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Boletín de Luchas Obreras (22 de Noviembre de 2017)

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

EL ERE EN GAROÑA REDUCE LA PLANTILLA A 119 TRABAJADORES

CIUDADANOS, CONDENADO A INDEMNIZAR A LA EX JEFA DE PRENSA DE IGNACIO AGUADO POR DESPIDO IMPROCEDENTE

LA FALTA DE COMPROMISO CON EL CARBÓN LEONÉS DE LAS ELÉCTRICAS ABOCA A LA VASCO A UN ERE TEMPORAL

EL COMITÉ DE ACCIONA TEME MÁS DESPIDOS

EL ERE DEL POPULAR, EL PRIMER PASO PARA LA IMPUNIDAD

LOS TRABAJADORES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI (OSE) MANTIENEN LA HUELGA

UNA HUELGA INDEFINIDA EN LA SANIDAD PRIVADA AFECTARÁ A 500.000 PACIENTES DE LA PÚBLICA

EL SECTOR DEL TAXI ANUNCIA UNA NUEVA HUELGA PARA EL 29 DE NOVIEMBRE

EL SINDICATO ESTUDIANTIL ERGUER CIFRA EN UN 90% LA HUELGA CONTRA LA LOMCE

LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA IRÁN A LA HUELGA EL 19 DE DICIEMBRE

LA HUELGA DEL METRO EN VALENCIA CONTINÚA Y LOS SINDICATOS AMPLÍAN LAS DENUNCIAS

SEGUIMIENTO DEL 80% EN LA HUELGA DEL PERSONAL DE COCINA EN EDUCACIÓN Y DEL 65% EN LIMPIEZA SEGÚN HA INFORMADO ELA

CONVOCADA UNA HUELGA EN LA ENSEÑANZA PARA EXIGIR UNA LEY EDUCATIVA GALLEGA

EL PROFESORADO EN VALENCIA ANUNCIA MANIFESTACIONES Y HUELGAS POR SUS CONDICIONES LABORALES

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EL ERE EN GAROÑA REDUCE LA PLANTILLA A 119 TRABAJADORES

Jose Luis del Campo – EFE

El predesmantelamiento lleva al reajuste con 68 traslados a otros centros y 50 prejubilaciones

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa 110 días después de que, el pasado 1 de agosto, el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Nadal, certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto.

Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña, el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “establece que el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”, explican representantes sindicales de Garoña. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”.

Salida de 118 trabajadores

El convenio colectivo, que fija las condiciones laborales de los empleados, establece la salida de los mismos mediante las vías de la recolocación en otros recintos nucleares y la prejubilación cuando se trate de casos de predesmantelamiento.

De esta forma dirección y parte sindical se enfrascaron en consensuar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que sentará las bases de los trabajadores que abandonaban el recinto burgalés, bien hacia otros puntos de producción, o entraban en las condiciones de prejubilación. “El 4 de octubre tres de las cuatro partes sindicales de la empresa procedieron a ratificar el ERE, mientras la cuarta de ellas lo sometió a una última revisión. Tras presentarse por la vía de urgencia máxima, en cinco días recibió la autorización para su aplicación”, relatan.

De esta manera se concretó en que fueron finalmente 68 los trabajadores que deben ser trasladados a otras centrales nucleares, “aunque se les propuso esa medida a más”, y otros 50 optaron por la prejubilación. A los empleados con cambio de destino se les ofreció moverse a centrales como las de Vandellós I, Ascó I II, Cofrentes y Almaraz I II, todas ellas plantas que controla Nuclenor, al igual que la de Garoña. “La incorporación de estos empleados en sus nuevos puestos ha sido también muy rápida, porque entre el 2 y 6 de noviembre tuvieron que incorporarse ya a los nuevos destinos”, concretan desde los sindicatos a DNA.

En cuanto a la lista de prejubilados se estipuló la franja de edad en los 57 años como barrera y cifra a partir de la cual los trabajadores que estuvieran dentro de esos límites pudieran optar por esta medida. “La edad mínima se marcó en esos 57 años, pero la mayoría de los prejubilados están en los 60 años y también por encima de esa cifra”, puntualizan desde las centrales.

La gran mayoría de los prejubilados empezó a disfrutar de su nueva situación a comienzos de este mes. Sin embargo, “aún queda algún prejubilado en la planta, que saldrá a finales de año, y que por cuestiones de los puestos que desempeñan y la transmisión del conocimiento a quienes van a continuar con sus funciones están llevando a cabo esa función”, relatan.

Con los 119 trabajadores actuales que se mantienen en la plantilla se continúa “trabajando en cuestiones de mantenimiento y para compactar los residuos de media y baja actividad que aún hay, porque esto sigue siendo una central nuclear”, apuntan los representantes.

Sí que se nota, sin embargo, diferente ritmo de actividad en lo referido a las empresas colaboradoras y su personal que antes realizaban diversas labores. “Son unos 150 trabajadores que ya no están en la planta”.

Quedan por delante tres años de predesmantelamiento, hasta que la firma pública de Enresa, especializada en desmantelar centrales nucleares, asuma el control en Garoña y acometa las tareas propiamente dichas. Hasta entonces se regirán los empleados con el nuevo convenio colectivo firmado por unanimidad por las cuatro centrales

CIUDADANOS, CONDENADO A INDEMNIZAR A LA EX JEFA DE PRENSA DE IGNACIO AGUADO POR DESPIDO IMPROCEDENTE

Fermín Grodira - lamarea.com

La ex jefa de prensa de Ignacio Aguado sostiene en la demanda que fue cesada tras anunciar su boda y su deseo de ser madre, extremo que el partido niega y la sentencia no reconoce

11.347 euros. Esa es la cantidad con la que Ciudadanos ha sido condenado a indemnizar a la exjefa de prensa de Ignacio Aguado, líder del partido en la Comunidad de Madrid, y coordinador del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid hasta el 23 de junio de 2017.

