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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (26 DE NOVIEMBRE DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

HUELGA DE AUTOBUSES EN MADRID

DESPIDOS EN ZF-TRW

EL SUPREMO AVALA EL DESPIDO DE LOS 80 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ASAMBLEAS EN TRÍA Y QUALYTEL, ARVATO

LOS SINDICATOS DE SANIDAD CONVOCARÁN DOS DÍAS DE HUELGA EN DICIEMBRE EN MADRID SI NO SE ATIENDEN SUS REIVINDICACIONES

UNIPOST: LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA ANTES DE FIN DE AÑO Y UN GOTEO DE DESPIDOS

CEL DESPEDIRÁ A 21 TRABAJADORES, PREJUBILARÁ A 59 Y REBAJA EL SUELDO A LOS 145 QUE SE QUEDAN

25-N: CONCENTRACIÓN EN MÁLAGA CONTRA LAS NUEVAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN DE CORREOS

LOS SINDICATOS PIDEN A SANTANDER QUE RECORTE EL ERE POR LA FUSIÓN CON POPULAR

LA CGT INICIARÁ EL UNO DE DICIEMBRE MOVILIZACIONES CONTRA LOS “ABUSOS” DE KONECTA Y LA “COMPLICIDAD” DE EPES

EL SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS (SIC) REDUCE SU PLANTILLA UN 90 %, VENDERÁ ACTIVOS Y SE REPLIEGA A CANARIAS

EMPLEADOS DE DOS FUNDACIONES SE CONCENTRAN ANTE CC.OO. POR SU CIERRE Y DESPIDOS

LOS SINDICATOS TEMEN QUE EL ERE POR LA FUSIÓN BANKIA-BMN AFECTE A MÁS DE 2.000 TRABAJADORES

SIEMENS GAMESA RECORTARÁ SU PLANTILLA EN 272 PERSONAS EN ESPAÑA ANTES DE SEPTIEMBRE DE 2018

ELIMCO AEROSPACE NEGOCIA UN AJUSTE DE PLANTILLA DENTRO DE SU PLAN DE RELANZAMIENTO

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HUELGA DE AUTOBUSES EN MADRID

A pesar de la mediación del ayuntamiento, continúan los paros

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se ofreció a mediar en el conflicto laboral que mantienen la empresa Alsa-Irubus y sus trabajadores, y que está impidiendo que los vecinos de siete municipios de la zona puedan hacer uso del transporte con normalidad.

En una reunión en la Casa Consistorial, la Alcaldesa, Blanca Juárez, y el Concejal de Movilidad, Francisco Herraiz, recibieron a representantes del comité de empresa y directivos de ALSA y les trasladaron la posición de neutralidad del Ayuntamiento en el conflicto, pero también la necesidad de que ambas partes lleguen pronto a un acuerdo para que los usuarios de San Lorenzo y del resto de las localidades afectadas dejen de sufrir las consecuencias de las jornadas de huelga semanales que se llevan a cabo desde el mes pasado.

El Ayuntamiento convocó la reunión ya que, aunque solo es uno de los siete municipios afectados, creía necesario trasladar a las partes los problemas que están generando a los vecinos. La reunión se prolongó durante tres horas y se desarrolló en un clima de cordialidad.

En la misma se pusieron sobre la mesa varios puntos que ambas partes se comprometieron a estudiar para intentar resolver un conflicto que afecta a una empresa privada, dependiente de la Comunidad de Madrid, con sus trabajadores y que tanto malestar ha generado entre los usuarios del transporte interurbano.

A pesar de esto, tras el encuentro mantenido entre empresa y trabajadores, nos acaban de comunicar que no se ha logrado llegar a un acuerdo que desbloquee la situación, por lo que el lunes y martes vuelven a ser jornadas de huelga.

DESPIDOS EN ZF-TRW

Sección Sindical de CGT en ZF-TRW

Recientemente se publicó la resolución del Tribunal Supremo que confirmaba la sentencia del TSJN considerando el Expediente de Regulación de Empleo no ajustado a derecho. A falta de redactarse dicha sentencia, el resultado es inamovible.

Hay que recordar que años atrás, en los despidos considerados Improcedentes, era el trabajador quien decidía aceptar la indemnización de la empresa o reincorporarse a su puesto de trabajo.

