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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (18 DE FEBRERO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

LOS TRABAJADORES DE ZETA PREPARAN UNA NUEVA GUERRA JUDICIAL POR EL SUELDO DE SUS DIRECTIVOS

PODEMOS PIDE MÁS CONTROL DE LAS AYUDAS PÚBLICAS Y DENUNCIA EL CASO DE MODULTEC

LA TEXTIL REIG MARTÍ DE ALBAIDA PRESENTA UN ERE QUE AFECTA A LA MITAD DE LA PLANTILLA

AHORA GETAFE PIDE QUE EL AYUNTAMIENTO MEDIE EN LA HUELGA DE CORRUGADOS

INABENSA PLANTEA UN ERTE QUE AFECTA A 177 TRABAJADORES Y UN ERE PARA 74 EMPLEADOS,

LA AUDIENCIA NACIONAL FALLA CONTRA LA EMPRESA ATENTO POR VULNERAR LOS DERECHOS DE 861 MUJERES CON REDUCCIÓN DE JORNADA

EL GOBIERNO HA PRECARIZADO EL CONTRATO A MILES DE INVESTIGADORES

GRITOS DE LOS TRABAJADORES DE AENA ANTE LA CEOE EN PROTESTA POR LA PRIVATIZACIÓN

TRES DESPIDOS EN ABC: LA PRIMERA CONSECUENCIA DEL PLAN DE AJUSTES DE VOCENTO

FCC “CHANTAJEA” AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CON 3 NUEVOS DESPIDOS

PRIMERA PROTESTA DE LA PLANTILLA DE CAPRABO EN LA ROCHAPEA POR LOS 18 DESPIDOS

EL "PLAN DE BAJAS" EN EL DIARIO EL PAÍS SE APLICARÁ DURANTE "TODO EL 2017"

CCOO Y UGT INICIAN EN CATARROJA SUS CONCENTRACIONES CONTRA EL DUMPING SOCIAL

LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA EN FUENLABRADA RECLAMAN "APOYO Y SOLIDARIDAD" A LOS NAVARROS

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LOS TRABAJADORES DE ZETA PREPARAN UNA NUEVA GUERRA JUDICIAL POR EL SUELDO DE SUS DIRECTIVOS

Rubén Arranz - vozpopuli.com

Alrededor de 600 trabajadores de ‘El Periódico de Catalunya’, ‘Sport’ y varias revistas denunciaron al Grupo Zeta hace unos meses, al entender que sus directivos no se habían bajado el sueldo en la medida en que se comprometieron en 2014.

La Audiencia Nacional desestimó la demanda por un error de forma. Los afectados han anunciado que recurrirán la sentencia. Quieren una indemnización…

El período de paz armada que se instauró en el Grupo Zeta después de que la Audiencia Nacional fallara en contra de sus trabajadores en el juicio contra el “alto sueldo” de sus directivos finalizará en los próximos días.

Una buena parte de los empleados del holding de los Asensio presentará una nueva demanda ante los tribunales para intentar demostrar que los miembros del staff de la compañía no se bajaron el salario en la medida en que se comprometieron en 2014, cuando se acordaron las condiciones del ERTE que sigue vigente entre su plantilla, según han avanzado fuentes implicadas en este litigio.

Durante el proceso, exigirán una indemnización, toda vez que sus nóminas han incluido durante todo este tiempo la rebaja del 9% comprometida con la empresa.

En el caso de que el tribunal acepte este argumento y obligue al Grupo Zeta a devolver todo el importe del ERTE, la empresa tendría que hacer frente a un gasto extraordinario de 21 millones de euros, según sus propios cálculos.

Los sindicatos consideran esa cifra “exagerada” y aseguran que la cantidad que tendrían que devolver a sus trabajadores sería de alrededor de 131.000 euros, que se corresponden con la diferencia entre el 7% que ha disminuido el sueldo del personal de fuera de convenio desde 2014 –al que pertenecen los directivos- y el 9% que debería haber alcanzado.

La Audiencia Nacional falló el pasado 9 de enero en contra de los representantes de estos 600 trabajadores al entender que su demanda incluía algunos defectos de forma –acumulación indebida de acciones-. En esa ocasión, no se pronunció sobre el fondo del asunto, lo que ha impulsado a los afectados a abrir un nuevo frente judicial.

Según argumentaron los representantes legales de los trabajadores durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, la bajada de salarios que se pactó en 2014 entre la empresa y el personal de convenio se ha cumplido “a rajatabla” y “sobre todos los conceptos retributivos”, incluidos los variables, como los domingos, las nocturnidades, las guardias o el kilometraje.

A su juicio, no ha ocurrido así con el salario del personal de fuera de convenio –donde se encuentran sus directivos- que solo ha decrecido el 6,9%, según se detalla en los informes de la Comisión de Seguimiento del ERTE.

La empresa asegura que todos sus directivos, salvo dos, cobran menos que en 2014. En ambos casos, como medida para evitar su marcha.

La empresa afirmó durante el proceso que dicho personal de fuera de convenio no estaba afectado por este Expediente pero que, aun así, su salario fijo se ha reducido el 9% y que solo en dos casos no se ha hecho para evitar su marcha de la empresa.

Y añadió: “Hay 50 personas de convenio a las que se les ha subido el sueldo. De los que están fuera de convenio, cuatro cobran menos de 52.000 euros y no se les ha aplicado una reducción, incluso cobran menos que algunos de sus subordinados”.

Los efectos de la crisis

En el periodo comprendido entre 2008 y 2016, el Grupo Zeta ha perdido un 60% de sus ingresos en el área general, un 52% en prensa y un 50% en revistas, lo que le ha obligado a reducir sus gastos de producción, así como sus costes internos y de personal, según se expone en el fallo de la Audiencia Nacional.