El juez Antonio Cervera Peláez-Campomanes del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha decretado su despido como improcedente.

La ex jefa de prensa fue cesada de sus funciones una semana después de solicitar por correo electrónico a Alberto Reyero, diputado autonómico y secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el parlamento madrileño, un permiso laboral para casarse en septiembre.

La periodista, que llegó a Ciudadanos en octubre de 2014 procedente de Telecinco, solicitó la nulidad del despido disciplinario por “vulneración del derecho fundamental” al considerar que sufrió “discriminación por razón de sexo”, por lo que solicitó una indemnización adicional de 30.000 euros “por daños morales”.

Según la demanda presentada por la despedida, el motivo real del cese fue su intención de contraer matrimonio y su deseo confeso de ser madre. La sentencia, a la que ha tenido acceso en exclusiva La Marea, considera la comunicación del despido “completamente genérica” al aludir “simplemente a una supuesta disminución de rendimiento, sin mayores precisiones”.

El juez, sin embargo, ha decretado que el cese es improcedente al suponer una vulneración del Estatuto de los Trabajadores, algo que ha admitido por el propio partido político en el juicio, pero no aprecia la discriminación por razón de sexo que denunció la trabajadora al no acreditarse que la destitución estuviese causada por el anuncio de su enlace ni que hubiese comunicado su intención de tener hijos. El magistrado condena al grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid a indemnizarla con 11.347,38 euros.

“Sale barato echar a un trabajador”, sostiene la abogada

La abogada de la ex jefa de prensa de Ignacio Aguado, la laboralista Irene Martínez Mulero, ha rechazado hacer declaraciones sobre el caso de su defendida pero sí quiere hacer constar que en términos generales “en España el Estatuto de los trabajadores dice que el despido no es libre, pero es mentira.

Puedes echar a quien quieras en cualquier momento. Lo que pasa es que no es gratuito. La trampa está en que cuesta tan barato echar a alguien, que al final a las empresas les da igual”, ha declarado a La Marea.

La letrada también afirma que las empresas suelen utilizar una carta de despido modelo sin personalizar al trabajador para enmascarar un despido nulo como improcedente en caso de que sea denunciado por el trabajador.

En su opinión resulta muy difícil probar fehacientemente que se ha producido una lesión de derechos fundamentales “debido a la redacción de la ley. En otros países como Francia las garantías jurídicas son mucho mayores”. El abogado de Ciudadanos en el juicio, Luis Pérez Juste, ha declinado hacer declaraciones sobre el caso.

“Ciudadanos reconoce el trabajo desempeñado por esta profesional y afirma que hubo de prescindir de sus servicios como consecuencia de una reestructuración del equipo. Desde el primer momento se le reconoció la improcedencia y eso es lo que dice y recoge la sentencia, que da la razón al partido Ciudadanos.

La indemnización de 11.337 euros abonada por el partido a la ex trabajadora es la misma que Ciudadanos ofreció desde el primer momento en el acto de conciliación y la que le corresponde por el tiempo trabajado en el partido”, ha comunicado del equipo de prensa del partido naranja a este medio.

La Marea ha intentado insistentemente hablar con la ex jefa de prensa de Ignacio Aguado por diversos medios para obtener su versión de los hechos pero no ha sido posible tener su respuesta.

Otro despido polémico que salpicó a Rivera

El caso de la ex jefa de prensa de Ignacio Aguado recuerda al de Imma Lucas, trabajadora de Ciudadanos desde 2009 y jefa de prensa del partido a nivel estatal de Albert Rivera hasta que se acogió a una baja por un embarazo de riesgo de gemelos en julio de 2015.

Lucas demandó en 2016 al partido por acoso laboral tras relegarla al área de prensa del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona y asignarle “tareas irrelevantes”, “ignorarla y excluirla” y humillarla “personal y profesionalmente” después de su permiso maternal, según la demanda a la que accedió El Periódico de Catalunya.

La entonces responsable de comunicación de Rivera finalmente dejó su puesto de trabajo pero denunció al partido, al grupo parlamentario del Parlament de Catalunya, al propio líder, al secretario general José Manuel Villegas, y al secretario de Comunicación Fernando de Páramo.

Ciudadanos admitió el despido improcedente, evitando de esta forma ir a juicio pagando 153.000 euros netos de indemnización.

El partido político negó que el contenido de la demanda fuera cierta y aseguró que el despido ocurrió por “diferencias en la relación laboral” que no quisieron precisar.

La ex jefa de prensa también expuso en la denuncia que llegó trabajar como “falsa autónoma” durante algún tiempo. “Es una putada. Todo eso es por ser mujer. Como los tíos no parimos, no nos pasan estas cosas, no desapareces de repente cuando puede pasar de todo”, le dijo Juan Carlos Girauta a Imma Lucas, según se recoge en la demanda.

LA FALTA DE COMPROMISO CON EL CARBÓN LEONÉS DE LAS ELÉCTRICAS ABOCA A LA VASCO A UN ERE TEMPORAL

A. Cubillas - leonoticias.com - La Robla

La administración concursal comunica a la plantilla la paralización de la actividad a partir del 1 de enero y durante seis meses ante la falta de un contrato de suministro

La medida afectaría directamente a los trabajadores de la subcontrata Peal

Inmersos en el debate sobre la viabilidad de las centrales térmicas y de si el carbón debe tener o no futuro, la Hullera Vasco Leonesa anuncia una nueva medida de ajuste. La administración concursal aplicará un nuevo Expediente de Regulación de Empleo Temporal para la totalidad de la plantilla.

Una medida de ajuste que afectará a la totalidad de la plantilla de la empresa matriz -76 trabajadores-, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2018 y que tendrá una vigencia de seis meses. O, al menos, hasta que la minera cierre un contrato de suministro.

