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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (13 DE MARZO DE 2017)

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

PREACUERDO DE DEOLEO Y LOS SINDICATOS QUE REDUCE EN UN TERCIO LOS AFECTADOS DEL ERE

TRABAJADORAS DE DEUS PROTESTAN CONTRA EL ERE

LOS TRABAJADORES DE ABENGOA ACUSAN A LA EMPRESA DE COACCIONAR A LA PLANTILLA PARA QUE APOYEN EL ERE

OHL INICIA SU AJUSTE DE PLANTILLA EN ESPAÑA

EL REAL AERO CLUB DE VIGO INICIA NEGOCIACIONES PARA IR A ERE

LOS TRABAJADORES DE BLANCO DENUNCIAN “IRREGULARIDADES” EN EL PROCESO JUDICIAL

AMENAZA DE HUELGA DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM) EN CATALUÑA: "LA GESTIÓN DE COMÍN ES NEFASTA"

PRIMERAS SENTENCIAS DE DESPIDOS NULOS EN EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

UGT LAMENTA QUE INABENSA "EXTERNALICE SERVICIOS" Y PIDE "PRIMAR LA VOLUNTARIEDAD" EN EL ERE Y CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO

DECLARADO NULO EL DESPIDO DE 18 TRABAJADORES DE SIMARRO Y PEREA

EL CONFLICTO ENTRE LOS JÓVENES DE LEGUTIO Y LA ALCALDESA SE TRASLADA AL SERVICIO DE MEDIACIÓN

LA CONSELLERA DE SANIDAD INVITA A LA PLANTILLA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ A CONSOLIDAR SUS DERECHOS POR VÍA JUDICIAL

LA FALTA DE UN TESTIGO OBLIGA A APLAZAR EL JUICIO POR LOS DESPIDOS EN LA LONJA CAMBADESA

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG) PAGARÁ TRES FINIQUITOS SIN APLICAR LA REFORMA LABORAL

EL PSOE RECONOCE LA LABOR DE LAS CAMARERAS DE PISO POR SU "LUCHA VALIENTE Y DECIDIDA" CONTRA SU "SEMIEXPLOTACIÓN"

COMITÉ Y DIRECTIVOS NEGOCIAN UN ACUERDO MIENTRAS PROSIGUE LA HUELGA EN BORMIOLI ROCCO

LOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA DE BOMBEROS EN MÁLAGA, SIMILARES A LA DOTACIÓN HABITUAL

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PREACUERDO DE DEOLEO Y LOS SINDICATOS QUE REDUCE EN UN TERCIO LOS AFECTADOS DEL ERE

Europa Press

La mayoría de las salidas se producirá mediante un procedimiento de prejubilación para empleados de más de 58 años en el que se les garantizará el 90% del salario neto más un complemento económico posterior conforme a lo recogido en convenio.

La dirección de Deoleo y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F han alcanzado esta noche un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que se reduce de 95 a 65 el número de afectados y se contemplan recolocaciones y prejubilaciones.

La mayoría de las salidas se producirá mediante un procedimiento de prejubilación para empleados de más de 58 años en el que se les garantizará el 90% del salario neto más un complemento económico posterior conforme a lo recogido en convenio.

En cuanto a las bajas incentivadas, las indemnizaciones variarán en función de las diferentes escalas salariales. Si a los empleados con sueldos inferiores a los 25.000 euros se les reconocerán compensaciones de entre 31 y 33 días por año trabajado, los de más de 120.000 euros tendrán derecho a 22 días por año, con un máximo de 12 anualidades.

El mayor número de salidas se producirá en el complejo de Alcolea, en Córdoba, con 46, frente a las 56 contempladas inicialmente, mientras que de las instalaciones madrileñas de Rivas saldrán 16 trabajadores, frente a los 30 anteriormente previstas.

En cuando a la planta de Andújar, en Jaén, en la que trabajan 9 personas, se producirán finalmente tres extinciones, frente a la propuesta inicial, en la que se contemplaba la salida de todos los empleados. La planta cerrará y seis trabajadores será recolocados.

El portavoz de CCOO, Jorge Tomé, explicó que el preacuerdo debe ser ahora sometido al visto bueno de los trabajadores, para lo que se han organizado consultas en Rivas y el viernes en Alcolea.

Pese a los matices, el preacuerdo es desde su punto de vista "aceptable" y contiene elementos positivos que se han logrado "gracias al apoyo de los trabajadores que han estado de huelga".

El preacuerdo contempla una solución específica para los siete u ocho trabajadores de Alcolea dedicados a producir vinagre, que pasarán a una empresa externa, así como un sistema de recolocaciones a través de las sociedades ARS y Lee Hecht Harrison.

La representación sindical de la empresa, en la que CCOO tiene mayoría, participará además en una comisión de seguimiento del plan industrial de Deoleo.

TRABAJADORAS DE DEUS PROTESTAN CONTRA EL ERE

Reclaman asimismo el pago de cinco mensualidades que les deben

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Trabajadoras de la fábrica textil Deus vivieron su segunda jornada de protestas contra el expediente de regulación de empleo para la extinción de la actividad empresarial, que implicará el despido de las 103 personas de plantilla.

Buena parte de las empleadas participaron en una manifestación que salió de la fábrica a las once de la mañana y que terminó en la Alameda de Ordes.

Las trabajadoras cuestionan el ERE y reclaman el pago de cinco mensualidades que les adeuda Deus

LOS TRABAJADORES DE ABENGOA ACUSAN A LA EMPRESA DE COACCIONAR A LA PLANTILLA PARA QUE APOYEN EL ERE

«Es cínico que la empresa diga que todos los expedientes se están cerrando con total acuerdo entre la empresa y los trabaja

Trabajadores de Abengoa concentrados en la puerta de la sede en Sevilla convocados por la federación provincial de Metal, Construcción y Afines de UGT ->

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Los comités de empresa de las filiales de Abengoa han replicado a la compañía que la mayoría de las plantillas apoyan los expedientes de regulación de empleo por "coacción y el chantaje" y también lo atribuye a que la "desesperación les lleva a aceptar el mal menor para reducir el impacto de las medidas".

