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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (14 DE MARZO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

REPASO DE LOS ÚLTIMOS CONFLICTOS LABORALES

EL SUPREMO FALLA CONTRA LOS EX TRABAJADORES DE URALITA

GAMESA PLANTEA UN NUEVO ERE DE SEIS MESES PARA TODA LA PLANTILLA POR FALTA DE PEDIDOS

LA PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE FORD EN ALMUSSAFES PONE EN RIESGO 240 EMPLEOS

COMITÉS ACUSAN ABENGOA DE COACCIONAR TRABAJADORES PARA QUE APOYEN ERE Y ERTE

EL PSOE EXIGE AL EQUIPO DE GOBIERNO DE ESTEPONA QUE ACATE LAS SENTENCIAS DE READMISIÓN

LOS TRABAJADORES DE DEOLEO EN ALCOLEA RATIFICAN EL PREACUERDO ALCANZADO CON LOS SINDICATOS

LA ADMINISTRADORA CONCURSAL DE AGALSA PLANTEA UNA REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

SINDICATOS PRESENTAN UNA PROPUESTA ALTERNATIVA AL ERE Y ERTE EN INABENSA QUE EXCLUYE DESPIDOS FORZOSOS

SIN ACUERDO EN LA CONCILIACIÓN POR LOS DESPIDOS DE LEGUTIO

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REPASO DE LOS ÚLTIMOS CONFLICTOS LABORALES

Javier Chamorro

Huelga educativa

Sindicatos, estudiantes y familias participaron el 9 de marzo en la Huelga General de la Enseñanza, del 9 de marzo, para exigir la derogación de la LOMCE, la ley 3+2 y la reversión de los recortes en educación, que acabó con centenares de miles de personas manifestándose por todo el país.

Absolución en Guadalajara a “los cinco del Buero"

El 2 de marzo un juzgado absolvía en Guadalajara a “los cinco del Buero", 4 profesores y 1 activista que se enfrentaban a cuatro años de prisión por participar en una protesta contra los recortes en educación y en defensa de una educación pública, denuncia instada por el PP.

Visto para sentencia el juicio a Juan Carlos Asenjo

Y el 23 de febrero quedaba visto para sentencia el juicio a Juan Carlos Asenjo, sindicalista de Coca-Cola en Fuenlabrada, por participar en la Huelga General de marzo de 2012.

Aumentan los accidentes de trabajo en España

En febrero conocimos que los accidentes de trabajo en España aumentaron un 5% en 2016 llevándose la vida de 607 compañer@s. Tendencia al alza desde 2013, con la entrada en vigor de la última reforma laboral en plena crisis.

Huelga en Elecnor por la muerte de un compañero

El 3 de marzo la plantilla de Elecnor fue a la huelga tras la muerte de un compañero en Azpilicueta (Navarra) tras caer de un poste

Concentraciones por la muerte de varios trabajadores

CCOO y UGT se concentraron en Córdoba por la muerte en Carcabuey de un compañero por la explosión de una decantadora el 1 de marzo lo hacían en Granada por otra muerte de un compañero de extinción de incendios forestales, en Valencia por la muerte de otro en Agost por una caída, y el 15 de febrero en Oviedo por los tres muertos en esa semana en Asturias. El día 14 lo hacía CCOO en Vitoria-Gasteiz por el accidente laboral mortal de Agurain por el que moría un trabajador de una ETT.

Estiba

El sector de la estiba en España sigue en pie de guerra y ha conseguido el apoyo de sus compañeros europeos, después de la multa que la Comisión Europea impuso a España para liberalizar el sector y que el nuevo ministro de Fomento ha planteado yendo mucho más allá, fomentando el conflicto al negarse a negociar, y echando mierda en los medios a estos trabajadores que defienden unas condiciones dignas para un colectivo fundamental en el transporte de mercancías. CCOO, UGT, CGT y sindicatos corporativos han anunciado que si el PP no se sienta a negociar empezarán las huelgas este mes.

Huelga en Bormioli Rocco

El Comité de Bormioli Rocco, en Azuqueca de Henares (Guadalajara) convocó huelga del 4 al 19 de marzo, sin descartar el paro indefinido, por el incumplimiento de unos acuerdos firmados en el 2013 que conllevaban la recuperación salarial del 15% y empezar a negociar un nuevo convenio.

Huelga de los trabajadores de Ferrovial Servicios

El 16 y 17 de marzo seguirá la huelga que empezó el 26 de febrero del personal y que secundó el 95% de la plantilla de 1.900 trabajadores de Ferrovial Servicios que trabajan en los servicios de restauración a bordo de los trenes, convocadas por CCOO, UGT, CGT, USO y SF contra el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para 725 trabajadores y por un convenio digno.

Huelga en Deoleo

Deoleo, la industria olivarera, fue a la huelga entre el 3 y el 7 de marzo con un paro de cuatro horas por turno contra el ERE que amenaza la propia actividad de la empresa en Alcolea, Andújar y Rivas Vaciamadrid. La plantilla ha exigido un plan de viabilidad ante el buen momento que atraviesa el sector.

Concentración por la subrogación de trabajadores de centros municipales en Madrid

El 7 de marzo CCOO convocó una concentración en Puente de Vallecas (Madrid) para exigir a Carmena una solución a los cerca de 70 trabajadores auxiliares de información de los centros municipales adscritos a las juntas de distritos, que pueden perder sus empleos al no estar prevista su subrogación, una vez finalizado el contrato con la empresa que prestaba el servicio.

