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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (15 DE FEBRERO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES DEL POLIDEPORTIVO MOSCARDÓ

CGT ARAGÓN APLAUDE LA DECISIÓN DE MUNICIPALIZAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010

USO, UGT Y CCOO PROPONDRÁN EN LA ASAMBLEA DESCONVOCAR MOVILIZACIONES DE VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA

LA HUELGA DE ESTIBADORES DEJARÁ SIN ALIMENTOS BÁSICOS A CANARIAS Y BALEARES

UN INVIERNO ‘CALIENTE’: TRAS LOS ESTIBADORES, HUELGA DE 3.000 SUBCONTRATADOS DE RENFE

FOMENTO FIJA SERVICIOS MÍNIMOS DE HASTA EL 100% PARA LA HUELGA DE ESTIBADORES EN LOS PUERTOS

CCOO PIDIÓ AL GOBIERNO QUE NO APROBARA EL DECRETO SOBRE LA ESTIBA Y QUE NEGOCIE

SUSPENDEN 54 TRAYECTOS DE TREN POR LA HUELGA EN SERVICIOS FERROVIARIOS DE MALLORCA (SFM)

DESCONVOCADA LA HUELGA EN EL CONSULADO DE ESPAÑA EN LONDRES

LOS TRABAJADORES DE CORRUGADOS IRÁN A LA HUELGA POR EL “BLOQUEO” EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

LA GUARDIA CIVIL PIDE IMPUTAR AL OBISPO EMÉRITO DE CÁDIZ POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL CASO ERE

PRISA PLANEA METER LA TIJERA EN 'EL PAÍS': PREPARA UNA QUINCENA DE SALIDAS EN EL PERIÓDICO

EL NUEVO DIRECTOR DE TELEMADRID NO RECURRIRÁ VARIOS PROCESOS DE NULIDAD DE DESPIDOS

EN MAREA DENUNCIA "FALTA DE TRANSPARENCIA" EN LAS AYUDAS A LA AUTOMOCIÓN

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DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES DEL POLIDEPORTIVO MOSCARDÓ

Ganemos CCOO

La llegada al gobierno municipal de Ahora Madrid generó grandes expectativas entre el conjunto de los trabajadores.

Tras más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular, cientos de miles de madrileños votamos por Ahora Madrid para hacer realidad el cambio social por el que hemos estado luchando en las calles.

En el ámbito del Servicio Municipal de Deportes, pensábamos que se abordarían los principales problemas que padecíamos: precariedad laboral, abandono del mantenimiento de las instalaciones, falta de personal para poder desarrollar adecuadamente el servicio, etc… y todo ello orientado por el PP a justificar las privatizaciones que estaban llevando adelante sin disimulo alguno.

Sin embargo, tras la llegada del nuevo ayuntamiento de Ahora Madrid, y tras ya casi dos años de gobierno, las cosas siguen prácticamente igual.

Hemos visto cómo se mantenía la mayoría de los cargos nombrados a dedo por el PP, y los nuevos mantenían un perfil ajeno a los trabajadores, como la nueva Gerente de la Ciudad, Carmen Román, asesora con el gobierno de Aznar.

La situación de los trabajadores de instalaciones deportivas no ha mejorado en un aspecto central, la precariedad. Los contratos de interinos han aumentado hasta ser más del 60 por ciento de la plantilla, y los contratos a tiempo parcial afectan a más de la mitad del conjunto de la plantilla, al tiempo que se dejan de dar servicios por falta de personal. Respecto a revertir las privatizaciones los avances son mínimos.

Se han municipalizado dos pequeños centros deportivos, pero el manteamiento de las instalaciones sigue privatizado por empresas que siguen sin cumplir con los pliegos aprobados, y han aumentado el número de escuelas deportivas gestionadas por clubs privados, obteniendo un incremento de dinero público y potenciando la privatización encubierta.

En defensa de una remunicipalización al servicio de los trabajadores

Y ahora nos encontramos con que el polideportivo Moscardó, que iba a ser municipalizado, lo va a ser finalmente, pero sin subrogar a sus trabajadores, es decir, despidiendo a todos los trabajadores de la plantilla. ¡Es una auténtica vergüenza! Una tomadura de pelo, que solo busca desacreditar una medida demandada por el conjunto de los trabajadores, beneficiando así a un puñado de empresas para que puedan seguir haciendo su agosto con el dinero público de todos los madrileños.

De hecho, esta medida supone en la práctica renunciar a la esencia y fin último de la municipalización, que es garantizar un empleo estable y digno y un servicio de calidad.

Ahora Madrid debe rectificar, y realizar una verdadera remunicipalización, contando con la participación de los trabajadores y vecinos del barrio en la gestión del centro, y garantizando empleos dignos para todos los trabajadores actuales y los recursos necesarios para que el polideportivo pueda dar un servicio público de calidad a todos los vecinos. ¡¡Para eso votamos a Ahora Madrid!!

Por todo ello los trabajadores hemos comenzado a movilizarnos, exigiendo que Ahora Madrid cumpla con su programa electoral. Hemos tenido reuniones y hemos acudido a los plenos municipales, y nos hemos encontrado con dilaciones, excusas o directamente negativas a escuchar nuestras reivindicaciones.

Ahora Madrid ha abierto la mesa de negociación, ofreciendo subidas salariales para calmar a la plantilla, pero obviando medidas esenciales como la lucha contra la precariedad, garantizando la estabilidad en el empleo y la remunicipalización de centros y servicios para dejar de alimentar los negocios de los amiguetes del PP.

Y ahora nos encontramos con esta bochornosa decisión que pone en peligro los puestos de trabajo de los compañeros del Polideportivo Moscardó.