En un comunicado, los comités responden al emitido por Abengoa en el que aseguraba que el "necesario" ajuste de su estructura laboral en este grupo cuenta "con el acuerdo mayoritario de la plantilla, sus representantes y los sindicatos".

"Es cínico que la empresa diga que todos los expedientes se están cerrando con total acuerdo entre la empresa y los trabajadores cuando no puede haber nada más lejos, pues el acuerdo firmado por la plantilla no es más que un intento de ver reducida la dureza del impacto de la medida", ha afirmado el comité.

Los representantes laborales han asegurado que no cuestionan la legalidad de esos expedientes, pero denuncian el "mal uso y la mala intencionalidad, ya que la verdadera finalidad es forzar el acuerdo en todos los expedientes ofreciendo indemnizaciones mínimas (20 días por año trabajado y un complemento fijo máximo de 30 días)".

"Es la jugada perfecta de cara a los medios y las instituciones para que no se hable mucho de Abengoa ni de los 1.500 puestos de trabajo que se han perdido en este último año", han denunciado.

Por ello, estudian llevar este "mal uso de los expedientes a los juzgados", pese a que entienden la "necesidad de Abengoa de recurrir a expedientes de regulación pero no aceptan el uso malicioso de los mismos".

Además de estos motivos, los comités explican el apoyo laboral a los expedientes en que tras más de un año y medio de "incertidumbre" la plantilla tiene "estrés, desasosiego y agotamiento moral" y esto le lleva a "plantearse otras alternativas más estables fuera de la compañía".

A esto se suma la "reestructuración concatenando pequeños expedientes en sociedades alternas, empleado a empleado, dividiendo y separando para no hacer mucho ruido y no levantar revuelo ante los trabajadores y la opinión pública".

El grupo Abengoa lleva más de 22 de expedientes en apenas un año y se han perdido unos 1.500 empleos, recuerdan los sindicatos.

Con este "caldo de cultivo", la empresa ha presentado un Expediente de Suspensión de Empleo en Inabensa de 15 a 18 meses de duración, lo que los comités consideran una "condena porque nadie va voluntario un año y medio al paro y mucha gente ni tiene ese paro acumulado".

Las «opciones» de los trabajadores

En ese momento la empresa, "presentándolo como un regalo y una muestra de buena fe", pone encima de la mesa un expediente extintivo (ERE) de adscripción voluntaria para el personal que se encuentra afectada por el expediente suspensivo (ERTE).

La opción del trabajador es "quedarse en un ERTE, cobrando el paro durante 18 meses sin ninguna promesa de recuperar su puesto de trabajo, o estar despedido (ERE) con una indemnización muy cerca al mínimo legal (20 días/año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades y un pequeño complemento de 30 días de salario bruto en el mejor de los casos)".

Ante esta disyuntiva es "fácil entender el resultado de las votaciones" y en la mayor parte de los casos los trabajadores aceptan "como mal menor el ERE", argumentan los comités.

Además, en el caso de las pocas asambleas que votaron no al acuerdo (ERTE de AEPC en 2016, Abengoa Research en el ERTE+ERE de 2017, en ASNT en el ERTE+ERE de 2017), la empresa suele "ofrecer una pequeñita mejora de las condiciones de los despidos y filtra las listas de los afectados"

OHL INICIA SU AJUSTE DE PLANTILLA EN ESPAÑA

Madrid (Europa Press)

OHL ha iniciado su anunciado ajuste de plantilla en OHL y OHL Industrial en España, al comunicar oficialmente a sus trabajadores el inicio del proceso que se abordará a través de un expediente de regulación de empleo (ERE), según informaron en fuentes conocedoras.

La compañía que preside Juan Villar-Mir enmarca el ajuste, que afectará a los centros que tiene en España, en el contexto de fuerte caída de la actividad de construcción en el mercado doméstico. En la actualidad, el grupo obtiene del exterior el 80% de los ingresos de esta división constructora.

En el caso de OHL, a la situación en España se suma la desfavorable coyuntura del sector EPC a nivel mundial ocasionada por los bajos precios del petróleo y de las materias primas.

Una vez anunciado el ajuste a la plantilla, la empresa y los sindicatos constituirán en unos quince días las mesas negociadoras y se iniciará el preceptivo periodo de consultas, que se extiende durante treinta días naturales. Será entonces cuando se determine el alcance del ajuste.

OHL inicia el proceso de ERE tras publicar las cuentas de 2016, ejercicio que entró en 'números rojos' al perder 432 millones de euros tras recoger íntegramente el impacto de sus 'legacy project', el conjunto de obras internacionales en las que han surgido distintos problemas y sobrecostes.

Una vez saneado todo este impacto, el grupo de construcción, concesiones y servicios prevé presentar este mes de marzo su nueva estrategia de negocio hasta 2020.

EL REAL AERO CLUB DE VIGO INICIA NEGOCIACIONES PARA IR A ERE

Europa Press

Cuenta con 14 trabajadores fijo y nueve autónomo

El Real Aero Club de Vigo ha abierto el periodo de consultas de un expediente de regulación de empleo (ERE) para llevar a cabo el despido colectivo de sus 14 trabajadores fijos y nueve autónomos por cesión de actividad, un marco en el que los empleados sopesan constituirse como cooperativa para ejercer ellos mismos la explotación del campo.

