LA PIRENAICA DIGITAL

PAGINA DE LA CLASE OBRERA


BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS


SUBCRÍBETE AL BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA PIRENAICA, ENVIANDO TU DIRECCIÓN DE CORREO -->

Seguir a @PIRENAICADIGITA


BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (18 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

FINALIZA SIN AVANCES LA PRIMERA REUNIÓN PARA ACORDAR LOS DESPIDOS EN FAGOR CNA

UN JUZGADO ORDENA DEVOLVER 500 EUROS A UN SINDICALISTA SANCIONADO POR MOVILIZARSE CONTRA DESPIDOS EN 2012

TELEOPERADORES DE LA EMPRESA LINDORFF TEMEN UNA DESLOCALIZACIÓN

EL COMITÉ DE EMPRESA DE CAST-METAL DENUNCIA EL DESPIDO DE DOS TRABAJADORES

A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LE CRECEN LOS PROBLEMAS CON LOS MONITORES ESCOLARES

EMPLEADOS DE EDESA SE CONCENTRAN EN BASAURI CONTRA LOS DESPIDOS

EL 95% DE LA PLANTILLA DE NANO, EN HUELGA PARA EVITAR RECORTES DE SUELDO

CGT DENUNCIA LA SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y LA FALTA DE PERSONAL

NUEVA HUELGA DE EXAMINADORES DE TRÁFICO LOS JUEVES Y VIERNES DE ESTE MES

LOS VIGILANTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA IRÁN A LA HUELGA EL 25 Y EL 26 DE SEPTIEMBRE

LOS 50 DENTISTAS DE IDENTAL HACEN HUELGA PORQUE NO COBRAN LA NÓMINA

LA PLANTILLA DEL TELEFÈRIC DE MONTJUÏC CONVOCA UN CICLO DE HUELGAS EN FESTIVOS CLAVE

FIJAN EN UN 90% LOS SERVICIOS MÍNIMOS DURANTE LA HUELGA EN EL PRAT

LOS VIGILANTES DE EQUIPAJE APLAZAN LA HUELGA IN EXTREMIS

HUELGA DE LOS MÉDICOS GALLEGOS POR LA NEGATIVA A RECONOCER SU CARRERA PROFESIONAL

LAS SANCIONES DE LA NUEVA LEY FERROVIARIA SUMERGEN A FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) EN 17 DÍAS DE HUELGA

=======================================================

FINALIZA SIN AVANCES LA PRIMERA REUNIÓN PARA ACORDAR LOS DESPIDOS EN FAGOR CNA

Trabajadores de Fagor CNA, concentrados en la planta de Garagartza de Arrasate.

http://static1.diariovasco.com/www/multimedia/201709/14/media/fagor.jpg

La compañía reitera su voluntad de «mantener la actividad en Euskadi» pero no modifica su propuesta y los trabajadores barajan intensificar las movilizaciones

La dirección de Edesa Industrial, antigua Fagor Electrodomésticos tras ser adquirida por el grupo CNA tras la quiebra de la cooperativa, ha manifestado su voluntad de «evitar el cese de la actividad» de la compañía, ya que su objetivo es «mantener la producción industrial en Euskadi», aunque no ha modificado su planteamiento de despedir a 167 trabajadores, en torno a la mitad de los 327 que conforman la plantilla, y cerrar la fábrica de Garagartza en Arrasate.

Edesa Industrial ha informado, en un comunicado, de la celebración en la planta de Garagartza de la primera reunión del periodo de consultas del ERE de extinción que afecta a la totalidad de la plantilla.

En este encuentro, según han indicado a EFE fuentes del comité de empresa, no se han registrado avances y cada parte ha mantenido sus posiciones.

Durante la reunión, trabajadores de Edesa Industrial y su filial Geyser (Bergara) han celebrado una concentración de protesta en el exterior de la factoría amenazada de cierre.

Edesa ha insistido en que el ERE «se ha tenido que iniciar ante la falta de tesorería y la carga de estructura de acuerdo al volumen de trabajo», a pesar de lo cual ha insistido en que la empresa «pretende mantener la producción industrial en el País Vasco».

La dirección ha expresado su «máximo respeto a los trabajadores», con los que confía en «poder llegar a un acuerdo».

«Un trámite»

Por su parte, fuentes del comité han calificado de «trámite» esta primera reunión del periodo de consultas y han explicado que los trabajadores se plantean intensificar las movilizaciones de protesta contra los planes de la compañía.

Edesa Industrial, la compañía heredera de la concursada Fagor Electrodomésticos, presentó el mes pasado un plan de viabilidad consistente en cerrar la factoría de Garagartza y despedir a 167 de los 327 empleados, lo que recibió el rechazo del comité.

Se ha  presentado un ERE de extinción y se ha dado inicio a los 30 días del periodo de consultas.

La próxima reunión entre la dirección y los trabajadores se ha fijado para el miércoles 20 de septiembre.

UN JUZGADO ORDENA DEVOLVER 500 EUROS A UN SINDICALISTA SANCIONADO POR MOVILIZARSE CONTRA DESPIDOS EN 2012

lacerca.com

El juzgado de lo contencioso-administrativo de Toledo ha ordenado a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha devolver al responsable del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Castilla-La Mancha, Ramón González, los 500 euros con los que le sancionó en 2012 como “responsable de una concentración no autorizada” contra los despidos de interinos que “estaba ejecutando el Gobierno de María Dolores de Cospedal”.

La sentencia, según ha explicado en un comunicado CCOO, deja claro que la Delegación del Gobierno “impidió a Ramón González defenderse de esa acusación” y que “le privó de medios de defensa y le impuso la sanción sin abrir periodo probatorio y sin practicar las pruebas testificales reclamadas por el responsable sindical”.