Eso cambió cuando se reformó el Estatuto de los Trabajadores y se introdujo un punto con el que se otorga al empresario la decisión de admitir al trabajador o dar una indemnización mayor cuando el despido es Improcedente.

Por aquel entonces, en un proceso de negociación de convenio en, ESK llevó una propuesta al Comité con la que se pretendía plasmar en convenio que, en esta fábrica (ZF-TRW) ante un despido Improcedente, fuera el trabajador quien eligiese. CC.OO., UGT, ELA y LAB decidieron quitar este punto de la plataforma, argumentando que no hacía falta que constase por escrito, ya que todo el Comité lo asumía.

Durante el proceso de negociación del último convenio el Comité se comprometió a no traspasar esa línea roja que suponía aceptar despidos. En la asamblea final, los sindicatos CC.OO., UGT, ELA y LAB faltaron a su palabra y decidieron llevar a votación los despidos junto al convenio.

Esa votación, que nos quisieron vender como democrática, se impuso a una plantilla coaccionada por las amenazas de la empresa y algunos sindicalistas (250 despidos) para decidir el destino de 123 compañeros. En esos momentos ya se conocían los criterios para despedir (porcentajes de días de baja por enfermedad común) por lo que la plantilla, en su mayoría, sabía que no estaba en esa lista negra, lo que condicionó enormemente el voto.

Es evidente que los sindicatos que impusieron la votación ya sabían de antemano el resultado aplastante de la misma. A partir de ahí se creó un punto de inflexión desde el cual la plantilla se encuentra en una situación de indefensión total ante la empresa.

Los argumentos de la Dirección y de algunos sindicatos, que situaban la planta al borde del abismo, se vinieron abajo cuando, tras la primera sentencia, quedó claro que la empresa había mentido en las causas económicas y organizativas que, según ella, justificaban el ERE.

Por si esto no fuera suficiente, todos vimos cómo, tras un mes de los primeros despidos, se recurría a la contratación de personal eventual y a la flexibilidad para realizar el trabajo de nuestros compañeros despedidos. Nada de todo esto hizo reaccionar a los 4 sindicatos mayoritarios del Comité.

CGT, desde el principio de todo este proceso, hemos considerado la judicialización del ERE como un último recurso o, en cualquier caso, paralelo a las acciones sindicales.

Cuando la empresa empezó a suplir a los compañeros despedidos con personal eventual iniciamos una huelga indefinida que finalizamos tras 5 días por falta de apoyo del resto de sindicatos.

En CGT hemos mantenido un compromiso real de no colaboración con la empresa negándonos a bajar fuera de nuestro calendario laboral. Así mismo, hemos convocado huelga todos los fines de semana y festivos del año para aquellos días que, por convenio, nos puede obligar la empresa a trabajar. El resto de sindicatos ni han secundado estas acciones ni han llevado a cabo ninguna otra.

El comportamiento de CC.OO., UGT, ELA y LAB en nada ha cambiado desde aquella fatídica votación. CC.OO. y UGT, como mayoría del Comité, toman las decisiones que les ordena la empresa. ELA y LAB se supeditan a esa mayoría y se niegan a realizar acciones sindicales para defender aquello en lo que dicen creer.

Todos ellos han renunciado a proteger a los trabajadores. CC.OO., UGT, ELA y LAB han entrado conjuntamente en una dinámica muy peligrosa que actúa en contra de los intereses de todos los trabajadores.

El llevar a asamblea votaciones como la de los despidos, cuyo resultado puede ir en contra de su obligación de proteger a TODOS los trabajadores, es una traición a la esencia del sindicalismo y demuestra que se han convertido en un instrumento de la empresa.

Ya no se comportan como sindicatos, sino como meros representantes de mayorías asustadas y confusas capaces de renunciar a derechos laborales (conseguidos tras años de lucha obrera) o incluso de sacrificar a sus propios compañeros a cambio de que un empresario embustero y manipulador les asegure un par de años más de trabajo.

Los trabajadores de esta planta ya no pueden sentirse protegidos por aquellos que los representan. Si los sindicatos que componen este Comité quieren recuperar la confianza de la plantilla deben retomar las acciones sindicales y luchar por aquello en lo que creen, aunque sea en minoría, y dejar de buscar apoyos en aquellos que nunca se los van a dar.

En estos momentos, CGT vemos la imperiosa necesidad de retomar aquella propuesta de ESK que buscaba el compromiso por escrito de cada sindicato de no permitir a la empresa despedir a nadie de forma Improcedente.