En un comunicado, los trabajadores y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Pontevedra, han asegurado que no se van «a quedar de brazos cruzados» y que no descartan «nada». Así, entre las opciones que barajan se incluye la posibilidad de que formen una cooperativa que les permita mantener la actividad y los puestos de trabajo.

El delegado de personal David Blanco, ha indicado que esta opción pasa porque los empleados del Aero Club cojan el campo y lo exploten directamente, por lo que estudian si esta opción es viable y «económicamente rentable». De ser así, ha avanzado que intentarían negociar con la comunidad de montes y hacer su propia propuesta.

En todo caso, los empleados han trasladado que valoran «todas las situaciones jurídicas, sindicales y económicas», las cuales consideran que se han visto «mermadas en los últimos meses por la incertidumbre de los socios ante la inestabilidad en la negociación con la Comunidad de Montes de Cabral», que pretende aumentar el arrendamiento de los terrenos «en más del 150%».

Así las cosas, han sostenido que esta situación ha abocado a «un desahucio laboral», y, con ello, a la aplicación de un ERE por parte de la empresa. De hecho, la dirección ha convocado la primera reunión con los trabajadores para tratar de acordar las condiciones del despido.

Finalmente, UGT ha mantenido que hay «chantaje» y se está «utilizando el impacto social y el nombre del Real Aero Club, con sus trabajadores incluidos, para conseguir que las administraciones se vean presionadas para desbloquear un proyecto mayor que es el verdaderos interés que tiene la junta de la Comunidad de Montes de Cabral», en referencia al centro comercial de Porto Cabral.

LOS TRABAJADORES DE BLANCO DENUNCIAN “IRREGULARIDADES” EN EL PROCESO JUDICIAL

Los trabajadores de Blanco, en pie de guerra contra el juez.

Los exempleados de la cadena madrileña, en liquidación desde finales del año pasado, han puesto en duda la competencia del juez para llevar a cabo el proceso.

Los ex empleados de la cadena madrileña, en liquidación desde el pasado año, han denunciado “irregularidades” en el proceso del expediente de regulación de empleo (ERE), así como en el procedimiento abierto contra los gestores de Alhokair, que ha sido elevado a la Audiencia Nacional.

Según los trabajadores, algunos de sus abogados han “puesto en duda la competencia del juez para llevar a cabo el proceso”. La duda sobre sobre la competencia se debe a que la empresa cambió una semana antes de presentarse el concurso de acreedores su sede a Toledo, “donde sólo había un almacén con tres trabajadores”.

Tras cambiar la sede, el concurso debería ser asignado al juez Brigidiano Martínez, del Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Se designó como administrador concursal a Antonio Muñoz Perea. Los trabajadores denuncian que ambos habían trabajado ya de forma conjunta en varios concursos de acreedores y, en uno de ellos, el de la Autopista Madrid Toledo, también coincidieron con el abogado de Global Leiva (sociedad propietaria, Santiago Hurtado, según afirman los exempleados.

La empresa se encuentra en liquidación desde finales del año pasado  Por otro lado, el grupo de ex trabajadores también denuncia irregularidades en el proceso abierto contra Simon Marshall, Masoud Mohammad Husesien Mamad, Gerry Waters y Nuno Rubeiro Ferreira por alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible.

“La Audiencia Nacional requirió a Brigidano información para poder resolver si es competencia de este juzgado, pero la información que el juez envió a la Audiencia estaba incompleta”, aseguran. Blanco bajó definitivamente la persiana el pasado marzo, cuando cerró la última tienda que mantenía abierta, en el centro comercial Xanadú de Madrid. Ese mismo día, el juez dio luz verde a la rescisión colectiva de contratos, que afectó a cerca de 700 empleados.

AMENAZA DE HUELGA DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM) EN CATALUÑA: "LA GESTIÓN DE COMÍN ES NEFASTA"

Jesús Arroyo - redaccionmedica.com

Más de 800 trabajadores de las zonas de Tarragona, Lérida y Terres del Ebre amenazan con paros durante la Semana Santa Varias Ambulancias del SEM aparcadas. Amenaza de huelga del SEM en Cataluña: "La gestión de Comín es nefasta"

La actitud del CatSalut y del consejero Comín ante los trabajadores del SEM es de “indiferencia y su gestión nefasta”. Así lo afirma Fernando Miguélez, secretario general del Sindic.Cat, que anuncia que si la situación laboral que viven los más de 800 trabajadores de la empresa Ambulàncies Egara, empresa concesionaria del servicio de ambulancias en las tres regiones sanitarias de Tarragona, Lérida y  Terres del Ebre, irán a la huelga en Semana Santa.

Según el sindicalista, el consejero Comín “no se quiere meter en estos problemas”. “Comín solo sonríe cuando se le pregunta por este problema, pero nunca da una solución como respuesta”, afirma Miguelez a raíz de las respuestas del consejero de Salud, cuando ha sido interpelado en comisión de Salud en relación a este asunto.

Miguélez asevera que la empresa no está cumpliendo con lo acordado en el contrato adjudicado por el CatSalut. Según él, “existe una cláusula para rescindir el contrato en caso de su incumplimiento, pero el CatSalut no tiene lo que hay que tener para rescindirlo".

Huelga en Semana Santa

La celebración de la huelga durante la Semana Santa, que por el momento su convocatoria es “oficiosa”, tendrá un dictamen definitivo el próximo 13 de marzo, momento en el que el CatSalut, Ambulancias Egara y el  comité de empresa se reúnan para intentar cerrar un acuerdo que evite dicha convocatoria.

Para ello, según Fernando Miguélez, tendrán que ofrecer un compromiso firme en el que “se cumpla la totalidad de los puntos contractuales acordados y unas condiciones laborales que garanticen la calidad del servicio a los usuarios”.