Por ello, el juzgado ha estimado el recurso interpuesto por Ramón González con la Resolución del Ministerio del Interior de 23 de octubre de 2015 por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto previamente por el sancionado contra la Resolución de la de Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, de 1 de febrero de 2013, mediante la que se le impuso la sanción de 500 euros “por infracción grave en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana”.

Además de declarar la nulidad de la resolución recurrida y, por tanto, ordenar la devolución a González de los 500 euros, el juzgador condena en costas al Ministerio del Interior.

El magistrado, en la sentencia, explica que “resulta claro que la prueba testifical propuesta por el recurrente era completamente pertinente y la Instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma”. Al no hacerlo, “causó indefensión al interesado” y “a la vista de la reiterada jurisprudencia constitucional, vulneró su derecho de defensa”, ha agregado.

CCOO ha valorado esta sentencia que supone la anulación de la sexta y última de las seis sanciones impuestas a Ramón González por el entonces delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, por su implicación y liderazgo en las movilizaciones de los internos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra los despidos promovidos por el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

UN TOTAL DE 3.000 EUROS

Todas esas sanciones, que sumaban en total 3.000 euros, han sido anuladas, algunas en la fase administrativa —recursos de alzada— y otras en la judicial —recursos contenciosos—, teniendo la Administración que devolver al sindicalista el importe de las sanciones y, en su caso, abonar además las correspondientes costas judiciales.

“En su afán por reprimir las lógicas, legítimas y más que justificadas movilizaciones de los trabajadores interinos en defensa de sus puestos de trabajo, al señor Labrador no le importaba saltarse a la torera una y otra vez el Estado de Derecho, eludiendo las más elementales garantías constitucionales y atropellando derechos tan básicos como el derecho de defensa”, ha indicado Ramón González

TELEOPERADORES DE LA EMPRESA LINDORFF TEMEN UNA DESLOCALIZACIÓN

Jorge Moreno - elnortedecastilla.es

Concentración de trabajadores a las puertas de la empresa Lindorff ->

http://static2.elnortedecastilla.es/www/multimedia/201709/13/media/cortadas/M1-1401042992-k51H-U40781239096tb-624x385@El%20Norte.JPG

Trabajadores de la empresa Lindorff, dedicada a la gestión de recobros, se concentraron a la puertas de la sede en La Cistérniga para mostrar el temor a una posible deslocalización de su actividad, después de que el pasado mes de junio se produjera la fusión con Intrum Justitia, sociedad dedicada también a la prestación de servicios de gestión de créditos en Europa.

Lindorff es el centro de recobro de deudas más importante de España, y en sus instalaciones del polígono de La Mora de Valladolid trabajan unos 750 empleados, que realizan la gestión vía telefónica para entidades financieras como Santander, BBVA, La Caixa, Banco Sabadell, Mare Nostrum o Barclays.

Con la fusión entre la empresa noruega y la suiza Intrum Justitia los sindicatos denuncian que «se está produciendo una deslocalización del trabajo y traslado de teleoperadores desde Valladolid a otras ciudades, como Barcelona, o países como Colombia».

Comisión Europea

La fusión entre ambas fue autorizada por la Comisión Europea, pero está supeditada a la desinversión de las operaciones de Lindorff en Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia. La integración conlleva una presencia en 23 países y 8.000 empleados.

Durante la protesta, representantes de la CGT denunciaron también la eliminación de 33 puestos de trabajo, consecuencia de despidos o finalizaciones de contratos que no se han renovado.

Censuraron además «las prácticas de acoso que está llevando a cabo por la nueva mutua contratada sobre los trabajadores en situación de baja por enfermedad común, que reciben continuas llamadas para que se reincorporen al trabajo en contra del dictamen de la Seguridad Social».

Fuentes de Lindorff eludieron pronunciarse sobre estas demandas de los trabajadores.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE CAST-METAL DENUNCIA EL DESPIDO DE DOS TRABAJADORES

M. González - noticiasdealava.com

La plantilla ha aprobado paros de cuatro horas los próximos días 19 y 20

El comité y la plantilla de Cast-Metal (Jundiz), empresa histórica en Álava con casi un siglo a sus espaldas, conocida como Novacero, anteriormente Aranzábal y actualmente propiedad del grupo francés Safe, denunció el despido de dos trabajadores, circunstancia que habría sucedido a finales del pasado mes de julio.

Según señala la parte social a través de un comunicado, los despidos de los empleados fueron comunicados a los representantes de los trabajadores 15 minutos antes del final del turno que daba inicio al periodo de vacaciones mientras el resto del comité y la plantilla se encontraban en una reunión con la dirección de la compañía.

Según los mismos portavoces, “este acto no es aislado”. De hecho, explican que la empresa habría intentado “ningunear al comité de empresa y obstaculizar la labor sindical”.

En cualquier caso, los trabajadores de Cast-Metal han aprobado en asamblea un calendario de movilizaciones que seguirá los próximos 19 y 20 de septiembre con paros de cuatro horas. Las protestas continuarán hasta la readmisión de los dos despedidos.

A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LE CRECEN LOS PROBLEMAS CON LOS MONITORES ESCOLARES

Ignacio A. Castillo - laopiniondemalaga.es

Manifestación de monitores del plan de choque en Sevilla ->

http://fotos01.laopiniondemalaga.es/2017/09/14/328x206/choque.jpg

El juez le obliga a readmitir o indemnizar por despido improcedente a 87 trabajadoras del plan de choque que contrató para suplir a las que en su día despidió y tuvo que readmitir y que ahora denuncian precariedad laboral

Es un tema que lleva enquistado en el debe de la Consejería de Educación al menos desde hace once años. Y a la Junta no paran de crecerle los problemas, sobre todo a raíz de 2013. Ahora se reproduce con una nueva sentencia favorable a los intereses de los monitores del plan de choque que despidió en su día para tener que readmitir a otros que también cesó y a los que tuvo que admitir por orden judicial.