En ese mismo camino, ahora que ha quedado confirmado que la vía judicial ha fracasado en tanto en cuanto no obliga a la empresa a readmitir a todos los trabajadores y que las causas para el ERE se han basado en mentiras, los sindicatos debemos unirnos para obligar a la empresa, mediante acciones sindicales, la vuelta de todos y cada uno de los compañeros despedidos que así lo deseen.

CGT ha propuesto esos 2 últimos puntos al resto de sindicatos pero todo apunta a que seguirán apoyando con su inmovilismo a esa Dirección a la que tanto critican.

EL SUPREMO AVALA EL DESPIDO DE LOS 80 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

huelvainformacion.es

El fallo desestima los recursos presentados por el comité de empresa y el sindicato USO

Una de las protestas contra el despido de los trabajadores ->

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El pleno de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo (TS) considera ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado por el Ayuntamiento de Isla Cristina en el año 2015, una medida que dejó en la calle a un total de 80 empleados municipales cuando ostentaba la Alcaldía de la localidad la anterior alcaldesa, la independiente Antonia Grao (Partido Independiente La Figuereta), que contaba con el apoyo del Partido Popular y de la agrupación de electores Ciudadanos x Isla (CxI) que dirige la actual primera edil, Montserrat Márquez.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Huelva Información, el Alto Tribunal desestima los recursos planteados por el sindicato USO y por el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Isla Cristina contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró ajustado a derecho el despido colectivo de estos trabajadores en enero de 2016.

La decisión de la Sala de lo Social del TS no ha sido unánime al contar con un voto particular discrepante, que según la sentencia ha sido suscrito por tres de los diez magistrados que integran el Pleno. Pese a ello el fallo declara la firmeza de la sentencia del TSJA, al desestimar cada uno de los motivos alegados por los recurrentes.

El fallo tumba uno por uno los argumentos que solicitaron la nulidad de los despidos

En dicho fallo se desestima, por tanto, el recurso de casación interpuesto por el sindicato USO y por el presidente del comité de empresa del Consistorio isleño, así como declara la firmeza de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJA el 29 de septiembre de 2016 igualmente a instancia de USO y del representante de los trabajadores municipales isleños contra el Ayuntamiento de la localidad y la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla (integrada por los Ayuntamientos de Lepe e Isla cristina), sobre la impugnación del despido colectivo de los 80 trabajadores municipales afectados. Finalmente el fallo dicta no imponer costas a la parte vencida en el recurso.

El TS considera que ha quedado acreditado que existe una Mancomunidad, refiriéndose a la intermunicipal de Lepe e Isla Cristina, que activa los mecanismos de colaboración, auxilio y complementariedad que justifican su propia existencia, al tiempo que no aprecia "la utilización fraudulenta de la personalidad por parte del Ayuntamiento o la Mancomunidad, sino la creación de un ente en el que se integran otros, a efectos de mejorar la prestación de servicios públicos; ni el uso abusivo de la dirección unitaria, sino la normal interacción de las personas que están al frente de las entidades agrupadas; ni la unidad de caja, sino la colaboración financiera prevista legalmente; ni la confusión patrimonial, sino la recaudación de impuestos cedidos; ni la indiferenciada prestación de servicios por los trabajadores, sino eventuales destacamentos de unos pocos".

Igualmente desestima otros motivos relacionados con el sueldo de los cargos políticos, la situación particular de dos concejales, sobre los criterios de selección o de la negociación, entre otros, y considera ajustado a derecho el ERE al entender que se cumplen los requisitos exigibles para proceder al citado expediente al tener problemas económicos el Ayuntamiento isleño.

ASAMBLEAS EN TRÍA Y QUALYTEL, ARVATO

Hemos tenido la quinta reunión con la empresa y han seguido insistiendo en que el cierre es la única opción.

Han presentado un papel con el que intentan justificar las pérdidas que han tenido en el centro de Sevilla desde 2014 hasta 2017.

Si esa disminución del volumen de negocio fuese real, sería exclusivamente por la  irresponsabilidad en su trabajo de los “jefes” de Arvato.

Y, desde CGT, seguimos defendiendo que las/os trabajadoras/es no tenemos que pagar con el paro por tanta incompetencia.