Aunque la situación de “crispación de los trabajadores”, según Fernando Miguélez, es similar en las tres regiones y “todos van a una, en esta decisión”, él habla en nombre del comité de empresa de la zona de Baix Ebre, compuesto por nueve delegados, de los cuales seis pertenecen a su sindicato.

Miguélez justifica esta huelga asegurando que la empresa está intentando aplicar un “artículo 41, con el que quiere reducir las condiciones de trabajo. “La patronal y los sindicatos acordamos en 2012 una reducción salarial del 3’5 hasta que se recuperaran las tarifas. ¿Qué sucede? Que las empresas en este nuevo concurso han reducido como mínimo un 8 por ciento las tarifas para ganarlo. Por lo tanto es imposible volver a recuperar el sueldo anterior”, denuncia Miguelez.

El comité es consciente de que habrá servicios mínimos para poder actuar en caso de necesidad de estos vehículos durante Semana Santa, pero recuerdan que “cuando una ambulancia llega tarde hay una muerte. Y detrás de todo eso hay una familia y dolor”.

Por parte de Ambulancias Egara, con la que ha contactado este medio, prefieren ser cautos ante la amenaza de huelga y prefieren esperar a la reunión del próximo día 13 para establecer una posición oficial.

Así mismo, la empresa desmiente las acusaciones del comité de empresa de incumplimiento de contrato y asegura que las reclamaciones de los trabajadores se deben, en todo caso, a un “problema de horas extras”.

PRIMERAS SENTENCIAS DE DESPIDOS NULOS EN EL ERE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

http://esteponapress.com/multimedia/2016/08/Protesta-despedidos-del-ERE-en-Ayuntamiento-de-Estepona-768x440.jpg

Un Juzgado de lo Social de Málaga condena al Ayuntamiento de Estepona en los primeros juicios del ERE

Califica de nulos los despidos realizados por José María García Urbano y ordena a la inmediata readmisión

La “Plataforma 176 y más”  ha mostrado su satisfacción por las primeras sentencias del Juzgado de lo Social en Málaga, condenando al Ayuntamiento de Estepona y calificando los dos primeros despidos individuales como nulos; sentencia que obliga a la inmediata readmisión de dos empleados y al pago de los salarios de tramitación dejados de percibir a dos empleados, personal laboral, con categoría de subdirectores de la RTV de Estepona.

Para la Plataforma de afectados en el ERE de Estepona, los despidos de todos los afectados eran una medida ilegal e injusta, confirmada ahora en las primeras sentencias y contrarias a derecho, y ello a pesar que durante el proceso de negociación, los trabajadores, mostraron su disposición a colaborar con el equipo de Gobierno para buscar soluciones, que no fueran contra el empleo dando todo tipo de propuestas alternativas y viables durante las 11 reuniones que se mantuvieron, siendo todas rechazadas por el Alcalde, José María García Urbano.

¨Los ciudadanos de Estepona tendremos que asumir las consecuencias de una decisión personal y pésima gestión de procedimiento, que la sentencia pone de relieve que fue manifiestamente ilegal y ha perjudicado a los intereses generales de los ciudadanos, quien deberá de abonar cientos de miles de euros en salarios de tramitación¨.

El colectivo lamenta que ¨esta situación pone de relieve, la falta de solvencia de la iniciativa encabezada por alcalde de Estepona, José M. García Urbano y su equipo de gobierno del PP, cuando procedió a estos despidos¨ de forma arbitraria y sin consenso con los sindicatos y los trabajadores.

¨Ante la manipulación del Ayuntamiento de esta noticia, la Plataforma quiere recordar que la sentencia recoge que en estos casos no había causas ni económicas ni organizativas; y que fue el propio Ayuntamiento el que lo provocó¨, concluye el escrito de la plataforma de Estepona.

UGT LAMENTA QUE INABENSA "EXTERNALICE SERVICIOS" Y PIDE "PRIMAR LA VOLUNTARIEDAD" EN EL ERE Y CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO

Europa Press / lainformacion.com – Sevilla

MCA UGT ha lamentado que Inabensa, perteneciente a la multinacional andaluza Abengoa, ha lamentado que la empresa "está externalizando servicios fuera de Inabensa, que se pueden realizar desde la propia empresa", y ha pedido en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que se "prime la voluntariedad" en los despidos y se cree una bolsa de empleo.

En una nota, MCA UGT Sevilla ha informado de la tercera reunión del expediente temporal y expediente de regulación de empleo (ERTE y ERE) de Inabensa, reunión durante la que se han analizado los documentos solicitados a la empresa por parte de la representación legal de los trabajadores, entre ellos, subcontratación, balance desde enero 2017 o proyectos en curso, entre otros documentos.

La representación de los trabajadores sigue insistiendo en que "se están externalizando servicios fuera de Inabensa, como por ejemplo Tamoin, Fatsur y Accisa", y afirma que estos servicios "pueden realizarse desde la propia empresa".

La representación de los trabajadores ha presentado una propuesta para paliar en la medida de lo posible los efectos adversos de ambos expedientes como "primar la voluntariedad en los despidos; que ningún despido debe ser forzoso". Los trabajadores hacen una propuesta de indemnización "que en ningún caso puede bajar de 30 días por año trabajado sin límite de antigüedad y que no afecte a los trabajadores de 55 años o más".

Otra de la propuesta de la representación de los trabajadores va en la línea de "crear una bolsa de empleo para poder recolocar a los trabajadores una vez que se aprueben los proyectos pendientes; que se vean afectados los trabajadores que a fecha de presentación de las medidas estén en situación de incapacidad temporal por cualquier contingencia, protección de la maternidad, el embarazo o con reducción de jornada por guarda legal, salvo que el trabajador quiera acogerse de forma voluntaria".

