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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (21 DE OCTUBRE DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

EL TSJCV TUMBA EL ERTE DE UNA PROVEEDORA DE FORD POR REALIZAR HORAS EXTRAS Y CONTRATAR NUEVOS TRABAJADORES DURANTE EL PERÍODO DE APLICACIÓN DEL RECORTE

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COMARCA DE CAMPO DE GIBRALTAR

EDESA INDUSTRIAL Y GEYSER GASTECH DAN POR FINALIZADO EL PERIODO DE CONSULTAS E INICIARÁ N 145 DESPIDOS

SEGUIMIENTO UNÁNIME DEL PRIMER MARTES DE HUELGA PARCIAL EN COBRA-CIUDAD REAL, SEGÚN CC.OO.

NUEVA JORNADA DE HUELGA DE AUTOBÚS EN LA SIERRA OESTE DE MADRID

LOS SINDICATOS ESTUDIAN UNA HUELGA DE RECOGIDA DE BASURAS EN MADRID

HUELGA EN EL METRO DE VALENCIA: FGV SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO MIENTRAS HAYA PAROS

LAS AUTOESCUELAS CIFRAN EN 40 MILLONES LAS PÉRDIDAS POR LA HUELGA DE EXAMINADORES

LA HUELGA DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR SECUNDADA POR MÁS DE UN 75%, SEGÚN LOS SINDICATOS

NAVANTIA RECLAMA AL COMITÉ DE HUELGA Y A LA CIG MÁS DE 1,7 MILLONES POR EL PARO INDEFINIDO DE LA INDUSTRIA AUXILIAR OPERARIOS DE AUXILIARES DE NAVANTIA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HUELGA DE CANAL GESTIÓN DENUNCIA QUE LOS SERVICIOS MÍNIMO "ABUSIVOS": "RONDAN EL 95%"

LOS VIGILANTES ACUDEN A LA HUELGA Y DENUNCIAN ESTANCAMIENTO LABORAL

LOS TRABAJADORES DE CAPSA VUELVEN A LA HUELGA

EL COMITÉ DE EMPRESA CONVOCA PAROS PARA LOS DÍAS 20, 21, 24, 25 Y 28 DE OCTUBRE

EL COMITÉ DEL HOSPITAL VITHAS-SAN JOSÉ CONVOCA UNA HUELGA

SE RECONOCE LA CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES DE BTV

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SLU. (VER PDF)

EL TSJCV TUMBA EL ERTE DE UNA PROVEEDORA DE FORD POR CONTRATAR NUEVOS TRABAJADORES Y HACER HORAS EXTRAS EN EL RECORTE

Europa Press – Valencia

El tribunal declara no ajustada a derecho la reducción de dos horas de la jornada laboral impuesta por la empresa a 195 empleados entre octubre y diciembre de 2016

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tumbado el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) de una compañía proveedora de Ford por contratar nuevos trabajadores y realizar horas extras durante el periodo de aplicación del recorte.

Así consta en la sentencia, facilitada por CGT País Valencià, en la que el tribunal valenciano estima el recurso interpuesto por el comité de empresa de Outsourcing For The Automotive Industry 2007 S.L. contra la sentencia de un juzgado Social que daba la razón a la compañía. El TSJCV, en la nueva resolución, declara no ajustada a derecho la reducción de dos horas de la jornada laboral impuesta por la empresa a 195 empleados entre octubre y diciembre de 2016.

La empresa demandada se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de piezas o elementos de plástico, metálicos y textiles para el automóvil, y tiene como único cliente a Ford-España. En septiembre de 2016, propuso un ajuste en las jornadas de trabajo ante el descenso de producción de Ford.

Tras negociaciones, dejó de programar entre el 29 de agosto y el 22 de diciembre dos horas diarias de producción. De esta manera, la dirección de Outsourcing, según argumentó ante el Comité de Empresa integrado por siete delegados de CGT y dos de UGT, decidió, "siguiendo la planificación de Ford", aplicar un ERTE que afectó a 195 trabajadores de una plantilla total de 235 empleados.

Tras el preceptivo período de consultas, la representación legal de los trabajadores rechazó la medida, con lo que Outsourcing acabó aplicando el mismo recorte que su cliente.

Sin embargo, sólo en el período comprendido entre los días 10 de octubre y 22 de diciembre de 2016, en la empresa se realizaron 3.223,75 horas extraordinarias. Y además, en tiempo coincidente con la medida de recorte, 18 trabajadores de Empresa de Trabajo Temporal prestaron servicio en la proveedora. Asimismo, la dirección se cuidó de que ninguno de los trabajadores de plantilla efectuara prolongación de jornada.

Tal y como consta en el texto de la sentencia, los hechos suponen que Outsourcing infringió el Estatuto de los Trabajadores, en particular el artículo 47.2, "al prohibir este último precepto la realización de horas extraordinarias, salvo fuerza mayor, durante el período de reducción de jornada".

Respecto a la contratación de 18 empleados mediante ETT coincidiendo con el período de reducción de jornada, se suma que la empresa contrató por obra y servicio a dos trabajadores cuya labor consistía "en atender la acumulación de tareas" de dos departamentos --picking y entregas--.

Estas circunstancias "contradicen la medida adoptada por la empresa de reducir dos horas diarias la jornada de trabajo de uno de uno de los turnos", según la sentencia.

La CGT-PV se felicita del veredicto del TSJCV y señala el hecho de que supone una "clara limitación a la impunidad" con que determinadas empresas aplican recortes laborales "que contravienen los derechos de la clase obrera".

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COMARCA DE CAMPO DE GIBRALTAR

Juan Manuel Dicenta - cadenaser.com

La Asociación de la Prensa y el sindicato CC.OO. abanderan la protesta.