Huelga en Frenos y Conjuntos SA en Valladolid

Del 7 de febrero al 3 de marzo la plantilla de Frenos y Conjuntos SA en Valladolid, perteneciente al grupo Lingotes Especiales, fueron a la huelga convocados por CCOO, CGT y UGT para equiparar sus condiciones al del resto de las plantillas del grupo, que ganan de media mil euros más al mes.

Huelga indefinida en el servicio de recogida de basuras en Vitoria-Gasteiz

El 6 de marzo los sindicatos convocaron huelga indefinida en el servicio de recogida de basuras en Vitoria-Gasteiz para exigir la readmisión de las y los trabajadores despedidos de la UTE de la que forma parte FCC.

Concentración de las limpiadoras de los hospitales de Toledo

El 6 de marzo se concentraban convocadas por CCOO y UGT los y las limpiadoras de los hospitales de Toledo contra la sobreexplotación a las que las somete Ferrovial Servicios, subcontrata de la Junta de Castilla La Mancha.

Huelga de la plantilla de la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) en Sevilla

El 6 de marzo la plantilla de la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) en Sevilla fue a la huelga para exigir el pago de los salarios que les adeudan y que ascienden a cuatro nóminas.

Manifestación de los conductores de ambulancias en Valladolid

El 4 de marzo las y los conductores de ambulancias se manifestaron en Valladolid por el desbloqueo de sus convenios colectivos, exigiendo a la Junta que se implique ya que el 95% de la actividad proviene de la subcontratación del transporte sanitario en Castilla y León.

Concentraron de delegados sindicales frente a la residencia SARquavitae de Santiago de Compostela

El 2 de marzo se concentraron 200 delegados sindicales frente a la residencia SARquavitae de Santiago de Compostela, del grupo Geriatros, convocados por CCOO, UGT y CIG para exigir un convenio digno del sector de residencias de tercera edad privadas de Galicia, anunciando nuevas concentraciones en A Coruña y Vigo.

Concentración de delegados para exigir el desbloqueo del convenio de gestión deportiva de Navarra

El 1 de marzo se concentraban delegados de CCOO, ELA, UGT y LAB en Pamplona para exigir el desbloqueo del convenio de gestión deportiva de Navarra.

Huelga en el servicio de transporte sanitario de la empresa Ambulancias La Paz de Badalona

El 28 de febrero y el 1, 2 y 3 de marzo CCOO convocó huelga en el servicio de transporte sanitario de la empresa Ambulancias La Paz de Badalona para exigir la subrogación de las y los trabajadores de este servicio subcontratado por el Ayuntamiento a la nueva contrata.

Movilizaciones en la factoría de Nissan en Ávila

Desde finales de enero siguen las movilizaciones en la factoría de Nissan en Ávila contra los intentos de la multinacional de reducir su actividad, reduciendo la producción de camiones, incumpliendo el Plan Industrial financiado con fondos públicos autonómicos, centrales y europeos desde 2013. José Sarrión, coordinador y diputado autonómico de IU y Alberto Garzón estuvieron apoyando a la plantilla y Marina Albiol invitó al comité a Bruselas para elevar el problema al europarlamento y la comisión.

Huelga de la plantilla de Industrias Cristian Lay en Jerez de los Caballeros (Badajoz)

El 27 de febrero fue a la huelga la plantilla de Industrias Cristian Lay en Jerez de los Caballeros (Badajoz) ante el bloqueo en la negociación del convenio por parte de la dirección a pesar de la buena marcha de la empresa que se dedica a la producción de joyería, bisutería, relojería y cosméticos para venta en todo el mundo, especialmente en Europa.

Paros en Siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros (Badajoz)

El 24 de febrero empezaron paros de dos horas en Siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros (Badajoz) para forzar la negociación del nuevo convenio colectivo, al igual que lo hizo el 14 de febrero la plantilla de Corrugados Getafe, ambas pertenecientes al Grupo Alfonso Gallardo. A pesar de aumentar la producción de acero al doble las plantillas han descendido perdiendo un 30% de poder adquisitivo desde 2011.

Concentración de los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla y sus empresas municipales

El 24 de febrero las y los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla y sus empresas municipales se concentraron para reclamar la vuelta a las 35 horas, al igual que lo hacía el día 13 la plantilla del Ayuntamiento de Madrid frente al Ministerio de Hacienda tras salir la sentencia que les devolvía a las 37,5 horas decretadas por el Estado. El 6 de febrero las y los trabajadores de la Xunta de Galicia se concentraban para exigir la recuperación de los derechos robados por los recortes desde 2010.

Concentración de las trabajadoras de Claros en Motril (Granada)

Por enésima vez las trabajadoras de Claros en Motril (Granada) se concentraban el 23 de febrero para reclamar los salarios que les debe la subcontrata de servicio a domicilio municipal.

Concentración de los trabajadores del Metro Málaga ante el Ayuntamiento

El 23 de febrero volvían a concentrarse CCOO y las y los trabajadores de Metro Málaga ante el Ayuntamiento en defensa de sus condiciones laborales y por la equiparación con el resto de trabajadores del sector. Por lo mismo a finales de febrero pararon los maquinistas del Metro de Madrid convocados por el sindicato corporativo.

Huelga de las plantillas de Caprabo en Pamplona

Del 22 al 25 de febrero las plantillas de Caprabo en Pamplona fueron a la huelga para exigir la readmisión de las dieciocho despedidas por la cadena de supermercados en un nuevo acto de solidaridad obrera.