A renglón seguido continuaron con el cuento de la recolocación en otros centros de trabajo de España y del extranjero; y que están dispuestos a subir las indemnizaciones. La propuesta que dieron fue de 28 días.

También pudimos constatar que empiezan a verse las diferentes opciones que existen en la defensa que llevan a cabo las organizaciones sindicales: UGT dice que firmaría un ERE de voluntarias/os (lo que nunca se ha puesto sobre la mesa ya que la empresa lo que sigue defendiendo es el cierre del centro de trabajo), CC.OO. dice que no firmaría nada por debajo de los 33 días pero que con 45 días la gente se iría contenta.

LOS SINDICATOS DE SANIDAD CONVOCARÁN DOS DÍAS DE HUELGA EN DICIEMBRE EN MADRID SI NO SE ATIENDEN SUS REIVINDICACIONES

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han avanzado su intención de convocar dos jornadas de huelga para los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud -previsiblemente el 13 y 14 de diciembre- para exigir la reactivación de la carrera profesional, la negociación de la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas y el aumento de plantilla y de contratación indefinida.

En la Sanidad privada de la Comunidad de Madrid -incluidos los centros públicos de gestión privada- también se ha confirmado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 27 de noviembre, después de que haya fracasado el último acto de conciliación con la Asociación de Clínicas Privadas de la Comunidad de Madrid (ACPM).

Así lo han avanzado los cinco sindicatos (CC.OO., SATSE, AMYTS, CSIT UP Y UGT) en una rueda de prensa en la que han detallado también un calendario de concentraciones que arrancarán, con paros de 10 minutos.

Los sindicatos entienden que el desarrollo de la carrera profesional está paralizada y que los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2018 no cumplen las expectativas y siguen la senda de "maltrato" a la sanidad madrileña y a las condiciones laborales de sus trabajadores, que alcanzan un total de 64.000 profesionales.

Además, consideran que pese al cambio de consejero, las políticas en Sanidad continúan siendo las mismas porque creen que la Consejería está intervenida por Hacienda y es "incapaz" de aplicar los acuerdos adoptados en la mesa sectorial.

"Cifuentes es quien tiene la última responsabilidad", han remachado en su comparecencia para incidir en que, si no se produce un acuerdo antes, irán a huelga en dos jornadas de diciembre.

UNIPOST: LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA ANTES DE FIN DE AÑO Y UN GOTEO DE DESPIDOS

Carmen Reina - cordopolis.es

La administración concursal que se hace cargo de la firma de mensajería ha comunicado que en diciembre irán a la calle los primeros trabajadores cordobeses afectados por el ERE

Protesta de los trabajadores de Unipost ->

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La noticia que no querían escuchar ya ha llegado a oídos de los trabajadores cordobeses de Unipost. Aunque de manera extraoficial, algunos de los 65 empleados que tiene la empresa en Córdoba ya han conocido que serán los primeros en ser despedidos a causa del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción anunciado en la compañía.

Irán a la calle en diciembre, en una primera oleada de un goteo incesante que se prevé llegue hasta mayo, según ha propuesto la administración concursal que se hace cargo de la firma de mensajería.

Además, en la última reunión mantenida entre los representantes de los trabajadores y la administración concursal, esta ha informado de que, por la situación financiera que atraviesa la empresa, debe entrar en liquidación antes de que empiece el año 2018.

El jarro de agua fría que se temían los empleados, ha llegado. Y eso, mientras siguen trabajando y, desde hace meses, cobrando sus nóminas en varios pagos y debiéndole alrededor de 3.000 euros a cada empleado.

En estos días, según ha podido confirmar este medio, algunos de los empleados cordobeses que serán despedidos en esta primera fase del ERE ya han recibido la noticia de mano de sus delegados sindicales.

El sindicato mayoritario que los representa, CC.OO., sostiene que aún hay margen de maniobra para que pueda surgir un comprador para Unipost -la mayor empresa postal del sector privado- que evite el cierre de la empresa. Esa es la esperanza de las 65 familias cordobesas afectadas por la situación de la compañía, aunque cada día se da un paso más en esta cuenta atrás.

En ese sentido, los trabajadores defienden que desde Correos puede haber un interés por esta firma de mensajería, además de que ya ha habido un primer contacto con un fondo de inversión, según ha comunicado el sindicato tras la reunión con la administración concursal y la empresa. CC.OO. sigue defendiendo que hay margen para que se tomen decisiones y “se adopten los resortes políticos necesarios” que permitan la compra de Unipost, entre ellos, la flexibilización de la deuda de 50 millones de euros que la compañía mantiene con Hacienda.