No hemos luchado todos estos años implacablemente contra el PP para que ahora todo quede igual, para que despidan a los compañeros del Moscardó y para que se mantenga el negocio de la derecha.

Los ayuntamientos del cambio deben estar al servicio de un cambio real, basándose en la organización y la lucha de los trabajadores, y abandonando las excusas que solo contribuyen a golpear a aquellos que hemos luchado años y años contra las tropelías y negocios del PP, abriendo además el camino a la derecha para recuperar de nuevo el ayuntamiento.

CGT ARAGÓN APLAUDE LA DECISIÓN DE MUNICIPALIZAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010

arainfo.org

Desde el sindicato desean manifestar su “apoyo” a este proceso de municipalización, “que hasta la fecha tantas zancadillas ha recibido, principalmente por parte del grupo municipal del PSOE que vinculó un avance sindical a la firma de unos presupuestos municipales”

El próximo día 1 de marzo la “anormal prórroga tácita” del servicio 010 municipal se dará por finalizada y el servicio será rescatado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para el sindicato CGT Aragón, “este hecho ocasionará, en lo laboral: que las actuales 14 trabajadoras que prestan dicho servicio pasen temporalmente a la plantilla municipal, y que su representación sindical se integre en la representación unitaria laboral del Ayuntamiento de Zaragoza”.

Al mismo tiempo, “en lo económico: el traspaso contable de dicho gasto al capítulo I del Ayuntamiento de Zaragoza, con los efectos que esto conlleva como es la desaparición del beneficio industrial que la empresa adjudicataria ganaba con dicha gestión”.

A su jucio, “desde el Equipo de Gobierno municipal se ha declarado la intención que este rescate no será un rescate temporal, sino que se concluirá definitivamente en un claro proceso de municipalización de un servicio”.

Desde CGT Aragón desean manifestar su “apoyo” a este proceso de municipalización, “que hasta la fecha tantas zancadillas ha recibido, principalmente por parte del grupo municipal del PSOE que vinculó un avance sindical a la firma de unos presupuestos municipales”.

“Ni siquiera la situación de reiterados impagos puntuales de las nóminas –algo con lo que la legislación laboral permite rescindir el contrato a las trabajadoras- han hecho considerar a dicho grupo político la oportunidad para rescatar este servicio externalizado en su día por el Grupo Municipal del Partido Popular”, recalcan desde el sindicato.

Asimismo, desde la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza se “congratulan” también con esta decisión y dan la bienvenida a estas trabajadoras con las que a partir del próximo día 1 de marzo compartirán la “representación unitaria”.

“Frente a un sindicalismo corporativo que se jacta de estar en contra de las privatizaciones, pero que entorpece todo proceso que lo combata realmente, las trabajadoras encontrarán otro sindicalismo que lucha de forma decidida por recuperar los servicios públicos externalizados para el negocio empresarial y para inversión segura de las grandes fortunas”, añaden.

Según el sindicato, “tras el fallido proceso de remunicipalización de la depuradora de L’Almozara, la municipalización del 010 puede iniciar un proceso de reversión de los servicios públicos que es demanda fundamental en el sindicalismo de clase”. “Por todo ello apoyaremos sin fisuras cualquier decisión política del Ayuntamiento en este sentido, máxime cuando puede significar el inicio en otros procesos que se hacen necesarios”, reiteran.

Desde CGT se alegran de que “por fin” el Ayuntamiento de Zaragoza haya decidido “actuar” con respecto a la situación de las trabajadoras del servicio de 010. “Recuperar la gestión de los servicios públicos de la ciudad que se encuentran en manos privadas y devolverlos a la ciudadanía, es algo que tiene que hacerse con todos los servicios que se encuentran privatizados en este momento”, aseveran.

“La gestión directa no supone solo el abaratamiento del coste, sino algo mucho más importante, la recuperación de la dignidad como ciudadanos y ciudadanas, gestionando nuestras necesidades y nuestros recursos directamente, sin intermediarios, respetando los derechos laborales, el medio ambiente y la calidad del servicio, intereses que las multinacionales dejan de lado para mayor incremento de sus beneficios”, aseguran.

Es por ello que desde CGT “instan” al Ayuntamiento de Zaragoza a “seguir adelante, le animamos a que no se doblegue ante los intereses de multinacionales que mantienen extrañas relaciones con la Gürtel y ponga por encima de los intereses del capital los intereses de la población de esta ciudad”.

Y recuerdan que “la remunicipalización de los servicios públicos, de lo común, es solo cuestión de voluntad política y este es el momento de abordarla”. “Es el momento de que los diferentes partidos que componen el Pleno de esta ciudad se definan de una vez por todas de con quién están, si con la población o con el capital”, concluyen.

USO, UGT Y CCOO PROPONDRÁN EN LA ASAMBLEA DESCONVOCAR MOVILIZACIONES DE VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA

Los sindicatos USO, UGT y CC.OO., representativos de los vigilantes de seguridad de las contratas de la JCCM, propondrán, en la asamblea convocada al efecto, desconvocar las movilizaciones previstas para los próximos días.

Los sindicatos entienden que se han logrado garantías “suficientes”, tanto por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha como de la Unión Temporal de Empresas que ha presentado la mejor oferta para adjudicarse el contrato para la prestación de los servicios de seguridad en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, de que a los vigilantes de seguridad que vienen realizando este trabajo se les seguirá aplicando el convenio colectivo estatal de Seguridad Privada, y no otro.