Hace unos años, la compañía empleaba a 2.500 trabajadores, mientras que actualmente a algo más de un millar. En 2009, planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que segó 442 puestos de trabajo; en 2011, una reducción del salario del personal fuera de convenio (10%) y, en 2012, una bajada de los sueldos de la plantilla que osciló entre el 5 y el 10%.

En 2014, la compañía pidió un nuevo esfuerzo a sus empleados, consistente en aceptar una rebaja del 9% del salario y de los variables y del 10% de las horas de trabajo. Entonces, sus sindicatos exigieron que sus directivos hicieran un sacrificio y redujeran su salario en la misma medida que el resto de sus trabajadores. A eso se comprometieron, aunque ahora los empleados incluidos en el convenio critican que no hayan cumplido su promesa. La empresa rechaza este supuesto.

En este tiempo, la compañía presidida por Antonio Asensio Mosbah ha conseguido refinanciar su deuda financiera y ha cerrado la entrada en el accionariado de El Periódico de Catalunya de la familia Lara y del inversor Domingo Muguira. En 2015, logró unos beneficios de 13,2 millones de euros gracias al considerable aumento de sus ingresos financieros y a la venta de algunos activos.

PODEMOS PIDE MÁS CONTROL DE LAS AYUDAS PÚBLICAS Y DENUNCIA EL CASO DE MODULTEC

EFE - Oviedo

El partido propone crear un registro público de beneficiarios disponible online sobre las ayudas públicas gestionadas por la Consejería de Empleo del Principado

Podemos propone crear un registro público de beneficiarios disponible online sobre las ayudas públicas gestionadas por la Consejería de Empleo, a la que reclama "mayor inquietud" ante la situación de la empresa Modultec, donde denuncia dobles facturas por 102.000 euros, del total de 3,5 millones en ayudas tramitadas por el IDEPA.

Los diputados regionales de Podemos Lorena Gil y Enrique López así lo han afirmado durante la rueda de prensa sobre supuestas irregularidades detectadas en Modultec, compañía creada en 2001 con asignación de ayudas, algunas de ellas dirigidas a la contratación de mujeres.

Modultec cuenta en la actualidad con 54 empleados tras varios expedientes de regulación de empleo, uno de ellos parcial en el que resultaron despedidos 42 trabajadores, entre ellos 12 de las 15 mujeres del total de 90 empleados que tenía en plantilla.

El próximo día 20 de febrero está previsto el juicio tras la denuncia presentada por los trabajadores de la empresa por las "irregularidades" que se han dado en el ERE.

La representación de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo ha recordado que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconocen que se ha vulnerado la libertad sindical y que existió discriminación por ser mujeres en el despido de empleados.

Gil ha conminado a la Consejería a aplicar la máxima transparencia a los fondos otorgados desde su departamento a través de cualquiera de sus organismos para que no se repitan casos como el de la Fundación Barredo.

La formación morada ha propuesto la creación de registros públicos de beneficiarios disponibles online con nombres de empresa, lugares, importe y proyectos con seguimiento de las solicitudes, cumplimiento, pago y control.

También propone que la documentación que figure en internet ofrezca los plazos de compromisos que permitan a cualquier persona, trabajador o empresa competidora denunciar los abusos y los fraudes que se cometan, que acaban siendo un secreto a voces del que el último en enterarse parece ser siempre el director general de turno o el consejero, han afirmado.

Para Gil, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo respecto al control de los fondos ha sido "legalista, pero no suficiente", ya que ha circunscrito la transparencia a un "mera publicación de beneficiarios" en el BOPA.

Enrique López ha indicado que el consejero Francisco Blanco le ha remitido a que denunciara en el juzgado la existencia de las facturas "falsificadas" que revelan que se cometieron "irregularidades" en el caso de las dobles facturas por las subvenciones recibidas de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt).

LA TEXTIL REIG MARTÍ DE ALBAIDA PRESENTA UN ERE QUE AFECTA A LA MITAD DE LA PLANTILLA

Toni Cuquerella - eldiario.es

La empresa fundada en 1951 llegó a su cima en los años 90 con 250 trabajadores, ahora, con el ERE, se quedará con 55

Imagen de una protesta de los trabajadores de Reig Martí ->

http://images.eldiario.es/fotos/Imagen-protesta-trabajaodres-Reig-Marti_EDIIMA20170215_0122_19.jpg

La empresa de ropa de hogar Reig Martí, situada en Albaida, ha presentado un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afecta a 55 de sus 110 trabajadores, es decir, la mitad de su plantilla.

La medida se produce, según informa CCOO, después de tres años de deudas acumuladas, con sucesivos impagos de salarios y movilizaciones constantes. Así la dirección ha presentado ahora un expediente de regulación, acompañado de concurso voluntario de acreedores.

Paralelamente a las acciones de protesta, que han sido secundadas mayoritariamente por la plantilla, la empresa ha ido compareciendo a varias demandas por salarios adeudados, presentadas por afiliados y afiliadas a CCOO de industria, que ha propiciado la puesta al día de sus deudas salariales en los actos de conciliación.

Reig Marti, en funcionamiento desde 1951, alcanzó su máximo esplendor en los años 90, encumbrada en una ambiciosa campaña publicitaria protagonizada por el actor Lorenzo Lamas y el recordado lema "el rey de las camas", que situó la empresa en las máximas cuotas de ocupación, llegando a contar con más de 250 personas. "La deriva de la producción, a terceros países, añadida a la falta de estrategia empresarial, en un sector, y en una comarca azotada por la crisis, y el dumping, ha llevado a la empresa a una situación -a juicio de CCOO- insostenible".

AHORA GETAFE PIDE QUE EL AYUNTAMIENTO MEDIE EN LA HUELGA DE CORRUGADOS

Alex Castellano – noticiasparamunicipios.com

Presentarán una moción para que desde el Ayuntamiento se inste a la dirección del Grupo Gallardo Balboa SL a que se siente a negociar con los representantes de los trabajadores

El Grupo Municipal de Ahora Getafe presentará una proposición al Pleno para que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la lucha de los trabajadores de la empresa Corrugados que han comenzado una huelga ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo.