Mientras tanto, los plazos corren y se espera que, entre finales de noviembre y mediados de diciembre, esté listo el auto de extinción de empleo de esta primera oleada de despidos.

Si en Córdoba la situación de la empresa afecta a 65 trabajadores, el ERE de extinción a nivel estatal se cierne sobre una plantilla de 2.200 empleados, de la que en esta primera fase irán a la calle en diciembre 469 trabajadores, el 21% del total.

Desde CC.OO. estatal, han mostrado su rechazo a que se continúe con los despidos, en la segunda fase del ERE de extinción prevista para los próximos meses y que afectaría al resto de la plantilla.

Y han vuelto a insistir, frente a la posibilidad de la liquidación de la empresa, en que “resulta prioritario tomar las iniciativas necesarias para mantener la actividad a través de un comprador si se quiere evitar el cierre”.

CEL DESPEDIRÁ A 21 TRABAJADORES, PREJUBILARÁ A 59 Y REBAJA EL SUELDO A LOS 145 QUE SE QUEDAN

eldiario.es

Los trabajadores de CEL aprobaron en asamblea las condiciones fijadas por el grupo italiano Lucart para hacerse con la compañía, por las que se despedirá a 21 trabajadores, se prejubilará a 59 y otros 145 se mantendrán en el grupo papelero, aunque con una rebaja salarial media del 20%.

En un primer momento, la dirección del Grupo CEL solicitó el ERE de extinción para tres de las cuatro plantas que integran en la actualidad la empresa papelera, lo que afectaría a 230 empleos directos de los 254 actuales del grupo, es decir, la totalidad de la plantilla de las plantas de Zalla y Gueñes (Ecofibras Aranguren, Celulosas Aranguren y CEL Technologies & Systems Issue), menos la de Dermo Products Development, situada en Artzeniega.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, considera que el acuerdo alcanzado sobre CEL “es el único posible en estos momentos”. “Probablemente, el mejor acuerdo habría sido que se hubieran mantenido todas las condiciones con todo el empleo”, ha apuntado.

No obstante, ha dicho que, “siendo la única oferta la que estaba sobre la mesa el proyecto italiano con realmente posibilidad y compromiso de hacer nuevas inversiones, de poner en valor esa papelera, de introducir nuevas actuaciones y de modernizarla no es un mal proyecto”.

En este sentido, ha explicado que, “si va bien, tal como se prevé en el proyecto que se ha planteado, puede tener futuro y puede tener más empleados a partir de ahora”. “Siendo el único posible, creo que es un buen acuerdo, desde ese punto de vista, que esa empresa vaya a continuar produciendo”, ha señalado.

25-N: CONCENTRACIÓN EN MÁLAGA CONTRA LAS NUEVAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN DE CORREOS

CGT-Correos Málaga

El 25 de noviembre de 2017 se llevará a cabo una concentración, convocada por la Confederación General del Trabajo, CGT, en contra de las bases de las nuevas bolsas de empleo de la S.A. Correos y Telégrafos S.M.E.

Dicho acto de protesta se realizará frente a la oficina de atención al cliente de La Paloma de dicha empresa pública, situada en la calle Héroes de Sostoa 194 de la ciudad de Málaga, y desde las 11:30 hasta las 13:00 horas.

El motivo de esta concentración viene derivado de la reciente publicación de las bases de las nuevas bolsas de contratación de Correos, las cuales son muy perjudiciales para los trabajadores que componen las bolsas actuales que tienen una cierta antigüedad, pues únicamente se tienen en cuenta los últimos cinco años trabajados, además de ampliar y aumentar la precariedad ya existente, ser discriminatorias entre los propios eventuales, carentes de transparencia en la adjudicación de los distintos contratos, con criterios abusivos a la hora de ofertar los mismos y enfocadas a un claro rejuvenecimiento de plantilla.

El pasado mes de septiembre se inició la negociación de las bases para las nuevas bolsas de empleo en Correos. Negociación llevada a cabo entre la empresa y únicamente los sindicatos firmantes del III Convenio Colectivo, CC.OO., UGT, CSIF Y SL, excluyendo a la CGT de la misma. Hecho que ha sido denunciado ante la justicia por este sindicato.