Un momento de la concentración convocada por la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar ->

http://cadenaser00.epimg.net/emisora/imagenes/2017/10/16/radio_algeciras/1508182065_747818_1508182753_noticia_normal.jpg

La Plaza de San Bernardo, a espaldas de la Parroquia de La palma, ha sido el escenario elegido para llevar a cabo la protesta por los recientes despidos en medios de comunicación del Campo de Gibraltar.

Allí, donde se inauguró hace ya algunos años un monolito en homenaje a la "Libertad de Expresión" se procedía a la lectura de un manifiesto por parte de la periodista Rosario Pérez:

El periodismo es un elemento vital para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad, en un clima de tolerancia y de convivencia pacífica. Con esa razón de ser, con ese elevado objetivo, a pesar de quienes insisten en minar sus cimientos, sobrevivirá, pese a quien pese o, de lo contrario, quien perderá será la democracia.

Las instituciones, las corporaciones públicas y privadas y la ciudadanía han de saber que su futuro democrático y solidario necesita de unos medios de comunicación potentes e independientes, con periodistas que, con su credibilidad y profesionalidad, aporten elementos que ayuden a la gente a recibir la información necesaria para formarse su propia opinión. Se trata, en definitiva, de sensibilizar a la sociedad ante la realidad que nos rodea.

El periodismo, verdadera garantía de nuestra calidad democrática, no es una industria cualquiera, y en etapas como la que atravesamos de crisis económica y de valores, es esencial que el mensaje de nuestra especificidad cale en la ciudadanía.

En el Campo de Gibraltar, quizás en mayor medida que en el resto de España, vivimos tiempos de paro y precariedad laboral. Son muchas las circunstancias que marcan estos momentos difíciles, especialmente la estrategia exclusivamente empresarial de numerosos medios de comunicación para mejorar sus cuentas de resultados o frenar pérdidas a base de desmantelar plantillas y prescindir de profesionales, en un constante goteo de despidos que sitúa el paro en el sector periodístico campogibraltareño por encima del cuarenta por ciento.

Una parte de las empresas del gremio están regidas por profesionales de la reducción de costes en lugar de gestores capaces de apostar por contenidos de calidad, de la mano de redacciones fuertes y dotadas. La apuesta por la profesionalidad debería ser el principal objetivo, dado que es la única manera de conseguir un mejor posicionamiento de los medios y, por tanto, un aumento de los ingresos comerciales.

Sin embargo, la única luz que parece alumbrarnos en la comarca refleja un panorama que, en el mejor de los casos, apuesta por la contratación de mano de obra barata y sin experiencia; por la desaparición de ediciones impresas o la reducción de plantillas hasta niveles abusivos e incompatibles con una mínima calidad informativa.

Ahí están los recientes ejemplos de "La Verdad", "La Nueva Verdad" y "Europa Sur". Aunque hace más tiempo, no olvidamos la desaparición de la edición impresa de "Diario Área", decano de la prensa campogibraltareña, y las reducciones de plantillas y hasta cierres definitivos en medios audiovisuales.

Junto a la inconsciencia empresarial se sitúa otro fenómeno que amenaza al sector como pocos. La proliferación de iniciativas de dudoso planteamiento profesional que, sin el más mínimo decoro, han diversificado la tarta comercial y, en muchos casos, han facilitado el trabajo promocional de las Corporaciones Públicas y Privadas que con sus contribuciones llegan a asegurar tanto el mantenimiento del supuesto medio como sus políticas de comunicación a conveniencia.

Desde este rincón campogibraltareño que simboliza la Libertad de Expresión queremos denunciar estas prácticas y recordar que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.

Por último, la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y el sindicato CC.OO. queremos enviar un mensaje de ánimo a las compañeras y compañeros afectados por estos despidos y les deseamos la mejor suerte para afrontar su nueva etapa profesional y personal.

El responsable de servicios a la ciudadanía del sindicato CC.OO. en el Campo de Gibraltar, Miguel Alberto Díaz, pasaba por los micrófonos de Radio Algeciras haciendo igualmente hincapié en la importancia de los medios de comunicación, de los periodistas y del periodismo para hacer posible una sociedad más justa y democrática

Al acto han asistido periodistas, miembros de los sindicatos y un importante número de ciudadanos que han querido mostrar, con su presencia, su apoyo a quienes sufren en estos momentos los despidos en los medios de comunicación.

EDESA INDUSTRIAL Y GEYSER GASTECH DAN POR FINALIZADO EL PERIODO DE CONSULTAS E INICIARÁ N 145 DESPIDOS

Crónica de Cantabria

Comités de empresa piden a la dirección, Fagor y Gobierno Vasco que “eviten despidos innecesario y trabajen por el futuro del proyecto”

La dirección de Edesa Industrial y Geyser Gastech SA, pertenecientes al grupo empresarial CNA Group, han dado por finalizado el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo de extinción para sus 327 trabajadores y ha anunciado que iniciará el despido de 145 empleados.

En rueda de prensa en Arrasate, representantes de los comités de empresa de Edesa y Geyser han denunciado que se les pedía aceptar “un cheque en blanco” que suponía “poner en grave riesgo” el proyecto de las dos empresas.

Además, han acusado a CNA de “mentir e incumplir” continuamente y han destacado que “a día de hoy” las sociedades Edesa Industrial y Geyser “están en preconcurso de acreedores”, mientras los Comités han presentado “una solución basada en salidas voluntarias incentivadas y la aplicación o prórroga del ERE de suspensión para el resto, hasta saber cual es el proyecto definitivo del inversor que pueda venir”.

A su juicio, es posible “un acuerdo tripartito entre Fagor, Edesa y la parte social en el cual se asegure un mayor volumen de empleo con prejubilaciones, voluntarios y proyecto industrial”, pero “no hay voluntad” para ello.

“IRREGULARIDADES”

Por otra parte, han censurado que el proceso “ha estado lleno de irregularidades” por lo que no descantan impugnar el ERE de extinción reclamando su “nulidad”.

Al respecto han señalado que “parte de la documentación” de les entregó “tarde” y la dirección actuó “de mala fe haciendo una propuesta de salidas voluntarias al margen del periodo de consultas”.

