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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (14 DE FEBRERO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

LAS HORAS DE TRABAJO PERDIDAS POR HUELGA CRECEN UN 76% EN ENERO

CGT-MURCIA DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO LOS IMPAGOS DE SALARIOS EN AYUDEMUR

18-F ALICANTE: MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS

LA HUELGA DE ESTIBADORES PONE EN JAQUE A SECTOR EXPORTADOR ESPAÑOL

PODEMOS, "MUY PREOCUPADO" POR EL ERTE DE SIDENOR EN REINOSA

LA PLANTILLA DEL CENTRO ABIERTO LA ROSA EN MADRID DENUNCIA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA ASISPA

FERROATLÁNTICA INSISTE EN SU PLAN INDUSTRIAL Y EL COMITÉ PLANTEA LA HUELGA

SANCIÓN GRAVE PARA EVERIS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO

UNA EMPLEADA ES RECONOCIDA COMO FIJA TRAS ENCADENAR UN AÑO DE CONTRATOS TEMPORALES ININTERRUMPIDOS

EL PAÍS PREPARA NUEVOS DESPIDOS A PESAR DE NO ESTAR EN NÚMEROS ROJOS

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LAS HORAS DE TRABAJO PERDIDAS POR HUELGA CRECEN UN 76% EN ENERO

expansión.com/ep

El número de horas de trabajo perdidas por huelga se situó en 433.940 durante el mes de enero.

El estudio, que tiene en cuenta las horas perdidas en huelgas que comenzaron en meses anteriores y continuaron en enero, ha contabilizado un total de 73 durante el primer mes del año, que fueron secundadas por un total de 10.060 trabajadores, además de otros 1.125 empleados que participaron en huelgas iniciadas en meses anteriores.

Con respecto al mismo mes del 2016, las huelgas descendieron un 2,67%, aunque el número de trabajadores implicados ascendió un 214,75%.

Por su parte, la conflictividad estrictamente laboral, que no tiene en cuenta la cantidad derivada de huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, estima el número de horas de trabajo perdidas por huelga en 257.996 durante enero, lo que supone un incremento del 100,73% con respecto al mismo mes del año anterior.

En este caso, el número de huelgas registradas es de 45, un 18,18% menos con respecto a enero de 2016, lo que implica a un total de 7.108 trabajadores, cifra que crece un 142,68% con respecto a enero de 2017.

Por su parte, durante enero se produjeron un total de 25 huelgas organizadas por empresas o servicios de carácter público, lo que representa una pérdida de 160.928 horas de trabajo, el 37,09% de las perdidas por huelga en el mes.

En este ámbito, el número de empleados que vieron implicados fue de 2.949, a los que habría que añadir aquellos que participaron en huelgas comenzadas anteriormente.

CGT-MURCIA DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO LOS IMPAGOS DE SALARIOS EN AYUDEMUR

Sección Sindical de CGT en Ayuda a Domicilio de Murcia

Esta falta de abono no se trata de un retraso esporádico, sino de un comportamiento persistente. Nos encontramos ante una empresa tóxica e infractora de derechos laborales.

La Sección Sindical CGT de Ayuda a Domicilio de Murcia denuncia ante Inspección de Trabajo el impago de los salarios correspondientes a las nóminas extras del 15 de junio y del 15 de diciembre del 2016, parte de la nómina de noviembre de 2016, nómina de diciembre del 2016 y nómina de enero del 2017.

Esta falta de abono o retraso no se trata de un mero retraso esporádico, sino de un comportamiento continuado, persistente y grave.

Nos encontramos ante una empresa tóxica e infractora de derechos laborales.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre en su art.4.1.f establece:

“Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su especifica normativa, los de: a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.”

En lo que a liquidación y pago se refiere, el antedicho RD-Ley 2/2015, de 23-10 en su art. 29.1 y 29.3 manifiesta de manera contundente, y citamos textualmente, que:

“1. La liquidación y el pago del salario se harán puntualmente y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes… La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (…).”

Estos incumplimientos vienen recogidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)

Infracción leve Artículo 6.2 LISOS

“No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado”.

Falta muy grave 8.1 LISOS “El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido

Estos son los motivos por lo que la Sección Sindical de CGT de Ayuda a Domicilio ha denunciado ante la Inspección de Trabajo.

La situación de las personas que prestan este Servicio Público es insostenible, no pueden afrontar con ninguna garantía sus necesidades más básicas, ni el pago de facturas, viéndose ya afectados algunos/as por incluso amenazas bancarias de desahucios. Están desempeñando sus tareas en un estado de angustia y ansiedad que las hace vulnerables ante cualquier situación.

