el despido de sus 31 empleados para lo que ha alegado "razones organizativas y técnicas".

Así lo ha asegurado CC.OO. en un comunicado en el que ha mostrado su oposición a esta decisión que ha considerado "injustificada" y para la que ha reclamado el mantenimiento de la actividad y del empleo en la planta talaverana.

La empresa ha informado a la plantilla de su decisión, que ha dado por "inamovible", y ha convocado el lunes, día 13, la apertura del periodo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

CC.OO. ha confirmado que se opondrá a los despidos y utilizará "todos los instrumentos sindicales y judiciales" para tratar de salvarguardar los puestos de trabajo y los intereses de los trabajadores afectados.

Implicación del Ayuntamiento

Además, ha pedido la implicación del Ayuntamiento de Talavera y de las instituciones provinciales y regionales para defender la actividad y el empleo.

Por su parte, De Heus ha señalado también en un comunicado que prevé concentrar la producción de la fábrica de Talavera en las plantas que tiene situadas en Mérida y Úbeda.

No obstante, ha informado de que la intención de la dirección de la compañía es negociar un plan social con los representantes de los trabajadores con el objeto de minimizar todo lo posible sus efectos laborales.

LOS TRABAJADORES DE ES MURTERAR SE CONCENTRARÁN CONTRA EL CIERRE DE LA MITAD DE LA CENTRAL TÉRMICA

Palma de Mallorca (Europa Press)

Piden al Govern realizar una "transición" a la producción de energías renovables de forma "bien planificada" que impida "despidos traumáticos"

El comité de empresa de Es Murterar llevará a cabo una concentración frente a la central térmica de Alcúdia a las 15.00 horas en protesta por la solicitud del Govern de cerrar la mitad de la planta antes de 2020.

En un comunicado, la sección sindical de UGT ha considerado "precipitado" el cierre planteado por el Ejecutivo autonómico al Gobierno central y ha advertido que implicará la "destrucción" de unos 500 puestos de trabajo "estables" y de "calidad".

"Reconocemos que la central térmica de Alcúdia tendrá que cerrar antes de la fecha de 2050 establecida en el acuerdo de París, pero es una temeridad técnica y laboral clausurar dos de sus cuatro grupos de generación sin un plan estratégico bien meditado", ha señalado UGT.

Asimismo, ha señalado que actualmente esta planta actúa de "pulmón" de la red eléctrica balear y garantiza un "buen" suministro "sin cortes" de electricidad.

"Los que trabajamos en el sector sabemos que, a fecha de hoy, si la central de Alcúdia no estuviera a pleno rendimiento el suministro eléctrico de Mallorca sería inestable y de mala calidad, y, además, se podrían producir cortes de electricidad, lo que afectaría a empresas y particulares", ha asegurado la sección sindical de UGT.

Por todo ello, los representantes de los trabajadores han pedido al Govern realizar una "transición" a la producción de energías renovables de forma "bien planificada" que impida "despidos traumáticos" y tenga en cuenta los "requisitos técnicos" del sistema energético.

Según la sección sindical de UGT en Es Murterar, es "incomprensible" que un Govern "de izquierdas" propicie que una empresa privada con "enormes beneficios" pueda aplicar la "nefasta" reforma laboral del PP.

Finalmente, ha criticado al Ejecutivo por exponer "asiduamente" en los medios de comunicación su decisión de pedir el cierre de Es Murterar, lo que ha originado "malestar" y "preocupación" entre los trabajadores y sus familias, que ven "peligrar" su puesto de trabajo.

EL COMITÉ DE CEL PLANTEA EVITAR DESPIDOS CON UN ERE TEMPORAL ROTATORIO

La plantilla propone a Lucart ir levantando la suspensión a medida que aumente la actividad

Trabajadores de CEL, en la acampada realizada estos días ante el palacio foral.

Ha tenido lugar la primera toma de contacto entre los trabajadores de CEL y Lucart después de que la empresa italiana se haya convertido en la única candidata por el momento a hacerse con el grupo papelero vasco.

El planteamiento inicial de Lucart, con unas 40 prejubilaciones y 30 despidos, no ha gustado a la plantilla, que ha fijado como mínimo innegociable mantener todos los puestos de trabajo.

En vistas de que el plan italiano pasa por incrementar la producción de forma progresiva hasta 2020, el comité propone un ERE de suspensión rotatorio entre todos los trabajadores para evitar salidas traumáticas y recuperar la normalidad cuando las fábricas vuelvan a funcionar a pleno rendimiento.