También han añadido que la dirección ha tomado su decisión final basándose en un plan de viabilidad “redactado hace tres meses sin conocer ni siquiera la identidad de quien tiene que sustentarlo”.

Finalmente, los comités han afirmado que queda “mucho camino por delante”, porque no dan por “buenos ni los despidos ni la posible desaparición” del proyecto industrial y han pedido a la dirección, a Fagor Sociedad Corporativa y al Gobierno Vasco que “tomen la iniciativa, eviten despidos innecesario y trabajen por el futuro del proyecto

SEGUIMIENTO UNÁNIME DEL PRIMER MARTES DE HUELGA PARCIAL EN COBRA-CIUDAD REAL, SEGÚN CC.OO.

Ciudad Real (Europa Press)

Los trabajadores de la empresa 'Cobra', dedicada a la instalación y mantenimiento de Telefónica y Movistar en la provincia de Ciudad Real, han iniciado su movilización contra las nuevas modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo "impuestas unilateralmente por su empresa" y se han concentrado ante las puertas de su empresa con un seguimiento "unánime", según CC.OO..

Tal y como ha informado el sindicato en una nota de prensa, se trata de la primera jornada de paros parciales que se extenderán hasta el día 31 del próximo mes de enero, cuando la huelga será a jornada completa.

De este modo, los 20 trabajadores afectados pararán dos horas durante 16 martes consecutivos y cerrarán este primer calendario el miércoles, 31 de enero, cuando está prevista la celebración del juicio entablado contra la decisión de su empresa de suprimirles tanto el plus de incentivos como el de transporte, además de negarse a abonarles los atrasos de convenio --unos 500 euros a cada uno de ellos--.

Las dos centrales sindicales, CC.OO.-Industria y FICA-UGT en Ciudad Real, han hecho un llamamiento a la subcontrata de Telefónica-Movistar a "reconducir la situación, a pagar lo que debe a los trabajadores y a reponerles los pluses eliminados de forma unilateral e injusta". Según señalan, "la finalización del conflicto está en manos de la empresa Cobra, que no debería empeñarse en prolongarlo porque sus decisiones son insostenibles".

Contrata desde noviembre de 2015

Cobra se hizo en noviembre de 2015 con la contrata de Telefónica-Movistar que hasta entonces tenía adjudicada la empresa Teleco para realizar en la provincia de Ciudad Real las instalaciones de telefonía y telecomunicaciones, así como en su caso la obra civil.

En aquel momento, Cobra se subrogó los contratos de las cerca de 60 personas que integraban la plantilla de Teleco; de las que en la actualidad quedan unas 45, casi todos técnicos.

En un inicio, Cobra "respetó" las condiciones laborales de estos trabajadores, "pero a mediados de este año les anunció su intención de modificarlas, para lo que abrió las correspondientes negociaciones".

Sin embargo, el pasado 1 de agosto "las rompió e impuso unilateralmente varias modificaciones, sobre todo nuevas condiciones encaminadas de dificultar la percepción del plus de incentivos, concepto que representa volumen de trabajo realizado mensualmente y que constituye una parte sustancial de la nómina".

"Tras las iniciativas sindicales, resoluciones arbitrales y actuaciones judiciales para obligar a la empresa a rectificar aquella decisión, la dirección de Cobra-Ciudad Real se ha tomado venganza eliminando sin más a los técnicos de Instalación y Mantenimiento los pluses mencionados y no pagándoles los atrasos derivados de la aplicación de las subidas salariales establecidas en el convenio colectivo", han denunciado desde CC.OO. y UGT.

NUEVA JORNADA DE HUELGA DE AUTOBÚS EN LA SIERRA OESTE DE MADRID

Fran Serrato - elpais.com

La empresa denuncia que han sido atacados 31 vehículos desde que comenzaron los paros

Los conductores de Irubus, la empresa de autobús que da servicio en la Sierra Oeste de Madrid, han vuelto a la huelga. Sin acuerdo con la compañía, con la que se reunieron el viernes, mantendrán los paros todos los lunes y martes del año.

La empresa denuncia que desde el 9 de octubre, día que comenzó la huelga, 31 vehículos han sido atacados. Los trabajadores lo niegan. Solicitan que se respeten sus descansos y recuperar los 800 euros de media al mes que dicen haber perdido en los dos últimos años. Irubus sostiene que la reivindicación supondría un incremento del 50% en los costes salariales y pondría en peligro su viabilidad.

El comité de empresa de Irubus vuelve a cifrar en un 100% el seguimiento de la huelga en esta tercera jornada. Como anteriormente, unos 70 empleados han protestado en la estación de autobuses de San Lorenzo de El Escorial con pancartas, silbatos y cánticos desde las 5.30, media hora antes del inicio del servicio.

Irubus conecta las 26 localidades de la Sierra Oeste, en la que viven más de 200.000 personas, con la capital y tiene más de 15.000 usuarios diarios. La mayor parte de los empleados han pasado por la terminal después de las 10.00, ya que antes de unirse a la protesta debían acudir a otros centros de trabajo como Valdemaqueda o Cebreros (Ávila) para cumplir con los servicios mínimos, del 65% en las horas punta.

Vicente del Pozo, miembro de UGT y presidente del comité de empresa de Irubus, asegura que las concentraciones se están desarrollando sin más incidencias que “leves retrasos”. Sin embargo, la compañía, que pertenece al grupo Alsa, denuncia “actos vandálicos que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros”. Irubus cifra en 31 los vehículos que han sido atacados desde que comenzaron los paros, 22 de ellos con viajeros en su interior.

El viernes fue apedreado un autocar con 30 pasajeros a bordo mientras circulaba por el Bus-Vao a la altura del Palacio de La Moncloa, explica la empresa en un comunicado de prensa. El vehículo sufrió la rotura de sus lunas trasera y lateral y tuvo que ser inutilizado. Del Pozo desconoce esos hechos y asegura que los empleados no tienen nada que ver con ellos.