Esta situación rocambolesca se remonta a noviembre de 2013. Entonces, la administración decidía despedir a los trabajadores de administración y servicios que realizaban su función en los colegios públicos a través de empresas externas, después de más de siete años con contratos precarios y con salarios inferiores a los que percibía el personal propio de la Consejería de Educación.

En la provincia de Málaga estaban afectados por esta situación unos 166 monitores, que trabajaban en un centenar de colegios de Infantil y Primaria.

Los echó para contratar personal propio y realizar así directamente estos servicios. Se favorecía el empleo público, pero se prescindía de la experiencia adquirida por quienes habían ocupado estos puestos todo este tiempo.

Para evitar que los puestos quedaran desasistidos de estas importantes tareas relacionadas con la secretaría de los colegios e institutos, la Consejería de Educación elaboró un plan de choque con carácter de urgencia y contrató temporalmente, por un año, a nuevas monitoras que sustituyeron a las anteriores, que ya habían, por su parte, denunciado a la Junta ante los tribunales.

Cuando comenzaron a llegar las sentencias favorables, la Junta de Andalucía se vio obligada a readmitir de nuevo a los monitores del colectivo anterior y, en consecuencia, a cesar a los contratados en el plan de choque en noviembre de 2014, antes de que se cumplieran los contratos que habían firmado. Unos 150 trabajadores en la provincia de Málaga se vieron afectados por este giro de los acontecimientos y también acudieron a la vía judicial para reclamar unos derechos que, desde su punto de vista, habían sido pisoteados por la Administración.

Ahora, según una sentencia del 7 de septiembre del Juzgado de lo Social nº 8 de Málaga, se estiman las demandas de 87 trabajadoras de la Delegación de Educación de Málaga que formaban parte de este plan de choque y se declaran los ceses de las demandantes como despido improcedente.

Esto da opción a la Junta a la readmisión o a una indemnización. El sindicato Ustea considera que «no existen motivos éticos ni políticos razonables para que la Junta de Andalucía discrimine ahora a este colectivo» después de que readmitiera a sus homólogas por mandato judicial en 2014.

El sindicato recuerda que es un colectivo formado muy mayoritariamente por mujeres, que accedieron en su día a contratos precarios de empleados públicos de la Junta, a tiempo parcial de 8, 12 ó 20 horas semanales. «Contratos realizados en fraude de ley y posteriores despidos que afectaron a casi 800 trabajadores en toda Andalucía».

Por este motivo, estas trabajadoras apelan directamente a Susana Díaz para que se implique de igual forma y tenga igual sensibilidad ante el mismo problema.

Protestas al final y al principio del curso escolar

Los monitores de educación volvieron a hacer evidente su situación de precariedad coincidiendo con el inicio del curso, como ya hicieran en junio. Piden a la Junta contratos fijos y nos discontinuos como ahora. Son la cara visible de la administración en muchos colegios e institutos.

Se encargan de llevar a cabo todos los trámites burocráticos. Los papeles se acumulan porque están contratados a tiempo parcial y encima, cada 30 de junio les cortan el contrato y la misma montaña de documento les espera en septiembre.

EMPLEADOS DE EDESA SE CONCENTRAN EN BASAURI CONTRA LOS DESPIDOS

EFE - Basauri

Los empleados de Edesa se reunirán el lunes 28 para valorar la propuesta de la empresa. (Borja Guerrero)

Una treintena de trabajadores de la planta de Edesa Industrial en Basauri se han concentrado en las instalaciones de esta compañía, durante la primera reunión del periodo de consultas del ERE de extinción presentado por esta empresa del grupo CNA.

Según han informado trabajadores de esta planta, la concentración ha estado encabezada con una pancarta, firmada por el comité de empresa, con el lema "Gure etorkizunaren alde. Edesa Geyser despidorik ez" (En favor de nuestro futuro. No a los despidos en Edesa Geyser).

Con este acto, que se ha iniciado sobre las nueve y media de la mañana, con una duración prevista de cuatro horas, los empleados han querido denunciar la falta de "seriedad" del plan industrial de esta compañía y la "mala gestión" de CNA.

En estos momentos, los trabajadores de la planta de Edesa de Basauri debaten la convocatoria de nuevas movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo.

EL 95% DE LA PLANTILLA DE NANO, EN HUELGA PARA EVITAR RECORTES DE SUELDO

Los trabajadores se concentraron a las puertas de la empresa Nano Automotive ->

http://static.noticiasdenavarra.com/images/2017/09/13/import_14445989_1.jpg

Sin acuerdo tras 18 meses, avisan de un paro indefinido si la firma mantiene la intención de reducir el salario un 40%

Un 95% de la plantilla de Nano Automotive ha secundado la jornada de huelga de 24 horas en la planta de Tudela, dedicada a la fabricación de aros de rodamiento para el sector del automóvil, en la que trabajan 130 personas (entre 85 subrogados de SKF y los 45 de ETT's), representadas por 2 delegados de CCOO, 1 de UGT, 1 de ELA y 1 de Solidari. Al mediodía comité y trabajadores se concentraron bajo el lema “Por un convenio justo”. Si la empresa no entra a negociar el convenio este paro, de los tres turnos, se repetirá el jueves.

Durante un año y medio, comité y dirección trataron de negociar un nuevo convenio, en julio se acercaron posturas y parecía que se podía llegar a un acuerdo tras la última propuesta de la empresa. Sin embargo, tras el verano la dirección ha abierto de forma unilateral un expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que podría suponer una rebaja del salario del 40% y de los derechos de la plantilla, aplicando el artículo 41 de la reforma laboral lo que les llevaría al convenio estatal del metal.

“Ante esta situación, explicó Cecilio Antón del comité, además de esta, tenemos previsto otra jornada de huelga el jueves. Si en 15 días no llegamos a un acuerdo, decidiremos en asamblea general si vamos a una huelga indefinida”.