Concentración en Toledo por el despido de una trabajadora de una contrata de conservación de carreteras de la Junta

El 21 de febrero CCOO se concentraba en Toledo por el despido de una compañera de una contrata de conservación de carreteras de la Junta por presentarse como candidata a las elecciones sindicales, el mismo motivo por lo que lo hacía el sindicato en Granada el día 7 frente a la gasolinera BP de la que fue despedida otra compañera.

Concentraciones en Rota (Cádiz) de los trabajadores del Aeropuerto de la Base Naval

El 20 de febrero comenzaron las concentraciones en Rota (Cádiz) de las y los trabajadores del Aeropuerto de la Base Naval para exigir la reincorporación de los doce despedidos y el desbloqueo del convenio colectivo. IU presentó moción, aprobada por la Diputación de Cádiz, de apoyo a estos trabajadores e instando al gobierno a una solución.

Manifestaciones en las principales ciudades del país y concentraciones en el resto el 22, convocadas por CCOO y UGT, para exigir unos salarios dignos y la reapertura de una vez de la negociación colectiva

El 19 de febrero hubo manifestaciones en las principales ciudades del país y concentraciones en el resto el 22, convocadas por CCOO y UGT, para exigir unos salarios dignos y la reapertura de una vez de la negociación colectiva con el bloqueo que tiene sometida la CEOE a la posibilidad de una subida salarial generalizada en todos los convenios.

Manifestaron en la Marea Blanca Gaditana

El 19 de febrero más de 9.000 gaditan@s se manifestaron en la Marea Blanca Gaditana por una sanidad pública andaluza de calidad, tras la marcha atrás en el intento de la Junta de unificar los dos hospitales de Granada, a pesar de la exclusión que ha denunciado CCOO de la plataforma que se creó el año pasado y en la que el sindicato estuvo presente desde el principio. Todo antes de la gran movilización de este año del 28 de febrero en Andalucía.

Huelga de la plantilla de la empresa auxiliar del automóvil de Pontevedra, CTAG-IDIADA

El 15 de febrero la plantilla de la empresa auxiliar del automóvil de Pontevedra, CTAG-IDIADA, fue a la huelga para exigir mejores condiciones de trabajo incluyéndoles en el convenio provincial del metal.

Manifestación de la Plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel

El 14 de febrero CCOO participaba en la manifestación convocada por la Plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel contra las consecuencias económicas negativas que tiene la PAC para las y los agricultores turolenses y su influencia en la despoblación de las zonas rurales, ya que las ayudas son inferiores a explotaciones en el resto de Aragón.

Concentraron en Málaga frente al Colegio Público Virgen de Belén de los trabajadores de colectividades

El 9 de febrero se concentraron en Málaga frente al Colegio Público Virgen de Belén, los trabajadores y trabajadoras de colectividades para exigir el cumplimiento de su convenio por parte de las empresas de la patronal que al incumplirlo entran en una competencia feroz favoreciendo la precariedad, ilegalidad y deterioro de la calidad del servicio en la provincia. El 7 de febrero lo hacían por el mismo motivo CCOO y UGT frente a la Delegación del Gobierno de la Rioja en Logroño, en un intento de extender este conflicto a todo el país.

Concentraron frente al Parlamento catalán de los trabajadores de la prisión Modelo de Barcelona

El 9 de febrero las y los trabajadores de la prisión Modelo de Barcelona se concentraron frente al Parlamento catalán, que tiene transferidas las competencias, para intentar que no se cerrase la misma por parte de la Generalitat sin disponer de un centro alternativo en el área metropolitana de la ciudad, cosa que finalmente JxS hizo.

EL SUPREMO FALLA CONTRA LOS EX TRABAJADORES DE URALITA

CasMadrid

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Se invalidan las sentencias y pide la devolución de las indemnizaciones

Los antiguos trabajadores de la empresa y sus familiares tendrán que comenzar de cero su vía crucis judicial después de que el Supremo haya invalidado todas las sentencias favorables y las indemnizaciones.

El uso de amianto en la construcción se prohibió en España en 2002. Su inhalación provoca daños pulmonares de diversa gravedad, desde insuficiencias respiratorias a mesoteliomas, un tipo de cáncer de pleura muy agresivo. Antonio no conocía esta información cuando acudía a trabajar todos los días a la fábrica de Uralita en Getafe, pero suponía que aspirar constantemente una neblina de polvo no podía ser bueno.

Tras más de 10 años de idas y venidas judiciales, el Supremo ha invalidado las sentencias favorables de 2009 y 2013 a favor de los trabajadores y que se centra en la forma de la denuncia, anulando el procedimiento.

Algunas de las indemnizaciones ascendían a 105.000 euros; de los 21 demandantes en 2007 quedan sólo 2 con vida. Este detalle, no cayó en saco roto a los miembros de la asociación que agrupa a los ex trabajadores. «Al final, las familias pierden la esperanza y bajan los brazos», afirma Juan Carlos Paúl, presidente de la asociación.

La Asociación de Afectados por el Amianto (Avida) se ha concentrado a las puertas del juzgado nº 36 de lo social en la Plaza de España para apoyar a los familiares de los 6 trabajadores por los que se celebra el juicio. Todos ellos murieron a causa del mesotelioma y una de las familias, los Chamorro, ha perdido por la misma razón a su madre hace apenas un año.

Durante los 27 años que pasó Antonio en la empresa no vio una sola mascarilla que pudiera actuar de barrera entre el material tóxico y sus fosas nasales; ahora que sufre asbestosis no entiende cómo los médicos de la empresa nunca advirtieron a los responsables del peligro que suponía el contacto con el amianto. «No éramos sabedores de que fuera cancerígeno. Veníamos de los pueblos a Madrid a ganar dinero, simplemente», recuerda.