Hasta la fecha, el administrador concursal no ha alcanzado ningún acuerdo con las eléctricas. Tampoco con Unión Fenosa - Gas Natural, titular de la térmica de La Robla, la única con la que mantiene un contrato de venta de 10.000 toneladas al mes y que finaliza a finales del 2017.

Una falta de clientes que le ha empujado, según ha traslado al comité, a aplicar el ERTE. Precisamente, la administración concursal ha citado a la plantilla el viernes 24 de noviembre para hacerles entrega de la documentación de la medida colectiva de suspensión para dar inicio al periodo de negociaciones. Inicialmente, el comité de empresa ya ha mostrado su rechazo a esta medida y su oposición a firmar el ERTE.

Paralización de la actividad

Una medida que, presumiblemente, afectará a la plantilla de Peal. Precisamente, la subcontrata y encargada de la explotación del cielo abierto se vio obligado a reducir el ritmo de la actividad después de que la térmica de La Robla redujese su contrata de compra que inicialmente había fijado en 30.000 toneladas.

De ahí que la compañía acordase el despido de dos docenas de trabajadores, en su mayoría excedentes de la empresa matriz y diferentes subcontratas que tenía un contrato de obra, y que operaban en el Lavadero de la Hullera Vasco Leonesa.

En la actualidad ya son varios cientos las toneladas de minera que se acumulan en el Parque de Carbón. Una realidad que unida con la falta de un contrato de suministro, obliga a aplicar esta nueva medida de ajuste que viene a escenificar una vez más la grave crisis que atraviesa el carbón, un sector que, al menos en León, parece estar encarando su recta final.

EL COMITÉ DE ACCIONA TEME MÁS DESPIDOS

Aida Collado - elcomercio.es

Trabajadores de Acciona, a las puertas de Arcelor en Avilés ->

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Más de un centenar de personas se concentraron frente a las puertas de Arcelor, para exigirle que cumpla con la carga de trabajo comprometida

La plantilla de Acciona teme que si Arcelor no cumple con la carga de trabajo comprometida para su empresa a los tres despidos anunciados se sumen unos cuantos más a lo largo de los próximos días. Finaliza la parada del tren de alambrón y, con estas obras terminadas, una docena de empleados de Acciona se quedará sin cometido y sus puestos de trabajo, en el alero.

Por esta razón, más de un centenar de personas se reunieron frente a las puertas de la factoría de Arcelor en Avilés, para exigir a la multinacional que cumpla con la inversión recogida en el acuerdo marco para obras civiles, de la que, según aseguran desde el comité de empresa de Acciona, solo se ha ejecutado -y estamos a mediados de noviembre- «un 20% de los más de seis millones de euros» contemplados para 2017.

Acciona, ya en contacto con la Dirección General de Trabajo del Principado, está dispuesta a celebrar una reunión a tres bandas con los responsables del gigante del acero en Asturias para solucionar el conflicto. Un conflicto que viene de lejos.

Cuando Arcelor adjudicó a esta auxiliar el contrato para los trabajos de mantenimiento y obra civil que hasta entonces realizaba Dragados, comenzaron las movilizaciones para que la nueva adjudicataria se hiciese cargo de los 35 trabajadores que hasta el momento desempeñaban esas funciones.

Para que Acciona se comprometiese a la subrogación de los contratos, fue necesario que el gigante del acero se comprometiese a mantener la carga de trabajo necesaria para mantenerlos. Pero, pocos meses después, denunciaban desde el comité de la auxiliar, «lo acordado no se está cumpliendo. Ya se ha echado a tres personas y detrás vendrán más despidos».

A la espera de que se produzca la esperada reunión entre las partes, en la que como ya ocurrió en el pasado intermediaría Trabajo, la plantilla ha convocado seis días de huelga. A esa jornada, se sumará otra, con una nueva concentración en Trasona de 12 a 14 horas. De no alcanzar una solución, habrá más movilizaciones. Serán, a la misma hora, los martes y los jueves, días 21, 23, 28 y 30.

No es el único frente que mantiene abierto la industria auxiliar de Arcelor. Aunque los sindicatos han decidido aplazar las protestas hasta mediados de diciembre, confiados en que antes se llegará a un acuerdo, el sector también acumula ya un buen recorrido de protestas por la no aplicación del convenio de montajes y empresas auxiliares. Algunas de las empresas que trabajan para la multinacional están aplicando el del metal, ahorrándose hasta un 20% de los costes salariales que les corresponden.

Volviendo a Acciona, pronto se encontrará con otro problema. La empresa cuenta con un equipo en la planta de Gijón para la construcción de las baterías de cok, al que no podrá mantener si Arcelor no obtiene pronto los permisos pendientes de Ayuntamiento, Principado y Confederación Hidrográfica.

De momento, la compañía se mantiene ocupada construyendo una cubierta para que el refractario no se moje cuando finalmente comience su instalación. Pero el trabajo se acaba.

EL ERE DEL POPULAR, EL PRIMER PASO PARA LA IMPUNIDAD

Esteban Cano – diario16.com

Se inician las negociaciones entre la Representación Legal de los Trabajadores y el Banco de Santander con una primera parte del Expediente de Regulación de Empleo centrada en los Servicios Centrales, pero sólo es el primer paso de una nueva masacre

Comienza el periodo formal de negociación del Procedimiento Colectivo en Banco Popular y Banco de Santander, según establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Este Expediente de Regulación de Empleo es el primer paso que da la entidad presidida por Ana Patricia Botín para generar una situación de irreversibilidad de la operación, tal y como lo diseñó Javier García-Carranza Benjumea. Si la Justicia no actúa rápidamente y el juez Fernando Andreu no decreta medidas cautelares nos podremos encontrar con un nuevo caso de impunidad ante los tribunales del Santander.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín ya ha dejado muy claro cuál va a ser el personal afectado por el ERE. Respecto a los trabajadores del Popular quedarán afectadas todas las unidades de los Servicios Centrales de Madrid y A Coruña, servicios de auditoría y prevención de riesgos laborales de las diferentes Direcciones Territoriales y todo el personal de la dirección general de negocio inmobiliario y transformación de activos (NITA), tanto en los servicios centrales como en la red de oficinas.