No entendemos que una empresa que recibe el dinero del Ayuntamiento, un dinero público, por prestar este Servicio Público no haga efectiva las nóminas de sus trabajadores/as, máxime si la misma Concejala de Bienestar Social ha declarado públicamente que el consistorio se encuentra al corriente en los pagos a la misma.

La empresa Ayuda a Domicilio de Murcia S.A.L. hace caso omiso a todas las demandas para aclarar esta situación que está llevando a la pobreza a sus trabajadores/as, ya que los impagos son generalizados en toda su plantilla, teniendo en cuenta que esta empresa también realiza servicios privados, tanto de atención personal a usuarios como de limpieza de locales, y cuyas personas que llevan a cabo estas labores se ven afectados/as por la misma situación de abandono.

Renunciamos el comportamiento de la empresa que mantiene su hermetismo despreciando a los trabajadores que son los únicos que la han enriquecido con su impecable labor durante estos años.

Y, por último, recordar que estamos hablando de unas trescientas familias que están viviendo una situación de miseria y abandono, y de unos 1.750 usuarios que están siendo perjudicados por la misma

18-F ALICANTE: MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS

RojoyNegro Digital

Con objeto de preservar los servicios y los puestos de trabajo de AFEMA, los colectivos convocantes pedimos a la Generalitat que asuma la responsabilidad de preservar tanto los servicios sociosanitarios ofrecidos por AFEMA como los puestos de trabajo sobre los que se sustentan dichos servicios, ocupados por profesionales que han acumulado durante estos años una experiencia y formación en el ámbito de la salud mental de un valor incalculable y de las que no se puede prescindir.

Consideramos que la Generalitat, como responsable última del servicio, no puede permitir que se deterioren o pierdan los servicios cuya gestión cede a AFEMA, no ejerciendo una supervisión de los mismos, de forma que se garantice su sostenibilidad en el tiempo. Por todo ello, pedimos que la Generalitat inicie un proceso de negociación a tres bandas (Generalitat, Junta Directiva y trabajadorxs de AFEMA), que plantee:

1.- La anulación del ERTE y que se garantice la continuidad de los servicios prestados por AFEMA. Siendo reincorporadas las trabajadoras y trabajadores que han sido despedidas en el ERTE actual y en estos últimos meses, en las mismas condiciones en las que estaban antes de aplicarles el ERTE.

2.- Que la Generalitat audite la gestión de AFEMA, bajo el control de la gente trabajadora.

3.- Que de renovarse el contrato de gestión de los servicios con AFEMA se garantice de la forma que proceda el pago puntual de las nóminas de los y las trabajadoras, de manera que no vuelvan a padecer impagos.

4.- Que de no renovarse el contrato de gestión de los servicios con AFEMA estos sean asumidos en su integridad por la Generalitat, subrogando el 100% de la plantilla, incluyendo aquellos que han sido despedidos.

LA HUELGA DE ESTIBADORES PONE EN JAQUE A SECTOR EXPORTADOR ESPAÑOL

La convocatoria de una huelga de los 6.155 estibadores en los 46 puertos españoles, que podría bloquear el comercio por mar, está provocando preocupación en el sector de la exportación, que supone cerca del 30 por ciento del Producto Interior Bruto del país.

“Eso puede causar muchos problemas no solo para el puerto sino también para las empresas”, dijo una fuente del puerto de Valencia, el primer puerto en carga y descarga en España, por dónde entran cada día cerca de 5.000 camiones y unos 11.000 contenedores.

Los estibadores han convocado tres días de huelga para el 20, 22 y 24 de febrero en las horas impares de estos días contra los planes del Ministerio de Fomento de liberalizar el sector de la estiba en cumplimiento de con una resolución comunitaria.

Bruselas condenó España a finales de 2014 por las restricciones a la competencia en este sector y le impuso una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la liberalización.

Fomento dijo que esta sanción, que suma ya más de 21 millones de euros a lo largo de los últimos dos años, podría elevarse en breve a 134.000 euros al día.

La economía española, en riesgo

Pero los expertos advierten de que hay mucho más en juego para la economía española.

“En España, el 80 por ciento de las importaciones y el 65 por ciento de las exportaciones pasa por los puertos y un paro afectaría a prácticamente todos los sectores de la economía desde la automoción hasta la exportación de verduras y frutas”, dijo una fuente del Gobierno.

En el caso del fabricante de coches Seat, que usa el puerto de Barcelona para exportar unos 170.000 coches, ha comenzado el aprovisionamiento de componentes para garantizar la producción y se están planificando medidas para la distribución de los coches que no se podrán enviar por barco durante esos días.

“Si la huelga durará tres días hay que planificar a tiempo, pero no causará grandes contratiempos”, aseguró un portavoz de Seat, la filial española de Volkswagen.