Tiene 82 años y no se olvida de todos los compañeros que han muerto por la misma razón. «Nos tendrían que haber jubilado antes, como a los mineros», asegura.

El peligro no sólo lo asumían los trabajadores, pues muchas de las mujeres que lavaban la ropa de sus maridos al llegar de la fábrica sufren las mismas dolencias.

Como Agapita, la mujer de Antonio, que padece también de asbestosis, y que está a la espera de juicio contra la empresa. «Mi mujer lo pasa muy mal cuando se resfría, y yo también, me asfixio y prefiero no salir de casa», murmura Antonio.

Ahora, tras haber conseguido una sentencia en firme que le da la razón, no le mueve la indemnización: «No me interesa el dinero, sólo quiero disfrutar los años que me queden».

Ahora el Tribunal Supremo les exige empezar de nuevo, que se vuelva a instruir todo de nuevo pero por la vía laboral. Desde que la empresa tuvo conocimiento de la demanda que Avida pretendía imponer, el contacto con los afectados ha sido nulo. «Hubo un intento de negociación, pero nos exigían retirar la demanda», asegura Juan Carlos Paúl.

Uralita ha recurrido «de forma sistemática» todas las sentencias. «A las familias les hace el doble de daño, por haber perdido a un familiar y por tener que devolver el dinero, empezando de cero», dice.

Amalio Pérez denunció en vida a Uralita, pero falleció durante el proceso judicial. Rosa, sus 4 hermanas y su madre tuvieron que ratificar la denuncia. «Mi padre estaba jubilado por la empresa cuando le detectaron la enfermedad y solicitamos un tribunal médico, con 78 años», explica.

Amalio trabajó durante 35 años en Uralita; a raíz de una operación de corazón, empezó a sentirse mal. Diversas pruebas confirmaron que tenía un cáncer de pleura muy avanzado. «Mi padre no llegó a durar ni un año con el cáncer».

Es una de las familiares que acuden al juicio. «Un tío mío también ha fallecido por lo mismo, pero ellos sí tuvieron suerte con la demanda y tienen sentencia en firme llevada por lo social», precisa.

El padre de Raúl Gamonal, Domingo, sólo trabajó durante 15 meses en Uralita; bastaron para que también desarrollara un mesotelioma. «Él vino a Madrid a buscarse la vida, y un tío suyo le metió en Uralita en la década de los 60.

Fue de los últimos en llegar, se dedicaba a barrer el suelo», explica Raúl. En 2007, recién jubilado, Domingo se cansaba más de lo normal, y apenas sí podía andar. «Lo primero que le preguntó el neumólogo nada más verle es si había trabajado en Uralita», relata su hijo. En año y medio, el cáncer de pleura acabó con él.

La mujer de ese familiar que le ayudó a entrar en la empresa sufrió el mismo final: un cáncer fulminante, causado cree su familia por inhalar el amianto que se adhería a la ropa de trabajo de su marido. «Mi tía Esperanza decía: ‘Me está pasando lo que a Domingo’. Y todos le quitábamos hierro al asunto…, pero resultó ser verdad», apunta Raúl.

Los afectados señalan que hay numerosos estudios que relacionan las enfermedades que han padecido los trabajadores de Uralita y sus familiares con la empresa.

Entretanto, los familiares de los trabajadores fallecidos mantienen el recuerdo de sus seres queridos que alimenta su lucha. Quieren ser reconocidos como víctimas de unas condiciones laborales que acabaron por costarles la vida y que se haga justicia.

La multinacional Uralita, que en 2015 cambió su denominación social por COEMAC, siempre ha defendido que no existe relación causal entre el empleo de fibras de amianto en sus plantas con las enfermedades respiratorias posteriormente desarrolladas por algunos de sus extrabajadores.

VER SENTENCIA ->

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7914777&links=ASBESTOSIS&optimize=20170123&publicinterface=true

GAMESA PLANTEA UN NUEVO ERE DE SEIS MESES PARA TODA LA PLANTILLA POR FALTA DE PEDIDOS

Cristina Ortiz - Miranda De Ebro

Durante el tiempo del expediente, que arrancaría en mayo, la dirección confía en poder cerrar alguno de los contratos en los que está trabajando

A punto de concluir las palas del pedido cerrado hace un año con Egipto, la planta que Gamesa tiene en Miranda se enfrenta de nuevo a una situación de falta de carga de trabajo en un horizonte próximo, lo que llevó a la dirección de la empresa a plantear a los representantes de los trabajadores la presentación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo de seis meses que afectaría a toda la plantilla, hasta 141 trabajadores. La propuesta inicial pasa por parar la fábrica en mayo durante medio año, un tiempo en el que se confía que se pueda cerrar alguno de los pedidos en los que ahora mismo se está trabajando.

Ahora mismo, la «ausencia en el encadenamiento de contratos», ha llevado a la dirección a transmitir a la plantilla «la posibilidad de presentar oficialmente un ERE para la planta de Miranda», reconoció el presidente del comité, Luis Ángel Antillera.

Y es que según les han trasladado, aún no se ha cerrado ninguno de los compromisos de compra que tenían en cartera para seguir produciendo una vez que completen las unidades que están fabricando con destino a Egipto. «Creen que puede haber un parón que les obliga a presentar ese expediente. Es lo único que sabemos. Todo está cogido con pinzas», apuntó.