Desde febrero de 2016 se inició un proceso de negociación, en el que la dirección siempre ha cuestionado el Pacto de Empresa que la plantilla mantiene desde la subrogación y, según el comité “lo ha incumplido en numerosas ocasiones y aspectos”.

El comité denunció las numerosas carencias que tiene la empresa como la situación de las taquillas o las condiciones de trabajo que les lleva a veces a estar trabajando a cuatro grados en invierno, además de “la mala organización de la dirección que han provocado multitud de paradas que han afectado negativamente a la producción”. Asimismo, solicitaron a la dirección que escuche al comité, ya que “tras lo vivido en KPF, tenemos experiencia en estos procesos y no queremos caer en los mismos errores”.

CGT DENUNCIA LA SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y LA FALTA DE PERSONAL

CGT-Sector Mar y Puertos

- Las tripulaciones de Salvamento Marítimo están bajo mínimos para atender la crisis migratoria en nuestras costas.

- En muchas unidades, que están rescatando decenas de personas a diario, apenas van tres tripulantes. La plantilla de dichas unidades, está por debajo de las de hace 8 años.

- Los trabajadores de Salvamento Marítimo, además tienen que atender las emergencias marítimas habituales.

- Se están superando continuamente límites de trabajo, no solo desde un punto de vista legal, sino desde cualquier prisma razonable.

- Desde CGT hemos reclamado de forma reiterada que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a la situación.

Las tripulaciones de Salvamento Marítimo han vuelto a salvar a varias decenas de personas. En algunos casos, como le ocurrió a la Salvamar Spica (con base en Almería), in extremis, solo la celeridad de estos profesionales con la inestimable ayuda de contar con una embarcación que pudieron mantener a más de 30 nudos, evito el desastre. Diez personas, a punto de hundirse la neumática donde se jugaban la vida con el plan rajado y el espejo de popa a punto de romperse.

Poco después, la Salvamar Gadir (Barbate), la Salvamar Arcturus (y el Helimer 220, hicieron los mismo con dos pateras en aguas del estrecho. Niños, mujeres y hombres fueron arrebatados a la mar por la generosa obstinación de nuestros compañeros. Escenas parecidas han padecido en Barbate, Motril, Taria, Ceuta, etc., sin olvidar al Helimer de Jerez y a todos aquellos que colaboran y participan en esta ingente labor.

Salvamento Marítimo tiene encomendado como funciones principales la salvaguarda de la vida humana en la mar y protección del medio marino. Esto engloba multitud de servicios que son comunes a los medios de intervención en todo nuestros territorio; embarcaciones con averías, hundimientos, incendios, evacuaciones de enfermos y heridos, búsqueda de desaparecidos, control de contaminaciones, etc.

A todo esto, las embarcaciones de Salvamento Marítimo de Alicante a Cádiz, deben sumar a estas actividades, la tarea del rescate de pateras. La variedad y complejidad de los trabajos de rescate de inmigrantes, así como la atención y concentración necesarias, hacen que los tripulantes de Salvamento Marítimo se vean a menudo desbordados y al borde del agotamiento, entrando en peligrosa situación de fatiga. De éste modo el riesgo de accidente sube exponencialmente, poniéndose en peligro el resultado de la emergencia y la seguridad de las propias tripulaciones.

La fatiga de los tripulantes es un factor de riesgo en accidentes marítimos de tal calibre que la propia OMI (Organización Marítima Internacional) le ha dedicado a su prevención una buena parte de la legislación en las Enmiendas de Manila, del año 2010 (en vigor en España desde el 4 de junio de 2012), éstas enmiendas son parte del Convenio Internacional de Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW).

Por tanto cualquier medida encaminada a prevenir la aparición de la fatiga en las tripulaciones de Salvamento no sólo es necesaria, es vital.

Los inmigrantes rescatados por las tripulaciones de Salvamento Marítimo deben ser atendidos por éstas y trasladados en penosas condiciones, empapados, con frío, agotamiento físico y psíquico y mucha incertidumbre.

Muy a menudo las salvamares reciben órdenes de proceder a Tarifa o Almería (dependiendo de la zona) cuando tienen puertos seguros más cercanos (por ejemplo Barbate o Garrucha respectivamente) que acortaría en gran medida las navegaciones con inmigrantes a bordo, reduciendo así el tiempo y el riesgo, tanto para los náufragos como para los tripulantes.

Las Autoridades pueden pensar que una Salvamar es algo parecido a un transporte de inmigrantes sin más, pero es un medio de Salvamento de primera necesidad y las circunstancias a las que se enfrentas las tripulaciones son muy complicadas ó pueden llegar a serlo con mucha facilidad. Es inadmisible que se haga navegar a una Salvamar más tiempo del estrictamente necesario. No pueden primar razones políticas por encima de la seguridad.

Representantes de CGT-MAR han mantenido durante el verano reuniones con los responsables de Salvamento Marítimo y también en las Capitanías Marítimas para exponer los riesgos a los que se enfrentan las tripulaciones y que, de no tomarse acciones para minimizarlos, seguirán provocando situaciones potencialmente muy peligrosas para las personas a bordo de las salvamares, tanto los inmigrantes rescatados como los propios tripulantes.

Si no se toman medidas, lo previsible puede ocurrir, y sería desastroso para todos.

Mientras las cifras dejan claro que en la llegada de inmigrantes por mar en nuestro país se están alcanzando niveles similares al año 2009, las Salvamares de la zona en Barbate, Ceuta, Melilla, Estepona, Cádiz, Cartagena, Málaga, etc., cuentan con menos tripulantes para realizar este trabajo que hace 8 años.

El envío de la Guardamar Concepción Arenal a la zona ha sido una medida buena pero completamente insuficiente. Desde CGT exigimos que Sasemar y el Ministerio de fomento, elaboren un Plan específico para reforzar los medios de Salvamento Marítimo en la zona afectada por la llegada de Pateras y Cayucos, con objeto de mantener y asegurar la eficacia de nuestra intervenciones, y por supuesto la salud y seguridad de los tripulantes.