En referencia a los trabajadores de NITA el Santander tiene la intención de reorganizar su estructura en función del acuerdo que firmó la entidad cántabra con BlackStone por 5.000 millones de euros. Esto quiere decir que profesionales del Popular serán traspasados al fondo americano que ha permitido que el Santander haga negocio con la cartera inmobiliaria del Popular. A estos trabajadores se les sacó de la red de oficinas por sus grandes capacidades profesionales y comerciales.

Antes de los despidos o de enviarlos a una empresa que, teóricamente, no tiene ninguna relación con el Santander, una solución lógica para estos empleados sería su vuelta a las oficinas para, aprovechando sus enormes capacidades de venta, incrementar el volumen de ingresos. No hacerlo sería un grave error.

575 personas del Popular serán movidas a empresas del Santander, sobre todo aquellas que tienen funciones de tecnología y de operaciones. La entidad cántabra, según nos informan fuentes sindicales, no tiene intención de aplicar medidas de movilidad geográfica. Esto tiene trampa ya que no se contemplan cláusulas de retorno porque sus funciones desaparecen del banco.

Aunque en principio desde la representación de la empresa se afirma que hay voluntad para que las cifras iniciales de despidos puedan ser inferior, la realidad, tal y como informamos en Diario16, es que el número total de empleados del Popular que perderán sus puestos de trabajo será superior a los 5.000, ya que, de momento, lo que se está tratando es la reestructuración de los servicios centrales.

De momento, no se ha entrado en la red de oficinas, una operación por la que el Santander pretende obtener unos beneficios por encima de los 300 millones de euros.

Respecto al plan de prejubilaciones, éste debe ser voluntario y no forzoso puesto que entonces estaríamos ante un despido por más que se quiera enmascarar dentro de un proceso de prejubilación. A un trabajador no se le puede obligar a prejubilarse por mucho que se le pongan unas condiciones exaltadas de un modo exagerado desde foros afines al Santander.

Nos encontramos ante un ERE preventivo puesto que, a pesar de que el Santander habla de integración, la misma no es oficial. Los sindicatos, tanto los mayoritarios como los minoritarios, tienen la obligación, por respeto a su propia función, de plantar un frente común para evitar que el número de trabajadores despedidos alcance lo previsto en el plan de García-Carranza y, sobre todo, para seguir defendiendo al Popular porque, en este caso, lo que pretende el Santander es agilizar la reestructuración de personal para que la disolución de Banco Popular Español S.A. tarde lo menos posible y, a partir de ahí, hacer irreversible la operación.

LOS TRABAJADORES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI (OSE) MANTIENEN LA HUELGA

EFE - Bilbao

Los paros se prolongarán los días 21, 24 y 27 si no se llega a un acuerdo sobre sus principales reclamaciones laborales

El desacuerdo sobre las principales demandas laborales de los trabajadores de la OSE se mantiene, por lo que la convocatoria de huelga en la primera función de la ópera "Don Pascuale" de la ABAO sigue vigente.

Así lo han asegurado fuentes del comité de empresa de la agrupación orquestal dependiente del Gobierno Vasco y con sede en San Sebastián, que ha convocado un paro de sus profesionales los días 18, 21, 24 y 27 de noviembre, fechas de las cuatro funciones de la ópera de la ABAO, si antes no se alcanza un acuerdo sobre sus principales reclamaciones laborales.

Estas demandas están centradas en conseguir una garantía de la dirección de la agrupación orquestal en la estabilidad en el empleo y la cobertura de las vacantes estructurales y sobrevenidas que se produzcan en la plantilla.

Las fuentes sindicales han recordado que desde 2012 se ha producido una reducción de la plantilla oficial y, por tanto, de los gastos de personal que ello conlleva, y que las bajas que se han producido se han venido sustituyendo con alumnos en formación que pagan 6.000 euros por adquirir experiencia en la orquesta.

Acuerdo en aspectos menores

Las mismas fuentes han reconocido que se ha llegado a acuerdos en aspectos menores de sus demandas laborales pero no en los importantes, por lo que la asamblea de los maestros de la OSE, celebrada en Bilbao, donde participan en los ensayos de la ópera de la ABAO, decidió proseguir con el paro el 18 de noviembre y resto de los días.

No obstante, habrá una última oportunidad de llegar a un acuerdo con la dirección, a la que le han reconocido una buena disposición pero insuficiente todavía para desconvocar la huelga, en la reunión a la que las partes se han convocado en la sede de San Sebastián del Consejo de Relaciones Laborales.

«No nos fiamos de las buenas palabras de la dirección, que ya ha incumplido otro compromiso verbal alcanzado en cuestiones anteriores»

Los representantes de los trabajadores de la OSE desean que "esas buenas intenciones" de la dirección se plasmen en un compromiso por escrito en el Preco para desconvocar la huelga.

"Sin ese documento, no habrá desconvocatoria", han asegurado rotundos, porque "no nos fiamos de las buenas palabras de la dirección, que ya ha incumplido otro compromiso verbal alcanzado en cuestiones anteriores", han agregado.

Cuestionados sobre el motivo por el cual el paro va a afectar a la temporada de ópera de Bilbao de la ABAO y no a la temporada de conciertos de abono de la propia OSE, las fuentes sindicales han mantenido que "era el primer programa que había cuando se ha llegado a una situación límite".