Son muchos los aspectos que quedan por definir, porque Antillera tiene claro que el cese temporal de actividad «debería ir acompañado de un plan de empleabilidad durante el tiempo que dure» un ERE.

Este sería el tercer expediente al que tendrá que hacer frente la fábrica mirandesa, la única de la firma que fabrica palas eólicas de 80 metros de diámetro.

Precisamente ese modelo fue el que demandaban dos parques en Egipto, con una potencia total de 160 megavatios, cuyo suministro se adjudicó en abril de 2016 Gamesa.

El primero de ellos, de 120 megavatios, contemplaba el suministro, instalación y puesta en marcha de un total de 60 aerogeneradores G80-2.0 megavatios.

El segundo acuerdo incluía la instalación de otras 20 turbinas del mismo modelo –en total 40 megavatios– para ampliar un proyecto eólico de 200 que ya estaba en funcionamiento. Instalación para la que un año antes, en abril de 2015, la empresa había cerrado el contrato del suministro de otros 110 aerogeneradores del modelo que se produce en la factoría mirandesa.

Proyecto que coincidió con otro que se cerró para producir los equipos necesarios de cara a construir otro parque eólico en Jamaica, con una potencia de 24 megavatios. Pero sin, duda, tal y como apuntó Antillera, «la mayor parte de nuestra producción tiene como destino Egipto».

La firma de estos contratos garantizaba, según se destacó entonces, carga de trabajo para toda la plantilla hasta los primeros meses de 2017, dando un margen de tiempo importante para seguir buscando nuevos proyectos que encajaran con el modelo de pala que se produce en la ciudad.

Pero, hoy por hoy, todavía no ha sido posible cerrar ninguno, según se les trasladó a los representantes de los trabajadores. «La situación es similar a la vivida hace casi dos años.

El pedido que nos permitió retomar la actividad se retrasó más de lo esperado, no acababa de llegar. Cuando se logró cerrar el expediente se levantó y comenzamos a trabajar en ello».

Ahora también uno de los proyectos que se espera firmar tendría como destino de los equipos Egipto. «El resto no sabemos para dónde irían. Tampoco conocemos de cuántos megavatios se componen», concluyó el presidente del comité.

LA PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE FORD EN ALMUSSAFES PONE EN RIESGO 240 EMPLEOS

Á. Mohorte - lasprovincias.es - Valencia

Las contrataciones se diseñaron en función de una producción muy superior a la real

Dirección y sindicatos negocian un ERE temporal en motores, antes de fijar qué se hace con el resto de la plantilla de la factoría

El futuro de la factoría Ford en Almussafes no es tan prometedor como se pensaba. El anuncio por parte de la compañía de que en 2017 la factoría valenciana tiene el objetivo de producir 400.000 vehículos, poco más que en 2016, confirma que la plantilla se encuentra ante un escenario complejo.

La razón está en que la actual estructura laboral se formó en 2015 en función de una previsión para el siguiente ejercicio en la que se planteaba la producción de más de 420.000 unidades, una cifra muy alejada de la demanda real, lo que obligó a hacer ajustes ya el pasado año.

Después de prescindir de un millar de empleados eventuales y de los temporales con menos antigüedad acumulada, sindicatos y dirección acordaron conservar a los trabajadores que, trabajando en la empresa desde 2013, habían acumulado derechos para convertirse en indefinidos entre el presente año y el anterior.

Se trataba de transformar 700 puestos de trabajo a cambio de compensar las jornadas improductivas y cobradas en 2016 por otras al recuperarse la demanda en 2017.

De este modo, unos 460 trabajadores que habían empezado entrado en 2013 y 2014 han visto transformada su situación laboral para convertirse en fijos en este tiempo. El problema surge ahora con los 240 restantes, que aún no han completado el tiempo de contratación que obliga a incorporarlos plenamente a la empresa y para los que la compañía no dispone de carga de trabajo que justifique su continuidad.

De hecho, a pesar de que se han recuperado entre febrero y marzo seis jornadas industriales por los días cobrados y no trabajados el pasado año, Carlos Faubel, representante del sindicato mayoritario en la empresa, UGT, confirma que se ha tenido que otro día previsto más no se va a poder recuperar por falta de actividad.

«La previsión de producción en Almussafes que se ha anunciado es una buena cifra, pero está lejos de la de 2016», reconoce Faubel, que recuerda cómo fue sobre esa base de producción sobre la que se establecieron los acuerdos con la dirección para la reducción de temporales.

«Ahora hay que negociar una solución para los 240 que se incorporaron en 2015 y no han acumulado una antigüedad que les permita ser indefinido, aunque hay que recordar que la cifra inicial era de 700», advierte el líder de UGT.

Sin embargo, lo que ya está encauzado es el futuro del personal de motores, ya que se van a reunir dirección y sindicatos para negociar las condiciones de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) propuesto por UGT.

La cuestión es evitar el despido de unos 140 trabajadores de la división de motores, formados específicamente para esa función por la compañía, al desaparecer uno de los dos turnos de trabajo a partir de mayo por el fin del contrato de suministro con Jaguar Land Rover.

Inicialmente, la dirección ofreció a la plantilla la posibilidad de trasladarse a otros centros de la compañía hasta que en mayo de 2018 se vuelva a tener carga de trabajo en esa planta para el montaje de los motores del Maverick, peor esa opción sólo fue solicitada con unas decenas de potenciales afectados.

Para evitar despidos, al no ser posible recurrir a días de paros que se puedan recuperar en el futuro (jornadas industriales), UGT propuso a la dirección aplicar un ERTE por el que 300 empleados de la planta de motores vean reducida su actividad durante esos meses, cuyos salarios fueran compensados por la empresa hasta cerca del 100%.