No obstante, fuentes del sector del automóvil dijeron que, en caso de que se prolongue el conflicto laboral, el cierre de los puertos podría parar las cadenas de producción ya que los componentes que se importan vía barco dejarían de llegar a tiempo.

Cada día salen más de 7.800 vehículos de las plantas españolas, el segundo fabricante de coches en Europa. Más de 80 por ciento de la producción se envía al extranjero y los puertos son junto con las carreteras las principales vías de transporte.

Un portavoz sindical dijo que los estibadores están dispuestos a negociar una solución con el Gobierno, pero criticó la propuesta de Fomento porque supondría el reemplazo de los estibadores actuales por nuevas contrataciones en condiciones laborales más precarias.

El lobby PIPE (Plataforma de Inversores de Puertos Españoles) dijo que la reforma permitiría aumentar la competitividad de los puertos españoles, elevar el tráfico de mercancías un 5 por ciento y crear 18.000 nuevos empleos.

Un informe de PriceWaterhouseCooper señaló que la regulación actual impide a las compañías portuarias contratar a su propio personal de estiba a bajos salarios, al verse obligadas a recurrir a las sociedades de gestión de estibadores, cuyos asociados cuentan con un salario medio de 70.000 euros al año.

Pero la Federación Internacional de Trabajadores Transporte (ITF en sus siglas en inglés) dijo que el plan reventaría las normas que gobiernan los puertos españoles.

“El decreto propuesto ignora los acuerdos alcanzados hace pocas semanas entre la organización de la patronal, ANESCO, y los sindicatos, e inflige un daño y agresividad innecesarios”, dijo la ITF.

PODEMOS, "MUY PREOCUPADO" POR EL ERTE DE SIDENOR EN REINOSA

cantabrialiberal.com

Podemos Cantabria ha manifestado su "enorme preocupación" por el Expediente de Regulación de Temporal de Empleo (ERTE) "inminente" que, según este grupo, afectará a todos los departamentos de la fábrica de Sidenor en Reinosa y que comenzará a negociarse con los representantes sindicales.

En un comunicado, Podemos ha subrayado que la "principal función" del Gobierno no es garantizar las condiciones económicas del ERTE o de las prejubilaciones y bajas incentivadas que se van a llevar a cabo en los próximos años, "tarea que ya realizan los sindicatos en representación de los trabajadores de la planta", sino exigir a la empresa un plan de viabilidad e inversiones que garanticen el futuro de su actividad y de la creación de empleo estable y de calidad en la comarca campurriana.

La formación morada ha opinado el "optimismo" del Gobierno de Cantabria respecto a la situación "era excesivo", y ha censurado que las gestiones realizadas hasta ahora desde el Gobierno a través de Sodercan y de la Consejería de Industria "se han demostrado insuficientes".

En su opinión, "todo apunta a que la línea de laminación de la factoría de Reinosa se trasladará al País Vasco".

La preocupación de Podemos es aún mayor en este aspecto porque, según fuentes de la empresa consultadas por este partido en Cantabria, la intención de la compañía es invertir una cantidad cercana a 80 millones de euros en su planta de Basauri para concentrar toda la actividad de laminación allí en 2019.

"Eso significaría para la explotación de Reinosa la pérdida directa de la menos 50 puestos de trabajo, así como la de su línea de producción más rentable", ha apostillado el grupo.

En este sentido, también ha criticado "la inacción del Ejecutivo cántabro que, al contrario que el Gobierno Vasco, ha sido incapaz de facilitar las inversiones en tecnología que garanticen el futuro de la planta de Reinosa para las próximas décadas".

Podemos ha afirmado que respaldará al Gobierno en cualquier iniciativa en esta dirección, "pero no apoyará la inyección de dinero a la dirección de la empresa por vía accionarial o por vía de créditos sin un plan claro que apueste por el futuro a medio plazo de su actividad".

"Sidenor no es una empresa que esté padeciendo los problemas económicos que han sufrido otras empresas durante la crisis, y entendemos que el dinero público no debe ser destinado a garantizar los beneficios de la dirección de empresas privadas sino a garantizar el futuro de la actividad industrial, su innovación, desarrollo y calidad como ejes fundamentales para el futuro de nuestra región", ha concluido.

LA PLANTILLA DEL CENTRO ABIERTO LA ROSA EN MADRID DENUNCIA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA ASISPA

Tanto usuarios como trabajadores y trabajadoras del Centro Abierto La Rosa (de la red municipal de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid) llevamos años sufriendo la nefasta gestión de la empresa ASISPA. Las malas condiciones de las instalaciones y la cicatería de medios materiales son el pan nuestro de cada día.