Entre las propuestas presentadas a la empresa se encuentra además la de que los expedientes "no afecten a aquellos trabajadores que tengan consumidos seis meses o más de desempleo en los expedientes anteriores; que el máximo periodo de afectación por trabajador sea de 180 días, y plantean que el periodo total de suspensión sea como máximo de ocho meses".

Demandan además "el abono de pagas extras y vacaciones,*y que los trabajadores de 59 años se mantengan en suspensión hasta los 61 para pasar a la jubilación parcial", como medidas que completan la lista de peticiones puesta sobre la mesa por los representantes de los trabajadores.

Por su parte, la dirección de la empresa "ha mantenido su propuesta inicial con un mínimo cambio, rebajar a 15 meses la suspensión de los contratos de los 18 iniciales", mientras que al resto de las propuestas contestará en la próxima reunión, prevista para el 14 de marzo, según indica MCA UGT Sevilla, que precisa que la representación legal de los trabajadores "ha insistido una vez más en conocer el Plan Industrial de Inabensa".

DECLARADO NULO EL DESPIDO DE 18 TRABAJADORES DE SIMARRO Y PEREA

noticiasdealava.com

La sentencia del TSJPV obliga a reincorporar a la plantilla y al abono de los salarios dejados de percibir

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nulo y no ajustado a derecho el despido colectivo de los 18 trabajadores de la empresa Simarro y Perea.

CCOO Euskadi, que muestra su satisfacción porque los tribunales le hayan dado la razón, señala que la sentencia obliga a la empresa a reincorporar a la plantilla a sus puestos de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.

La central recuerda en una nota de prensa que el pasado mes de octubre la empresa presentó un ERE de extinción de 18 puestos de trabajo alegando causas económicas y con fecha de previsión de los despidos el 28 de noviembre.

CCOO indica que, según la citada sentencia, la negociación en el periodo de consultas estuvo “viciada, con mala fe, con aportación de datos económicos inopinados y contrarios a la marcha contable y económica de la empresa hasta ese momento, lo que ha evitado una negociación auténtica partiendo de datos fiables”.

El sindicato añade que, por tanto, el TSJPV declara “nulo el despido” debido a la “falta de aportación de la documentación económica perceptiva, toda vez que la que se aportó estuvo viciada en los términos indicados, lo que asimismo impidió una negociación cabal y basada en datos reales”.

Esta información coincide en el tiempo con otra que afecta a otro referente industrial, y del sector tubero, de Dulantzi. No en vano, no corren buenos tiempos para las firmas siderúrgicas que forman el grupo STS y que el 24 de noviembre presentaron un concurso voluntario de acreedores.

De hecho, el pasado día 24 de febrero, Siderúrgica de Tubo Soldado Tubular Group (STS) y SERT presentaron ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria una solicitud de extinción colectiva de contratos de trabajo, que afecta a 61 trabajadores de STS y a 26 de SERT.

Tal y como se alega en el documento al que tuvo acceso este diario, el objetivo de este despido colectivo es “evitar un empeoramiento tanto de los créditos ostentados por los trabajadores como de la situación financiera de las sociedades”.

Como explican en los motivos del despido colectivo, “en el caso concreto de STS y, por ende, de SERT, los centros de trabajo sufren una acentuada subactividad, hecho que afecta negativamente no sólo a la competitividad, sino a la estructura de costes, que incrementan la situación de pérdidas a nivel de explotación y de resultados”.

El grupo STS, la antigua Helisol, entró en concurso de acreedores en 2016 con unas deudas de 70 millones, en parte por los impagos de partidas en el extranjero, en especial de Venezuela.

EL CONFLICTO ENTRE LOS JÓVENES DE LEGUTIO Y LA ALCALDESA SE TRASLADA AL SERVICIO DE MEDIACIÓN

David Ortega Dna/Josu Chavarri – noticiasdealava.com

La Gazte Asanblada denuncia presiones de la primera edil para despedir a cuatro monitores

Lejos de amainar, la polémica entre los jóvenes de la Gazte Asanblada de Legutio y la alcaldesa del municipio, Nekane Garaigordobil, de EH Bildu, se ha incrementado en las últimas semanas desde el despido el pasado mes de enero de varios jóvenes de la localidad a instancias, según denunciaron en un comunicado, de la propia primera edil, después de que el colectivo celebrara sin permiso una asamblea para preparar las fiestas de San Blas en la Casa de Cultura de Legutio, a la que accedieron con las llaves de una de las monitoras.

Desde la publicación de la noticia, la tensión entre las partes ha sido palpable, primero con la manifestación celebrada frente al Ayuntamiento, en la que los jóvenes recibieron un notable apoyo de los vecinos, y posteriormente en el Pleno municipal del 22 de febrero, donde se produjo un enfrentamiento entre la alcaldesa y los jóvenes despedidos, que acudieron al Pleno extraordinario, convocado por la primer edil a las 8.00 horas.

El Ayuntamiento, una de las dos empresas adjudicatarias y las dos monitoras despedidas por ella -los otros dos jóvenes corresponden a una segunda empresa- están llamadas a un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) que tendrá lugar a las 13.00 horas, aunque a tenor del intercambio de comunicados, mociones municipales y enfrentamientos de las últimas semanas no parece que el conflicto suscitado tras el despido de los cuatro jóvenes tenga una vía de solución que no pase por la readmisión de los despedidos.

El germen del enfrentamiento entre la Gazte Asanblada de Legutio y la alcaldesa de la coalición abertzale se remonta al 15 de enero, cuando los jóvenes de la asociación accedieron, sin autorización expresa, a la Casa de Cultura para celebrar una reunión destinada a preparar las fiestas de San Blas en la localidad.