El hecho de que solo uno de los inversores interesados por CEL haya presentado una oferta aboca a una negociación para evitar la liquidación. El administrador concursal ha dado a los trabajadores hasta el próximo día 23 para aceptar o rechazar el plan de Lucart, con lo que el tiempo para negociar es escaso.

Los abogados de Lucart transmitieron al comité que tienen “poco margen” para mover su oferta inicial, que pasa por arrancar la producción con solo 145 trabajadores, aunque van a continuar las conversaciones. La firma italiana plantea hacer inversiones que alcanzarían los 20 millones en cinco años, de forma que en los próximos años se irá aumentando el nivel de producción y de plantilla.

Con esa premisa, el comité propone como fórmula para evitar salidas traumáticas la suspensión de empleo temporal de toda la plantilla de forma que todos los trabajadores se vayan rotando en el ERE hasta que el nivel de actividad permita la vuelta al trabajo de todos, probablemente entre 2020 y 2021.

El comité limita el proceso al personal que quiera permanecer en plantilla, estando dispuesto a aceptar salidas voluntarias en forma de prejubilaciones, tal y como ha planteado la firma papelera italiana.

No hubo respuesta oficial de Lucart a este planteamiento, aunque los plazos fijados por el administrador obligan a que las negociaciones avancen. El comité también ha pedido a la empresa mecanismos para ir recuperando los salarios y que el ajuste sea menos pronunciado.

Si las conversaciones no fructifican y los trabajadores rechazan la salida de Lucart, el administrador ya ha anunciado que la papelera vasca irá a liquidación con el correspondiente peligro para el proyecto industrial.

PRISA ANUNCIA UN ERE EN LA IMPRENTA DE ‘EL PAÍS’ Y PLANEA EL FANTASMA DEL CIERRE

Fernando Cano - elespanol.com

El 16 de noviembre la empresa anunciará el número de despidos en una plantilla que actualmente tiene 80 trabajadores.

El grupo Prisa ha comunicado a los trabajadores de Pressprint -sociedad encargada de imprimir las ediciones en papel de El País, As y Cinco Días- que pondrá en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las próximas semanas. Aunque no se han entregado más detalles, la empresa vuelve a justificarlo por los problemas económicos por los que atraviesa la empresa.

Prisa ha convocado al comité de empresa para el jueves 16 de noviembre donde se comunicará oficialmente el número de salidas, un día después de la junta extraordinaria de accionistas de Prisa que deberá aprobar la ampliación de capital de 450 millones de euros, el primer paso para salvar al grupo de su delicada situación financiera.

En 2013 se cerró la imprenta de Barcelona

El secretismo que ha imperado respecto a este ERE ha despertado todas las alarmas entre los trabajadores. Incluso muchos temen que se cierre o se venda la imprenta, tal como ocurrió en el primer ERE que afectó a la compañía en 2012, cuando se cerró la planta de impresión que tenía Prisa en Barcelona.

Ese año Prisa ejecutó su primer ERE en Pressprint con la salida de unas 92 personas, ochenta en Barcelona y el resto en Madrid. Desde 2013 y tras el cierre de la imprenta en Cataluña, El País se imprime en las instalaciones de La Vanguardia del grupo Godó.

La empresa se creó en 2008

En 2015 se volvió a plantear otro ERE, ésta vez para despedir unas quince personas. Pressprint, S.L. se creó en 2008 cuando Prisa decidió segregar la planta de impresión de la sociedad matriz de El País y trasladar a toda su plantilla a una nueva empresa.

Desde su creación, siempre se han justificado estos ERE's por la escasa rentabilidad del negocio de impresión de diarios de Prisa. Su plantilla actual de 80 trabajadores se encarga de imprimir los tres diarios en papel del Grupo: El País, As y Cinco Días.

CC.OO. ASEGURA QUE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAN PERDIDO EN SIETE AÑOS ENTRE UN 14 Y 20 POR CIENTO DE PODER ADQUISITIVO

Ante ello, el sindicato ha presentado una campaña con la que, ha señalado su secretario general, Jorge Ruano, "queremos recuperar los derechos que nos han arrebatado", ya que "en los últimos años se han deteriorado los servicios públicos y las condiciones de trabajo de los empleados públicos"

Un deterioro del que culpa "a la política neoliberal del Gobierno del PP que ha convertido en mercancía derechos de las personas como la sanidad, la educación o la dependencia que se han traspasado del ámbito de lo público a manos privadas con el consiguiente beneficio de unos pocos".