A pesar de que esta posibilidad fue rechazada en asamblea en septiembre, Faubel asegura que la situación no ha evolucionado de la mejor manera.

COMITÉS ACUSAN ABENGOA DE COACCIONAR TRABAJADORES PARA QUE APOYEN ERE Y ERTE

Sevilla (EFE)

Los comités de empresa de las filiales de Abengoa han replicado a la compañía que la mayoría de las plantillas apoyan los expedientes de regulación de empleo por "coacción y el chantaje" y también lo atribuye a que la "desesperación les lleva a aceptar el mal menor para reducir el impacto de las medidas".

En un comunicado, los comités responden al emitido por Abengoa en el que aseguraba que el "necesario" ajuste de su estructura laboral en este grupo cuenta "con el acuerdo mayoritario de la plantilla, sus representantes y los sindicatos".

"Es cínico que la empresa diga que todos los expedientes se están cerrando con total acuerdo entre la empresa y los trabajadores cuando no puede haber nada más lejos, pues el acuerdo firmado por la plantilla no es más que un intento de ver reducida la dureza del impacto de la medida", ha afirmado el comité.

Los representantes laborales han asegurado que no cuestionan la legalidad de esos expedientes, pero denuncian el "mal uso y la mala intencionalidad, ya que la verdadera finalidad es forzar el acuerdo en todos los expedientes ofreciendo indemnizaciones mínimas (20 días por año trabajado y un complemento fijo máximo de 30 días)".

"Es la jugada perfecta de cara a los medios y las instituciones para que no se hable mucho de Abengoa ni de los 1.500 puestos de trabajo que se han perdido en este último año", han denunciado.

Por ello, estudian llevar este "mal uso de los expedientes a los juzgados", pese a que entienden la "necesidad de Abengoa de recurrir a expedientes de regulación pero no aceptan el uso malicioso de los mismos".

Además de estos motivos, los comités explican el apoyo laboral a los expedientes en que tras más de un año y medio de "incertidumbre" la plantilla tiene "estrés, desasosiego y agotamiento moral" y esto le lleva a "plantearse otras alternativas más estables fuera de la compañía".

A esto se suma la "reestructuración concatenando pequeños expedientes en sociedades alternas, empleado a empleado, dividiendo y separando para no hacer mucho ruido y no levantar revuelo ante los trabajadores y la opinión pública".

El grupo Abengoa lleva más de 22 de expedientes en apenas un año y se han perdido unos 1.500 empleos, recuerdan los sindicatos.

Con este "caldo de cultivo", la empresa ha presentado un Expediente de Suspensión de Empleo en Inabensa de 15 a 18 meses de duración, lo que los comités consideran una "condena porque nadie va voluntario un año y medio al paro y mucha gente ni tiene ese paro acumulado".

En ese momento la empresa, "presentándolo como un regalo y una muestra de buena fe", pone encima de la mesa un expediente extintivo (ERE) de adscripción voluntaria para el personal que se encuentra afectada por el expediente suspensivo (ERTE).

La opción del trabajador es "quedarse en un ERTE, cobrando el paro durante 18 meses sin ninguna promesa de recuperar su puesto de trabajo, o estar despedido (ERE) con una indemnización muy cerca al mínimo legal (20 días/año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades y un pequeño complemento de 30 días de salario bruto en el mejor de los casos)".

Ante esta disyuntiva es "fácil entender el resultado de las votaciones" y en la mayor parte de los casos los trabajadores aceptan "como mal menor el ERE", argumentan los comités.

Además, en el caso de las pocas asambleas que votaron no al acuerdo (ERTE de AEPC en 2016, Abengoa Research en el ERTE+ERE de 2017, en ASNT en el ERTE+ERE de 2017), la empresa suele "ofrecer una pequeñita mejora de las condiciones de los despidos y filtra las listas de los afectados".

EL PSOE EXIGE AL EQUIPO DE GOBIERNO DE ESTEPONA QUE ACATE LAS SENTENCIAS DE READMISIÓN

Los Trabajadores de Estepona afirman sentirse engañados

El PSOE exige al equipo de gobierno que acate las sentencias de despidos improcedentes de auxiliares de ayuda a domicilio

El PSOE de Estepona ha solicitado al equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Estepona que cumpla “de manera inmediata, y sin medias tintas” las sentencias de despidos improcedentes de los 16 auxiliares de ayuda a domicilio que fueron despedidos en el mes de agosto de 2016 por las que el consistorio está siendo condenado a su readmisión y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de sus despidos.

“Asistimos atónitos a resoluciones judiciales que condenan al Ayuntamiento por haber llevado a cabo contratos fraudulentos y despidos improcedentes y aquí nadie dice nada. Todo ello acompañado de un intento de privatizar un servicio que históricamente ha venido funcionando extraordinariamente bien”, aseguran desde el PSOE.

Además añadieron que, “cada día que el Ayuntamiento sigue mirando para otro lado, sin acatar las resoluciones judiciales, al municipio le supone  un coste diario de 1.300 euros, 30.000 euros mensuales”. “Todo ello pese a que la Junta de Andalucía sigue abonando al Ayuntamiento las asignaciones relativas a la aplicación de la Ley de Dependencia en el municipio”, aseguran.

Por todo ello desde el PSOE local volvieron a solicitar al equipo de gobierno la paralización “inmediata” de la privatización del servicio municipal de ayuda a domicilio del área de Bienestar Social tras “haberse alterado sustancialmente el contexto laboral, y por tanto el pliego de condiciones puesto en marcha, por haber sido condenado el Ayuntamiento en varias ocasiones por despidos improcedentes”.