Los vigilantes de seguridad y sus sindicatos comenzaron a movilizarse desde el pasado mes de enero, cuando supieron que una de las empresas que integran la mencionada UTE tiene, al amparo de la reforma laboral del PP, un convenio colectivo propio, con salarios y derechos por debajo del convenio estatal del sector.

“Las negociaciones mantenidas en los últimos días han dado sus frutos, y tanto el Gobierno como la mencionada empresa han buscado una fórmula para que en el contrato de adjudicación de los servicios de seguridad de la Junta en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara se explicite el compromiso de que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al personal serán las que resulten de aplicación conforme a lo previsto en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad”, han defendido.

LA HUELGA DE ESTIBADORES DEJARÁ SIN ALIMENTOS BÁSICOS A CANARIAS Y BALEARES

Afectará al suministro de carne fresca, frutas y hortalizas. Agricultura toma medidas para incrementar la entrada de esos productos y almacenarlos en plantas logísticas

La huelga convocada en los puertos españoles contra el decreto ley que prepara Fomento para liberalizar la estiba, provocará un colapso en las terminales portuarias.

El sector de la distribución comercial alerta del riesgo de desabastecimiento de alimentos básicos, especialmente en Canarias y Baleares, como consecuencia de los paros.

Estibadores.

Las grandes cadenas de alimentación abastecen por mar a los dos archipiélagos españoles, una vía de suministro que quedará bloqueada durante la última semana de febrero, si la huelga nacional de estibadores, convocada para los días 20, 22 y 24 de febrero, se celebra y tiene éxito.

La entrada de mercancías básicas, como las que surten a los supermercados de las Islas Canarias y Baleares y mantienen en funcionamiento las empresas turísticas, pasa en un 94% por los puertos.

Por eso, los paros, liderados por el mayor sindicato de estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y que se ratificaron oficialmente, tendrán especial incidencia en estos dos territorios.

Carne fresca y fruta de temporada, lo más afectado

Fuentes de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican) explican que no se producirá, por el momento, un desabastecimiento total. Pero advierten de que, si la huelga se alarga más allá de los tres días anunciados, la situación sí comenzará a ser preocupante.

Se trata de un escenario que no descartan en absoluto, dada la virulencia que ha tomado el conflicto, por lo que han comenzado a tomar medidas ante un recrudecimiento del choque.

Los problemas de suministro se concentrarán, especialmente, en productos perecederos: carne fresca y fruta de temporada con hueso que llega desde la Península. También se verán afectados los alimentos envasados, como ensaladas, tomates, cerezas y fresas, que no se pueden adquirir en el mercado local y son difícilmente almacenables.

Han comenzado a triplicar los pedidos habituales

Ante la crisis que se avecina, las grandes cadenas de alimentación han comenzado a tomar medidas diez días antes del paro, triplicando los pedidos habituales.

La mercancía desde la Península tarda en llegar a Canarias entre 15 y 20 días. Esa circunstancia ha obligado a disponer de unas grandes plantas logísticas en las islas, mucho más amplias de las que estas mismas cadenas tienen en el territorio peninsular. Esto significa costes altísimos por el precio del suelo y la cantidad de mercancía almacenada.

Agricultura ha comenzado a tomar medidas urgentes

Fuentes del Gobierno consultadas por ECD explican que Agricultura diseña un gabinete de crisis, encargado de tomar medidas urgentes que eviten un desabastecimiento total en Canarias y Baleares por la paralización de los puertos.

El Ministerio ha transmitido a las empresas de distribución que agilizará los controles específicos de entrada de mercancías en ambos archipiélagos, para que puedan realizar un mayor aprovisionamiento, previa a la huelga.

Estos controles están relacionados con aspectos fitosanitarios y también de orden fiscal, por las ayudas que reciben las importaciones al archipiélago.

Mayor afluencia y más compra en los supermercados

Fuentes del sector confirman también a El Confidencial Digital que algunos supermercados de ambos archipiélagos han comenzado a registrar un incremento de consumidores que acuden a los centros comerciales a comprar en masa.

En muchos casos, realizan compras más grandes que en una situación de normalidad. Los clientes tienden a adquirir productos fáciles de almacenar, como arroz, pastas y legumbres.

En cualquier caso, las cadenas de alimentación aseguran que, mientras el consumo sea “normal” y la gente “no almacene en casa”, el abastecimiento de “los productos menos perecederos está asegurado. Otra cosa serán los productos frescos. “Pero, si la huelga no acaba en esos tres días, la situación se complicará mucho”, insisten.

La industria del automóvil, otra de las perjudicadas

Los paros tendrán además un fuerte impacto en las principales empresas del país e incluso de Europa. El 70% de las importaciones y exportaciones españolas pasan por los puertos.

El sector de la automoción es uno de los más vulnerables. La mayor parte de los automóviles fabricados en España se transportan a través de las instalaciones portuarias, donde también se reciben las piezas necesarias para el montaje de los vehículos.

Los principales problemas están relacionados con el aprovisionamiento de materias primas. Por ello, la mayoría de multinacionales, como Ford en Valencia, está trabajando ya con previsión para evitar sufrir un desabastecimiento.

Fuentes de la patronal del automóvil ANFAC explican a ECD que el fabricante de coches está haciendo acopio de componentes antes de los paros, que provocarán inevitablemente retrasos e ineficiencias que ralentizarán los procesos logísticos.