A lo que hay que sumar los contratos precarios de la plantilla, situación más grave aún en los servicios subcontratados por la empresa, donde las compañeras y los compañeros perciben el salario mínimo interprofesional e incluso tienen contratos fraudulentos.

ASISPA se niega a aplicar el Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social, en vigor ¡desde 2015! Además, la política de personal de la empresa supone que vivamos en un continuo conflicto laboral: despidos injustificados y sólo entendibles como actos de represión (que además han costado miles de euros en indemnizaciones, en un servicio financiado con dinero público), trabas para disfrutar de los días de asuntos propios, para devolver turnos compensatorios (cursos, asistencia a la mutua…) o para disfrutar de las licencias por enfermedad de familiar, se niega a considerar las reuniones de equipo como tiempo efectivo de trabajo, etc.

Por desgracia, la situación de La Rosa no es un caso aislado, sino paradigmático. La Intervención Social, a pesar de estar financiada por las distintas administraciones públicas, se encuentra privatizada casi en su totalidad (el 78% de las profesionales prestamos nuestros servicios a través del sector privado).

Las empresas del sector (muchas de ellas disfrazadas de entidades sin ánimo de lucro, con sus correspondientes exenciones fiscales) llevan décadas actuando como si los servicios sociales fueran su cortijo. Y en la práctica así es.

No cumplen los pliegos contratados con la administración, se niegan a aplicar el Convenio de Acción e Intervención Social, la Prevención de Riesgos Laborales y la Formación Continua del personal suelen ser una tomadura de pelo... como es de esperar cuando lo único que importa es el lucro económico.

De hecho, nuestras condiciones laborales precarias (parcialidad y temporalidad en las contrataciones, sueldos un 28% por debajo del sueldo medio) son un ejemplo más de discriminación de género, al ser la Intervención Social un sector fuertemente feminizado.

Es la hora del cambio

El próximo 31 de mayo finaliza el actual contrato de gestión del centro. Situación ante la que solicitamos amparo al Ayuntamiento de Madrid (porque tras décadas de gobiernos de la derecha, cuyas consecuencias seguimos padeciendo, por fin es nuestro ayuntamiento).

Solicitamos al Ayuntamiento que ASISPA no siga al frente de la gestión del centro y la participación de la plantilla en la elaboración de los nuevos pliegos, ya que, como Ahora Madrid, defendemos la máxima transparencia en nuestras instituciones.

La participación activa de las trabajadoras y los trabajadores en la elaboración de los pliegos de gestión de los diferentes servicios públicos y en el seguimiento del cumplimiento de los mismos es clave para poner coto a la corrupción generalizada en las contrataciones públicas. Además, ¿quién conoce mejor las necesidades de un servicio que quien lo presta?

Dichos pliegos deben incluir la necesidad de aplicación del Convenio de Acción e Intervención Social, especificando la categoría profesional de cada puesto para evitar argucias de las empresas. Se debe garantizar la subrogación de toda la plantilla (también del personal subcontratado) e incluir cláusulas sociales que garanticen tanto una atención adecuada como que los empleos creados con dinero público son estables y de calidad.

Estamos convencidos de que la única manera de garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones laborales dignas es a través de su gestión directa.

Por eso la plantilla del Centro Abierto La Rosa solicitamos a nuestro ayuntamiento el establecimiento de una hoja de ruta hacia la municipalización del servicio, para lo que nos ponemos a la entera disposición de las compañeras y los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno en Madrid.

FERROATLÁNTICA INSISTE EN SU PLAN INDUSTRIAL Y EL COMITÉ PLANTEA LA HUELGA

Mario Nespereira - abc.es

Se enquista el conflicto laboral abierto entre Ferroatlántica y sus trabajadores de la Costa da Morte. Directivos de la empresa y los sindicatos se han citado para abordar, una vez más, la operación de venta que se cierne sobre las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande.

Ferroatlántica llegará al encuentro con un plan bajo el brazo, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, después de haber cerrado un principio de pacto para deshacerse de sus centrales en Galicia y Aragón por 155 millones de euros netos. Los trabajadores ya se preparan para cualquier circunstancia, incluida la huelga.

Dicha oferta pasa por mantener intactos durante cinco años los puestos de trabajo en sus dos vertientes actuales de producción: la energía y las ferroaleaciones.

Es parte de la operación firmada por Ferroatlántica y su comprador. Aunque hay más. La empresa —integrada en la estadounidense Ferroglobe— comunicará a los sindicatos que sigue en pie su intención de construir una planta de silicio solar en Sabón (Arteixo, La Coruña) previa inyección de 42 millones de euros.

Se uniría a su propósito de levantar un fábrica de carbón vegetal por 9 millones de euros vinculada a 96 puestos de trabajo.