El Ayuntamiento de Estepona contrató en el 2015 a 16 auxiliares de ayuda a domicilio mediante contratos temporales auspiciados por una bolsa de trabajo temporal, pero para desarrollar un trabajo de carácter indefinido.

La sentencia aclara al consistorio que para desarrollar trabajos de carácter permanente no cabe la contratación temporal. Lo dice el Estatuto de los trabajadores, la jurisprudencia del Tribunal Supremo  y las recientes sentencias europeas sobre el uso fraudulento de la contratación temporal en la administración pública española.

El PSOE de Estepona ha mostrado su “disconformidad más absoluta y radical” a la privatización anunciada por el equipo de gobierno del servicio municipal de ayuda a domicilio del área de Bienestar Social.

Los socialistas lamentan que el “afán privatizador del PP de Estepona no tenga freno y ahora empiecen a desmantelar un servicio que siempre ha funcionado extraordinariamente bien gracias a la profesionalidad y vocación de las auxiliares del área de Bienestar Social”.

Además aseguran que “el equipo de gobierno sigue poniendo en manos privadas, de empresas de fuera de Estepona, la gestión de los servicios públicos que son de todos si bien en este caso adquiere una mayor gravedad”.

LOS TRABAJADORES DE DEOLEO EN ALCOLEA RATIFICAN EL PREACUERDO ALCANZADO CON LOS SINDICATOS

El documento recoge el despido de 46 trabajadores en la planta cordobesa, diez menos de los previstos

Concentración contra los despidos en la planta de Deoleo en Alcolea ->

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba informa de que la plantilla de la planta del Grupo Deoleo en Alcolea ha ratificado mayoritariamente el preacuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos.

En la votación que ha tenido lugar ha participado el 82% de los 150 trabajadores de la fábrica. De los 123 empleados que han emitido su voto, el 82,1% ha dado su apoyo al preacuerdo frente a sólo un 11,3% que lo ha rechazado. El resto han sido abstenciones y votos nulos.

El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Antonio Andrés, considera que el acuerdo, “dentro del aspecto negativo que supone para la ciudad la pérdida de empleo, tiene el mejor resultado que se podía obtener dado que la gran parte de los despidos en la fábrica de Alcolea serán a través de medidas no traumáticas”.

Este dirigente sindical destaca que los delegados sindicales de la empresa “se han enfrentado en las últimas semanas a una durísima negociación con un grupo inversor que prima la maximización del beneficio a la actividad industrial”.

Desde CSIF se recuerda que este expediente de regulación de empleo (ERE) es el cuarto que se aplica en Deoleo en los últimos seis años, un periodo en el que su plantilla en España ha disminuido de 2.000 a 300 personas.

La central sindical pide a la empresa que éste sea el último proceso de este tipo que se lleva a cabo y que no continúe con la externalización de su actividad. “Córdoba no puede permitirse el lujo de perder una marca tan emblemática e histórica para la capital y la provincia como es Carbonell”, subraya Andrés.

El preacuerdo alcanzado con la compañía que ha sido ratificado por los trabajadores de la planta de Alcolea recoge en todo el país 65 despidos, 30 menos de los fijados por Deoleo al inicio de las negociaciones.

En el caso de Córdoba, habrá 46 salidas, 10 menos de lo establecido cuando se anunció el ERE en enero. La mayoría de las salidas serán prejubilaciones de trabajadores de más de 58 años con un 90% de su salario y un complemento posterior.

Asimismo, habrá bajas incentivadas que varían entre los 31 y los 33 días por año trabajado para los empleados que ganen menos de 25.000 euros hasta 22 días y un límite de 12 anualidades para aquellos que superen los 120.000 euros.

LA ADMINISTRADORA CONCURSAL DE AGALSA PLANTEA UNA REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

M. C. – La Nueva España

El expediente se mantendrá hasta finales de 2018, cuando se producirán los despidos si no aparece un inversor

La administradora concursal de Agalsa, Carmen Fernández Sánchez, comunicó al comité de empresa que va a plantear al juez de lo mercantil suspender el ERE de extinción de contratos que había presentado la dirección de Agalsa y reemplazarlo por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la espera de que aparezca un posible inversor interesado en reflotar la compañía.

La mayoría de los trabajadores de Agalsa irían al paro con ese ERTE, si bien algunos permanecerían en la factoría para labores de mantenimiento, señalaron fuentes de UGT y CC OO, tras la reunión de tres horas que mantuvieron con la administradora concursal.

Según fuentes sindicales, Carmen Fernández apuntó que esa regulación temporal se prolongaría hasta finales de 2018, fecha en la que si no ha aparecido ninguna oferta para reflotar la compañía, plantearía un ERE para la extinción de todos los empleos y liquidación de la sociedad.

Los sindicatos calificaron de positiva la primera impresión que tuvieron de la nueva responsable de la gestión de la empresa, en concurso de acreedores con un pasivo de cerca de 12 millones de euros, de los que 580.000 son préstamos que realizaron los socios a la compañía. La negociación de la regulación de empleo, según los sindicatos, se retomará cuando los convoque el juez de lo mercantil.

La visión relativamente optimista de los sindicatos contrasta con la de la dirección de la empresa, que se reunió con la administradora concursal. La empresa presentó el concurso de acreedores con idea de ir a la liquidación de la sociedad y desde la dirección sostienen que ese será el resultado y la extinción de los empleos.