No obstante, han asegurado que, si al final de estos cuatro días de huelga no se llega a ningún acuerdo con la entidad musical, el paro se prolongará en el tiempo y acabará afectando a la temporada de abono de la OSE.

UNA HUELGA INDEFINIDA EN LA SANIDAD PRIVADA AFECTARÁ A 500.000 PACIENTES DE LA PÚBLICA

Jairo Vargas - publico.es

El paro, convocado por CCOO, UGT y SATSE en los centros de la Comunidad de Madrid, comenzará el 27 de noviembre y afectará a los hospitales de Móstoles, Villalba, Torrejón y Valdemoro, que son de titularidad pública pero de gestión privada. Exigen mejoras en el convenio colectivo tras cinco años de congelación salarial

Una concentración de trabajadores de la sanidad privada en Madrid, el pasado octubre ->

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Los trabajadores de la sanidad privada de la Comunidad de Madrid han convocado una huelga indefinida para el 27 de noviembre ante la negativa de la patronal para negociar la mejora de algunos puntos de su convenio, que no ha variado desde 2012, según fuentes sindicales.

Se trata de un paro convocado por los sindicatos CCOO, UGT y SATSE al que están convocados alrededor de 18.000 empleados de clínicas y centros privados, pero también concertados y los adscritos a la red pública. Entre ellos hay cuatro hospitales públicos de gestión privada que siguen el modelo sanitario introducido durante el mandato de Esperanza Aguirre.

Se trata de los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Valdemoro, el de Villalba y el de Torrejón de Ardoz, gestionados por empresas privadas y en el que los que los empleados están sujetos al convenio de sanidad privada. La huelga supondrá, sobre todo, el retraso en las citas médicas en estos hospitales, que dan cobertura a más de medio millón de usuarios de la sanidad pública.

El conflicto entre los sindicatos y la patronal, la Asociación de Clínicas Privadas de la Comunidad de Madrid (ACPM) ─que engloba a las grandes empresas sanitarias como Sanitas, Quirón o Asisa─ lleva latente desde septiembre, cuando comenzaron las negociaciones para un nuevo convenio colectivo tras varios años de congelación salarial.

Sin embargo, "la patronal no se mueve de su posición desde la primera reunión", afirma José Luis Plaza, responsable del sector de la sanidad privada de CCOO Madrid, quien hace hincapié en que la posibilidad de que la huelga se desconvocara terminó, en la reunión de mediación previa a la huelga. "Volvieron a traer la misma postura que ya hemos rechazado en todas las negociaciones. Cuando pusimos sobre la mesa nuestra contrapropuesta, la patronal se levantó de la mesa y se acabó la negociación, y no se ha fijado ningún otro encuentro antes del día 27", apunta.

Miguel Ángel Sierra, de FeSP-UGT de Madrid, afirma que ha sido "imposible mantener una conversación seria con la patronal", que mantiene las mismas posturas que hace dos años. "Esa posición les beneficia, porque si no acordamos un nuevo convenio seguiremos con el mismo. Los trabajadores hemos perdido la paciencia y no nos han dejado otra alternativa que la huelga indefinida", explica.

La principal reivindicación es salarial. Según los sindicatos, la congelación salarial que sufren desde 2012 les ha acarreado una pérdida de poder adquisitivo del 5%. La oferta inicial de la patronal ha sido mantener la congelación de los salarios de 2016 (porque el nuevo convenio se negocia desde ese año) y una subida del 6,5% desde 2017 hasta 2020, repartida durante todo el periodo.

En la fracasada mediación, la oferta mejoró ligeramente y puso sobre la mesa una subida del 7,5% para los próximos cinco años, lo que equivale a un 1,5% anual. Pero también plantea la absorción de los complementos salariales que superen lo indicado en el Convenio Colectivo, algo que rechazan los trabajadores.

Los sindicatos la consideran insuficiente este aumento y proponen una subida salarial media anual del 2% hasta 2019 y que sea revisable, pero rechazan la absorción de los complementos para salarios inferiores a los 45.000 euros anuales.

Los trabajadores también exigen que se reconozcan los domingos y los festivos con un plus económico, ya que "ahora da igual que trabajes un domingo, o un martes o el día de Año Nuevo".  La patronal sólo se ha mostrado dispuesta a ceder tres festivos especiales. Según calculan los sindicatos, las propuestas de la patronal no supondrían ni siquiera un aumento de 20 euros al mes.

Por otra parte, los trabajadores también exigen que se fijen turnos y jornadas que les permitan la conciliación familiar, que los 15 minutos de descanso que reconoce el convenio computen como tiempo de trabajo y que se reconozca el llamado "solape de jornada", es decir, el tiempo que emplea un trabajador que termina su turno a informar de la situación clínica de los pacientes al empleado que empieza el suyo. Al mismo tiempo, piden que se respete y que se mejoren aspectos en materia de salud laboral.

Desde el SATSE lamentan que la patronal "no tiene reparo en publicitar que se gasta millones de euros en tecnología o que tiene importantes beneficios económicos" mientras se niega a "regularizar" los sueldos de sus trabajadores, que en muchos casos "no llegan ni a los 1.000 euros al mes".

Los sindicatos han realizado durante el último mes diferentes asambleas informativas para explicar la situación tanto a los trabajadores como a los usuarios. Recuerdan que la última huelga indefinida en el sector fue en 2008, duró tres días y tuvo un seguimiento del 70%, por lo que esperan que en esta ocasión los trabajadores respondan de la misma manera.

EL SECTOR DEL TAXI ANUNCIA UNA NUEVA HUELGA PARA EL 29 DE NOVIEMBRE

telemadrid.es

En protesta por las 80 nuevas licencias que el Tribunal Supremo acaba de conceder a UBER

Para competir con esas empresas, el sector lanza una nueva aplicación de móvil que permitirá solicitar un trayecto con un precio fijado de antemano

El sector de taxi está en pie de guerra. Las 80 nuevas licencias que el Supremo acaba de conceder a UBER, han desembocado en la convocatoria de una huelga para el 29 de noviembre. Por un lado...protestas, y por otro, novedades: la Federación del Taxi ha presentado una nueva aplicación de móvil para poder hacer frente a la competencia.