Irubus tiene una plantilla de 130 trabajadores, que fueron subrogados en diciembre de 2015, cuando Alsa se hizo con la compañía de autocares Herranz. Sus empleados sostienen que han perdido 800 euros de media al mes desde entonces.

La empresa afirma que la reivindicación supondría un incremento del 50% en los costes salariales y pondría en peligro su viabilidad.

El viernes estuvieron reunidas ambas partes durante cuatro horas, pero no llegaron a ningún acuerdo. Irubus certifica que propuso aumentar el salario el doble de lo que correspondería por el convenio colectivo. Del Pozo sostiene que solo les plantearon un único pago de 100 euros en 2018 y otro en 2019 como bolsa de vacaciones, algo que “ya está ganado” porque “se recoge en una sentencia de la Unión Europea”.

LOS SINDICATOS ESTUDIAN UNA HUELGA DE RECOGIDA DE BASURAS EN MADRID

Rechazan la postura de la patronal en la negociación del convenio colectivo

Los sindicatos con representación en las empresas adjudicatarias de la recogida de basura de la capital (CC.OO., UGT y CGT) plantearán la convocatoria de una huelga indefinida para en Madrid previsiblemente a partir del 6 de noviembre, tal y como se ha acordado en la asamblea de trabajadores.

Fuentes sindicales han explicado que la asamblea de trabajadores ha acordado por más del 90% facultar a la representación de los trabajadores a convocar huelga en protesta por la postura de la patronal en la negociación del convenio colectivo.

El servicio de recogida de basuras se divide en la actualidad en tres lotes cuya gestión está adjudicada a las empresas FCC, a una UTE formada por Valoriza, Acciona, OHL y Ascan y a una tercera UTE formada por Urbaser y Ferrovial. A su juicio, la situación actual -convenios por cada adjudicataria de los distintos lotes- “no tiene sentido” y se generan “desequilibrios” entre los trabajadores.

Así, se espera que se solicite la mediación ante el Instituto Laboral y que el planteamiento de la parte social es la realización de paros indefinidos si no se producen cambios.

Por su parte, el secretario de negociación colectiva de Construcciones y Servicios de CC.OO. Madrid, Félix Carrión, ha explicado que las empresas adjudicatarias tienen un planteamiento “regresivo” respecto al convenio colectivo, mientras que los representantes de los trabajadores plantean mejoras como incremento salariales.

Carrión ha añadido que actualmente el planteamiento de la patronal está “muy lejos” de la postura que defienden los sindicatos y que, de continuar en esta línea, “habrá conflicto”.

Por su parte, desde CGT indican que la parte social ha adoptado la decisión de plantear a los trabajadores la convocatoria de huelga y que la propuesta de las empresas en las diferentes reuniones sobre el convenio se basa en “recortes”.

Los sindicatos plantearon el pasado 12 de junio la convocatoria de una huelga indefinida que finalmente desconvocaron tras constituirse una mesa de negociación de cara a lograr un convenio unitario para todos los trabajadores.

De aquella Carión ya adelantó los problemas sin solucionar: “No entendemos a quién le puede interesar partir esto; a la ciudad de Madrid esto le da igual, porque la basura se recoge de la misma manera en todos los sitios, y no se puede parcelar la negociación del convenio”.

En este sentido, Carrión hace hincapié en que no se puede pretender “que un barrendero en Puente de Vallecas tenga unas condiciones, y otras para un barrendero de Retiro”.

El servicio de recogida de basuras se divide en la actualidad en tres lotes cuya gestión está adjudicada a las empresas FCC, a una UTE formada por Valoriza, Acciona, OHL y Ascan y a una tercera UTE formada por Urbaser y Ferrovial.

HUELGA EN EL METRO DE VALENCIA: FGV SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO MIENTRAS HAYA PAROS

La empresa pública reclama «responsabilidad» a los representantes de los trabajadores

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha suspendido la negociación del decimotercer convenio colectivo de la empresa mientras los sindicatos mantengan las huelgas parciales y de veinticuatro horas que tienen convocadas, y ha pedido responsabilidad a los representantes de los trabajadores. Está prevista una nueva jornada de paros, que están convocados hasta el 5 de noviembre.

El director gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha anunciado en rueda de prensa esta decisión ante las cinco huelgas convocadas y las cuatro comisiones de conflicto que se plantearon la semana pasada y que podrían concluir en nuevas huelgas.

Sánchez Jordán ha pedido a los sindicatos que desconvoquen las huelgas y "se sienten a negociar dentro del convenio colectivo", así como que concreten sus propuestas y "se pongan de acuerdo entre ellos", y ha criticado que los representantes de los trabajadores "primero convoquen huelga y después quieran negociar. Y encima no sabes ni de qué", ha agregado.

Ha lamentado que estén utilizando a los usuarios del metro y del tranvía y trasladen "asuntos que son del convenio" a cada conflicto que hay, mientras no se llegan a finalizar las negociaciones de sus reivindicaciones porque los sindicatos "no se ponen de acuerdo" entre ellos.

Según ha recordado, tanto la dirección de la empresa pública como los trabajadores han demostrado su capacidad de negociar y de llegar a acuerdos, como hicieron en el convenio colectivo vigente para dejar atrás cinco años sin convenio y de las tensiones provocadas por el ajuste laboral de 2012.

Ello llevó a la "normalidad" en las relaciones laborales y que las condiciones de los trabajadores estuvieran "por encima" de otras explotaciones ferroviarias, y en los últimos dos años a prestar un mejor servicio, a aumentar el número de viajeros, a prestar más servicios especiales, a aumentar la satisfacción de los viajeros y a congelar los precios.

Pero, según el director gerente, "lejos de negociar y después convocar huelga si no hay acuerdo", lo primero que hacen es convocar paros y después querer negociar "con la presión que supone saber que se perjudica a los usuarios".