En Cee-Dumbría, el epicentro de un litigio que tiene en ascuas a toda la comarca, Ferroatlántica promete introducir en su plantilla a medio centenar de trabajadores que en estos momentos cuentan con contrato temporal o esporádico.

La multinacional intentará de esta manera persuadir a los empleados de que la venta de las centrales reportará otros beneficios.

No obstante, la Xunta, como propietaria de los derechos de explotación de los ríos, se reserva la última palabra. Sin solicitud oficial encima de la mesa, como ha declarado en numerosas ocasiones el conselleiro de Industria Francisco Conde, el Gobierno gallego no tiene previsto pronunciarse.

A la huelga

Fuentes del comité de empresa aseguran a este periódico que todo está preparado para la convocatoria de una huelga, en caso de que la reunión tuviera un resultado fallido para sus intereses. ¿Y cuáles son esos intereses?

Los representantes sindicales no transigirán, como han mantenido desde el principio, con ninguna alternativa que pase por la venta de las hidroeléctricas. Por tanto, si las conversaciones fluyen por este guión previsto, el choque de posiciones está de nuevo servido.

Las mismas fuentes precisan que la asamblea de operarios afinó la postura con la que iban a encarar la reunión. Fue entonces cuando decidieron preparar el preaviso de huelga. Desde el pasado diciembre no se habían vuelto a reunir con la dirección de Ferroatlántica.

LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE SANITARIO, A LA HUELGA EN VALLADOLID

tribunavalladolid.com

El 24 de febrero se concentrarán frente a la gerencia de salud, y el día 4 de marzo todos los empleados del sector en Castilla y León están citados para protestar en la capital del Pisuerga.

CCOO y UGT han convocado movilizaciones en el transporte sanitario a partir del lunes 13 de febrero que se desarrollarán en todas las provincias de la Comunidad a lo largo de todo el mes y que culminarán con una protesta conjunta el sábado 4 de marzo en Valladolid.

Los sindicatos, en un comunicado, han explicado que la decisión se toma tras las asambleas de trabajadores celebradas en todas las provincias para consultar las medidas a tomar para reclamar la negociación del convenio y subidas salariales congeladas desde hace años que cifran en torno al 9 por ciento para recuperar el poder adquisitivo perdido, algo que consideran que debería trasladar la Junta a los fondos que destina a las contratas, ya que este servicio está adjudicado a empresas privadas.

Además, los trabajadores, unos 2.500 en la Comunidad, nunca llegaron a percibir las subidas salariales pactadas en anteriores convenios con las que se pretendía equiparar los salarios a la media española, ya que Castilla y León es la penúltima comunidad (sólo por delante de Cantabria) en cuanto al nivel de los sueldos de estos trabajadores, pertenecientes en su mayoría a Ambuibérica (que opera en todas las provincias) y Nuevas Ambulancias Soria (que lo hace en la provincia soriana).

Por estas razones, y de forma paralela, los sindicatos ya han iniciado las gestiones para solicitar una reunión a la Consejería de Sanidad, a la que han entregado un comparativo de convenios colectivos con el resto de las comunidades autónomas como uno de los argumentos de su reivindicación.

En concreto, las movilizaciones se iniciarán el lunes, 13 de febrero, en Burgos, donde se ha convocado una concentración en Burgos (a las 12.00 horas ante la Delegación de la Junta); el día 15 en León (a las 11.00 en el Hospital); el 17 en Ávila y Segovia (a las 11.00 ante las respectivas gerencias); el 20 de febrero a las 11.00 horas frente a la Gerencia de Sacyl en Salamanca; el día 21 en Soria (ante la Junta a las 11.30); el 22 en Palencia (Delegación de la Junta); el 23 de febrero en Zamora (11.30 ante Sacyl); y el 24 de febrero en Valladolid (a las 11.00 ante la Gerencia).

Todas estas movilizaciones culminarán con una concentración autonómica en Valladolid el sábado 4 de marzo en un lugar aún por determinar.

Las protestas se producen después de un tiempo en el que se ha intentado negociar, sin que aún haya convenio (desde 2013), y la última propuesta de la patronal es una subida salarial para este año de un 0,7 por ciento, sin que se fijen cifras para próximos años dado que los empresarios las condicionan a los fondos que la Junta estipule en los concursos de adjudicación de los diferentes servicios.

El último convenio acabó en 2013, en 2014 se iniciaron contactos con la patronal pero como continuaban los recortes, incluso en el transporte sanitario, se llegó a un acuerdo en el Servicio de Relaciones Laborales en el que se daba por válida la congelación, algo que se ha mantenido dos años (2015 y 2016), han informado a Europa Press fuentes de CCOO.