Los taxistas están preocupados y sobre todo enfadados. Las 80 nuevas licencias para vehículos VTC han avivado estos sentimientos en un sector que ya ha convocado una huelga para el día 29 de este mes.

Para competir con esas empresas el sector lanza una nueva aplicación de móvil. Permitirá solicitar un trayecto con un precio fijado de antemano. Es el comienzo del fin de la bajada de bandera.

La aplicación contará también con paquetes de ofertas con la combinación de vuelo o tren más taxi.

EL SINDICATO ESTUDIANTIL ERGUER CIFRA EN UN 90% LA HUELGA CONTRA LA LOMCE

Isabel Bravo - cadenaser.com

El sindicato y la Plataforma galega polo ensino público exigen su derogación ya

Es día de huelga en la enseñanza pública. Convoca el sindicato estudiantil Erguer, con apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, que cifra en casi un 90% el seguimiento de la protesta en la ESO, Bachillerato, Universidad y FP en el área coruñesa. Unos trescientos estudiantes, fundamentalmente de Secundaria, se han manifestado entre la Plaza de Vigo y la Subdelegación del Gobierno.

La Consellería de Educación no ofrece datos. Exigen, una vez más, la derogación de la LOMCE y reclamar una Ley Galega de Educación.

Erguer, la Plataforma y la Confederación de ANPAS Galegas aseguran que la ciudadanía ha demostrado con creces su rechazo a la LOMCE y que, pesar de ello, ésta sigue en vigor bajo la excusa de tramitar un pacto para la educación. Un pacto que acumula más del doble de tiempo que las fuerzas políticas mayoritarias prometieron que sería aprobado.

LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA IRÁN A LA HUELGA EL 19 DE DICIEMBRE

noticiasdealava.com

La convocatoria llega después de la manifestación de los trabajadores

La manifestación de los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria partió de Artium ->

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Los más de 3.000 empleados del Ayuntamiento están llamados a secundar una jornada de huelga de 24 horas el martes 19 de diciembre.

Así lo desveló el representante del comité de empresa de los trabajadores municipales, Roberto Vidal, al inicio de la manifestación que recorrió las calles del centro de Gasteiz. Esta decisión de paralizar la vida municipal dentro de un mes es “la siguiente acción reivindicativa que planteamos en nuestro calendario”, explicó Vidal.

El paro busca reclamar la atención y sentar a la mesa al equipo de gobierno para la negociación del nuevo convenio colectivo. “La jornada de huelga de ese día está votada y decidida por parte de los trabajadores que asistieron a la última asamblea y donde se les propuso la lista de movilizaciones”, explicó Vidal, en referencia a la imposibilidad de desconvocarla en fechas próximas.

La negociación entre el Ayuntamiento y sus trabajadores sigue embarrancada después de celebrar “hace 15 días la última reunión y tampoco tener cerrado ningún otro encuentro con el equipo negociador del gobierno”, remarcó el presidente del comité de empresa municipal.

Masiva manifestación

La tarde sirvió para celebrar la segunda manifestación de los trabajadores, que contó con cerca de 800 personas en defensa de sus derechos laborales y pidiendo la firma de un nuevo convenio. La explanada de la calle Francia, junto al museo Artium, fue el punto de inicio de la caravana en la que estuvieron presentes muchos de los funcionarios municipales.

La comitiva discurrió por las calles Francia, La Paz, Independencia, General Álava y Dato, para llegar a la Plaza Nueva. Esta fue la segunda manifestación de los trabajadores, después de la que llevaron a cabo, el pasado mes de abril.

Además de esta marcha y de la próxima huelga del 19 de diciembre, mantienen el calendario habitual de movilizaciones semanales. Se concentran todos los lunes a las puertas de las oficinas municipales en San Martín. La siguiente concentración tiene previsto llevarla a cabo en la Plaza de la Virgen Blanca, frente a la sede del Araba Buru Batzar del PNV, a partir de las 10.30 horas.

LA HUELGA DEL METRO EN VALENCIA CONTINÚA Y LOS SINDICATOS AMPLÍAN LAS DENUNCIAS

Beatriz Muñoz

El Sindicato Ferroviario Independiente aboga por la contratación de personal en FGV

El Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) considera que existe una necesidad de contrataciones y que el gerente de FGV sólo se ocupa de externalizar trabajos como el mantenimiento.

El SIF lleva tiempo reclamando la necesidad de contratación de personal y de una convocatoria pública de oposiciones en FGV, que acabe con la externalización de numerosos trabajos como el mantenimiento, que encarecen los servicios y no mejoran las instalaciones de la red transporte.

Para el SIF, el gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha pasado "de la promesa de internalizar al objetivo claro de externalizar, especialmente, en cuestiones básicas, donde el dinero público se está malgastando para favorecer a empresas privadas y se está perjudicando a los propios trabajadores de Ferrocarrils".

El sindicato denuncia que desde que Sánchez Jordán accedió a su cargo, en agosto de este año, FGV se ha gastado más de cinco millones de euros en la contratación o licitación de servicios para reparaciones y mantenimientos que en su mayoría se venían realizando por personal  propio de Ferrocarrils.

Entre ellos figuran, según el SIF, labores de mantenimiento en las máquinas expendedoras de billetes, reparación de instalaciones de seguridad, labores de mantenimiento de sanidad ambiental, de protección de pasos peatonales en el TRAM de Alicante, de asistencia en instalaciones electrificadas, de nuevos tramos de vallado en Metrovalencia o, incluso, el contrato de suministro de la expendedoras automáticas.