Sánchez Jordán ha asegurado que la empresa tiene la mano tendida para negociar "en el momento en que desconvoquen los paros", sin "la espada de Damocles encima", y ha manifestado que existen "desavenencias" entre los propios sindicatos y estos exponen motivos genéricos que no concretan.

Además, en cuanto a habilitaciones y reconocimientos médicos, ha explicado que se ha alcanzado el 80 % de acuerdo respecto a las peticiones sindicales, pero los sindicatos "no se ponen de acuerdo en la desconvocatoria" de los paros.

Las cuatro comisiones de conflicto planteadas por UGT, CC.OO., SIF y SCF que pueden desembocar en nuevas huelgas, según ha dicho, se refieren a "motivos genéricos" y proceden de la plataforma de convenio colectivo.

Preguntado por los motivos que subyacen a las últimas huelgas, el gerente de FGV ha señalado las diez horas mínimas de descanso entre turnos, una medida de seguridad que ya se ha implantado en el resto de explotaciones ferroviarias, y la ley de Seguridad Ferroviaria.

Desde hace varios meses hay convocada una huelga en el colectivo de maquinistas del tranvía por parte de todos los sindicatos excepto uno, y desde finales de septiembre se desarrollan paros parciales y de veinticuatro horas entre el colectivo de circulación (maquinistas y personal del puesto de mando) convocada por cuatro sindicatos.

Al respecto, el gerente ha explicado que el coste de secundar la huelga para los trabajadores es "mínimo" al tratarse de tramos de dos horas pero supone "un perjuicio importante" para la empresa y para los usuarios, cuya repercusión económica se está estudiando.

Respecto a la necesidad de contrataciones, Sánchez Jordán ha asegurado que persisten las limitaciones de contratación impuesta por la ley de Presupuestos, que ha llevado a externalizar algunos trabajos como el mantenimiento, y que la intención es "internalizarlos" cuando se pueda, lo que supondría entre 70 y 90 empleados más.

LAS AUTOESCUELAS CIFRAN EN 40 MILLONES LAS PÉRDIDAS POR LA HUELGA DE EXAMINADORES

Europa Press

Más de 170.000 alumnos de toda España no han podido examinarse debido al paro de los examinadores. Las autoescuelas piden diálogo entre la DGT y el sector para solucionar la situación.

Las autoescuelas cifran en 40 millones de euros las pérdidas económicas en toda España causadas por el paro de los examinadores y piden diálogo para solucionar la situación entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el sector.

Más de 170.000 alumnos a nivel nacional no han podido examinarse desde que comenzaron los paros, debido al "servicio mínimo" que ofrecen los examinadores al realizar las pruebas una vez al mes, según ha informado el portavoz del colectivo, Salvador Ortiz. "Nosotros lo que queremos es que las dos partes se sienten a dialogar y encuentren la solución" ha dicho Ortiz, durante una concentración ante la Jefatura Provincial de Tráfico en Málaga.

Ha resaltado que muchas personas esperan el carné de conducir para trabajar, ya sea con los camiones o simplemente para desplazarse como es el caso de muchos jóvenes que aguardan por el permiso de conducir de la moto.

130 autoescuelas han cerrado porque no pueden afrontar el IVA Según Ortiz, el problema se inició hace dos años con la jubilación y retirada de muchos examinadores, cuyos puestos no se han cubierto: "Eran más de 700 y ahora hay 500, a los que la Administración no les da lo que les prometió".

Asimismo, ha indicado que en los últimos años la patronal de autoescuelas ha formado a 22.000 profesores, por lo que "examinadores cada hay día menos y profesores cada día hay más". "Han roto el servicio público, pero también nos rompen a nosotros y a los alumnos, que somos los que sufrimos de verdad esto" ha denunciado.

Ha señalado que 130 autoescuelas han cerrado porque no pueden afrontar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ni hacer frente al resto de los gastos correspondientes. "Las empresas pequeñas están en un precipicio, nadie nos escucha". Los examinadores a través de su asociación han informado de que amplían el período de huelga hasta noviembre y diciembre, y que además, han realizado una contrapropuesta a la DGT pero no ha habido respuestas.

LA HUELGA DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR SECUNDADA POR MÁS DE UN 75%, SEGÚN LOS SINDICATOS

Luis Ayllón - abc.es

Unos 7.200 trabajadores contratados laborales fueron convocados a secundar el paro en las embajadas, consulados, oficinas comerciales, consejerías de Empleo y oficina de las Seguridad Social o sedes del Instituto Cervantes

La primera huelga general de personal laboral convocada en las oficinas de la Administración General del Estado en el exterior tuvo un seguimiento superior al 75 por ciento, según los datos facilitados por los sindicatos convocantes del paro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, principal afectado por la protesta no facilitó datos sobre la respuesta a la convocatoria y podría hacerlo en breve.

Según CSIF, el sindicato más representativo en el sector, la huelga fue secundada por un 75% y según UGT, por el 80 %. CC.OO. indicó que el seguimiento osciló entre el 100% en las oficinas de la Administración en China o Australia y el 43% en las de Finlandia. No obstante, señaló que en Helsinki todos los empleados de las oficinas comerciales y del ICEX hicieron huelga, lo mismo que los de Tel Aviv, Ankara, Sidney o Johanesburgo.

Unos 7.200 trabajadores contratados laborales, es decir, personal no funcionario, fueron convocados a secundar el paro en las embajadas, consulados, oficinas comerciales, consejerías de Empleo y oficina de las Seguridad Social, sedes del Instituto Cervantes, oficinas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (Aecid) y otras dependencias donde prestan sus servicios.

Los trabajadores protestan por la falta de respuesta por parte del Gobierno a su demanda de aumento salarial del 25 por ciento para 2017 y un 10% más para los dos años siguientes. Subrayan que desde 2009 su sueldo está congelado y que muchos de ellos viven en países donde se registran unas altas tasas de inflación o donde, por no haber sufrido la crisis como en España los precios han continuado subiendo. Como consecuencia de ello, aseguran que en algunos casos han perdido entre un 40 y un 65% del poder adquisitivo.