En la moción también se pide que desde el Ayuntamiento se inste a la dirección del Grupo Gallardo Balboa SL a que se siente a negociar con los representantes de los trabajadores, que tienen previsto continuar la huelga hasta el mes de abril.

Ahora Getafe ha denunciado “la situación de explotación a la que se ven sometidos por parte de la dirección de la empresa”, por lo que apoyará todas las acciones emprendidas por los trabajadores para conseguir que Corrugados se siente a negociar y acepte las demandas de los trabajadores para un empleo digno.

También han recordado que esta empresa ya acometió un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2012, lo que supuso el cierre de la planta de Getafe en un primer momento, aunque la Audiencia Nacional dictaminó la reapertura del centro de trabajo, dando a elegir a sus empleados entre la extinción de sus relaciones laborales o la reincorporación, siempre y cuando aceptaran reducirse su salario entre un 31,5% y un 36,5%.

De este modo, la plantilla quedó mermada pasando de 206 trabajadores a 106, “lo que aprovechó la empresa para cercenar los derechos de los trabajadores y bloqueando ahora la negociación del convenio colectivo, pese a que la producción y los ingresos de Corrugados han mejorado notablemente”.

INABENSA PLANTEA UN ERTE QUE AFECTA A 177 TRABAJADORES Y UN ERE PARA 74 EMPLEADOS,

Europa Press / lainformacion.com 

Abengoa Valencia Provincia de Huelva Provincia de Las Palmas Alcalá de Henares Provincia de Murcia Provincia de Barcelona Provincia de Zaragoza Despidos Y Reducciones De Tamaño De La Plantilla Despidos Contratos/normas De Trabajo Empleados

Esta decisión afecta a empleados de los centros de trabajo de València y Alicante, entre otros

La compañía Abengoa ha propuesto un nuevo expediente de regulación suspensivo (ERE) y otro temporal (ERTE) para Inabensa, que afectarán a un total de 251 trabajadores, en concreto, a 74 por la extinción de contratos y a 177 por la suspensión de contrato durante un periodo de 18 meses, en los centros de trabajo en Huelva, Sevilla Torrecuellar, Alicante, Las Palmas, Almaraz, Vigo, Alcalá de Henares, Manuel Pombo Angulo, Murcia, Sabic Cartagena, Barcelona, Zaragoza, Vizcaya Derio y València.

Así lo ha señalado el secretario general de MCA-UGT-Sevilla, Manuel Ponce, en declaraciones a Europa Press, quien ha indicado que la próxima reunión tendrá lugar el día 22 de febrero, para la que tendrán que dar una respuesta, después de analizar y valorar la documentación facilitada por la compañía y conocer los argumentos de la empresa para tomar la medida de un nuevo expediente, "ocho meses después del que afectó a 291 empleados".

Ponce, en una primera valoración, ha señalado que el nuevo expediente afecta a "un número excesivo de trabajadores", sobre todo, tras el plan de viabilidad de la compañía, con el que "entendíamos que la situación iba a ser mejor", incluso, según ha añadido, "sin necesidad de otro expediente".

Cabe recordar que Inabensa (participada por Abengoa) llevó a cabo en verano de 2016 un expediente de regulación de empleo (ERE) para 72 trabajadores y un ERTE de ocho meses para 220 empleados. Además, para los mayores de 59 años, se acordó un ERTE de hasta dos años, por el que los trabajadores según vayan cumpliendo 61 años se irán acogiendo a la jubilación parcial y se crearía un contrato relevo.

En el caso del ERE, 72 despidos eran forzosos, pero se abrió la posibilidad de que otros 78 trabajadores se adhieran de forma voluntaria a su extinción de contrato. La indemnización en ambos casos era 20 días por año trabajado, más 4.700 euros lineales.

LA AUDIENCIA NACIONAL FALLA CONTRA LA EMPRESA ATENTO POR VULNERAR LOS DERECHOS DE 861 MUJERES CON REDUCCIÓN DE JORNADA

Rafael J. Álvarez - elmundo.es

Afecta a personas con hijos a cargo o víctimas de violencia de género

Concentración de trabajadores de Atento durante una jornada de 24 horas de huelga

La empresa contratada por Telefónica "no negoció con buena fe en materia tan delicada"

Al partir las jornadas laborales rompió el derecho a la igualdad y ofreció información "sin autenticidad y no precisa"

"Es significativo que el juez aperciba a la empresa por el derecho a la conciliación en un marco de cuidado de hijos y violencia machista" dice CSIF

La Audiencia Nacional ha anulado una reorganización laboral ejecutada por Atento, una empresa de marketing contratada por Telefónica que cuenta con 2.789 empleados, al estimar que vulneró el derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo de 861 trabajadoras que tenían reducción de jornada por cuidado de hijos o, en algunos casos, por razones de violencia de género.

Además, el tribunal entiende que la compañía "no negoció de buena fe" con los representantes de los trabajadores, no aportó la documentación pertinente, no debatió sobre la situación de las empleadas "en materia tan delicada" y obstruyó las razones por las que quería aplicar la medida a las trabajadoras con jornada reducida por guarda legal o violencia machista.

Por razones de productividad, la empresa pretendió modificar las condiciones de trabajo de atención al público partiendo en dos la jornada de los empleados y empleadas que la tenían reducida y mantuvo su idea pese a las cinco reuniones celebradas con sindicatos en ocho comunidades autónomas durante los meses de octubre y noviembre del año pasado.

Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, firmada el lunes 13 de febrero, dictamina que hubo una "falta absoluta de criterios selectivos, especialmente para trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género", sostiene que durante el periodo de consultas la empresa se negó a negociar la situación de las trabajadoras con reducción de jornada, estima la demanda de los sindicatos y ordena eliminar el cambio acometido por la empresa.