UN INVIERNO ‘CALIENTE’: TRAS LOS ESTIBADORES, HUELGA DE 3.000 SUBCONTRATADOS DE RENFE

Pablo García - elindependiente.com

La conflictividad en España va en aumento, según los datos del Ministerio de Empleo (hasta octubre de 2016) y de la patronal CEOE (hasta diciembre). Y el arranque de 2017 apunta a que el número de huelgas seguirá en ascenso: a los paros convocados por los más de 6.000 estibadores repartidos por varios puertos del país por la liberalización del sector, ahora se les suman otros 3.000 auxiliares subcontratados por Renfe, encargados de efectuar los servicios de tierra y servicios a bordo de los trenes.

Solo estos dos sectores suman 10.000 trabajadores convocados a la huelga, más del doble de los que pararon en algún momento de diciembre pasado (4.159) en España según datos de CEOE. Si bien es verdad que no todos secundarán la convocatoria, el número de afectados da cuenta del cada vez mayor desafío sindical en un contexto político relativamente calmado por el entendimiento entre PP y PSOE, con números récord de creación de empleo.

El conflicto ferroviario afecta principalmente a la filial de Ferrovial, Ferroser, adjudicataria en exclusiva desde 2013 de los servicios a bordo (1.900 trabajadores) y de la mitad de la plantilla de los servicios en tierra (900 en total), concesión que comparte con otras contratas.

Los primeros son los encargados de la restauración del tren, los que pasan con el carrito de la comida y la bebida y los que atienden en la cafetería. En 2013, Renfe decidió eliminar el servicio de comidas a los usuarios de Preferente en los trenes de Larga Distancia exceptuando los AVE. Y adjudicó a Ferroser el concurso por 20 millones de euros menos. El servicio lo dio Cremonini previamente y antes la firma Wagonlit.

Según Ferrovial, el problema radica en los trabajadores con más antigüedad, aproximadamente un 35% de la plantilla, porque “trabajan menos horas que los más nuevos y cobran más”, en palabras de un portavoz. De acuerdo con datos de la compañía, éste núcleo de “privilegiados”, unos 750 trabajadores, cobra 1.800 euros al mes frente a la media de 1.000 euros de los menos antiguos. Por eso la empresa reclama un ERE temporal y una reducción salarial a los que entren en el expediente de regulación, a la sazón los de más antigüedad.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CGT, USO) rechazan de plano esta medida para una plantilla donde el 90% tiene menos de 40 años y el 70% son mujeres. “Estamos muy alejados”, dicen fuentes sindicales. “Todas las propuestas que hemos recibido de la empresa han sido trasladadas a la plantilla y sistemáticamente rechazadas”. El próximo 24 de febrero el bar de los trenes puede hallarse sin personal, ya que es la fecha de la convocatoria de huelga.

División sindical en tierra

La situación laboral de los 900 trabajadores de servicios en tierra -venta de billetes, controles de la alta velocidad, ayuda a clientes discapacitados y ancianos, acompañamiento de menores sin adulto a cargo- es distinta pero no menos crispada. Este servicio lo presta Ferrovial (50% de la concesión) junto con otras firmas: Ilunion, Interserve, Acciona, Eulen, Saba, Empark, Avanza y Best Control. Y es todavía más precario: la media salarial que reconoce la empresa es de 1.200 euros. Las centrales rebajan la cuantía salarial media a mil euros mensuales.

FOMENTO FIJA SERVICIOS MÍNIMOS DE HASTA EL 100% PARA LA HUELGA DE ESTIBADORES EN LOS PUERTOS

Europa Press

Los servicios mínimos que el Ministerio de Fomento ha fijado para la huelga de estibadores convocada en los puertos para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, tratan de garantizar que se realicen hasta el 100% de los trabajos de carga y descarga de mercancías en determinados supuestos, como son las mercancías perecederas o las peligrosas.

Con su carta de servicios esenciales, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna pretende compatibilizar el derecho a la huelga con la garantía de menor impacto posible en el funcionamiento de los puertos, instalaciones básicas para el funcionamiento de muchas empresas y del conjunto de la economía, tal como justifica en su decreto el Ministerio.

Fomento argumenta asimismo que la estructura de la huelga (contempla para cada hora impar del periodo comprendido entre las 8.00 del día de la huelga y la misma hora del día siguiente) hace que su impacto vaya más allá del tiempo de paro convocado.

Para fijar los servicios esenciales, también asegura haber realizado un estudio de la actividad portuaria del mes de febrero en otros años.

Con todo, Fomento establece garantizar el 100% de las operaciones de carga y descarga de mercancías perecederas (como pueden ser alimentos), peligrosas o que su permanencia en el puerto "pueda representar un grave riesgo para personas o instalaciones".

También dicta el 100% de los servicios para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y  los suministro esenciales a Ceuta y Melilla.

Asimismo, Fomento insta a atender el 100% de las operaciones en buques mixtos, aquellos que combinan carga y pasajeros, con el fin de no impactar en el tránsito de viajeros, que inicialmente quedan al margen de la convocatoria de huelga.

El 100% de los servicios mínimos también se fija para garantizar las operaciones en eventuales situaciones de emergencia o accidentes de buques.

La mitad de la actividad de un día normal

Para el resto de la actividad cotidiana de gestión de mercancías en los puertos, Fomento sólo indica que se deberá realizar "el porcentaje necesario de actividad para garantizar un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año natural anterior en una jornada comparable, tanto en horario como en mercancía".

Se da la circunstancia de que estos últimos días las empresas que trabajan en los puertos están denunciando que el rendimiento de la actividad de carga y descarga están reduciendo su rendimiento hasta un 95% por medidas de presión de los estibadores.

Con la huelga, los estibadores protestan en contra de la reforma del sector de la estiba que el Gobierno aprobará, finalmente sin consenso, dado que quedaron rotas las negociaciones que mantenía con patronal y sindicatos que, a su vez, advirtieron de extender los paros.