Por otra parte, la dirección ha presentado varias denuncias ante el juzgado de guardia por supuestos daños y sustracciones en la fábrica.

SINDICATOS PRESENTAN UNA PROPUESTA ALTERNATIVA AL ERE Y ERTE EN INABENSA QUE EXCLUYE DESPIDOS FORZOSOS

Europa Press / lainformacion.com – Sevilla

Representantes sindicales de los trabajadores de Inabensa, perteneciente a la multinacional andaluza Abengoa, han mantenido un tercer encuentro en Sevilla con la dirección de la empresa para intentar llegar a un acuerdo ante la propuesta de ERE y ERTE presentada por la compañía, y en la que los representantes de la plantilla han puesto sobre la mesa una propuesta alternativa que, entre otras cuestiones, contempla voluntariedad en los despidos, indemnizaciones de 30 días por año trabajado y que no afecte a los mayores de 55 años.

Así lo ha dado a conocer UGT-A en una nota, en la que explica que en este tercer encuentro se han analizado los documentos solicitados a la empresa, en su mayoría, relativos a las subcontrataciones, el balance económico a enero de 2017 y los proyectos en curso, los que se han ralentizado y los que se han tenido que paralizar.

Los representantes de los trabajadores insisten en que existen subcontratas que están haciendo trabajos de la propia Inabensa, y dan ejemplos como Tamoin, Fatsur y Accisa.

Desde UGT-A subrayan que, mostrando "la máxima responsabilidad", los representantes sindicales han realizado una propuesta de ERE y ERTE alternativa a la que puso sobre la mesa la empresa, que incluía 74 despidos y 177 trabajadores afectados durante 18 meses por el Expediente de Regulación de Empleo Temporal, según explican.

Así las cosas, la propuesta de los sindicatos pasa por que haya "voluntariedad" en los despidos, indemnizaciones de 30 días por año sin límite en meses de antigüedad, crear una bolsa de empleo, que estos expedientes de regulación no afecten a los trabajadores de 55 o más años ni a los que, a fecha de presentación de las medidas, estén de baja por cualquier contingencia, ni a los que se encuentren de baja por maternidad, embarazo o con reducción de jornada por custodia legal salvo que lo soliciten voluntariamente.

Además, piden que estas medidas no afecten "a aquellos trabajadores que hayan consumido seis meses o más de desempleo en los expedientes anteriores", así como plantean que el periodo máximo de afectación del ERTE sea, por trabajador, de 180 días; el periodo total de suspensión, de ocho meses, como el anterior, que se abonen pagas extras y vacaciones, así como que los trabajadores de 59 años se mantengan en suspensión hasta los 61 para pasar a la jubilación parcial.

Según informa UGT-A, la dirección de la empresa solo ha cambiado de su propuesta inicial rebajar a 15 los meses de suspensión de empleo temporal frente a los 18 iniciales, mientras que "al resto contestará en la próxima reunión, prevista para el 14 de marzo". Los representantes de los trabajadores siguen insistiendo en conocer el Plan Industrial de Inabensa.

SIN ACUERDO EN LA CONCILIACIÓN POR LOS DESPIDOS DE LEGUTIO

noticiasdealava.com

Ni el Ayuntamiento ni la contrata dan marcha atrás en su postura contra varios jóvenes de la localidad

El acto de conciliación previsto en la capital alavesa para tratar de reconducir los despidos de dos jóvenes de una contrata que trabaja para el Ayuntamiento de Legutio concluyó como había comenzado. Es decir, sin acuerdo.

Con ello se añade un capítulo más a un relato que alimenta la polémica entre los jóvenes de la Gazte Asanblada de Legutio y la alcaldesa del municipio, Nekane Garaigordobil, de EH Bildu, a la que el colectivo juvenil de la localidad acusa de presionar a las citadas contratas para despedir a varios jóvenes el pasado mes de enero.

Los hechos que generaron los despidos se dieron después de que el colectivo celebrara sin permiso una asamblea para preparar las fiestas de San Blas en la Casa de Cultura de Legutio, a la que accedieron con las llaves de una de las monitoras.

Desde la publicación de la noticia, la tensión entre las partes ha sido palpable, primero con la manifestación celebrada frente al Ayuntamiento, en la que los jóvenes recibieron un notable apoyo de los vecinos, y posteriormente en el Pleno municipal del 22 de febrero, donde se produjo un enfrentamiento entre la alcaldesa y los jóvenes despedidos, que acudieron al Pleno extraordinario, convocado por la primer edil a las 8.00 horas.

El Ayuntamiento, una de las dos empresas adjudicatarias y las dos monitoras despedidas por ella -los otros dos jóvenes corresponden a una segunda empresa- estaban llamadas a un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), que acabó sin acuerdo, tal y como certificó la letrada conciliadora responsable del caso de las dos jóvenes.

El germen del enfrentamiento entre la Gazte Asanblada de Legutio y la alcaldesa de la coalición abertzale se remonta al 15 de enero, cuando los jóvenes de la asociación accedieron, sin autorización expresa, a la Casa de Cultura para celebrar una reunión destinada a preparar las fiestas de San Blas en la localidad.

Al estar cerrada, dos de las jóvenes de la Gazte Asanblada, monitoras de tiempo libre en el recinto contratadas por las empresas adjudicatarias, utilizaron sus llaves para acceder.

En la reunión se encontraban también otros dos monitores, que prestan servicio de cancheros para otra firma adjudicataria. Al conocer que los jóvenes se encontraban en el recinto, la propia alcaldesa acudió al lugar y echó a los jóvenes.

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