A todo ello se suma el hecho de que en el convenio firmado para los años 2007 a 2010 se fijó un incremento del 9 por ciento además del IPC para homologar los salarios a la media española, algo que no se cumplió con la llegada de la crisis, ya que la Junta disminuyó un 5 por ciento los fondos para estos servicios y sólo se produjo una subida del 4,5 por ciento.

De esta forma, si se tiene en cuenta sólo el IPC que deberían haber subido los salarios de los trabajadores del sector sería necesario un 9 por ciento para compensar el "lucro cesante" que se ha producido en el poder adquisitivo de los empleados.

Mejoras en los contratos

Los sindicatos reclaman a la Junta de Castilla y León que tome cartas en el asunto y mejore al alza las cuantías de los contratos del transporte sanitario, una de las razones que la patronal argumenta que hace imposible la subida salarial que se reivindica.

A este respecto, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ya ha asegurado que su departamento estudia "con detenimiento" mejorar desde el punto de vista jurídico y presupuestario los contratos de transporte sanitario.

Sin embargo, el consejero considera una "paradoja" que las subidas pactadas entre organizaciones sindicales y empresas en sus convenios se planteen a cuenta de un incremento en las contrataciones de un servicio que, ha recordado, funciona en general "razonablemente bien".

En cualquier caso, ha adelantado que se estudian "con detenimiento" las posibilidades de mejora de los contratos, actualmente en vigor hasta 2019, desde los puntos de vista jurídico y presupuestario.

Pero también el consejero ha advertido de que la Administración no puede sistemáticamente seguir la "senda" de subir las cuantías a raíz de estas reivindicaciones salariales, más si se tiene en cuenta que los empleados públicos han visto congelados sus salarios o incrementado "levemente".

Sáez Aguado ha insistido en que es algo "difícilmente asumible" seguir este cambio cuando los acuerdos se recogen en convenios y es un "tercero" el que paga es "demasiado directo", al tiempo que ha reiterado que se estudian las posibilidades del contrato y la justificación que pueden suponer los citados acuerdos para ver si pueden ayudar a que el servicio "mejore".

El consejero también considera paradójico que algunas organizaciones sindicales que a veces critican la privatización de la sanidad parezca que se "olviden" de esta cuestión y reclaman más dinero para el sector privado, que es el que presta el servicio.

SANCIÓN GRAVE PARA EVERIS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO

CSC Everis Centers Sevilla

En abril de 2016, desde la Sección Sindical de CSC en Everis Centers Sevilla presentamos denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la empresa del artículo 20.3 del Convenio Colectivo.

Dicho artículo regula la jornada intensiva de verano y especifica que "las empresas que tengan establecida jornada intensiva durante el verano no podrán rebasar las treinta y seis horas semanales durante el periodo en que la tengan implantada, salvo pacto con los representantes de los trabajadores".

La denuncia interpuesta fue motivada por la aplicación en el proyecto BCA de un horario de 40 horas semanales de 8:00 a 17:00 durante todo el año, incluidos los meses de verano, sin pacto alguno con la representación legal de los trabajadores, incumpliendo de esta forma el citado artículo.

Ese horario se aplicó en el verano de 2015 y, como decimos, se denunció en abril de 2016. La respuesta de la Inspección de Trabajo a esta denuncia indicaba que, "no motiva actuación sancionadora frente a la empresa por vulnerar el citado art. 20.3. No ha habido un cambio de horario puesto que ha sido el mismo desde el inicio de la relación laboral de los trabajadores adscritos a la campaña BCA".

Además de ser indiferente que ese horario sea el mismo desde el inicio de la relación laboral, lo cual seguiría incumpliendo el citado artículo, es completamente falso que los trabajadores de este proyecto tuvieran este horario desde el inicio de su relación laboral, puesto que muchos de ellos estaban previamente en otros proyectos con el horario habitual del centro.

Nuevamente, el mismo horario se aplicó en el verano de 2016 y en julio de ese año se volvió a presentar denuncia ante I.T. por el mismo motivo, alegando exactamente los mismos condicionantes. En cambio, esta vez la Inspección de Trabajo respondía de la siguiente forma:

«Al mantenerse la jornada ordinaria para los trabajadores del proyecto BCA se rebasaron las 36 horas por semana durante la época reseñada, sin que constara el pacto entre la empresa y los RLT como exige el citado precepto.

Se consideran infringidos los artículos 20.3 del Convenio Colectivo de Consultoría citado y artículo 34.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23-10, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

"Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo."

La infracción descrita se encuentra tipificada y calificada como grave en el artículo 7.7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8, por lo que se practica acta de infracción teniendo en cuenta el número de trabajadores afectados, los requerimientos inspectores realizados y la reincidencia de la empresa en esta infracción cometida también en el verano de 2014 y sancionada en marzo de 2015.