Ruano ha estado acompañado por Pepe Fernández, del Área Pública Estatal de CC.OO., Javier Morentín de Servicios a la Ciudadanía, Carmen Fernández San Román, secretaria de Sanidad y el secretario de la Federación de Enseñanza, Mikel Bujanda.

En este sentido, Fernández ha señalado el año 2010 como fecha de inicio de recortes a los empleados públicos. Este año, dice, se acordó reducir un 5 por ciento los salarios de los empleados públicos "de forma unilateral". "Y, en estos siete años, los empleados públicos hemos acumulado pérdidas de salario entre el 14 y el 20 por ciento".

Pero además, a lo largo de este tiempo calcula que se han producido unos 300.000 despidos a la vez que está aumentando la contratación en precario. "Estamos en una situación de hierro que está impidiendo la negociación colectiva.

Es imposible hablar de jornada laboral, de la carrera profesional, por esta razón es imprescindible recuperar el diálogo y las negociaciones colectivas para recuperar todos los derechos que nos han arrebatado". Javier Morentín, de Servicios a la Ciudadanía, ha puesto el acento en la necesidad de recuperar la capacidad de negociación colectiva de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos coartada mediante Decretos por el Gobierno estatal, así como la precarización del empleo. Y es que según apunta, "la interinidad supera el 20 por ciento en el empleo público".

Y por esta razón, la campaña de CC.OO. pretende, por un lado, recuperar los servicios y, por otro, los derechos de los trabajadores. "Los servicios públicos son claves en un estado de bienestar y los últimos gobiernos han ido minando este pilar básico cuadrando las cuentas de los presupuestos generales a costa de los derechos de los trabajadores públicos". Desde el Área de Salud, Mamen Martínez insiste en la necesidad de volver a la jornada laboral de 35 horas semanales "porque esto significa recuperar el empleo y eliminar las listas de espera".

Pero además es imprescindible que "los trabajadores públicos reciban el 100% del salario cuando están de baja porque al igual que los enfermos no pueden trabajar, los trabajadores cuando están enfermos tampoco pueden trabajar". Mikel Bujanda del Área de Educación ha recordado que ha sido el gobierno de La Rioja con Pedro Sanz y con José Ignacio Ceniceros el que amplió la jornada laboral a 37,5 horas semanales lo que conlleva una pérdida de empleo. "El Gobierno de La Rioja alardea de la buena marcha de la Comunidad, pues bien, si va tan bien es hora de que los empleados públicos recuperen los derechos perdidos".

Por todo ello, a lo largo de este mes de noviembre, CC.OO. va seguir saliendo a la calle para recuperar lo arrebatado, recuperar derechos laborales, empleo público y poder adquisitivo. "Es hora de revertir los recortes y frenar el deterioro de los servicios públicos porque son estos los que garantizan la igualdad de oportunidades y, lamentablemente, España está a la cabeza de desigualdad", concluye Ruano.

FCC CONDENADA POR VULNERAR LA LIBERTAD SINDICAL DEL SINDICATO CGT

CGT-FCC SA

El tribunal superior de justicia de Aragón ha declarado que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA, con centro de trabajo en Carretera Castellón y que gestiona diferentes contratas como limpieza pública, parques y jardines o limpieza de universidad entre otras, ha vulnerado la libertad sindical del sindicato CGT.

El fallo del tribunal superior condena a la empresa:

- Al cese inmediato de los comportamientos que atentan contra la libertad sindical de la sección sindical del sindicato CGT

- Reconociendo el derecho del delegado de la sección sindical al crédito horario sindical retribuido

- a FCC a abonar a la sección sindical la cantidad de 1.000 euros en concepto de indemnización por la lesión de la libertad sindical

- Y condenando a la empresa FCC a abonar al anterior delegado sindical de CGT las cantidades económicas que le fueron restadas de sus nóminas por el uso del crédito horario sindical más intereses moratorios.

La sentencia dictamina que el sindicato CGT había constituido una sección sindical en un centro de trabajo de la empresa FCC que tiene más de 250 trabajadores y que el sindicato CGT forma parte de la representación unitaria al tener delegados en los comités de parques y jardines y de limpieza de la estación de Delicias, por lo que reúne los requisitos exigidos por la ley orgánica de libertad sindical.

El tribunal superior da la razón al sindicato CGT al declarar que “el sindicato puede auto organizarse, en legítimo ejercicio de su libertad sindical, constituyendo su sección sindical en el ámbito del centro de trabajo, lo que permite que el delegado sindical desarrolle sus funciones respecto de todos los trabajadores del centro de trabajo radicado en Carretera Castellón km 2,7. Declarando que FCC ha vulnerado la libertad sindical de CGT”

A juicio del tribunal la conducta de la empresa obstativa del ejercicio del derecho a la libertad sindical ha causado un daño moral a la sección sindical de CGT por lo que condena a la empresa FCC a indemnizar con 1000 euros a la sección sindical. Asimismo el tribunal describe en su sentencia que FCC debe abonar la parte del salario que descontó al anterior delegado de CGT por realizar su actividad sindical.