NUEVA HUELGA DE EXAMINADORES DE TRÁFICO LOS JUEVES Y VIERNES DE ESTE MES

elperiodico.com

Estas convocatorias se sumarían a las establecidas para todos los lunes, martes y miércoles de septiembre

Autoescuelas catalanas y madrileñas se manifiestan frente al Congreso de los Diputados por la falta de examinadores de la DGT, en julio ->

http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/9/2/1500899436929.jpg

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los examinadores de tráfico a cuatro nuevas jornadas de huelga para los jueves y viernes de lo que queda de septiembre (tanto para los días 21 y 22 como 28 y 29), con el objetivo de que "haga reaccionar a la DGT" y se solucione el conflicto.

"Entendemos que es una especial situación, y deseamos que con esta convocatoria de huelga, CSIF haga reaccionar a la DGT y conlleve una salida definitiva a un conflicto que no debe continuar más allá de este presente septiembre, pues los únicos perjudicados ante la insensibilidad de esta Administración son los ciudadanos, las empresas dependientes de la actividad pública de la DGT y sus trabajadores, los examinadores de la DGT", ha indicado el sindicato en un comunicado.

Estas nuevas convocatorias de huelga convocadas por CSIF se sumarían a las actuales convocadas por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) para todos los lunes, martes y miércoles de septiembre --misma fórmula que ya se utilizó en julio--.

Servicios mínimos

El sindicato ha decidido convocar al colectivo para estas nuevas jornadas como "apoyo activo" al colectivo en unas reivindicaciones que el sindicato considera "justas y reconocidas", así como por la "coacción" que ha supuesto por parte de la DGT la amenaza de servicios mínimos a una huelga en un servicio que, según indica CSIF, la propia Administración estima como no esencial.

Esta nueva convocatoria se produce en plena negociación salarial de los empleados públicos en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Precisamente, el motivo por el que se halla en huelga el colectivo examinador es la petición del complemento específico, de 250 euros.

"Entendemos estéril y contraproducente el alargamiento del conflicto y exigimos una respuesta de la DGT", reclama CSIF, que considera que los administradores públicos "no deben consentir tal deterioro de los servicios públicos", por lo que han exigido al organismo de Tráfico una solución de las demandas de estos funcionarios.

LOS VIGILANTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA IRÁN A LA HUELGA EL 25 Y EL 26 DE SEPTIEMBRE

economia.elpais.com

Los sindicatos convocan movilizaciones en la empresa Marsegur, la firma responsable del servicio subcontratado

Los vigilantes de la empresa de seguridad Marsegur están llamados a la huelga los próximos 25 y 26 de septiembre. Esta es la compañía que se encarga de la vigilancia de bastantes instalaciones públicas, entre ellas es responsable de las del Ministerio de Defensa desde mayo. Protestan porque denuncian que hay retrasos en el pago de las nóminas, problemas con los uniformes y las armas y otros incumplimientos de contrato.

"Tras la celebración de un acto de conciliación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), debemos informaros que el mismo ha finalizado sin acuerdo al no aceptar la empresa Marsegur nuestro requerimiento para que dé inmediato cumplimiento a lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial", han anunciado los sindicatos. Los tres mayoritarios del sector UGT, CCOO y USO, han anunciado la convocatoria de huelga.

Además de los incumplimientos, los sindicatos llevan tiempo denunciando las condiciones laborales que impone Marsegur a sus vigilantes. La principal queja es que esta empresa paga a sus trabajadores sueldos algo por encima el salario mínimo interprofesional (entre 707 euros al mes medidos en 14 pagas) y muy por debajo del salario base que recoge el convenio colectivo del sector, casi 1.100 euros al mes.

Para ello aplican el convenio de empresa y no el sectorial. Lo que sucede es que ese convenio fue anulado por la Audiencia Nacional en mayo pasado, justo cuando Marsegur se hizo cargo de la vigilancia del Ministerio de Defensa.

Marsegur es una de las llamadas empresas pirata del sector de la seguridad, junto a otras como Sinergias de Seguridad y Vigilancia y Seguridad Integral Canaria, que se han hecho con la vigilancia de centros de las administraciones pública a base de ofertas con precios muy bajos que se traducen en reducciones de sueldos y peores condiciones laborales.

Se da la circunstancia de que  sindicatos del sector, UGT y CC OO, vinculan a las tres con el polémico empresario canario Miguel Ángel Ramírez, también presidente de equipo de primera división de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. No obstante, Ramírez solo está vinculado directamente con la última, Seguridad Integral Canaria, empresa que anunció a sus trabajadores a finales de agosto que estaba abocada a la liquidación.

"Hemos decidido plantear una huelga en todos los servicios que Marsegur tiene en el territorio nacional, motivada por los múltiples incumplimientos en materia laboral de la Empresa para con sus trabajadores, los reiterados retrasos en el pago de nóminas, y en particular el incumplimiento en todas las obligaciones contractuales asumidas en el servicio de Defensa, extremo que sus trabajadores están padeciendo especialmente (problemas con la tenencia o ausencia del arma, uniformidad, relevos, servicios descubiertos, etc.)", han señalado.

LOS 50 DENTISTAS DE IDENTAL HACEN HUELGA PORQUE NO COBRAN LA NÓMINA

Vicente Useros - elmundo.es

Trabajadores en huelga de iDental frente a su sede en Valencia ->

http://e00-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2017/09/15/15054327579232.jpg

La clínica calificada en el sector de la odontología como 'patera' y que fue investigada por el Ayuntamiento de Valencia por mezclar el entorno laboral con el de aprendizaje y con la propia residencia de los jóvenes dentistas vuelve a ser noticia, pero ahora, por dejar de pagar las nóminas de sus profesionales.