CCOO PIDIÓ AL GOBIERNO QUE NO APROBARA EL DECRETO SOBRE LA ESTIBA Y QUE NEGOCIE

DiariodeTransporte.com

El sindicato afirma que es falso que la Comisión Europea haya exigido la modificación del régimen laboral en la estiba y cree que el Gobierno pretende despedir a una buena parte de los 6.600 estibadores, a costa de los contribuyentes, y precarizar las condiciones de los demás.

CCOO y los demás sindicatos con implantación entre los estibadores —UGT, Coordinadora, CIG y CGT— han convocado huelga los días 20, 22 y 24 de febrero, que paralizarán los trabajos de estiba en todos los puertos españoles.

La razón de esta huelga es el propósito del Gobierno, del que informó el ministro de Fomento a los sindicatos el pasado 2 de febrero, de aprobar de inmediato un real decreto en el Consejo de Ministros, para ser convalidado en las Cortes, que eliminaría radicalmente todos los derechos de los trabajadores, conquistados a lo largo de muchos años de luchas y esfuerzo.

CCOO afirma que “con la amenaza de este real decreto, el Gobierno ha saboteado conscientemente los pactos alcanzados en las últimas semanas entre sindicatos y patronal, a través de unas negociaciones en las que el Gobierno no quiso participar, pero que sí impulsó y de cuyo desarrollo siempre estuvo perfectamente informado.

De este torpedeo ha surgido el que, en primer lugar, ANESCO se echase atrás en las negociaciones. Más tarde apoyara tibiamente al Gobierno y, por fin, que se divida. División expresada en que ya Maersk, TTIA y Grimaldi se hayan comprometido públicamente a apoyar los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales”.

El sindicato critica que ni siquiera les hayan entregado el texto del real decreto anunciado, pero creen que de las explicaciones del ministro se desprende que desea despedir a una buena parte de los aproximadamente 6.600 estibadores que hay en la actualidad. “Y despedirlos a costa de las y los contribuyentes españoles. Al mismo tiempo convertiría en una nueva especie de precarios a los demás.

Esto es lo que significa la negativa gubernamental a mantener un registro, que además es obligatorio según el artículo 3 del Convenio 137 de la OIT, ratificado por España hace 42 años, y que es la única garantía de cualificación y profesionalidad del trabajo de la estiba”.

“El único razonamiento del Gobierno para este descabellado proyecto es que lo exige la Comisión Europea. Pero esto también es falso. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de diciembre del 2014, sólo dice que hay dos pequeños puntos en la legislación española que contravienen el artículo 49 del Tratado de Lisboa.

Es verdad que la Comisión Europea, ya desde sus primeros dictámenes del 2009, rechazaba muchas más cosas, pero ninguno de sus documentos, todos conocidos por nosotros, pedía la eliminación del Convenio 137 de la OIT.

Además el Gobierno tampoco ha sido capaz de mostrar ningún nuevo documento de la Comisión en el que se rechacen los acuerdos alcanzados en España y saboteados por el propio Gobierno. Es más, cuando el Gobierno habla de los 134.000 euros diarios con los que podemos ser multados de no hacer nada, debería hacer cuentas y así averiguaría que tendrían que pasar 8 años y 2 meses para alcanzar los 400 millones de euros que el Gobierno dice que nos costará a todos los contribuyentes la precarización del trabajo de la estiba”.

El pasado 8 de febrero, CCOO pidió al Gobierno que no aprobara el real decreto y que reabriera la negociación, con la participación del propio Gobierno. Pronto se sabrá si se acepta esto o no. “De no ser así, los últimos 31 años de paz social en la estiba —desde el decreto de 1986, que sí fue consensuado—, que han permitido que los puertos españoles ganaran una importante cuota de mercado en los tráficos mundiales, habrán llegado a su fin.

Con las armas que la ley da, pero con todas ellas, los estibadores defenderán sus derechos y un trabajo digno, en unas huelgas que empezarán el 20 de febrero y que pueden extenderse mucho en el tiempo”.

En esta lucha, como siempre, CCOO estará en primera fila defendiendo a los estibadores y la extensión de su ejemplo y derechos a todas las trabajadoras y trabajadores. Como es la obligación del sindicalismo confederal y de clase.

Y no estaremos solos, pues los compañeros y compañeras de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, ITF y ETF, ya han mostrado su disposición a solidarizarse con nosotros.

SUSPENDEN 54 TRAYECTOS DE TREN POR LA HUELGA EN SERVICIOS FERROVIARIOS DE MALLORCA (SFM)

Efe – Palma

La huelga convocada por el comité de empresa de SFM provocará la suspensión de 54 trayectos de tren, de las líneas entre Palma y Marratxí y Palma e Inca, así como en el metro a la UIB, en los horarios de mayor afluencia de viajeros.

Las restricciones afectan a ocho trayectos de Palma a Inca y otros nueve en el sentido contrario, ha informado SFM en un comunicado.

Del tren entre Palma y Marratxí se anulan doce salidas y de Marratxí a Palma once.

El metro entre Palma y el campus de la UIB verá anulados siete trayectos y entre la UIB y Palma otros.

DESCONVOCADA LA HUELGA EN EL CONSULADO DE ESPAÑA EN LONDRES

Londres (EFE)

Trabajadores del consulado español en Londres anunciaron que han desconvocado la huelga indefinida que habían previsto al haber llegado a un acuerdo para mejorar sus condiciones laborales.

Los trabajadores han recibido el compromiso de que cobrarán un complemento salarial por vivir y trabajar en la capital británica, conocido como "London Allowance", de 4.098 libras al año (4.795 euros), afirmó a Efe el delegado del sindicato UGT en Londres, Francisco Alonso.