"Es muy significativo el pronunciamiento del juez sobre la actuación de la empresa hacia sus empleadas y el derecho a la conciliación, porque, aunque no estaba obligado a hacerlo, ya que había decretado la nulidad por causas formales, el ponente apercibe a Atento por actuar con mala fe en una negociación laboral donde hay circunstancias como el cuidado de hijos o mayores dependientes y medidas de protección por violencia de género".

Lo dice la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que también está implantada en el sector privado, y es una de las 10 organizaciones sindicales que demandaron a la empresa subcontratada por Telefónica.

Cambio de horario de atención al público

El conflicto arranca el 30 de septiembre de 2016, cuando Telefónica informa a Atento de que a partir del 14 de noviembre va a reestructurar el horario de "atención al gran público" circunscribiéndolo de 9.00 horas a 22.00 horas.

Diez días después, el 10 de octubre, Atento comunica a las secciones sindicales estatales y los comités de empresa de los centros de trabajo de Barcelona, Bilbao, Córdoba, A Coruña, Jaén, León, Lleida, Madrid, Sevilla, Toledo y Valencia su intención de acometer una "modificación sustancial" de condiciones de trabajo en materia de jornada, horarios y sistema de libranza que afectaría inicialmente a un millar de trabajadores invocando causas productivas y organizativas, según la sentencia.

Durante ese periodo de consultas entre empresa y sindicatos, 39 hombres y 861 mujeres tenían jornada reducida por guarda legal o violencia de género y otras 84 peticiones de reducción de jornada fueron suspendidas por Atento.

Tras cinco reuniones entre la empresa y los sindicatos, Atento comunica que ejecutará la medida a partir del 14 de noviembre, fecha que había fijado Telefónica.

Los 10 sindicatos presentaron una demanda de conflicto colectivo, razón por la que se enfrentaron a la empresa en la Audiencia Nacional. Mientras los representantes de los trabajadores adujeron discriminación y no justificación de la modificación en razones productivas, la compañía aseguró que sí negoció, que lo argumentó, que aportó documentación, que ofreció pactos individuales e incluso que Telefónica había comunicado sus reducciones de servicio a otros proveedores y que éstos habían llegado a acuerdos.

Falta de información

Sin embargo, la sentencia afirma que Atento se limitó a dar información cuantitativa siendo exigible una cualitativa. "Atento decidió ahorrarse la elaboración de una memoria, para que los representantes de los trabajadores pudieran comprender los problemas y las soluciones, y de un informe técnico que acreditara la concurrencia de los cambios organizativos", escriben los tres magistrados.

La sentencia es tan dura con la compañía que subraya que no sólo no explicó las fuentes de sus datos, sino que "tenía más interés en convencer al tribunal que a los representantes de los trabajadores". Y remata asegurando que Atento dio a los sindicatos información "ingente", pero "sin autenticidad y no precisa".

Con esas tesis, la Audiencia decide anular la medida. Pero, acto seguido, el ponente, Ricardo Bodas, abre un puñado de folios para afear a la empresa su conducta discriminatoria ante derechos consagrados en la Constitución.

En una potente defensa de los derechos a la igualdad o la conciliación familiar y laboral, el magistrado señala que, salvo en la última reunión, Atento no debatió sobre la afectación de los trabajadores, "lo cual quiebra de manera frontal la exigencia de negociar de buena fe en materia tan delicada".

Afirma que la compañía cambió el horario a trabajadores sin comprobar caso por caso y que la medida se aplicó "sobre un colectivo especialmente protegido, sobre el que no se ha hecho el más mínimo esfuerzo negociador". "La empresa no negoció de buena fe y obstruyó las razones por las que quería aplicar la medida a trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género (...) Esos trabajadores tienen derecho a elegir el periodo de reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria".

Así, según la última parte de los 35 folios de la sentencia, la Audiencia Nacional asegura que Atento "ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación por sexo, consagrados en el artículo 14 de la Constitución, y el derecho a la libertad sindical".

EL GOBIERNO HA PRECARIZADO EL CONTRATO A MILES DE INVESTIGADORES

Sofía Pérez Mendoza - eldiario.es

Empleo ha cambiado el contrato de los licenciados que están haciendo la tesis en la universidad utilizando las prórrogas y sin avisar, algo que es ilegal, según los expertos

Para cambiar las condiciones laborales tendrían que haber firmado un nuevo contrato, ya que las prórrogas solo se pueden usar para modificar la vigencia del contrato

UGT interpreta que el ministerio ha hecho el cambio para cerrarles la vía judicial con la que adquirir la condición de indefinidos

El Ministerio de Empleo ha precarizado ilegalmente los contratos de miles de investigadores contratados por las universidades y el CSIC mientras hacen la tesis doctoral.

Los expertos consultados por eldiario.es coinciden en que la conversión de sus contratos, que dejan de ser por obra y servicio y ahora son en prácticas, utilizando las prórrogas y sin comunicación previa, no se ajusta a la legalidad. Para cambiar las condiciones laborales tendrían que haber firmado un nuevo contrato.

Los contratos de los investigadores, financiados con fondos del Ministerio de Educación (FPU) y de Economía (FPI), son de un año con tres prorrogables año a año. En el inicial, donde se establece la relación contractual, todos firmaron bajo el código 401.Ha sido en las prórrogas donde se han modificado, sin ponerlo en conocimiento de los afectados, la codificación de la Seguridad Social: de 401 a 410. Un cambio que no puede hacerse en estas renovaciones porque "sirven solo para modificar puntualmente el plazo de vigencia del contrato y nada más", asegura un experto en Derecho Administrativo.

Este cambio no comporta variaciones en el salario y apenas en la cotización pero deja a los investigadores, por ejemplo, sin tarjeta sanitaria europea. Precisamente los afectados se han enterado de lo ocurrido al serle denegado el documento (ahora solo pueden recibir un certificado que les cubre 90 días), pese a que algunos tienen estancias en el extranjero por motivos laborales.