Al estar cerrada, dos de las jóvenes de la Gazte Asanblada, monitoras de tiempo libre en el recinto contratadas por las empresas adjudicatarias, utilizaron sus llaves para acceder. En la reunión se encontraban también otros dos monitores, que prestan servicio de cancheros para otra firma adjudicataria.

Al conocer que los jóvenes se encontraban en el recinto, la propia alcaldesa acudió al lugar y echó a los jóvenes. Justo al día siguiente, el 16 de enero, la regidora envió sendas cartas, a las que ha tenido acceso este diario, a las dos empresas que prestan servicio al Ayuntamiento -Eragintza Kultur Elkartea y Aiteko Management- en las que, tras informar de lo sucedido, solicita a las firmas que “como empresa adjudicataria, adopte las decisiones que estime oportunas ante tal incidencia grave”.

Dos semanas después, el 27 de enero, una de las jóvenes monitoras recibe una carta de Eragintza Kultur Elkartea en la que se recoge que “la dirección ha decidido tu despido” basándose en que “el Ayuntamiento de Legutio así lo ha pedido expresamente”. “Tal y como ha pedido el Ayuntamiento no hemos tenido más remedio que decidir despediros”.

Posteriormente, el 10 de febrero, tras la denuncia pública de la Gazte Asanblada, la misma empresa emitía un comunicado en el que aseguraba que “la decisión de rescindir el contrato” de las dos monitoras fue “exclusivamente” suya y negó haber recibido “ningún tipo de presión” por parte de la alcaldesa para llevar a cabo los despidos.

LA CONSELLERA DE SANIDAD INVITA A LA PLANTILLA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ A CONSOLIDAR SUS DERECHOS POR VÍA JUDICIAL

Xavi Prats Castelló – levante-emv.com

Sanidad asume en su hoja de ruta el reconocimiento de los derechos laborales adquiridos por la concatenación de contratos

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, asumió que en la hoja de ruta planeada por su departamento en relación al Hospital Provincial de Castelló se contempla que sea la justicia quien reconozca los derechos adquiridos por la plantilla tras la concatenación atávica de contratos temporales.

Al igual que otras agencias dependientes de la Generalitat, como Culturarts -que absorbió Castelló Cultural- o la Agència Valenciana de Turisme, el Hospital Provincial se enfrenta a un problema laboral de considerables dimensiones.

Parte de la plantilla no superó ninguna oposición ni convocatoria pública para acceder a su puesto de trabajo. Pero, la acumulación reiterada de contratos temporales en puestos necesarios pero no estructurales en la relación de puestos de trabajo ha derivado en la generación de una serie de derechos laborales que la justicia está reconociendo y que lleva a consolidar esos contratos como personal laboral indefinido no fijo.

De hecho, ese es el origen del conflicto: la excesiva temporalidad de la plantilla, que detectó la auditoría de la conselleria de Hacienda sobre el ejercicio 2012 y terminó con un laudo del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana en 2014 por el que se ordenaba estructurar 124 puestos.

Ese laudo se emitió el 20 mayo de 2014 y no fue hasta septiembre de 2016, tras la consolidación del cambio político en la conselleria y por extensión en el centro hospitalario, cuando se acometió la estructuración de la plantilla.

Para ello, el hospital encargó un informe técnico a la Universitat Jaume I que determinó, a grandes rasgos, que se debían crear solo 109 plazas estructurales y despedir a 17 profesionales cuyo puesto no se consideró necesario. Cabe apuntar que algunas plazas estaban vacantes y, por tanto, su amortización no afectó a ninguna persona.

Los trabajadores despedidos denunciaron su situación y la justicia ha dictaminado que en el proceso de despido la dirección del centro ha vulnerado derechos fundamentales. De hecho, el caso de una bióloga, cuyo despido ha sido declarado nulo y que será readmitida el lunes 13 de marzo, ha creado jurisprudencia.

Por eso, ante el rosario de denuncias, la dirección optó por llegar a acuerdos judiciales en los que reconoce por un lado la improcedencia del despido y por otro, la consolidación de los derechos adquiridos por los trabajadores derivados de la acumulación de contratos temporales.

En este punto, más allá de la situación particular de las 17 personas despedidas, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, indicó en referencia al conflicto de la temporalidad que «esta es una transición que hay que pasar; los trabajadores tienen derechos adquiridos aunque sus contratos sean irregulares o en fraude de ley; por lo que vamos a intentar compaginar volver a traer la legalidad al consorcio y resarcir el agravio que puedan tener los trabajadores que se han visto perjudicados por la herencia de esa mala gestión de otros equipos».

Es más, preguntada específicamente si el camino de los trabajadores para ver reconocidos sus derechos de manera individual pasa por la vía judicial, Montón asumió que «ese es el camino».

Los sindicatos, que se reunieron con la consellera antes del Consejo de Gobierno del consorcio, reiteraron sus quejas por la falta de negociación en el centro, como recogen las sentencias judiciales. CSI-F «reprobó» la política de personal que «practica la dirección del centro» y CCOO, que organizó una protesta en la entrada del hospital, pidió «renegociar el Plan de Recursos Humanos como marca la normativa y se readmita a los compañeros».

El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, que ocupa la vicepresidencia del consorcio, manifestó a este respecto que «hemos descubierto que lo que no eran ilegales eran los contratos, sino los despidos; porque cuando un despido se declara nulo es porque el contrato es legal».

El Consejo desestimó revocar el acuerdo del que nace la creación de las plazas tras una reunión «forzada» por Moliner.

LA FALTA DE UN TESTIGO OBLIGA A APLAZAR EL JUICIO POR LOS DESPIDOS EN LA LONJA CAMBADESA

La vista, en principio, estaría prevista para el día 24

La ausencia de un testigo de la Cofradía de Cambados obligó a aplazar la repetición del juicio por el despido improcedente o nulo de tres lonjeros que efectuó el propio pósito tras sorprenderles vendiendo marisco a restaurantes de la localidad.