El mismo caso, la misma situación de incumplimiento de la legalidad, un año no es considerado sancionable por la I.T. y al año siguiente sí.

Analizando lo sucedido, desde CSC sacamos varias conclusiones:

En primer lugar, Everis incumple la legalidad porque, o bien se lo permiten los organismos supuestamente encargados de velar por el cumplimiento de la misma, o bien porque le sale muy barato. Pero queda confirmado con esta sanción que aquí no se respetan los derechos de los trabajadores.

En segundo lugar, acudir a los organismos oficiales para denunciar un perjuicio sobre los derechos laborales, aunque es un paso necesario, no es una solución válida para los trabajadores. Primero, porque estos organismos están al servicio de las grandes empresas y rara vez dan la razón a los trabajadores; segundo, porque como ha quedado demostrado, lo que un día es blanco para ellos, al siguiente puede ser negro; y tercero, porque a pesar de sancionar las infracciones, para un empresa como Everis sale muy barato seguir incumpliendo la ley, ya que sólo se aplica una pequeña sanción económica (de 626 € a 6250 € para infracciones graves, según Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), pero no se obliga a subsanar la situación que provoca la sanción por lo que el pago de una multa habilita a la empresa a seguir cometiendo la infracción.

En tercer lugar, esta situación nos reafirma en nuestro convencimiento de que nuestras condiciones laborales y nuestros derechos tenemos que defenderlos todos nosotros, movilizándonos y luchando para obligar a la empresa a negociar de tú a tú unas condiciones mejores y a cumplir con la legalidad vigente.

UNA EMPLEADA ES RECONOCIDA COMO FIJA TRAS ENCADENAR UN AÑO DE CONTRATOS TEMPORALES ININTERRUMPIDOS

Aroa Díaz Gutiérrez - eldiariofenix.com

http://www.eldiariofenix.com/files/Manifestacion%20Correos%20Madrid%206_0.jpg

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de los fijos-discontinuos de Correos. Los trabajadores denunciaron que la empresa utiliza contratos temporales para cubrir plazas vacantes en la empresa. Es la segunda batalla que los trabajadores de Correos han podido ganar a la empresa

Desde hace nueve años, los trabajadores de Correos y la empresa postal y de paquetería libran su particular guerra. Muchos empleados que aprobaron su examen de admisión en 2008 para acceder a una plaza fija se encuentran aún como empleados fijos-discontinuos cubriendo puestos de necesidad estructural y no puntual.

Este es el caso de A.M.P., quien mantuvo 47 contratos temporales en 11 años, llegando a encadenar varios de ellos. De tal manera que trabajó ininterrumpidamente desde abril de 2015 a abril de 2016 firmando diferentes contratos temporales de una semana y hasta 3 meses.

Ahora, la justicia le da la razón. "Es evidente que al prestar servicios durante el año completo no está cubriendo necesidades permanentes sino estructurales", reza una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En dicho documento se ha declarado que su situación es irregular. "Declaramos que la actora es trabajadora fija de la plantilla a tiempo completo", dictamina la sentencia.

Se trata de un gran paso para este colectivo. Con esta sentencia, se crea precedente para el resto ya que ella es tan sólo un ejemplo de más de un centenar de empleados en la misma situación. Los cuales, por no tener su plaza fija, han tenido que acudir a los tribunales a reclamar vacaciones cuando sus contratos alcanzan los 12 meses ininterrumpidos.

Sienta jurisprudencia

"Cubrimos plazas de trabajo que no quieren cubrir con un trabajador fijo", denuncia una empleada en esta situación. Con contratos temporales, estos trabajadores rotan entre los diferentes puestos de la empresa mientras ésta reduce el número de plazas con "reestructuraciones", es decir, reeditando el mapa de territorio correspondiente a cada oficina y a cada cartero.

"Las reestructuraciones eliminan el puesto vacante pero trabajo sigue habiendo", explica la trabajadora, quien apunta a que el aumento de las compras online es un gran responsable. Así, estas navidades han sido muchas las oficinas de Correos que han quedado desbordadas de trabajo. "Pero no es un caso aislado sólo de las vacaciones, durante el año, el almacén de Barajas está saturado por falta de personal de clasificación", añade.

Diego, un despido improcedente

Por otra parte, estas Navidades, Correos ha vivido una nueva batalla en Madrid. Este ha sido el caso de Diego, un empleado que fue despedido de forma improcedente, según declaró el Juzgado de lo Social de Madrid número 3 a mediados de diciembre.