Por lo tanto, a partir de este momento, el sindicato CGT tendrá presencia en FCC a través de su delegado sindical y así poder defender con garantías los derechos de los afiliados a este sindicato.

Desde la sección sindical de CGT se recuerda que todavía está pendiente el juicio por las elecciones sindicales de la contrata de FCC limpieza pública, donde anularon la candidatura de CGT y se le impidió participar.

Desde CGT afirman que, a pesar de todos los obstáculos que se están poniendo para que el sindicato no tenga presencia en la empresa FCC, seguimos trabajando por defender los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras de FCC, desde dentro de los comités o desde fuera”.

ESTIBADORES ESTUDIAN "ACCIONES" ANTE LA "INJERENCIA" DE LA CNMC A SU "LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA"

Sevilla (Europa Press)

El colectivo de estibadores y trabajadores portuarios estudia "todas las acciones que tengan a su alcance" para reaccionar a la "injerencia" que, a su juicio, ha cometido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al abrir un expediente sancionador a los sindicatos y la patronal de la estiba portuaria por considerar que el acuerdo que alcanzaron el pasado mes julio, con el que pusieron fin a seis meses de conflicto en el sector, puede restringir la competencia.

Para la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores, dicha "injerencia" de la CNMC "atenta directamente contra derechos básicos" de los trabajadores como los de la "negociación colectiva" y la "libertad sindical", y genera una situación de "incertidumbre" que "no es deseada".

Así lo ha expresado el coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, en rueda de prensa en Sevilla en el marco del IV Congreso Confederal que celebra entre el miércoles y el jueves su organización bajo el lema 'Unidos invencibles', y del que saldrá reelegido para afrontar su cuarto mandato consecutivo al frente de la organización, al ser el único candidato que opta a ello.

La actuación de la CNMC se produce cuando se había alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto sobre la reconversión del sector de la estiba que se registró en la primera mitad del año, cuando en febrero el Ministerio de Fomento planteó la reestructuración de la actividad de carga y descarga de buques en los puertos para liberalizarla y adecuarla a la normativa de la UE, que había advertido de una multa.

Antolín Goya ha señalado que en la Coordinadora "no esperaban" el expediente de la CNMC que ahora se ha conocido, y ha defendido que, en su momento, solicitaron al Gobierno de España que incluyera la subrogación de los estibadores en el Real Decreto-Ley para la reestructuración del sector, pues la patronal y los trabajadores estaban de acuerdo en esa medida, "avalada en numerosos casos similares", y desde el Ejecutivo "decían que para que eso pudiera ser posible se tenía que hacer con la negociación colectiva", según ha abundado el representante sindical.

En ese sentido, ha remarcado que por parte de los trabajadores han actuado en esa vía, alcanzando un acuerdo con la patronal, "siguiendo la recomendación del Gobierno y del mediador" que éste designó, cuyas propuestas se publicaron, como anexo al referido decreto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha recordado Goya, quien ha insistido en que "no terminamos de entender esa injerencia por parte de la Comisión Nacional de la Competencia".

"Creemos que lo único que pretende es incidir directamente en la negociación del V Acuerdo Marco sectorial de la estiba, cuyo ritmo ahora se ve ralentizado", según ha manifestado Goya, que ha añadido que se da la "sensación de que hasta que no se aclare ese expediente no sabemos si somos capaces de acordar algo" con la patronal, generándose así un "bloqueo en la situación actual".

Ha opinado que la actuación de la CNMC "atenta directamente contra derechos básicos" como los de la "negociación colectiva" y la "libertad sindical", y "lo único que pretende es coartar la negociación del V Acuerdo Marco, que es absolutamente esencial para los trabajadores portuarios" y debe dar la "normalidad suficiente" a los puertos para seguir consolidando los tráficos.

Las movilizaciones "no son una prioridad"

Ante esta situación, "el colectivo de estibadores portuarios y de trabajadores de puertos nos hemos planteado poder desarrollar todas aquellas acciones a nuestro alcance que puedan garantizar los derechos de libertad sindical y negociación colectiva", según ha avanzado el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, quien además ha recordado que el Ministerio de Empleo "dio el visto bueno al acuerdo" alcanzado entre patronal y estibadores.