La decisión se tomó al considerar importante la declaración de este testigo, que hace meses, alertara de un compromiso que le hacía imposible acudir a la cita que se celebraba en el juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra.

Aunque queda por confirmar por las diferentes instancias judiciales, la sesión podría retomarse el próximo día 24.

La vista que se iba a celebrar es consecuencia del recurso que presentó la Cofradía de Cambados contra la sentencia que ordenaba la readmisión de los tres trabajadores y que se dictó hace un año por el mismo juzgado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró la nulidad de la resolución judicial y de las actuaciones previas, ordenando retrotraer las actuaciones al momento del juicio.

La Cofradía fundamentó parte de sus acusaciones en una cinta de vídeo en la que se observaba, supuestamente, la actuación de los tres trabajadores de la lonja en el momento en que se llevaban parte de la mercancía para venderla, presumiblemente, de forma ilegal a un restaurante de la villa del albariño.

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG) PAGARÁ TRES FINIQUITOS SIN APLICAR LA REFORMA LABORAL

Lara Graña – Vigo

Abonará unos 400.000 euros para evitar ir a juicio y faculta a Arias a negociar la cantidad final - Urge la hipoteca para pagar salarios

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha facultado a su presidente, Antón Arias, a que negocie con tres de sus extrabajadores para evitar ir a juicio por despido improcedente.

La comisión ejecutiva, reunida de manera extraordinaria en Santiago, aprobó el desembolso por este concepto de una cuantía que ronda los 400.000 euros, según pudo saber FARO en fuentes de la patronal.

Los tres vocales de Ourense en ese órgano de gestión se abstuvieron en la votación. El año pasado la plantilla de la confederación pasó de 20 a una decena de empleados tras los despidos de tres directivos (uno de ellos era el secretario general, Fausto Santamarina), cuatro personas adscritas al Plan Pexga y una empleada con la que se terminó el contrato de común acuerdo. La CEG no aplicará la reforma laboral para el cálculo de las indemnizaciones, que rozarán -sostienen las mismas fuentes- los 45 días por año trabajado.

Solo para el caso de Santamarina la patronal gallega reserva una partida de unos 250.000 euros, que equivalen a una quinta parte de la hipoteca que recibirá por la sede, de 1,2 millones de euros. Aunque la banca admite que la situación en la CEG no es de su agrado por la "inestabilidad" de sus órganos de gobierno, desde las entidades sostienen que no ha habido "ningún cambio" tras la baja temporal de la patronal de Pontevedra y que la hipoteca continúa en "fase de estudio". Eso sí, respecto a diciembre, y como avanzó FARO, el pool bancario ha encarecido el préstamo al pasar de un 2 a un 2,8% de tipo de interés, lo que redundará en una cuota mensual de 1.000 euros más.

De momento, y mientras no se formalice el contrato con las entidades (están capitaneadas por Abanca), la situación económica de la CEG sigue siendo asfixiante, como reconocen en la casa. A este fuerte desembolso por las tres indemnizaciones hay que sumar el aval para el contencioso planteado contra la Xunta, que reclama 648.000 a la CEG por el incumplimiento parcial del Plan Pexga. Los intereses de la confederación serán representados por el bufete coruñés Caamaño, Concheiro & Seoane, en el que participa el exministro socialista Francisco Caamaño.

Entre los gastos que se cargaron de forma irregular al programa Pexga hay 3.000 euros por el arreglo de la oficina de Argentina (se abonó en efectivo, y el límite para esta forma de pago eran 1.000 euros) o un servicio de chofer por 1.694 euros para Antonio Fontenla en México. El Igape sostuvo que esta factura era "excesiva" y "muy superior a los precios de mercado".

Lo mismo apreció en los más de 6.000 euros que costó un viaje capitaneado por Fontenla a Moscú en 2011. Eso sí, el grueso de los gastos supuestamente irregulares se corresponde a gastos de estructura (alquileres de locales, fianzas y recibos) que para el Igape no entran dentro del convenio.

A mayores la patronal gallega ha avanzado que contratará a un bufete externo para reformar los estatutos y sopesa suplir la baja de Santamaría en la secretaría general con un contrato mercantil.

La situación en la CEG es en extremo complicada tras la baja temporal aprobada en la patronal de Pontevedra por unanimidad y las acusaciones de su presidente, Antón Arias, que acusó a su homólogo pontevedrés, Jorge Cebreiros, de una estrategia de "acoso y derribo" para ocupar su puesto. "Quizás Arias pueda creer que todos somos iguales y que cualquier procedimiento para llegar a la presidencia es válido. Pero no todo vale, y así se lo hemos trasladado los verdaderos empresarios tenemos código de valores", zanjó Cebreiros a FARO.

EL PSOE RECONOCE LA LABOR DE LAS CAMARERAS DE PISO POR SU "LUCHA VALIENTE Y DECIDIDA" CONTRA SU "SEMIEXPLOTACIÓN"

Sevilla (Europa Press)

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha anunciado que el partido ha decidido conceder el Premio Clara Campoamor de Sevilla, que otorgará el PSOE de Andalucía en un acto el sábado en Málaga, a la Asociación de Camareras de Piso de Sevilla (Capise) por su "lucha valiente y decidida para que cambien las durísimas e injustas condiciones de trabajo de las mujeres que limpian en los hoteles".

En un comunicado, la dirigente provincial ha destacado el "enorme esfuerzo" de este grupo de mujeres sevillanas por visibilizar unas condiciones de "semiexplotación laboral, con sueldos bajísimos, unos dos euros por hacer una habitación, jornadas muy largas y enfermedades laborales no reconocidas como tales". "Son la cara B de un turismo que no podemos permitirnos en una sociedad avanzada", ha asegurado Verónica Pérez.