La jueza dictaminó en la sentencia que la empresa podía readmitir al trabajador o entregarle una indemnización. Finalmente, el empleado fue indemnizado ante las críticas del sindicato. "Una indemnización no es suficiente", declaran desde CGT, debe ser el empleado el que pueda elegir entre el despido o la indemnización -artículo que se recogía en su convenio hasta 2003-.

No obstante, días después el sindicato anunciaba que la empresa ha recurrido el fallo ante lo que el Comité de Empresa de Madrid ha decidido hacer un escrito unitario -de CGT, CCOO, UGT, Sindicato Libre y CSIF- de apoyo al empleado, ya que "se ha visto probado que es un trabajador inocente".

VER SENTENCIA ->

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJMADRID15122016.html

EL PAÍS PREPARA NUEVOS DESPIDOS A PESAR DE NO ESTAR EN NÚMEROS ROJOS

elboletin.com

El anuncio de que se recortará personal aumenta el malestar que existe en una buena parte de la plantilla con el rumbo del diario

Se avecina una nueva marejada en el diario El País, por lo menos eso es lo que anuncia vozpopuli.com, que desvela que “los responsables de la cabecera han anunciado recientemente a sus trabajadores que en los próximos meses rescindirán entre 15 y 17 contratos -si es posible, de forma negociada- con el objetivo de reducir los costes de explotación”.

Y hace notar este digital que, además, “el tijeretazo lo aplicarán pese a que el periódico ha cerrado los dos últimos ejercicios con sus cuentas en verde, algo que contrasta con la mala situación de la compañía editora, motivada por sus problemas de deuda”.

Recordando que “la dimensión de la plantilla de El País se ha reducido considerablemente desde que arreció la crisis del papel. En 2009, trabajaban para este periódico un total 507 personas, mientras que, a finales de 2015, lo hacían 336.

Del total de las salidas, un total de 129 se produjeron a finales de 2012, cuando la empresa presentó un duro Expediente de Regulación de Empleo que, entre otras, afectó a algunas de sus firmas más conocidas”.

Señala vozpopuli.com que “en este tiempo, la tirada del diario se ha desplomado” basándose en los datos publicados por la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD,  según los cual “en 2009, el rotativo generalista más vendida de España difundía a diario 391.815 ejemplares de media, mientras que el pasado diciembre, un total de 194.005. Su cifra de negocios era entonces de 233 millones de euros, mientras que actualmente -pese al incremento de su facturación digital- es de 157,4 millones”.

Desvela es medio online que “en la última reunión que mantuvieron los directivos de la cabecera con los representantes de sus empleados, les advirtieron de la necesidad de hacer un nuevo recorte de personal que afectará a “entre 15 y 17 personas”.

En el encuentro, describieron el mes de enero como “desastroso” en cuanto a facturación publicitaria, en línea con lo que sucedió durante el último trimestre de 2016.

Unas palabras que según vozpopuli.com “contribuyeron a aumentar el malestar que existe en una buena parte de la plantilla con el rumbo del diario. El principal señalado, en este sentido, es su director, Antonio Caño, al que hace unos meses acusaban -a través del Comité de Redacción- de las carencias informativas que habían detectado en el rotativo”.

“Los tiempos demandan modelos más estimulantes de trabajo en equipo, un ambiente más creativo que evite los riesgos de desafección hacia el producto que se está elaborando como consecuencia de la pérdida de la calidad informativa que constatamos”, le recriminaban, en uno de sus textos.

Añade el citado digital que “el recorte de personal que han avanzado los responsables de El País no será el único que se prevé en la compañía de los Polanco durante 2017.

El pasado diciembre, directivos de Prisa Radio transmitieron a los sindicatos su disgusto por la caída de ingresos que tuvo lugar durante 2016, lo que -adelantaron- obligará a la empresa a aplicar un tijeretazo a su partida de gastos en el nuevo año.

En paralelo, siempre según vozpopuli.com, la compañía presidida por Juan Luis Cebrián encargó hace unas semanas  a Deloitte una auditoría para reestructurar sus negocios. E informa que “el objetivo de la consultora es analizar los recursos que Prisa destina a cada uno de sus proyectos y proponer posibles fórmulas para mejorar su eficiencia, bien a través de la 'digitalización' de determinados procesos o de la eliminación de duplicidades”.

Dentro de la plantilla de Prisa, temen que este proceso termine con nuevos despidos en la compañía, más allá de los previstos en la Cadena SER y en El País, resalta el mencionado digital, que recuerda que “mientras estas dudas se resuelven, sus ejecutivos buscan comprador para Santillana, una editorial que han puesto a la venta ante la imperiosa necesidad de obtener liquidez para pagar, antes del 31 de diciembre de 2018, un total de 965 millones de euros de deuda.”

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