La legación diplomática informó por su parte en su página web de que el consulado continuará "prestando sus servicios con normalidad" una vez desconvocado el paro.

Debido a la huelga, estaba previsto que las secciones de pasaportes y salvoconductos del consulado se mantuvieran de manera indefinida bajo "servicios mínimos" y que el resto de departamentos (registro civil, notarías, legalizaciones, asistencia social y visados) cesaran su actividad.

"Esta medida pone, por el momento, fin al conflicto laboral presentado, pero los trabajadores de este consulado seguirán reivindicando la mejora en las condiciones laborales", señalaron los empleados en un comunicado.

La plantilla de la legación reclama además una mejora en "la dotación de los recursos materiales y humanos que ayuden a una óptima prestación de los servicios en beneficio de los usuarios y trabajadores".

LOS TRABAJADORES DE CORRUGADOS IRÁN A LA HUELGA POR EL “BLOQUEO” EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

Óscar Rubio - getafeactualidad.es

Los 112 trabajadores y trabajadoras de la empresa Corrugados, radicada en Getafe, están llamados a la huelga desde el martes 14 de febrero y hasta el 5 de abril por el “bloqueo total” en la negociación del convenio colectivo, según ha informado el sindicato CC.OO. en un comunicado.

La huelga se efectuará a partir de la madrugada del 13 al 14 de febrero y hasta el próximo 5 de abril, entre las 4 y las 10 horas, todos los lunes y martes en horario nocturno y los martes y miércoles en horario diurno.

Según detalla CC.OO., en el año 2012 la empresa acometió un expediente de regulación de empleo que afectaba a todas sus fábricas, y que supuso en Getafe que la factoría ejecutara el expediente y cerrara sus puertas.

Posteriormente y por acuerdo en la Audiencia nacional, se decido reabrir el centro de Getafe a principios del año 2013, con la posibilidad para los trabajadores entre optar por extinguir las relaciones laborales o bien reincorporarse a la plantilla, siempre y cuando aceptaran una reducción salarial entre un 31,5% y un 36,5%, optando por la reincorporación 106 trabajadores de los 206 que componían la plantilla

En este estado de reducción salarial se iniciaron las negociaciones del convenio colectivo en el mes de noviembre de 2014 y, a fecha de febrero de 2017, “aún no ha existido un acercamiento de posturas, por lo que el estado de las negociaciones se encuentra en un bloqueo total”.

LA GUARDIA CIVIL PIDE IMPUTAR AL OBISPO EMÉRITO DE CÁDIZ POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL CASO ERE

Antonio Ceballos - La Voz

Antonio Ceballos habría cometido un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz

La Guardia Civil de Algeciras ha solicitado imputar en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz.

En un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por 'El Independiente', la Guardia Civil señala tanto al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, de 81 años de edad, como al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y al ex director general de Empleo y Seguridad Social Juan Márquez.

En este atestado, los agentes analizan la ayuda sociolaboral excepcional por valor de 300.000 euros que la Consejería de Empleo otorgó en julio de 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz.

De este modo, los agentes indican que el entonces obispo de Cádiz remitió el 6 de octubre de 2008 una carta al consejero de Empleo en la que le pedía «colaboración y ayuda» para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a 50 trabajadores desde el 1 de enero de 2007 mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad.

Y es que el Obispado de Cádiz «había mantenido una compensación complementaria de las prestaciones económicas a los trabajadores» incluidos en el ERTE.

En la carta remitida al consejero, Antonio Ceballos exponía que el nuevo geriátrico tenía prevista su inauguración el 8 de diciembre de 2008, pero durante las obras se produjo el hallazgo de restos arqueológicos, lo que supuso un retraso en las mismas y, al mismo tiempo, obligaba a ampliar el periodo de tiempo del expediente laboral, «pasando los trabajadores a una situación económica muy distinta y en otro espacio de tiempo, y por nuestro lado con un muy importante incremento del presupuesto previsto».

«En espera de que, como ha sido siempre, podamos colaborar en esta importante tarea sociolaboral, reciba un atento y cordial saludo, decía el obispo en esta carta donde solicitaba a la Junta que, «antes de llegar a que a los trabajadores se les presente una difícil situación económica familiar, pueda colaborar y ayudar a este Obispado para solucionar la misma durante el tiempo de ampliación del expediente de regulación de empleo».

Es decir, la ayuda económica fue solicitada con motivo del retraso de las obras de construcción del geriátrico y a fin de mantener una compensación complementaria a las prestaciones económicas que recibían los 50 trabajadores afectados por el ERTE.

El 30 de julio de 2009, Juan Márquez resolvió conceder una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros a los 50 trabajadores del Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz y encomendó el pago a la agencia IDEA «con el visto bueno» de Agustín Barberá.

Los agentes aseveran que, en este caso, se han incumplido los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación «legalmente establecidos para el otorgamiento y concesión de subvenciones», a lo que se suma que «no se ha acreditado suficientemente el carácter excepcional de la ayuda» concedida.

Asimismo, «hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. Qué condiciones y/o requisitos deben de reunir los solicitantes de estas ayudas y cuál es la legislación que lo ampara», mientras que en el expediente «no consta la relación de beneficiarios de la ayuda».

Redención

«El dinero ingresado pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas», aseveran los agentes, que consideran que «desde el punto de vista policial, la responsabilidad penal corresponde a los intervinientes en dicha subvención, y en concreto a los responsables de la Administración de la Junta que decidieron conceder una subvención económica saltándose el procedimiento establecido para ello».