Aunque hay trabajadores en dependencias del exterior de los Ministerios de Defensa, Economía o Presidencia, entre otros, un elevado porcentaje de ellos -un 40 % aproximadamente- trabaja en las del Ministerio de Asuntos Exteriores, que decretó unos servicios mínimos del 25%.

Los sindicatos reclaman que el Gobierno y principalmente los Ministerios de Exteriores y Hacienda, se sienten a negociar para «llevar a cabo una revisión de los salarios y que se organicen unas elecciones sindicales que normalicen la representación» del colectivo.

NAVANTIA RECLAMA AL COMITÉ DE HUELGA Y A LA CIG MÁS DE 1,7 MILLONES POR EL PARO INDEFINIDO DE LA INDUSTRIA AUXILIAR OPERARIOS DE AUXILIARES DE NAVANTIA

Europa Press

La empresa naval pública Navantia ha presentado una demanda ante el Servicio Provincial de Mediación y Conciliación (SMAC) de Ferrol, paso previo para la denuncia ante el Juzgado de lo Social, valorando en 1.780.000 euros los daños directos causados por la huelga indefinida de los trabajadores de la industria auxiliar, que lleva desde el pasado 5 de octubre en huelga indefinida.

Navantia hace responsable de esta situación al comité de huelga y a sindicato CIG, único convocante de este paro, incidiendo desde la empresa naval "el gravísimo daño que este paro hace al conjunto del sector naval en Ferrol".

Según la parte empresarial, "tendrá consecuencias económicas y de destrucción de empleo durante bastantes años en la comarca", manifestando al mismo tiempo "el total respeto al derecho de huelga de todos los trabajadores", pero asegurando que "las actuaciones llevadas a cabo tienen un carácter abusivo que sobrepasa la legalidad de dicho derecho".

La compañía que preside Esteban García Vilasánchez acusa a "los piquetes y el comité de huelga de impedir el paso a los trabajadores de Navantia al astillero durante al menos cinco jornadas" a pesar de que estos operarios no estaban secundado dicho paro, lo que según la empresa "generó un grave peligro para las instalaciones.

Y es que, según esgrime, al no estar convocada huelga, no se pudieron tomar las medidas para garantizar la seguridad en las instalaciones industriales "donde se están construyendo buques". "Está afectando y se está impidiendo el acceso al astillero de mercancías o de los trabajadores de limpieza, pintura o andamios; por los días transcurridos, puede paralizar la actividad del centro", advierte.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HUELGA DE CANAL GESTIÓN DENUNCIA QUE LOS SERVICIOS MÍNIMO "ABUSIVOS": "RONDAN EL 95%"

lavozdelanzarote.com

Miguel Figuera asegura que incluso los trabajadores que van a ser despedidos "están llamados a servicios mínimos"

El presidente del Comité de Huelga de Canal Gestión Lanzarote, Miguel Figuera, ha denunciado que los servicios mínimos que se han establecidos son "abusivos". "Rondan el 95%", ha asegurado en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde ha apuntado que los servicios mínimos que se han fijado para el turno de mañana son de un 85%, por la tarde de un 90% y por la noche del 100%. "Son abusivos en el sentido de que no nos permiten ejercer nuestro derecho a huelga", ha criticado.

Figuera ha querido dejar claro, no obstante, que la intención del Comité de Huelga "no es crear problemas al abastecimiento del agua". "Siempre hemos dicho que quien iba a crear los problemas en cuanto a la prestación del servicio, un servicio de calidad, iba a ser la empresa, despojándose de 69 trabajadores".

Sin embargo, ha insistido en que considera excesivos los servicios mínimos establecidos pues, según ha afirmado, incluso los empleados que van a ser despedidos "están llamados a servicios mínimos para poder garantizar el servicio".  "Y no sólo los 69 que se piensa ir despidiendo, sino incluso miembros del Comité de Huelga", ha añadido.

El presidente del Comité también ha denunciado la "prohibición" por parte de la empresa de permitirles el paso a las instalaciones, "incluso al local social para la celebración de las asambleas". "Tomaremos las medidas judiciales necesarias para denunciar esta historia", ha anunciado Figuera, quien ha señalado que, ante tal prohibición, los trabajadores se concentrarán, pero en "el exterior".

No confía en que se vaya a llegar a un acuerdo con la empresa

A pesar de los paros que la plantilla acaba de iniciar, el presidente del Comité de Huelga no cree que vayan a poder llegar a un acuerdo con la empresa sobre el despido de esos 69 trabajadores, de los que "cinco ya han sido despedidos", según ha asegurado. "No creo que la empresa se siente ni que lleguemos a ningún tipo de acuerdo", ha señalado Miguel Figuera, recordando que incluso el Consorcio del Agua ha intentado mediar, pero "la empresa ha estado reacia". "Hemos intentado llegar a acuerdos, pero cuando el acuerdo que te ponen sobre la mesa reitera el fraude de ley, no genera confianza", ha apuntado.

"Nuestras soluciones están en las sentencias que se vayan a producir por las demandas de los trabajadores del Comité de Empresa, así como en la apertura del expediente sancionador, que recordemos que ya Inspección de Trabajo hizo un requerimiento a la empresa para que convirtiera los contratos en indefinidos o que los reconociera más bien, porque están celebrados en fraude de ley, y eso es lo que nos toca. La parte de los trabajadores es siempre la más débil y nos toca esperar. Hay ley, pero cuando la Justicia es lenta, deja de ser tal Justicia", ha concluido.