Los trabajadores de los centros de iDental en Valencia y Alfafar, cerca de 50, han iniciado una huelga con movilizaciones para exigir a la dirección que les pague las nóminas que retiene desde hace algún tiempo.

Los afectados critican que la empresa «gaste ingentes cantidades de dinero en publicidad y sin embargo se deje de pagar a los trabajadores que atienden a diario a los pacientes».

Ante esta situación, el Colegio de Odontólogos de Valencia (ICOEV) emitió un comunicado en el que lamentaba el «reiterado impago» a los trabajadores de la clínica iDental en Valencia que les ha llevado a iniciar la «primera huelga en una clínica dental» y solicitó a la empresa que solucionara problemas a la mayor brevedad.

El presidente de los odontólogos, Enrique Llobell, indicó que «no es la primera vez» que la citada clínica tiene problemas en el pago de salarios de los trabajadores «ya que en el último año la asesoría jurídica del Colegio ha atendido un gran número de consultas al respecto». Llobell también recordó que se han detectado «distintas irregularidades laborales sobre las que la Inspección de Trabajo ha actuado o está actuando».

Hay más de 50 odontólogos colegiados en las clínicas iDental de Valencia y Alfafar que se han visto afectados por estos problemas aunque estos impagos también atañen a higienistas, auxiliares y protésicos quienes se encuentran en la misma situación .Desde el Colegio de Odontólogos se insistió en que los principales perjudicados de este problema son los pacientes que dejan de ser atendidos junto con los empleados que han dejado de cobrar.

«En ese sentido parece que un número indeterminado de colegiados está garantizando unos servicios mínimos para atender pacientes», según el ICOEV que considera que la empresa debe asumir sus responsabilidades tanto con los trabajadores pero sobre todo con los pacientes.

Las mismas fuentes colegiales recordaron que la «paradoja» de que «la citada empresa siga invirtiendo grandes cantidades en publicidad mientras deja de pagar las nóminas a su profesionales» y criticó que la iDental «asegura ser un modelo de emprendimiento social realiza descuentos comerciales que en su momento fueron publicitados ambiguamente como subvenciones o ayudas».

LA PLANTILLA DEL TELEFÈRIC DE MONTJUÏC CONVOCA UN CICLO DE HUELGAS EN FESTIVOS CLAVE

Meritxell M. Pauné - lavanguardia.com

El telecabina de Montjuïc interrumpirá su servicio por la Mercè, la Hispanidad, Todos los Santos, la Constitución, Navidad y Año Nuevo

Los trabajadores del Telefèric de Montjuïc, el telecabina barcelonés que une el funicular con el castillo de la cima, han convocado un nuevo ciclo de huelgas para este otoño. Llaman a la plantilla, que forma parte de la empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a paralizar esta atracción panorámica durante seis festivos clave: la Mercè (24 de septiembre), el día de la Hispanidad (12 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), el puente de la Constitución (8 de diciembre), Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero).

Los empleados protestan estos días “para reivindicar la nula compensación por trabajar en días de conciliación familiar”, según el comunicado que han hecho público. Advierten que “son días fuertes de turismo” y critican que el servicio es “una fuente de riqueza que TMB no repercute en sus trabajadores”.

En enero iniciaron negociaciones para la redacción de un convenio laboral, puesto que esta pequeña empresa del conglomerado de TMB –llamada Projectes i serveis de la mobilitat SA– carece de un acuerdo colectivo que regule las condiciones de trabajo de sus 24 trabajadores. A falta de un convenio, desde 2007 van encadenando acuerdos marco pactados con la empresa, pero el último caducó en diciembre de 2016.

Las conversaciones por ahora no han dado frutos. “La firme voluntad de los trabajadores es llegar a un acuerdo negociado”, insisten en su comunicado. Piden mejoras salariales y consideran que la dirección de la empresa metropolitana se ha mostrado “sorda e inmovilista” ante sus reclamaciones.

Recuerdan además que el Telefèric tiene cinco millones de euros de beneficio anual y que otras empresas de TMB menos boyantes –como bus y metro– sí han podido pactado convenios tras sus mediáticas movilizaciones.

Por su parte, TMB asegura que “la negociación sobre un nuevo acuerdo salarial sigue su curso y están viva” y que la convocatoria de paros “entra relativamente dentro de la normalidad en un proceso de este tipo”. “Habrá más reuniones próximamente”, avanza un portavoz. La empresa reitera su “buena predisposición” a introducir “mejoras en las condiciones salariales dentro de los márgenes fijados para el sector público en España”.

Las mismas fuentes concretan, además, que según el preaviso recibido por la compañía los cuatro primeros festivos sería de “huelga parcial”, mientras que la convocatoria para Navidad y Año Nuevo sería de jornada completa. “Esperamos que no llegue tan lejos, no obstante”, concluyen.

Una empresa muy peculiar

En Semana Santa el Telefèric ya hizo una primera tanda de huelga, los días 14 y 15 de abril. El comité de huelga calculaba entonces que en los dos días de parón el Teleférico dejaría de recaudar alrededor de 80.000 euros, una cifra que aseguran que es inferior al coste de las mejoras que reivindican.

Como ya informó La Vanguardia en abril, el Telefèric es un caso singular dentro de Projectes i serveis de la mobilitat SA. La corporación agrupa los transportes de ocio de la ciudad pertenecientes a TMB, que no tienen consideración de transporte público ni reciben subvenciones públicas. Es la división más próspera de TMB y engloba por ejemplo al Tramvia Blau y al Bus Turístic, que a diferencia del Telefèric son operados de forma externa.

Otra de las peculiaridades de este servicio es la organización horizontal de la plantilla, que no dispone de comité de empresa. Al no llegar a 30 personas, tienen limitada la representación ‘oficial’ a un único delegado, por lo que eligieron en asamblea una comisión negociadora formada por cuatro trabajadores que les representan en la mesa.