 Los investigadores tampoco podrían, una vez cumplido su periodo de contrato en prácticas, ser contratados después de presentar la tesis por una empresa con estas mismas condiciones.

El Gobierno, además, ha cambiado los contratos con carácter retroactivo, pese a que la orden interna de la Seguridad Social dice que la conversión se hará en las "altas", es decir, en los contratos firmados desde entonces. Esto significa que en la vida laboral de los investigadores no hay ni rastro de que tuvieron un contrato por obra y servicio.

Aparece, pese a haber firmado otra cosa, que su contrato desde 2014 es en prácticas. Este hecho es incompatible también con la ley porque excede el tiempo máximo que es posible mantener una relación contractual en formación: dos años.

El Ministerio de Empleo, pese a reconocer el problema de las tarjetas sanitarias, insiste en que el cambio es solo "de nomenclatura" y asegura que "no tiene consecuencias laborales" para los trabajadores. "Estamos investigando lo de las tarjetas porque estos investigadores necesitan viajar", dice un portavoz del Ministerio.

La cartera que dirige Fátima Báñez explica a eldiario.es que los contratos tal y como estaban "generaban conflicto" por incompatibilidad de la Ley de la Ciencia con la legislación laboral general, y que la modificación responde a una petición de los rectores universitarios (CRUE) para que sus instituciones puedan beneficiarse de bonificaciones por contratación.

"Es inaudito que se justifique que han incurrido en algo de muy dudosa legalidad porque se lo han pedido las universidades", afirma la experta laboralista Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo y Seguridad Social de UGT.

Otro catedrático del Derecho del Trabajo consultado por este medio argumenta que el hecho de que los investigadores hayan firmado sin saberlo (o incluso si fuera con conocimiento) las prórrogas con cambios no permite a la Administración utilizarlo en su contra, en virtud del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores.

La Ley de la Ciencia establece en su artículo 21 que los contratos predoctorales, un tipo que crea la norma, son en formación y de duración determinada. Sin embargo, no se designa para ellos un código especial de la Seguridad Social cuando no hay ninguna figura en la legislación laboral que encaje con estas dos condiciones, algo que también admite el Ministerio de Empleo.

Cerrar la vía para reclamar derechos

UGT interpreta la decisión como una maniobra del Gobierno para evitar que los trabajadores puedan recurrir a la vía judicial para reclamar sus derechos. Por un lado, acogerse al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que permite (y así los respaldan cientos de sentencias) adquirir la condición de indefinido si el asalariado ha encadenado contratos durante 24 meses en los últimos 30.

De este derecho están excluidos los contratados en prácticas y algunos contratos especiales de la Ley de Ciencia. No los de obra y servicio aun con condiciones "especiales", interpretan los expertos consultados, porque se entiende que es un código de contrato que se enmarca dentro de la legislación laboral general.

Por otro lado, esta conversión deja fuera del alcance de los investigadores la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce los mismos derechos en cuanto a indemnización a los interinos (temporales) que a los fijos. Según las nuevas condiciones, los predoctorales ya no son temporales sino en formación y quedan excluidos de la posibilidad de reclamarla.

Gritos de los trabajadores de AENA ante la CEOE en protesta por la privatización

Decenas de trabajadores de la empresa pública AENA, convocados por la CGT, se concentraron el 15 de febrero, frente a la sede de la patronal CEOE.

GRITOS DE LOS TRABAJADORES DE AENA ANTE LA CEOE EN PROTESTA POR LA PRIVATIZACIÓN

Juan Carlos Arias

http://www.izquierdadiario.es/local/cache-vignettes/L653xH368/la_foto_1-4-1d963.jpg?1487199766

Decenas de trabajadores de la empresa pública AENA, 51% de capital en manos del Estado actualmente, convocados por la CGT, se concentraron el día 15 de febrero, frente a la sede de la patronal CEOE, en protesta por la privatización iniciada hace dos años, justo ese día, y el reciente ingreso de AENA en la CEOE.

Mostrando así el absoluto rechazo de los trabajadores ante la entrada de una empresa pública como es AENA en una organización empresarial absolutamente contraria a los derechos de los trabajadores además de corrupta puesto que está afectada por abundantes casos de corrupción en lo que fueron sus cúpulas.

La protesta discurrió entre gritos contra la cúpula empresarial por los casos de corrupción que han afectado directamente a la dirección empresarial, sobre todo dirigidos contra Díaz Ferrán; además se dieron cánticos y gritos también contra la reforma laboral y la necesidad de una huelga general para derogarla; también se corearon eslóganes demandando cuestiones esenciales en el sector público como: ¡¡¡AENA, pública y social!!!; o contra la precariedad: ¡¡Precariedad, terrorismo empresarial!!!

El motivo de la protesta, además de dirigirse contra la entrada en la CEOE y denunciar públicamente la privatización de AENA, planteaba una lucha decidida contra las posibles intenciones de abrir nuevos procesos privatizadores que amplíen el ya iniciado justo dos año atrás, y por el cual salió a bolsa el 41% del capital de AENA.

Por eso y por la lucha también contra la precarización laboral de las plantillas y el retroceso en los derechos laborales fundamentales se ha iniciado una campaña de movilizaciones desde CGT AENA.

El Proceso privatizador, como denuncian desde CGT AENA, que se inició hace dos años está plagado de sombras puesto que solo ha servido para facilitar un enorme pelotazo financiero a los fondos de inversión que entraron en la adquisición de capital.

Los beneficios de los fondos de inversión han sido enormes si tenemos en cuenta que el precio de la acción salió a 51 € y rápidamente se situó en el entorno de los 100 €, es decir un 100% de plusvalías en nada de tiempo. Actualmente se cotiza en el entorno de los 136 euros.

Además la oferta de las acciones se dirigió casi en exclusiva a los grandes fondos de inversión internacionales, tan solo un 2% se reservó para pequeños ahorradores.