Según miembros del sindicato ferroviario, la gestión del nuevo gerente se parece cada vez más a la gestión de gobiernos autonómicos pasados "con la diferencia de que los otros lo hacían por ideología y Sánchez Jordán lo hace porque hay que adjudicar a empresas afines los servicios más rentables y dejar a la propia empresa sin recursos y con una cuenta de pérdidas cada vez mayor".

El Sindicato Independiente Ferroviario considera a su vez que desde gerencia de FGV se están preparando y estudiando nuevas licitaciones, aún más amplias, para ponerlas en marcha en algunos servicios de Atención al Cliente "donde ni siquiera pueden alegar falta de plantilla".

Nuevas huelgas desde hasta el 12 de enero

Mientras tanto, los sindicatos SIF, UGT, CCOO y SCF han convocado nuevas huelgas en los servicios de FGV de las provincias de Valencia y Alicante, desde el martes 14 de noviembre y hasta el próximo 12 de enero por "cuestiones relacionadas con las condiciones de seguridad", según informaron en un comunicado conjunto.

Al respecto, han explicado que los motivos de la huelga son el "desacuerdo y la falta de participación" en el proceso de elaboración del Anteproyecto de ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, justifican esta nueva convocatoria por "la negativa" de la dirección de FGV de negociar todas aquellas materias que afectan a las condiciones de trabajo, formación, habilitaciones, reconocimientos médicos y régimen disciplinario de los colectivos de FGV relacionados con la circulación: maquinistas, reguladores de puestos de mando, jefes de estación y factores de circulación. "Estas condiciones de seguridad afectan al personal relacionado con la circulación y repercuten en la seguridad del servicio", han advertido.

Los paros que afectan a Metrovalencia y al tranvía, se han convocado para el jueves 16, entre las 13:30 horas y las 15:30 horas; y para el domingo 19 de noviembre, de 7:00 a 9:00 y de 13:00 a 15:00 horas.

La Dirección General de Trabajo ha dictaminado servicios mínimos del 60% en las horas punta (de 6 a 9 horas, de 12 a 16 horas y de 19 a 22 horas) y del 50% en la horas valle (la del resto del día). En esta ocasión, al tratarse todo el horario de paros en hora punta, dichos servicios mínimos serán del 60%.

De no haber una solución, lo que está claro ya es que los nuevos paros afectarán a las fiestas de Navidad y Reyes.

SEGUIMIENTO DEL 80% EN LA HUELGA DEL PERSONAL DE COCINA EN EDUCACIÓN Y DEL 65% EN LIMPIEZA SEGÚN HA INFORMADO ELA

noticiasdealava.com - Bilbao

Más del 80% del personal de cocina, de una plantilla de 470, ha secundado el paro convocado por los sindicatos LAB, Steilas y ELA en Educación, y cerca del 65% de los trabajadores de limpieza, de una plantilla de 330, "hará huelga, teniendo en cuenta que la mayoría de  este personal desarrolla su trabajo por las tardes", según ha  informado ELA.

Además, la central sindical ha destacado que "cientos de personas han salido a la calle para denunciar la grave situación que sufrimos  en este colectivo, socializar nuestras reivindicaciones y exigir al Departamento de Educación, una negociación que dé respuesta a esta  situación".

Teniendo en cuenta que el convenio lleva sin renovarse desde 2009 y el Gobierno vasco "pretende privatizar completamente el sector", los sindicatos reivindican "la estabilización de las plantillas", ya que, en la actualidad, "el 63% tiene contrato temporal, más de 400  trabajadoras, y la temporalidad alcanza el 62% en cocinas y el 61% en  limpieza".

También exigen que todos los puestos de la RPT "sean de jornada  completa y todos los puestos estructurales aparezcan en la RPT. ELA ha denunciado que "muchos puestos estructurales son de jornadas parciales y, sin embargo, semanalmente más de 2.420 horas se  contratan a través de los denominados contratos de apoyo, en su mayor  parte fraudulentos".

Asimismo, ha señalado que las cargas de trabajo "han aumentado  mucho, y en algunos casos ni siquiera se cumplen unos ratios y  metrajes que no se corresponden con la realidad de las cargas de  trabajo".

Los trabajadores piden también "sustituciones desde el primer día", ya que, actualmente "no se realizan o se realizan muy tarde", así como "definir funciones y reconocer categorías", y recuperar el poder adquisitivo porque "desde 2010 hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 11%, acumulando una pérdida acumulada de más de 16.000 euros".

Otras demandas son "llevar a cabo los planes de formación y  euskaldunización, realizar inversiones en las infraestructuras,  renovarlas o hacer nuevas, y acordar medidas que favorezcan la  jubilación, ya que se han eliminado las posibilidades existentes  hasta el momento".

Tras denunciar que, hasta ahora, el Gobierno Vasco "no ha mostrado ninguna voluntad para iniciar una verdadera negociación en torno a  estas propuestas", ELA ha señalado que en el proyecto de presupuestos  para 2018, "hecho público con un importante despliegue propagandístico, no se recoge ninguna medida que de salida a la situación actual, ni para el personal de Cocina y Limpieza ni para el  resto de sectores de la enseñanza pública que están en lucha".

Por todo ello, ha exigido al Departamento de Educación que "inicien una negociación que responda a la grave situación del sector y a nuestras reivindicaciones". "De no ser así, no nos dejará otra vía que la de dar continuidad a la dinámica de movilizaciones y  huelgas", ha advertido.

CONVOCADA UNA HUELGA EN LA ENSEÑANZA PARA EXIGIR UNA LEY EDUCATIVA GALLEGA

laopinioncoruna.es

El paro, para alumnos de Secundaria y universidad, busca derogar la Lomce

En el caso de A Coruña, la marcha partirá a las 12h de la Plaza de Vigo

El sindicato Erguer, con apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, ha convocado la primera huelga educativa del curso con el objetivo dar el golpe definitivo a la Lomce y reclamar el impulso de una alternativa propia frente a los trabajos de la subcomisión destinada a lograr el deseado pacto educativo estatal: una ley autonómica de Educación desde una perspectiva gallega.