Tras la primera reunión, a finales de septiembre, nadie podía imaginar que las bases definitivas serían tan perjudiciales para gran parte del colectivo de eventuales y, mucho menos, que provocarían que un buen número de compañer@s que pertenecen actualmente a alguna bolsa se pudieran quedar sin plaza en las próximas. Un auténtico despropósito y una gran falta de respeto a la labor desarrollada durante muchos años.

Debido a estas nuevas bolsas existe una enorme preocupación y gran indignación de miles de compañeros por la injusta y parcial valoración de los méritos que ha determinado Correos, y que han permitido los sindicatos firmantes en dicha negociación. Méritos que están enfocados y que buscan un cambio generacional en la plantilla.

Para entender mejor la intención empresarial en busca del rejuvenecimiento de los candidatos que lleva implícita las nuevas bases detallamos algunos aspectos de las mismas en comparación con las redactadas y en vigor, todavía, desde el año 2011.

En aquel año la antigüedad era lo más valorable. Se asociaba al mayor porcentaje y de manera destacada de entre todos los méritos, tal y como debe ser. Para los puestos de atención al cliente y reparto 1, en moto, dicho porcentaje era de un 48,27% de la puntuación total, y para reparto a pie y agente de clasificación suponía más de la mitad, en concreto un 56% de la totalidad de los puntos.

Lamentablemente en estas nuevas bases la puntuación de la antigüedad se ha visto muy mermada, siendo de un 35% para atención al cliente y de un 40% para el resto de bolsas. Respecto a las respuestas acertadas en el examen de ingreso o consolidación, las puntuaciones también se han visto reducidas de manera sorprendente, ya que han pasado de valorarse en casi un tercio del cómputo global, 27,58% para atención al cliente y reparto en moto, y un 32% para reparto a pie y agente, a suponer tan solo un 10% y 12% respectivamente. Tanto la antigüedad como la puntuación del examen han sufrido un importante recorte en sus porcentajes valorativos en contrapunto a la posesión de carnet de coche y/o moto, titulación académica y los cursos puntuables.

En el año 2011, tener carnet específico de moto únicamente era un mérito para la bolsa de reparto 1, y suponía un 13,79% de la totalidad. Para estas nuevas bases, dicho carnet equivale a un 20% de las referidas bolsas y, por primera vez, un 5% para las demás.

La titulación personal también ha variado para las distintas bolsas y ha aumentado su valoración global hasta un 20% en atención al cliente y un 10% para reparto pie y agente en el caso de poseer una titulación universitaria o una formación profesional de grado superior de cualquier rama. Algo muy distinto a lo que ocurría en las bases del

2011, que tan solo tenían en cuenta titulaciones relacionadas con estudios sobre administración y gestión, comercial y marketing e informática y comunicaciones, siendo valoradas únicamente para atención al cliente con un 13,79%.

Mención especial merecen los méritos que están relacionados con los cursos, pues de suponer en 2011 un máximo del 12% de la totalidad de puntuación para reparto pie y agente, y un 10,34% para atención al cliente y reparto moto, han aumentado de manera sorprendente hasta el 30% para cualquier puesto solicitado. Incremento que casi se triplica de unas bases a otras y que aflora el interés sindical y empresarial de los mismos.

En estas nuevas bases se da una vuelta de tuerca más si cabe en contra del colectivo de laborales fijos, al no permitirles poder solicitar ningún puesto, así como a la ampliación y normalización de las jornadas parciales, incluyendo en estas nuevas bolsas, la posibilidad de solicitar bolsas para empleos de cuatro horas dos días por semana y contratos de viernes, sábados, domingos y festivos. La precariedad se generaliza y se hace cada vez más fuerte en Correos con estas bolsas.

Tampoco se mejora en la transparencia de las bolsas, ni en el sistema de llamamiento, ni el funcionamiento relativo a las rotaciones, ni en los contratos ridículos de pocos días y de breve duración.

Y, por último, se mantienen las mismas circunstancias para decaer en las bolsas por no poder aceptar un contrato por circunstancias personales, por estar en situación de incapacidad debido a enfermedad en dos llamamientos en un período de seis meses, además de la grave posibilidad de decaer en las bolsas de una manera subjetiva y totalmente parcial, ya que sigue existiendo la evaluación de desempeño negativa en la prestación de los servicios, esto es, si la jefatura de turno decide arbitrariamente que un@ compañer@ no trabaje más, redacta un informe negativo en su contra y la empresa lo elimina de la bolsa.