De hecho uno de los fondos más importantes que cubrió hasta el 11% de las acciones fue el fondo de capital británico TCI. Fondo, además, que ha iniciado contacto con el gobierno de Rajoy para solicitar una ampliación de la privatización de AENA.

Las reivindicaciones fundamentales que van a ser protagonistas de esta campaña recién iniciada, según la nota de prensa de CGT AENA, son:

• Por la erradicación de la temporalidad. Contra la precarización creciente en las condiciones de trabajo en los aeropuertos, AENA y el Sector Aéreo en general. En apoyo a la huelga indefinida de los Chaquetas verdes del Aeropuerto de Barajas.

• Por la recuperación de la calidad y la seguridad, Contra los recortes, el abaratamiento y el deterioro del servicio en los aeropuertos, AENA y el Sector Aéreo.

• Por la gestión del Sector Aéreo, de AENA y los aeropuertos en interés y beneficio general, por lo público y lo común contra la privatización y las maniobras y planes especulativos que perjudican a trabajadores y usuarios.

• Por la conciliación de la vida social y familiar y contra las Coberturas Obligatorias de Servicio (COS).

En la concentración, Juan Antonio, dirigente de la CGT AENA, nos declaró a Izquierda Diario que es especialmente sangrante la situación que se está viviendo entre las plantillas como consecuencia de las Coberturas Obligatorias de Servicio (COS).

Así, nos señaló que “aunque legalmente se establecen un máximo de 80 horas, se está forzando a los trabajadores a realizar horas extraordinarias hasta un total, incluso, de 200 horas”. Frente a esta situación y la rebeldía de los trabajadores son continuas las amenazas empresariales, intentando imponer el miedo con medidas disciplinarias muy duras.

Nos llegó a indicar que “se están produciendo despidos por esta causa a con indemnizaciones de 20 días por año”, añadiendo que aunque las empresas saben que esta práctica es ilegal “ te remiten a los tribunales y mientras llegan las sentencias, aunque fueran desfavorables para la empresa, ellos siguen actuando” y remarcó “es un auténtico secuestro a los trabajadores”.

Por otra parte, también denunció la enorme bajada que se ha producido en las licitaciones de los servicios privatizados por lo que las condiciones de precariedad, los ERTE’s y ERE’s y todo tipo de desmanes empresariales son moneda común en el sector.

TRES DESPIDOS EN ABC: LA PRIMERA CONSECUENCIA DEL PLAN DE AJUSTES DE VOCENTO

El grupo anunció el pasado mes 20 salidas y una bajada de sueldo de la plantilla del 10%. La redacción inició una huelga de firmas

Vocento ha comunicado el despido de tres trabajadores de ABC. Esto se produce en un contexto de crisis en el periódico tras anunciarse un plan de recortes que conllevaría 20 bajas voluntarias y pactadas y la reducción del salario en un 10%. 

La empresa comunicó el mes pasado al comité su intención de poner en marcha un plan de bajas que afectará a alrededor de 20 trabajadores del diario. La intención de Vocento es que la mayoría de las salidas sean pactadas y consensuadas.

Además, se ejecutará una reducción del 10% de la masa salarial que afectará a toda la plantilla y supondrá un ahorro de 1,15 millones de euros.

Por esta razón, el comité de empresa de ABC anunció una huelga de firmas que afectaría tanto a la web como a la edición en papel. Esta medida se ha llevado a cabo para “presionar” al equipo directivo de la empresa que preside Luis Enríquez en respuesta al plan de ajustes.

Tres despidos en el departamento comercial

Tras la huelga, tres trabajadores del departamento comercial de ABC han recibido su carta de despido.

El comité de empresa manifiesta su rechazo ante los despidos llevado a cabo por la dirección. Perciben esta medida como “una agresión a la plantilla y un ejemplo del proceso de sustitución de profesionales con un sueldo digno en detrimento de otros con salarios precarios”.

Estos tres despidos se suman a las cuatro bajas consensuadas que ya se han llevado a cabo desde que se anunció el plan de bajas que afectará a unos veinte trabajadores.

FCC “CHANTAJEA” AL AYUNTAMIENTO CON 3 NUEVOS DESPIDOS

Gasteiz Hoy

El Ayuntamiento reclama el cumplimiento íntegro del contrato, que en su oferta hablaba de 364 trabajos

FCC asegura ahora que no puede hacer el trabajo por el precio que presentó

FCC ha despedido a tres nuevos trabajadores de la contrata de limpieza. Con estos son ya 8 los despidos que se han producido recientemente y suponen un incumplimiento del contrato de limpieza. Despidos por motivos económicos, según se refleja en las cartas de despido remitidas a los trabajadores.

El contrato actualmente no se está cumpliendo tras estos despidos, porque establecía que en plantilla debe haber 364 trabajadores fijos.

El Ayuntamiento ha exigido a la empresa que restituya todos los puestos. En caso de no hacerlo el Ayuntamiento amenaza con un expediente sancionador “muy grave”.

EH Bildu considera un “chantaje” que la contrata esté recurriendo a los despidos para reclamar un incremento de la cantidad del contrato.

“La empresa asegura que está perdiendo 3,1 millones de euros con este contrato, y alude al absentismo como causa de estas pérdidas”, ha asegurado el concejal de Medio Ambiente Iñaki Prusilla, que ha recordado que FCC rebajó porque quiso el precio de la adjudicación.

FCC+GMSM se adjudicó la gestión de la limpieza en Vitoria-Gasteiz gracias, entre otras cosas, a una oferta a la baja. Sin embargo ahora FCC asegura que no puede cumplir con lo firmado.

En el último año el Ayuntamiento ha descontado casi un 5% de la factura, al no haber realizado la empresa servicios por este importe. Los expedientes han sido recurridos y llevados a los tribunales por parte de la empresa.