Para no que la huelga no erosionar las conversiones sobre el convenio votaron a otro grupo de empleados como comité de huelga, llamado Telefèric en Lluita. Además, entre los trabajadores afiliados a algún sindicato, se da la circunstancia que la gran mayoría están adscritos a CGT, quien precisamente ha impulsado las huelgas del metro de Barcelona y de la subcontrata del Bicing.

FIJAN EN UN 90% LOS SERVICIOS MÍNIMOS DURANTE LA HUELGA EN EL PRAT

Causaría retrasos en la salida de los vuelos y perjuicios a la seguridad

Las maletas facturadas podrían acumularse y provocar retrasos en la salida de los vuelos.

La Delegación del Gobierno de Cataluña ha fijado en un 90% los servicios mínimos durante la huelga convocada a partir del 16 de septiembre por los empleados de la empresa Ilunion Seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, un conflicto que causaría retrasos en la salida de los vuelos, aparte de los perjuicios a la seguridad. Aún no se ha tomado una decisión, debido a que las reuniones continúan.

La empresa Ilunion Seguridad S.A. realiza el servicio de inspección de equipajes, el control de acceso de empleados, suministros y acceso de vehículos y el servicio de vigilancia de terminales e instalaciones aeroportuarias.

En un breve comunicado en su página web, destacan que el objetivo de la resolución dictada sobre los servicios mínimos es “garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de seguridad y vigilancia que dicha empresa presta en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat”.

El sindicato catalán Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) convocó inicialmente la huelga, respaldada posteriormente por el resto de integrantes del comité de empresa. La convocatoria inicial fue aplazada para el sábado, 16 de septiembre, a la espera de los resultados en las reuniones programadas con la dirección de Ilunion, con la mediación de la Generalitat. Aún no hay una decisión sobre el conflicto dado que las reuniones continuaban entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, en la que participa el secretario general de USOC, José Paz.

LOS VIGILANTES DE EQUIPAJE APLAZAN LA HUELGA IN EXTREMIS

hosteltur.com

El comité de Ilunion Seguridad da un nuevo plazo a la empresa hasta el 1 de noviembre

El comité de empresa de Ilunion Seguridad ha aplazado hasta el 1 de noviembre la huelga que tenía previsto iniciar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, después de llegar a un acuerdo con la compañía.

La Delegación del Gobierno de Cataluña incluso había fijado en un 90% los servicios mínimos durante la huelga en El Prat. Según informa UGT, el comité ha optado por dar más tiempo a la empresa para que negocie con Aena, a la que Ilunion reclama que asuma parte del incremento salarial que exigen los trabajadores, a cambio de aumentar un plus salarial.

Los vigilantes de equipaje aplazan la huelga in extremis Los vigilantes de equipaje aplazan la huelga in extremis

Los trabajadores de Ilunion están pidiendo un incremento de 350 euros mensuales para todos los empleados del aeropuerto, además de otras medidas organizativas. La empresa realiza el servicio de control de equipajes facturados, el control de acceso de empleados, de suministros y de vehículos y el servicio de vigilancia de terminales e instalaciones aeroportuarias.

El sindicato ha explicado que la empresa también se ha comprometido a seguir negociando hasta llegar a un acuerdo final. La próxima reunión de mediación se ha fijado para el 26 de septiembre.

HUELGA DE LOS MÉDICOS GALLEGOS POR LA NEGATIVA A RECONOCER SU CARRERA PROFESIONAL

El Boletin.com

La cuerda del reconocimiento de la carrera profesional en la sanidad pública lleva años tensándose. Con la llegada de la crisis económica, una de las principales medidas que las comunidades autónomas tomaron fue la paralización drástica de este derecho. Sin embargo, varios años después y tras mucho insistir, la mayoría de las regiones han comenzado a descongelar este reconocimiento. O al menos casi todas. Galicia es una de las excepciones.

Los (no) movimientos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia han terminado por romper la cuerda. Según ha recogido La Voz de Galicia, la coalición de sindicatos médicos (CESM-Galicia y O’Mega) han convocado dos jornadas de huelga para los días 2 y 3 de noviembre. Un paro que se convertirá en indefinido a partir del 4 de diciembre si el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo no cambia su política de ni tan siquiera sentarse a negociar la carrera profesional.

El argumento que han lanzado desde el Ejecutivo gallego se escuda en que los presupuestos de 2018 no están preparados por lo que no se puede hablar del dinero con el que se beneficiarían los profesionales. Los médicos replican: “Si no hay presupuestos no hay negociación, pero si no hay nada negociado nunca podrá asignarse un presupuesto”. Mientras, en otras regiones los avances en esta descongelación se han iniciado, aunque con inquietud y desconfianza.

La situación en la Comunidad de Madrid

‘Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar’, dice el refranero popular. Una frase que puede servir de ejemplo perfectamente en Madrid. Y es que los choques entre las asociaciones médicas y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por este reconocimiento ha sido uno de los grandes protagonistas en los últimos meses. Por el camino, promesas vacías y anuncios a medio camino.

“Tras mucha presión, la Comunidad de Madrid anunció que se iba a reconocer la carrera profesional. En enero de 2017 se firmó relanzarla, pero en los presupuestos que se aprobaron no se incluyó”, recuerda Julián Ezquerra, secretario general de Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) a ElBoletín.com.

La ‘pelea’ con el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha sido intensa</a>.De hecho, el no incluir el pago de la carrera profesional en las cuentas de 2017 provocó varias peticiones de dimisión e incluso la ruptura con el miembro del Gobierno de Cristina Cifuentes por sus múltiples incumplimientos. Sin embargo, el bloqueo de esta medida se ha roto. O al menos por ahora. “Los profesionales tienen hasta el 30 de septiembre para entregar la documentación y para la primera quincena de octubre los comités comenzarán a evaluar los reconocimientos”, desgrana Ezquerra.