En definitiva, unas bases redactadas por Correos, apoyadas y asumidas por los sindicatos firmantes (CC.OO., CSI-F, UGT Y SL), y que interesan tanto a unos como a otros por varios motivos.

A la empresa por rejuvenecer la plantilla, evitar pagar a much@s compañer@s conceptos asociados a la antigüedad, tener candidatos nuevos con estudios y, por tanto, bien cualificados y que vienen desesperados de la precaria y pésima situación laboral existente en todo el estado con lo que las condiciones en Correos no les parecerán tan negativas (cotizas por las horas que trabajas, tienes derecho a vacaciones y asuntos propios, no te despiden por estar embarazada y/o darte de baja, etc...) y al no ser conocedores de como hemos ido perdiendo derechos y, por tanto, no ser conscientes del deterioro progresivo de nuestras condiciones carecen de sentimientos relacionados con el malestar, indignación y, por supuesto, de posibles pensamientos de lucha para intentar revertir la situación y buscar mejores condiciones.

Y a los sindicatos, por recuperar la afiliación que están perdiendo durante estos últimos años debido al malestar existente por su inactividad ante el constante empeoramiento de las condiciones de trabajo diarias, por mantener al colectivo preso a sus afiliaciones para poder realizar cursos puntuables, y sobre todo, por el interés económico que les supone todo el negocio-academia de los citados cursos y la consolidación de empleo.

Estas nuevas bases de las bolsas de empleo y este tipo de negociación que perjudican al colectivo nos reafirman en el pilar básico de nuestras reivindicaciones, que es llevar a cabo un REFERÉNDUM antes de la firma de cualquier acuerdo que afecte a la plantilla. De haberse llevado a cabo el mismo, estamos seguros de que las bases no serían las mismas.

LOS SINDICATOS PIDEN A SANTANDER QUE RECORTE EL ERE POR LA FUSIÓN CON POPULAR

A. Gonzalo - cincodias.elpais.com

Los representantes laborales también reclaman rebajar la edad de prejubilaciones de los 58 años

El ajuste afecta a los servicios centrales de toda España

Banco Santander y los sindicatos se han vuelto a reunir para concluir las mesas previas a la apertura del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a 1.585 trabajadores, a los que se suman otros 575 que serán trasladados de empresa, en los servicios centrales de esta entidad y de su filial Banco Popular. La próxima reunión se celebrará el día 16.

A partir de entonces los representantes de ambos bancos se sentarán por separado al tratarse de dos empresas, y la composición de las mismas se conformará de acuerdo a la representatividad sindical en cada una de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones sindicales.

Los afectados por este expediente serán en Popular todos los servicios centrales en Madrid y Coruña, auditoría, recuperaciones y servicios centralizados.

En Santander están afectados los servicios centrales de Madrid (Boadilla, Marpe, Mesena), recuperaciones y UCR (Unidades de Control de Red) en diversas provincias de toda España.

La primera reivindicación de CC OO, el mayor sindicato de grupo Santander, ha vuelto a ser la de “la necesidad de rebajar el número de extinciones propuestas. 1500 sigue siendo una cifra demasiado elevada y no se puede consentir tal nivel de destrucción de empleo”.

También ha reclamado “incrementar el número de traslados a empresas del grupo, que el banco ha vuelto a fijar en unas 575 personas de las áreas de tecnología y organización de Popular, con el fin de reducir el número final de extinciones.

Este sindicato también ha insistido en que las salidas sean voluntarias, así como la posibilidad de capilaridad entre los servicios centrales y la red comercial, “permitiendo el trasvase de personas excedentes hacia la red de sucursales”

Los sindicatos, además, han reivindicado un acuerdo de prejubilaciones que “se sitúe por debajo de las edades de referencia elegidas en pasados ajustes, para que permita drenar de manera ordenada a aquellas personas de mayor edad y poder seguir dando posibilidades de empleo a las personas situadas en tramos intermedios sin opción a una prejubilación”.

El último acuerdo de prejubilaciones que realizó Santander el pasado año afectó a los empleados con más de 58 años de edad, el problema es que ahora solo hay unos 2.000 trabajadores entre servicios centrales y red comercial que superen esta edad, mientras que en Popular el número es muy inferior, ya que solo hay unos 130 trabajadores con más de 55 años en los servicios centrales de Madrid, y 70 en La Coruña.