Recuerda que Capise se constituyó hace menos de un año y desde entonces la asociación ha desarrollado una intensa actividad reivindicativa para denunciar las "lamentables" condiciones de trabajo de unas 1.250 mujeres en Sevilla.

Su lucha se ha traducido en varias iniciativas políticas, como la moción aprobada en el Ayuntamiento de Sevilla, la Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía y la presentación de esta problemática en el Congreso de la mano del grupo socialista.

"Estas mujeres son un ejemplo de cómo la reforma laboral infame del Partido Popular de Mariano Rajoy se ceba principalmente con el empleo femenino, condenando a las trabajadoras al desempleo, la temporalidad o la precariedad más absoluta", ha subrayado.

Verónica Pérez también ha querido hacer mención al premio que recibirán el sábado en Málaga otras dos mujeres sevillanas: Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A, "por haber roto ese techo de cristal al convertirse en la primera mujer en liderar el sindicato a nivel regional" y Nadia Mechaala Gordillo, una joven promesa del tenis andaluz y español fallecida a los 20 años el pasado julio en un trágico accidente de tráfico.

COMITÉ Y DIRECTIVOS NEGOCIAN UN ACUERDO MIENTRAS PROSIGUE LA HUELGA EN BORMIOLI ROCCO

La Dirección de Bormioli Rocco, cuyos trabajadores están en huelga, ha planteado al Comité de Empresa una oferta salarial para un periodo de tres años que recogería la recuperación del 15% perdido en el año 2013, propuesta que los representantes de los trabajadores consideran insuficiente.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario provincial de UGT en Guadalajara, Pedro del Olmo, que ha señalado que la oferta planteada, contempla una recuperación del 6% para el primero y segundo año y del 3% para el tercero.

Según Del Olmo, la empresa debería tener en cuenta también algo que preocupa a los trabajadores que es el tema de la doble escala salarial, un concepto que cree debe eliminarse lo antes posible.

Mientras, Bormioli Rocco prosigue con su proceso de huelga para reclamar esta recuperación salarial tras la reducción del 15% y la eliminación de otros conceptos que se les aplicó hace tres años.

Desde UGT lamentan que la empresa haya optado por la vía de la judicialización en vez de por la negociación, teniendo en cuenta que se pidió la suspensión cautelar de la huelga por considerarla ilegal o abusiva.

En todo caso, desde el comité, según Del Olmo, siguen abiertos a la negociación pero sin abandonar la huelga porque insisten en que el ofrecimiento de la empresa es insuficiente. Precisamente la próxima jornada de huelga está prevista para el domingo 12, y los días 14, 16 y 19 de marzo.

El Comité de Empresa también tiene interpuesta una denuncia contra la empresa por vulneración del derecho de huelga. El lunes tendrá lugar el acto de mediación y si no hay acuerdo, dos días después será la vista.

Por su parte, el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, que se encuentra en Guadalajara, se ha mostrado confiado en que la empresa haga un esfuerzo "similar y equivalente" al que en su momento hicieron los trabajadores aplicándose las reducciones salariales y atienda sus demandas.

LOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA DE BOMBEROS EN MÁLAGA, SIMILARES A LA DOTACIÓN HABITUAL

Francisco Jiménez - Málaga

El Ayuntamiento decreta que un total de 42 efectivos deberán estar operativos en los parques como proponían los sindicatos, pero establece menos jefes y no incluye ningún miembro del equipo médico

Un total de 42 bomberos distribuidos en los cinco parques, un jefe de guardia en el Centro Municipal de Emergencias y otros cinco profesionales para garantizar el mantenimiento de las instalaciones y el normal funcionamiento de la actividad.

Ésos son los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Málaga para la huelga indefinida convocada por los bomberos a partir del martes día 14, que comenzará a las 8.30 horas coincidiendo con la entrada del turno.

La decisión adoptada final es un calco a la propuesta que plantearon los sindicatos en el reparto de efectivos en los parques; 13 en el Central (entre ellos un sargento y dos cabos), 12 en Las Pirámides (un sargento y dos cabos), 6 en El Mayorazgo (un cabo), 6 en Teatinos (un cabo) y 5 en Churriana (un cabo).

En lo que sí que hay diferencias es en cuanto a los jefes, puesto que los sindicatos pedían que en la Jefatura estuviera siempre operativo un oficial técnico, un suboficial, un bombero y un jefe de Sala. Además, tampoco se establece ningún miembro de la unidad médica, cuando los convocantes solicitan dos.

Otra cuestión que lleva a los sindicatos a plantearse la impugnación del decreto es que contempla que en caso de que no hubiese efectivos suficientes para las categorías de sargento y cabo se habilitaría provisionalmente como tales a bomberos rasos.

Del mismo modo, tampoco comparten que sean los jefes de cada parque los que designen a los profesionales que deberán estar de servicios mínimos en el turno siguiente, al entender que esta cuestión compete a la Jefatura.

Con este dispositivo, los responsables del Servicio de Extinción consideran que se garantiza el derecho a la huelga a la vez que una correcta atención a las emergencias que puedan surgir. De hecho, el operativo es bastante similar al habitual, ya que cualquier jornada laboral suele haber en torno a 50 efectivos disponibles.

En este sentido, cabe destacar que tal y como también habían planteado los bomberos, en caso de que se produzca una situación extraordinaria (incendios en naves, activación del Plan de Emergencia por fenómenos atmosféricos o cualquier otra incidencia) se podrá actuar requiriendo los refuerzos de personal en general que sean necesarios para afrontar dicha situación.

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