Miles de alumnos están llamados a secundar el paro, desde Secundaria hasta la universidad, bajo el lema Nin Lomce nin pacto entre elites. Por unha lei galega de educación, además de las movilizaciones que se celebrarán a las 12.00 horas en las principales ciudades y en otros municipios. En el caso de A Coruña, la marcha partirá al mediodía de la Plaza de Vigo y avanzará Marcial del Adalid, Linares Rivas, Sánchez Bregua, Cantones y Obelisco.

La organización convocante ha justificado la protesta en que, a pesar de la paralización de las llamadas reválidas como consecuencia de las movilizaciones sociales de los últimos años, la llamada Ley Wert continúa aplicándose en todo el Estado.

La polémica reforma educativa sigue en vigor mientras la subcomisión del Congreso continúa en paralelo con el proceso para alcanzar el llamado pacto por la educación, aunque no al ritmo deseado por la comunidad escolar.

A principios de curso, varios portavoces de los sindicatos de profesorado reprochaban la falta de novedades sobre el transcurso de las negociaciones en el ámbito estatal. La CIG, en concreto, criticó que el debate pasase a un segundo plano e, incluso, lo ha tachado de "paripé" para dilatar el proceso y mantener la Lomce.

Desde la organización sindical Erguer acusan a los partidos implicados en la subcomisión de intentar impulsar "un mero maquillaje" de la Lomce "de espaldas" a la comunidad escolar, "sin cambiar el fondo", en lugar de una "alternativa real" en la que estudiantes, profesores y familias "tengan voz en la elaboración".

EL PROFESORADO EN VALENCIA ANUNCIA MANIFESTACIONES Y HUELGAS POR SUS CONDICIONES LABORALES

J. Batista - lasprovincias.es

Interinos durante una protesta en la Conselleria de Educación organizada este verano ->

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El sindicato mayoritario presiona a Educación para que los interinos no pierdan su puesto por la convocatoria de oposiciones

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), mayoritario en la educación pública, ha lanzado un órdago al conseller Marzà con una campaña de presión que incluye varias movilizaciones ya concretadas y que también prevé dos huelgas en caso de que el departamento desatienda la negociación de las mejoras de las condiciones de trabajo del profesorado tras los recortes de años anteriores.

El consell nacional, órgano de decisión de la organización, aprobó concentraciones en las tres capitales de provincia para el 14 de diciembre con la idea de presionar al departamento para que inicie las conversaciones sobre varias cuestiones laborales, como la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, que el sindicato cifra en hasta un 16,4%, o la mejora de las plantillas, sin olvidar la bajada de las ratios en todas las etapas o la vuelta a las horas lectivas máximas previas a la crisis.

«Es cierto que la conselleria ha aumentado el número de docentes y es de reconocer, pero también lo es que se les ha aumentado la carga de trabajo, y en estos dos años todavía no nos hemos sentado a hablar sobre condiciones laborales», explican desde el sindicato.

También recordaron que la negociación de temas centrales como la configuración de las plantillas docentes se llegó a prometer en noviembre de 2015, sin que hasta la fecha se haya concretado ningún detalle.

Todos los sindicatos, incluso los que no están en la mesa de negociación, coinciden en que es un asunto capital. De hecho Stepv, CC.OO. PV, UGT PV, Anpe y Csif se unieron cuando en 2013, en plena recesión, la conselleria de María José Català anuló el acuerdo de plantillas de Infantil y Primaria, donde se recoge el número de docentes que corresponde a cada centro en función de su tamaño -sus unidades-. En la práctica supuso que muchos colegios púbicos perdieran un puesto de tutor, es decir, una plaza ya consolidada en la plantilla orgánica.

En Secundaria sucedió lo mismo anteriormente, dejando menos docentes para los desdobles de aulas. Aunque la conselleria defiende que en la legislatura se ha aumentado en 4.000 el número de profesores la mayoría son interinos, por ejemplo vinculados a planes de mejora o al aumento de unidades.

Es decir, son plazas coyunturales que no tienen que ver con el recorte del catálogo oficial de puestos que acometió el PP, que persiste.

Desde el Stepv explicaron que la junta de portavoces, el encuentro entre sindicatos y representantes de la conselleria para abordar los temas a negociar este curso, llegará en unos días. De esta reunión dependerá que la organización mayoritaria module o endurezca la presión.

Las mismas fuentes explicaron que al menos quieren un compromiso temporal para trabajar en los diferentes temas. Además de los citados plantean la necesidad de reducir la jornada al profesorado de más de 55 años, de suprimir los descuentos en las nóminas por bajas médicas o de actualizar los permisos, licencias y excedencias.

El otro frente abierto que tiene el Stepv, en este caso en solitario, es la exigencia de un pacto de estabilidad para el profesorado interino de cara a las multitudinarias oposiciones previstas hasta 2021, que contemplan 13.000 plazas. La propuesta se remitió a Educación tras ser aprobada por el consell nacional, que también dio luz verde a medidas de presión, como concentraciones para el día 28 y la posibilidad de una huelga del colectivo.

El Stepv reclama un estudio de los diferentes cuerpos, y en función del mismo «programar una oferta de empleo pública que garantizará la continuidad del trabajo para el profesorado interino». También pide que en especialidades poco numerosas sólo salgan vacantes por jubilaciones -no las ocupadas temporalmente- y que los mayores de 55 años tengan garantizado su empleo.

No es el primer órdago del sindicato a Marzà. Además de distinguirse por la presión del colectivo interino, en septiembre ya impulsó una huelga en las escuelas de idiomas.

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