Asimismo, «puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias» por parte del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, «por su intervención directa en los hechos con los responsables de Empleo, para la consecución de la ayuda económica, prescindiendo del procedimiento establecido para ello».

La Guardia Civil critica también la actuación de la Consejería de Economía, que en febrero de 2013 acordó el archivo de las actuaciones del expediente de revisión de oficio sobre dicha ayuda al entender que no había existido mala fe de los trabajadores, una resolución que carece de racionalidad, dando la impresión de que con dicha actuación se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado.

PRISA PLANEA METER LA TIJERA EN 'EL PAÍS': PREPARA UNA QUINCENA DE SALIDAS EN EL PERIÓDICO

Rubén Arranz – vozpopuli.com

Los responsables del diario han anunciado recientemente a sus trabajadores su intención de rescindir entre 15 y 17 contratos, si es posible, de forma negociada. Prisa también ha anunciado recortes en otros medios, como la Cadena SER.

Las turbulencias financieras que afectan a Prisa en este inicio de 2017 causarán marejada en el diario El País. Los responsables de la cabecera han anunciado recientemente a sus trabajadores que en los próximos meses rescindirán entre 15 y 17 contratos -si es posible, de forma negociada- con el objetivo de reducir los costes de explotación.

El tijeretazo lo aplicarán pese a que el periódico ha cerrado los dos últimos ejercicios con sus cuentas en verde, algo que contrasta con la mala situación de la compañía editora, motivada por sus problemas de deuda.

La dimensión de la plantilla de El País se ha reducido considerablemente desde que arreció la crisis del papel. En 2009, trabajaban para este periódico un total 507 personas, mientras que, a finales de 2015, lo hacían 336.

Del total de las salidas, un total de 129 se produjeron a finales de 2012, cuando la empresa presentó un duro Expediente de Regulación de Empleo que, entre otras, afectó a algunas de sus firmas más conocidas.

En este tiempo, la tirada del diario se ha desplomado. Según los datos publicados por la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD), en 2009, el rotativo generalista más vendida de España difundía a diario 391.815 ejemplares de media, mientras que el pasado diciembre, un total de 194.005. Su cifra de negocios era entonces de 233 millones de euros, mientras que actualmente -pese al incremento de su facturación digital- es de 157,4 millones.

En la última reunión que mantuvieron los directivos de la cabecera con los representantes de sus empleados, les advirtieron de la necesidad de hacer un nuevo recorte de personal que afectará a “entre 15 y 17 personas”. En el encuentro, describieron el mes de enero como “desastroso” en cuanto a facturación publicitaria, en línea con lo que sucedió durante el último trimestre de 2016, han detallado a Vozpópuli fuentes internas.

Pérdida de calidad del periódico

Estas palabras contribuyeron a aumentar el malestar que existe en una buena parte de la plantilla con el rumbo del diario. El principal señalado, en este sentido, es su director, Antonio Caño, al que hace unos meses acusaban -a través del Comité de Redacción- de las carencias informativas que habían detectado en el rotativo.

"Los tiempos demandan modelos más estimulantes de trabajo en equipo, un ambiente más creativo que evite los riesgos de desafección hacia el producto que se está elaborando como consecuencia de la pérdida de la calidad informativa que constatamos”, le recriminaban, en uno de sus textos.

El recorte de personal que han avanzado los responsables de El País no será el único que se prevé en la compañía de los Polanco durante 2017. El pasado diciembre, directivos de Prisa Radio transmitieron a los sindicatos su disgusto por la caída de ingresos que tuvo lugar durante 2016, lo que -adelantaron- obligará a la empresa a aplicar un tijeretazo a su partida de gastos en el nuevo año.

En paralelo, hace unas semanas la compañía presidida por Juan Luis Cebrián encargó a Deloitte una auditoría para reestructurar sus negocios.

El objetivo de la consultora es analizar los recursos que Prisa destina a cada uno de sus proyectos y proponer posibles fórmulas para mejorar su eficiencia, bien a través de la 'digitalización' de determinados procesos o de la eliminación de duplicidades.

Dentro de la plantilla de Prisa, temen que este proceso termine con nuevos despidos en la compañía, más allá de los previstos en la Cadena SER y en El Pais. Mientras estas dudas se resuelven, sus ejecutivos buscan comprador para Santillana, una editorial que han puesto a la venta ante la imperiosa necesidad de obtener liquidez para pagar, antes del 31 de diciembre de 2018, un total de 965 millones de euros de deuda.

EL NUEVO DIRECTOR DE TELEMADRID NO RECURRIRÁ VARIOS PROCESOS DE NULIDAD DE DESPIDOS

EFE / Europa Press - Madrid

Telemadrid actualizará su logotipo sin renunciar a la estrella

Registró una audiencia del 4,5% en enero y ahora se enfoca a conseguir más público de menos de 45 años

Telemadrid está cambiando desde arriba. En menos de un mes el nuevo director, José Pablo López Sánchez, se ha bajado el sueldo un 28%, ha anunciado que no va a recurrir la nulidad de los despidos y además va a promover nuevas convocatorias de trabajo.

López Sánchez, ha recogido el guante lanzado por el comité de empresa y las organizaciones sindicales asegurando que la compañía tendrá "una nueva sensibilidad con los trabajadores", que se manifiesta con la orden dada para no recurrir varios procesos judiciales de nulidad de despidos.

En su primera comparecencia en la comisión de control del ente público en la Asamblea de Madrid tras su elección como director general, López Sánchez ha desgranado los cambios que pretende impulsar en Telemadrid, Onda Madrid y los servicios multimedia a partir de la toma de posesión de su cargo, el 22 de febrero en la sede de la cadena.