LOS VIGILANTES ACUDEN A LA HUELGA Y DENUNCIAN ESTANCAMIENTO LABORAL

María Montero - diario16.com

La Seguridad Privada convoca protestas y manifestaciones en España por el cumplimiento del Convenio Estatal

Los trabajadores de Seguridad Privada en España llevan varios años luchando por unas mejoras laborales, que parecen no llegar nunca, especialmente, en el caso de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), -liderada por el empresario Miguel Ángel Ramírez-, bajo la problemática del incumplimiento continuado del abono de los sueldos a los vigilantes en tiempo y forma.

Por el estancamiento en la negociación del Convenio Estatal del Sector de Vigilancia y Seguridad, se han sumado a la protesta convocada en todo el Estado este próximo 24 de octubre, los vigilantes auspiciados por los sindicatos FTSP-USO – Canarias, FeSMC UGT, CC.OO. Construcción y Servicios, Intersindical Canaria.

Desde Canarias, los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur acudirán a la huelga el día 24 desde las 00:00 h a las 24:00 h por el cumplimiento del Convenio Estatal y por el pago puntual de sus salarios mensuales, además de manifestarse en varias sedes institucionales.

El Secretario General de la FTSP-USO en Canarias, Juan Díaz, -en declaraciones en “La ventana indiscreta” en Radio Las Palmas-, destacó el dolor y perjuicio para los vigilantes que no cobran su sueldo en el tiempo estipulado con el convenio con Seguridad Integral Canaria (SIC), las complicaciones cada mes que sufren estos trabajadores y sus familias para afrontar sus hipotecas y alquileres de viviendas, alimentación y educación de sus hijos, y subrayó “basta ya de precariedad laboral”, señalando a SIC como “una empresa pirata”, sobre las que pesan varios procesos judiciales.

Juan Díaz explicó que “el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), aún no se ha reunido con los vigilantes ni sindicatos, ni nos escucha, a pesar de que hemos acudido hasta la puerta del Parlamento, y recogido miles de firmas de apoyo”. “Es lamentable que sean las propias instituciones públicas las que sigan manteniendo los servicios de SIC, que incumple el convenio, en lugar de apostar por empresas que tratan con más dignidad a los vigilantes”.

El Gobierno de Canarias en enero de 2017 adjudicó la seguridad de algunos edificios administrativos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por 2.750.911 euros, -con sentencias judiciales en contra-, mientras que a CLECE, -que sí cumple-, le adjudicaba una contratación por 785.974 euros.

Igualmente, el secretario canario de FTSP-USO aclaró que los otros partidos políticos Podemos, PSOE, NC, ASG se reúnen y escuchan su situación, mientras que “el PP nos recibió en la anterior legislatura, pero al indicarnos el actual presidente regional de los populares, Asier Antona, que solo tenía dos minutos para escucharnos, nos levantamos de la mesa haciéndole la observación de la seriedad que requieren este tipo de reuniones, y por ello, nos retiramos”. “El PP en las Islas, ni nos ha convocado, ni nos contacta para interesarse por el estado de los vigilantes”, matizó Díaz.

Desde el sindicato FTSP-USO explican que aunque el empresario Miguel Ángel Ramírez, -de Seguridad Integral Canaria-, ha manifestado que se retira del negocio de la seguridad privada, “la compañía cederá o venderá sus servicios a otras empresas que, en teoría, subrogarán a la plantilla actual, pero actualmente, tiene contratos tanto públicos como privados en toda España”.

En este sentido, según consta en consultas realizadas al Ministerio de Industria, Ramírez usa un logo determinado, -consistente en un círculo-espiral-, para el Grupo Ralons desde 2007, y posteriormente se repite este logo idéntico en la empresa Marsegur con la misma imagen desde 2013, lo que podría suponer una relación o vínculo entre empresas, según explica el sindicato.

Así mismo, existen más relaciones de Miguel Ángel Ramírez con la seguridad privada ya que solicitó el 28/11/2016 la marca “Seguridad TDMS”, el 3/7/2014 las marcas “Marsevi” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad”, lo que hace sospechar al sindicato que “la retirada de Ramírez del ámbito de la seguridad privada pudiera ser no es tan real como parece, pero podría conllevar prestar servicios con otras empresas pagando salarios aún más bajos a los vigilantes”.

Varapalo judicial para Sinergias de Vigilancia y Seguridad

Además, esta presión de los trabajadores y sindicatos se ha visto recompensada en el juzgado, al recibir el varapalo judicial la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado el convenio en el Archipiélago que tenía empresa con vigencia desde septiembre de 2015.

Según esta sentencia del TSJC, -cabe recurso de casación ordinario-, el alto tribunal ha estimado íntegramente la demanda interpuesta contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad, declarando la inaplicabilidad íntegra del convenio colectivo y que fue promovida por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias.

El sindicato FTSP- USO Canarias, mantuvo varias reuniones en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, “donde mostraron su preocupación y agradecieron que les hiciéramos partícipe de nuestra lucha diaria en la contratación socialmente responsable,  y en la lucha en contra de las “empresas pirata” del sector con la aplicación de sus convenios de empresa y  que tanto daño están haciendo al Sector y a los trabajadores.

LOS TRABAJADORES DE CAPSA VUELVEN A LA HUELGA

Europa Press

El Comité de Empresa convoca paros para los días 20, 21, 24, 25 y 28 de octubre

El Comité de Empresa de Capsa ha anunciado nuevas movilizaciones en forma de huelga para los días 20, 21, 24, 25 y 28 de octubre. Además, han hablado de la posibilidad de una huelga indefinida si desde la dirección "no remedian" su "nula voluntad de desbloquear el conflicto" y lo que califican como una "política de represión".

Así lo ha afirmado el presidente del Comité de Empresa de Capsa, José Ramón Urbano, que ha comparecido acompañado de José Luis Coro y Alfonso Alonso, miembros del mismo Comité por CC.OO. y CSI, y el secretario general de CC.OO. de Industria, Damián Manzano.