No obstante, el secretario general de AMYTS tiene señalada una fecha en el calendario: “Se espera que para finales de año la Comunidad de Madrid firme los reconocimientos y que en diciembre estén todos los profesionales reconocidos”. A pesar de que Ezquerra reconoce que la gestión es “costosa” al estar hablando de 70.000 trabajadores del SERMAS, el dirigente del sindicato advierte: “Una vez que ilusionas a los profesionales, no lo puedes paralizar. En 2018 se tiene que pagar sí o sí”.

“Hay una calma con cierta tensión”

Ezquerra apunta a otra clave en este conflicto: la oposición. “Todo depende de la oposición. Tienen la llave para pagar sí o sí. Sobre todo Ciudadanos que es el que ha dado el gobierno al PP”, sentencia el secretario general de AMYTS. Y es que la negociación de los presupuestos autonómicos de 2018 ya empieza a aparecer en el horizonte, aunque no sin los primeros problemas entre la formación naranja y Cifuentes después de que los primeros reclamasen una bajada del IRPF para sentarse a hablar.

Aun así, Ezquerra no encuentra excusas para que 2018 sea el año en el que los profesionales de la sanidad pública madrileña empiecen a tener su reconocimiento: “Si es real que Madrid crece tanto… tiene que hablar de pagar”.

Aunque las incertidumbres aparecen (“desconocemos cualquier calendario de pagos”), desde AMYTS están “dispuestos a hablar de plazos” que faciliten que el dinero fluya sin trabas.

Mientras tanto, aunque la situación en Galicia “es peor”, las dificultades en Madrid tampoco han pasado desapercibidas. “Hay una calma con cierta tensión porque la reactivación es complicada. Y un reconocimiento sin dotación económica (no solo administrativa) no tiene sentido”, expone el secretario general de AMYTS.

De la misma manera, que todo el profesional (ya sea sanitario o no) del SERMAS cobren los mismos complementos sean de la categoría que sea, tal y como se ha venido denunciando. De ahí la necesidad de que se cumpla también la promoción profesional.

Hasta que la firma de la Comunidad de Madrid se dé (a finales de año, según los cálculos de Ezquerra), Ezquerra insiste en la importancia de la carrera profesional. “Es la única manera de reconocer los años, la experiencia y los méritos conseguidos y en la nómina se nota, aunque se echa en falta que haya algún otro tipo de reconocimiento más allá del económico, algo que sucede en otros países europeos”, concluye el dirigente del sindicato.

Por el momento, las barbas en la Consellería de Sanidade en la Xunta ya se están comenzando a cortar con la convocatoria de la huelga. Veremos en el resto de regiones con el paso de los meses y del proceso.

LAS SANCIONES DE LA NUEVA LEY FERROVIARIA SUMERGEN A FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) EN 17 DÍAS DE HUELGA

Laura Ballester - levante-emv.com

Los sindicatos reclaman que la ley que aprueba el Consell no contemple multas a los trabajadores

La ley de seguridad ferroviaria valenciana, que comenzó a redactarse en octubre de 2015, llega en segunda lectura al pleno del Consell, tras el proceso de consultas y exposición pública, para que siga su tramitación como proyecto de ley en las Corts.

La nueva normativa y la agencia de seguridad ferroviarias eran una de las demandas reclamadas por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) durante años década y asumida por los seis partidos que pactaron impulsarla y reabrir la comisión de investigación del accidente del metro (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, EU y UPyD) el 4 de mayo de 2015.

Aunque en el tramo final de su aprobación, el texto legal ha levantado ampollas entre los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que han iniciado la primera de las 17 jornadas de paros (parciales y de 24 horas) convocada por el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), UGT, CC OO y para mostrar su desacuerdo por el nuevo texto legal.

Los sindicatos alegan la falta de negociación y diálogo con la empresa para pactar el texto legal en lo referente a las modificaciones de sus condiciones de trabajo. Desde la Conselleria de Obras Públicas aseguran que se realizó una «presentación específica del anteproyecto de ley en enero de 2017 ante los trabajadores de FGV», a la que se añaden «reuniones entre responsables de la conselleria con representantes sindicales en los meses de mayo y junio». Aunque fuentes sindicales critican que «apenas se nos dio diez días para que presentáramos alegaciones».

Al detalle y entrando en materia, una de las cuestiones que rechazan los sindicatos es el régimen sancionador previsto en el anteproyecto de ley (con multas que oscilan desde los 7.500 euros las leves hasta 38.000 euros las graves y 380.000 euros las muy graves).

Una normativa legal que los sindicatos consideran que duplica el reglamento sancionador que ya existe en FGV. Por eso, han presentado al Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) para intentar desconvocar la huelga reclaman que sea FGV «quien responda del pago de las multas que pudieran imponerse por infracciones cometidas por su personal», que se adapte el reglamento disciplinario de FGV a la nueva normativa y que el nuevo texto legal «no contemple sanciones para los trabajadores de las entidades ferroviarias».

Desde la Conselleria de Obras Públicas aseguran que la nueva ley «ya se ha adaptado a las alegaciones de los sindicatos al decir en el apartado 3 del artículo 55 que ´no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los que casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento». Se trata, explican desde la conselleria, de aplicar el principio legal «non bis in idem» que impide legalmente sancionar a una persona por un mismo hecho por partida doble.

El departamento que dirige Maria José Salvador insiste en que esta normativa «no es de aplicación exclusiva a los trabajadores de FGV, sino que se aplicará a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades ferroviarias de competencia autonómica e incluso los usuarios que puedan perturbar la prestación del servicio de transporte». Por ello, concluyen «no se puede aplicar una genérica exención» que «descafeinaría esta normativa legal para garantizar la seguridad ferroviaria».

NOTICIAS SOBRE LUCHAS OBRERAS - PULSA AQUÍ ->

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/BOLETINLUCHAS.html