Unos cambios que también afectarán al logotipo de la nueva sociedad, que quiere actualizar contando con los profesionales de la casa pero sin renunciar a la estrella, al ser "un elemento identificador" de Telemadrid. "Me comprometo a generar una imagen de cadena unificada que podamos estrenar el 2 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad", ha dicho.

Si no consigue cumplir con esta "apuesta arriesgada" en cuanto al plazo, la otra opción es presentar la nueva imagen de la compañía e iniciar la nueva campaña de márketing el 15 de mayo, día de San Isidro.

En cualquier caso, la idea es que Radio Televisión Madrid cuente con una programación reestructurada a partir de septiembre a la que se puedan incorporar nuevos públicos, fundamentalmente jóvenes para los que Telemadrid "no forma parte de su hábito de consumo".

El nuevo director general de Telemadrid ha dejado claro que su primer objetivo es "recuperar la convivencia" en la televisión y la radio pública madrileñas.

"Después del ERE traumático que padeció la compañía, conviene no engañarnos sobre este tema, la convivencia quedó un poco envenenada", ha comentado en relación al expediente de regulación de empleo de 2013 que supuso el despido de 861 trabajadores.

"Profesionales y talento"

En su ánimo de priorizar a los empleados del ente público, ha avanzado que contará "de manera inexcusable" para formar parte del nuevo personal directivo con "los profesionales y el talento" que hay dentro de la propia compañía.

Además, en la página web de Telemadrid se habilitará un espacio en las próximas semanas para dar ideas sobre la nueva programación, en el que se valorarán los proyectos de ex trabajadores de la compañía.

Desde su elección en el Pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 12 de enero, López Sánchez ha revisado los procedimientos laborales abiertos por la compañía, donde hay 56 casos de personas afectadas por el ERE. Ha llegado a un acuerdo para desistir del recurso que la cadena interpuso con dos trabajadores cuyos despidos habían sido declarados nulos.

Además, ha dado la orden de cerrar un procedimiento contencioso administrativo que afectaba a diez empleados acogidos al convenio de mayores de 55 años y que "ahora se prolongará hasta los 63 y no hasta los 61".López Sánchez ha abogado por "aprovechar la inmensa infraestructura" de Telemadrid, para lo que propondrá a las empresas productoras de contenidos "un nuevo planteamiento de colaboración cuando venzan los actuales compromisos firmados".

"Mi intención es que los recursos técnicos y de espacio de Telemadrid no estén ociosos, que se usen para reducir el coste que esas producciones tienen dentro del presupuesto (...) como por ejemplo en el alquiler de espacios en las Torres Kio", ha señalado

En este punto, ha indicado que ha pedido un informe para conocer el estado de las infraestructuras técnicas de la compañía y las inversiones que serían necesarias para poder actualizarlas.

También ha anunciado que evaluará las necesidades de personal y estudiará la posibilidad de abrir convocatorias de trabajadores "fundamentalmente de carácter técnico".

En este proceso, como ya indicó, "se valorará de manera especial haber prestado servicio en Radio Televisión Madrid", una petición que ha trasladado a las productoras con las que colabora el ente público en el caso de que reciban candidaturas de ex trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid.

López Sánchez ha recordado su decisión de reducir su sueldo un 27,8 % hasta los 97.000 euros anuales brutos, y ha dicho que mantendrá el techo de gasto de su cargo en 600.000 euros.

En su comparecencia, manifestado su preocupación por la "caída de ingresos", por lo que ha defendido hacer una "revisión en profundidad del modelo comercial".

Por otro lado, ha anunciado que el consejo de administración de Telemadrid ya está trabajando en la elaboración de la carta básica, uno de los temas pendientes de la Ley de reforma junto con la creación de una nueva sociedad tras la fusión de las dos que configuraban el ente público, que será una realidad el próximo 1 de marzo.

EN MAREA DENUNCIA "FALTA DE TRANSPARENCIA" EN LAS AYUDAS A LA AUTOMOCIÓN

Vigo (Europa Press)

En Marea ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para reclamar información sobre las ayudas públicas que se dan al sector de la automoción, y ha denunciado la "falta de transparencia" de la Administración, especialmente desde 2012, a este respecto.

En una rueda de prensa, la diputada Alexandra Fernández, ha recordado que los últimos datos conocidos (2012) revelan que la automoción es una de las industrias que más subvenciones recibe. En concreto, según ha apuntado, el grupo PSA Peugeot Citroën ha recibido 66 millones de euros; a los que hay que añadir otros 35 millones en forma de créditos blandos, en el marco del Plan de Competitividad de la Automoción.

Fernández ha advertido de que esas ayudas públicas "no pueden ser un cheque en blanco", sino "un mecanismo" para incentivar el mantenimiento del empleo, la inversión en formación o en I+D+i. "Son fondos públicos que hay que fiscalizar y controlar", ha añadido.

A este respecto, ha puesto el ejemplo del gobierno portugués, que "en 2012 le quitó las ayudas a la planta de Mangualde (PSA) por incumplir su plan de inversión". Por contra, ha precisado, la inversión pública española en la industria del automóvil "no ha tenido repercusión" en el funcionamiento de las empresas, algunas de las cuales, como la propia planta de PSA en Vigo, ha recortado su plantilla y ha tenido que ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo.

"Hay 12.000 familias (en Galicia) preocupadas por el futuro del sector, y queremos que el Gobierno informe sobre las ayudas públicas, y sobre qué medidas y políticas va a implantar ante la permanente deslocalización de empresas", ha enfatizado la diputada de En Marea.

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