Este último ha señalado que estas nuevas movilizaciones surgen ante la "nula voluntad por desbloquear el conflicto demostrada en la mesa de negociación" y la "política de amedrentamiento" a la plantilla. Todo ello, ha afirmado, a pesar de los "varapalos" en el ámbito judicial "por vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores".

Manzano ha señalado que la dirección de Capsa no va a conseguir "romper" el tejido social generado entre los ganaderos y los trabajadores de Granda "por mucho que alguno de los altos cargos se empeñen en ello". Así, ha hecho un llamamiento a los mismos, "que son los verdaderos dueños de la empresa", para que "cesen" a los que están "poniendo en peligro los valores de la compañía".

Por otro lado, el presidente del Comité, José Ramón Urbano, ha anunciado que esta es la tercera fase de movilizaciones después de las organizadas por la negociación del convenio y la "deslocalización de la producción llevando 1.300.000 litros a la semana al centro de Lugo". "Ahora se suma la política represiva, con 20 expedientes, 10 sancionados y un despido en pocos días, lo que obedece a una política represiva", ha sentenciado.

Así, ha denunciado la colocación de cámaras de seguridad en las instalaciones y una sentencia del Juzgado de lo social Nº5 de Oviedo que ordena el cese inmediato de los comportamientos contrarios al derecho fundamental a huelga y que obliga a Capsa a pagar 6.251 euros a CC.OO., CSI, UGT y el Sindicato Independiente de Central Lechera --estos dos últimos no participaron en la rueda de prensa donde se anunciaron las movilizaciones--.

Por eso, Urbano ha señalado que los juzgados están dando la razón a la "parte social" y ha realizado un llamamiento al Consejo de Administración de Peñasanta, "los verdaderos dueños", a "poner orden" ante lo que ha calificado como un "clima insostenible" en Granda.

Ha afirmado que existen sanciones de dos días por publicar "opiniones" en redes sociales y ha señalado que la última respuesta de la dirección en la negociación "ha sido inferior" por lo que ha sentenciado que esta quiere "eliminar" un modelo social.

Así, ha sentenciado que las deslocalizaciones "están ahí" y ha afirmado que la negociación ha sido tutelada desde el Principado a través de la Dirección General de Trabajo, "pero Capsa no hace caso a nadie". Ha señalado que todos los grupos saben la situación de la empresa, "pero sólo IU se ha reunido con la dirección, el resto no han hecho nada".

EL COMITÉ DEL HOSPITAL VITHAS-SAN JOSÉ CONVOCA UNA HUELGA

Juan Carlos Berdonces - elcorreo.com

El Hospital Vithas-San José cuenta en su plantilla en Vitoria con 200 trabajadores

Los trabajadores se han concentrado ->

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Llama a movilizarse «por un convenio justo» ante la falta de acuerdo con la empresa en materia de jornada laboral y salario

El comité de empresa del Hospital Vithas-San José ha convocado una huelga a partir de las 8.00 horas del martes y hasta las 8.00 del miércoles. Será la primera de las cuatro movilizaciones previstas por los representantes sindicales –en el comité tienen presencia las centrales CC.OO., ELA y el Sindicato de Enfermería de Euskadi-SATSE- para reivindicar «un convenio justo» después de que la negociación con la empresa no esté dando los resultados esperados.

La jornada laboral y el salario son los elementos de confrontación «porque la dirección es reticente a nuestra petición de bajar la jornada, que ahora la tenemos en 1.700 horas», ha explicado la presidenta del comité, Aurora Rodríguez, de CC.OO..

Mientras que en el aspecto económico, «nos quieren vincular cualquier subida a que Vithas-San José tenga beneficios y nosotros pedimos que se respete lo previsto y que la referencia sea el IPC, para no perder poder adquisitivo».

Los trabajadores ya se movilizaron en primavera después de que la negociación para renovar el convenio –el anterior concluyó el 31 de diciembre de 2016- se paralizase. «Ha habido acuerdos», reconoció Rodríguez, «pero no en lo importante».

Por ello, los sindicatos proponen huelga para el martes y también para el 25 de octubre y los días 2 y 6 de noviembre, si durante este tiempo «la dirección no cambia de postura».

SE RECONOCE LA CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES DE BTV

fesp.org

Un nuevo fallo, además, reconoce la recuperación de las diferencias salariales. Esto puede afectar a más de 200 trabajadores subcontratados en idéntica situación.

El pasado 27 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado su resolución referente al recurso presentado, en su momento, por siete trabajadores de la empresa BCN Audiovisual, ante una anterior sentencia del Tribunal de lo Social número 14.

En esa sentencia se dictaba que sí había existido cesión ilegal de esos trabajadores a la empresa a quien se había contratado para  externalizar servicios de la emisora municipal BTV (Barcelona Televisión). Sin embargo, no reconocía el derecho de los demandantes a recuperar las diferencias salariales existentes entre la empresa contratada y la contratante.

Ahora, el TSJC, ha llegado a la conclusión que esos trabajadores sí tienen derecho a cobrar el sueldo según las categorías que rigen en Información y Comunicación de Barcelona (ICBSA), que es quien gestiona BTV, lo que les permitirá cobrar esas diferencias salariales con carácter retroactivo.

Ambos fallos son de gran trascendencia ya que, en conjunto, establecen:

- Que en Barcelona Televisión hay cesión ilegal de trabajadores entre BCN Audiovisual (Lavinia) y la sociedad municipal ICB. Es decir, que el modelo de externalización de casi toda la plantilla de BTV es ilegal.

- Se reconocen las antigüedades reales de los demandantes, que deberán incorporarse a la plantilla ICB SA como indefinidos.

- Esto afecta a la totalidad de los trabajadores subcontratados por BCN Audiovisual, más de 200 de los servicios informativos y técnicos, gran parte de los cuales ya han presentado demandas similares que están pendiente de juicio y que, en algunos casos, se han ido aplazando pendientes de negociación entre ICB y el comité de empresa que, hasta ahora, no han llegado a acuerdo.

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