En los despidos conocidos están el médico y la enfermera de la empresa, así como una operaria. El contrato recoge la obligación de que exista personal sanitario en la UTE.

Presiones al Ayuntamiento

Estos despidos se vienen repitiendo en las últimas semanas, y muchos lo atribuyen a las presiones de la empresa tras haber recibido multas del Ayuntamiento por no hacer su trabajo.

El consistorio ha aumentado el control sobre FCC, y la contrata ya no puede ‘escaquearse’ de realizar algunos servicios. La empresa estaba llamada a comparecer en el Ayuntamiento, pero no lo hará finalmente. Sí comparecerá a las 12:30 Iñaki Prusilla.

El contrato de FCC cuesta anualmente cerca de 23 millones de euros al Ayuntamiento. Sin embargo en el primer año de vigencia del nuevo pliego FCC se ha ‘olvidado’ de realizar servicios por valor de 1 millón de euros. El cálculo final, de 938.000€, es el resultado de los servicios no prestados por la UTE menos los servicios prestados de forma adicional al contrato solicitados por el Ayuntamiento.

Desde EH Bildu han denunciado estos 8 despidos y piden investigar a la UTE: “Estas empresas se saltan los procedimientos municipales sin ningún tipo de rubor.

Es hora de tomar medidas y por eso instamos al gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para estudiar la posibilidad de que sea el propio ayuntamiento el que gestione de forma directa el servicio de limpieza”, ha señalado el concejal de EH Bildu Gasteiz, Aitor Miguel.

Aitor Miguel ha mostrado su preocupación porque la empresa justifique los despidos y la falta de cumplimiento de servicios por falta de beneficios: “La empresa ofertó los servicios en ese precio y ella es la responsable de realizar las cuentas para garantizar que lo que ofrece es viable”.

Además ha denunciado que actualmente “faltan 50 puestos en la calle y sobran 20 en la estructura del Ayuntamiento, lo que explica posiblemente la suciedad que hay en Vitoria-Gasteiz”.

El concejal Iñaki Prusilla ha desvelado también las amenazas de FCC+GMSM por reunirse con el Comité de Empresa: “Desde la empresa se nos dice que consideran casi ilegal que nos reunamos con el comité de empresa, pero lo seguiremos haciendo”.

Desde Irabazi han denunciado la actitud de una de las empresas pertenecientes a ‘la mafia de las basuras‘ y Podemos ha reclamado la reversión del contrato.

“Si no puede cumplir las acciones a las que se ha comprometido que nos lo deje”, ha asegurado Peio López de Munain, y ha defendido al igual que Podemos, Irabazi y EH Bildu la gestión directa. Iñaki Pruseilla ha recordado que la remunicipalización del servicio no conllevaría que todos los trabajadores fuesen absorbidos directamente por la estructura municipal.

Desde el PP han pedido al Ayuntamiento que intervenga en el conflicto entre la empresa y los trabajadores, y ha reclamado al PSE y al PNV que se pongan de acuerdo sobre la idea o no de municipalizar el servicio.

PRIMERA PROTESTA DE LA PLANTILLA DE CAPRABO EN LA ROCHAPEA POR LOS 18 DESPIDOS

pamplonaactual.com

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Trabajadores y trabajadoras de Caprabo se concentraron en la primera protesta en Pamplona por el cierre de cuatro tiendas en la Rochapea, que supondrán 18 despidos. La concentración tuvo lugar junto a la tienda en Bernardino Tirapu que será una de las que se clausuren.

El Comité convocó movilizaciones en todas las tiendas afectadas y tres días de huelga que comenzarán si no hay acuerdo el jueves 23 de febrero y seguirán los días 24 de febrero, viernes, y sábado 25 de febrero.

Si para el lunes 27 la empresa no ha readmitido a las 18 trabajadoras despedidas, ese día se iniciará una huelga indefinida.

Desde el Comité de Empresa de Caprabo animan a toda la plantilla a participar en todas las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo de Caprabo en Navarra.

EL "PLAN DE BAJAS" EN EL DIARIO EL PAÍS SE APLICARÁ DURANTE "TODO EL 2017"

Redacción / FesP

Tras el despido disciplinario de la periodista Lara Otero, por expresarse en una asamblea, anuncian un plan de bajas para entre 15 y 17 trabajadores del periódico.

El digital ‘prnoticias.com’ informa que Prisa Noticias y El País, ha confirmado al Comité de Empresa “que hay en marcha un plan de bajas que afectarán a entre 15 y 17 trabajadores del periódico y que se aplicará durante todo el año 2017.

La noticia ha sorprendido a la plantilla porque en diciembre de 2016 la empresa dijo a la representación de los trabajadores que no estaba entre sus planes realizar despidos. La plantilla de Ediciones El País ronda las 300 personas y hay unos 40 colaboradores realizando labores de redacción.

Prisa sigue con sus recortes. A los despidos anunciados en Prisa Radio y a las cinco salidas del diario AS se suma ahora el anuncio de un plan de bajas en El País, confirmado por Prisa.”

En medio de esto, el mismo digital señala el despido de la periodista Lara Otero, que sería una de las primeras de esa lista pero cuyo despido obedecería a represión disciplinaria: “El Comité de Empresa se ha solidarizado con la periodista -que además ha recibido muchas muestras de apoyo de sus compañeros- publicando una nota en la que denunciaba represalias del diario contra ella.

Y un dato curioso. El Comité pegó en el tablón de anuncios de El País este comunicado que fue retirado, coincidiendo con la visita de Pablo Iglesias a la redacción del diario, el pasado 8 de febrero.”

El digital sostiene que “la tensión se puede cortar con un cuchillo en El País” y que “muchos compañeros atribuyen este despido a que Lara "haya hablado" en la última Asamblea de Redacción y al nerviosismo de la empresa ante un informe interno que no deja nada bien parado a su director Antonio Caño.