A preguntas de los periodistas, Antolín Goya ha indicado que, si no se garantizan los referidos "derechos básicos", desde el colectivo al que representan no van a tener "ningún reparo jurídica o socialmente" para "poner de manifiesto el no cumplimiento de esas garantías que tenemos los trabajadores en este país", pero ha puntualizado que llevar a cabo "movilizaciones" no figura entre sus "prioridades".

En ese sentido, ha defendido que el sector portuario "necesita estabilidad", y la "incertidumbre" que a su juicio se genera con la actuación de la CNMC "no es querida por nadie, tampoco por el Gobierno". De esta manera, ha indicado que llevar a cabo movilizaciones sería "la última" de las opciones, y lo que espera el colectivo de estibadores es que "se clarifique de una vez por todas en qué lugar estamos y cuáles son nuestras garantías".

De igual modo, Antolín Goya ha manifestado que, si finalmente al hilo del expediente de la CNMC se dictaminara que el acuerdo alcanzado en el sector de la estiba "no es legal, la solución estaría en manos del Gobierno, que debería sacar un nuevo real decreto ley que incluyera esa parte de subrogación".

También ha manifestado la "importancia" de que se apruebe por parte del Ministerio de Fomento el Real Decreto que se comprometió a promover para desarrollar normativamente la reestructuración del sector e incluir medidas que la UE no permitió incluir en la reforma legal. "Necesitamos que esté publicado para rematar la negociación del V Acuerdo Marco", según ha expuesto Goya.

LAS LIMPIADORAS DE HOTEL DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO QUE IGUALA SUELDOS ENTRE FIJAS Y EXTERNAS

A. S. Sorroche - diarioinformacion.com - Benidorm/Marina Baixa

La norma que regula las condiciones laborales en la hostelería incorporó un artículo para que las camareras de piso subcontratadas cobren lo mismo que la plantilla habitual

Nada nuevo bajo el sol para las limpiadoras subcontratadas por los hoteles de la provincia a pesar de la mejora de condiciones salariales que se pactó en el último convenio colectivo de hostelería, aprobado el pasado mes de junio y que entró en vigor a finales de septiembre.

El documento, que regula las condiciones de más de 40.000 trabajadores de la hostelería alicantina, incluyó un nuevo artículo para equiparar los sueldos de las camareras de piso externas al establecimiento hotelero y aquellas que forman parte de la plantilla habitual.

Una diferencia que generaba una brecha salarial de alrededor de un 40% y que, por ahora, no se ha cerrado, como pusieron de manifiesto el colectivo de las « Kellys» en la última asamblea celebrada, que tuvo lugar en Benidorm.

En concreto, la portavoz de las «Kellys», Yolanda García, señaló durante la reunión que cerca de una treintena de limpiadoras subcontratadas por los hoteles de la provincia ya han solicitado asesoramiento a la asociación a la vista de que tras el último convenio nada ha cambiado en la nómina.

No obstante, la representante del colectivo explicó a este diario que hay centenares de afectadas en toda la provincia que por desconocimiento o miedo no reclaman sus derechos.

Situaciones precarias

«Son mujeres con condiciones laborales muy precarias. Muchas de ellas tienen contratos de obras y servicios, que pueden ser finalizados en cualquier momento, sin ningún motivo concreto, por ello no se atreven a pelear por sus derechos», señaló Yolanda García, quien además insistió en el desconocimiento sobre a quién deben acudir para reclamar las subidas salariales que les corresponden.

Hay que tener en cuenta que el salario de una limpiadora de hotel fija va desde los 1.148 a los 1.024 euros, según se establece el convenio de hostelería. En cambio, el sueldo de las trabajadoras subcontratadas por el hotel llegaba a caer hasta los 770 euros. De ahí que la medida alcanzada entre patronal y sindicatos fuera, de entrada, muy positiva para erradicar este tipo de prácticas abusivas en la industria turística.

El problema es que ahora las empresas multiservicios de las que dependen las limpiadoras subcontratadas no están pagando lo que deberían según el convenio de hostelería. «Algunas han ido a quejarse ante sus responsables y dicen desconocer la nueva norma del convenio», señaló Yolanda García a la vez que recordó que «en última instancia, quien debe garantizar que el convenio se cumpla es el responsable subsidiario de la empleada, en este caso, el hotel».

En capitales turísticas como Benidorm la cifra de externalizadas supone alrededor de un 25% del total de las limpiadoras de hotel, mientras que en ciudades como Alicante el porcentaje se dispara hasta el 75%, según las estimaciones de las «kellys».

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