La plantilla del diario vuelve a cuestionar las decisiones de la empresa. El pasado 1 de febrero el Comité de Redacción de El País se reunió con toda la plantilla para hablar de un informe/encuesta que se ha realizado a todo el equipo para obtener su opinión sobre el estado del diario.

Esta encuesta se realiza cada tres o cuatro años, por tanto sus resultados eran esperados con mucho interés ya que reflejaría la primera valoración sobre Antonio Caño y su equipo, muy cuestionados en los últimos meses por la deriva que está tomando el diario.”

CCOO Y UGT INICIAN EN CATARROJA SUS CONCENTRACIONES CONTRA EL DUMPING SOCIAL

Redacción Hortanoticias

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV ha iniciado en Catarroja una campaña de concentraciones, junto al sindicato UGT, ante las administraciones públicas en protesta por el dumping social que conlleva la aplicación de la última reforma laboral en las empresas privadas que contratan la gestión de servicios públicos a través de pliegos de concesiones.

La primera parada ha sido ante el Ayuntamiento de Catarroja para denunciar que ha adjudicado el servicio para los desplazamientos al centro de salud y centros escolares a la única empresa del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Valencia que, haciendo uso de la reforma laboral, aplica su propio convenio de empresa, en virtud del cual “liquida todos los derechos sociales y abona a sus trabajadores salarios un 50% inferiores al que aplican el resto de empresas del sector”.

CCOO y UGT consideran a las administraciones públicas, y en particular a los ayuntamientos que adjudican sus servicios sin incorporar en sus pliegos la obligatoriedad de aplicar al menos las condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial, “cómplices necesarios para la aplicación a los trabajadores valencianos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular”.

Ambos sindicatos denuncian que las administraciones públicas “potencien el deterioro de las condiciones laborales y premien a aquellas empresas que licitan sobre la base de la explotación ilimitada de sus trabajadores”.

A juicio de los convocantes, “este tipo de prácticas son siempre reprobables pero resultan injustificables para equipos de gobierno a los que se supone una ideología progresista”.

Las organizaciones sindicales convocantes reiteran mediante esta campaña la exigencia de que “todas las contrataciones realizadas por las administraciones públicas recojan en sus pliegos cláusulas sociolaborales, blindando la obligatoriedad para poder licitar del cumplimiento del convenio colectivo sectorial, así como la subrogación por la nueva empresa de los trabajadores que vienen realizando la actividad”.

LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA EN FUENLABRADA RECLAMAN "APOYO Y SOLIDARIDAD" A LOS NAVARROS

Trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada han demandado "el apoyo y la solidaridad" de los ciudadanos de la Comunidad foral en la "lucha" que están manteniendo contra la empresa, que "está maltratando" a los empleados.

En su opinión, "Coca-Cola podrá vender mucha publicidad, pero los consumidores tienen el poder en cuanto a los productos".

Así lo ha señalado Daniel Andrés, miembro del comité de empresa de la factoría de Coca-Cola en Fuenlabrada, en una rueda de prensa que ha ofrecido en Pamplona junto a Fernando Codés, del PCE de Navarra, partido que ha invitado a empleados de la planta a visitar Pamplona y a ofrecer una charla para explicar la situación que están atravesando. La conferencia será esta tarde a las 19 horas en el Palacio del Condestable.

Daniel Andrés ha remarcado que el conflicto en la fábrica, que en la actualidad cuenta con 175 trabajadores, comenzó hace "más de tres años" cuando se empezó el ERE y los despidos, aunque el 12 de julio de 2014 una sentencia declaró nulo el ERE, un fallo judicial que ratificó en 2015 el Tribunal Supremo.

Sin embargo, según ha expuesto, "desde esa sentencia Coca-Cola no ha parado de incumplir" las resoluciones judiciales y ha lamentado que los trabajadores "hemos tenido falta de una tutela judicial efectiva".

"Después de esa lucha, que estuvimos dos años acampados en las puertas de la fábrica pidiendo nuestro pan, que nos lo había dado el Tribunal Supremo, en septiembre de 2015 la Audiencia Nacional sacó un auto que modificaba totalmente la sentencia y nos vendió a los trabajadores un proyecto innovador", ha criticado Andrés, para asegurar que "hemos pasado de ser la fábrica más puntera tecnológicamente de España a ser un almacén en el cual el único trabajo que se hace es meter botellas manualmente en cajas".

Por este motivo, ha afirmado que la Audiencia Nacional "picó y cayó en ese engaño de Coca-Cola" y ha agregado que "lo que es más lamentable ha sido que después de recurrir el auto, el Tribunal Supremo haya ratificado ese cambio de condiciones y ese proyecto".

"El Tribunal Supremo ha avalado ese fraude procesal, hemos sido engañados por la Audiencia Nacional y también por el Tribunal Supremo. Nos han cambiado nuestra sentencia y vamos a pedir amparo al Tribunal Constitucional y de ahí a Estrasburgo", ha comentado el miembro del comité de empresa, quien ha defendido que "no se puede permitir que una sentencia en firme sea modificada".

Además, ha destacado que los trabajadores quieren "demostrar" que Coca-Cola "aparte de engañar a la Justicia, nos está engañando a todos", ya que, según ha señalado, "estamos con un trabajo precario y no se cumple nada del proyecto que entregó la empresa en la Audiencia Nacional y que ratificó el Supremo".

Por su parte, Fernando Codés, miembros del PCE de Navarra, ha comentado que han decidido invitar a los trabajadores de Coca-Cola de Fuenlabrada porque "durante estos tres años han sido un espejo en el que nos podíamos mirar todos los trabajadores de este país en lo que significa luchar contra la reforma laboral del PP".

Asimismo, buscan "dejar en evidencia la falta de tutela judicial que tenemos los ciudadanos de este país en este momento", ya que, según ha dicho, "no puede ser que después de dos años y medio de una sentencia firme del Tribunal Supremo una empresa, por muy poderosa que sea, se pase por el arco de triunfo la sentencia".

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