LA CGT INICIARÁ EL UNO DE DICIEMBRE MOVILIZACIONES CONTRA LOS “ABUSOS” DE KONECTA Y LA “COMPLICIDAD” DE EPES

sevilladirecto.com

Denuncia la "emergencia laboral" en la que se encuentran los trabajadores de Konecta BTO, empresa que se encarga de la gestión telefónica del 061 en Sevilla.

CGT ha convocado para el uno de diciembre una concentración a las puertas del centro de trabajo de la empresa Konecta BTO en La Cartuja (calle Max Plan), empresa que se encarga de la gestión telefónica de las emergencias del 061 en Sevilla, para denunciar la situación que padece la plantilla y para que la empresa reconsidere su postura y abra vías de interlocución.

La CGT denuncia “discriminaciones desfavorables” entre compañeros/as, “contrataciones fraudulentas”, “falta de respeto” al convenio colectivo y al Estatuto de los Trabajadores, la “desregulación” de la bolsa de trabajo, “abusos” que se cometen hacia trabajadores con contrato a tiempo parcial e “incumplimientos” del pliego de prescripciones técnicas.

También reclama que la empresa pública de emergencias sanitarias, EPES 061, asuma su responsabilidad ante su “empecinamiento” en mantener subcontratado un servicio que la CGT considera debiera estar prestándose directamente desde la empresa pública.

Según ha expuesto en un comunicado la CGT, desde que entró en el comité de empresa de la gestión telefónica de emergencias del 061 en Sevilla, ha intentado reunirse con la empresa Konecta para abordar la que califica de “grave situación laboral” existente en el centro de trabajo.

“Ante el silencio cuando no las negativas, hemos presentado multitud de escritos, todos con copia a la Dirección Provincial de EPES 061 Sevilla, trasladándoles punto a punto las cuestiones prioritarias que deben ser abordadas, sin obtener respuesta alguna y viendo cómo se degradan a diario las condiciones sociolaborales de los gestores de emergencias”, señala la CGT, y añade que estos “silencios y complicidades” evidencian el “desprecio” de la empresa y de EPES 061 hacia los profesionales “que son el primer eslabón de la cadena asistencial en las emergencias sanitarias”.

La CGT denuncia la situación de “emergencia laboral” en la que se encuentran los trabajadores de Konecta BTO, y critica las conductas “absolutistas” tanto de Konecta BTO como de EPES, que aboga a los trabajadores a una “precariedad laboral” y a la aplicación de un convenio colectivo que “nada tiene que ver con la actividad profesional que se desarrolla en el centro y que ni siquiera se cumple”.

Por ello abordarán un “proceso movilizador” para “dignificar” las condiciones laborales de los profesionales de la gestión de emergencias.

EL SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS (SIC) REDUCE SU PLANTILLA UN 90 %, VENDERÁ ACTIVOS Y SE REPLIEGA A CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria (EFECOM)

Seguridad Integral Canarias (SIC) está poniendo en marcha un plan de saneamiento de sus cuentas que incluye llegar a fin de año con un 90 por ciento menos de plantilla, la venta de una parte de sus negocios y el abandono escalonado de todos los contratos que tenía fuera de las islas.

La compañía canaria, cuyo accionista mayoritario es el empresario Miguel Ángel Ramírez, experimentó un fuerte crecimiento la pasada década gracias a los precios que ofrecía en las licitaciones de concursos públicos de seguridad, en un contexto de crisis en el que la mayoría de ellos se convirtieron en subastas a la baja.

SIC pudo ofrecer esos precios tras la última reforma laboral, a la que se acogió para descolgarse del convenio nacional del sector y pactar un acuerdo de empresa con salarios sustancialmente inferiores, lo que le granjeó duras críticas de los sindicatos, que la acusaron de convertirse en "la reina de la seguridad low cost".

Sus directivos han reconocido que la sentencia del Tribunal Supremo que hace unos meses invalidó su convenio y le obliga a pagar a sus empleados con carácter retroactivo los salarios pactados en el convenio nacional hace "inviable" su estructura de costes, que han crecido de forma repentina, mientras que los ingresos van a la baja.

En este contexto, han explicado que han preferido apostar por una salida que evitase el concurso de acreedores, el despido de personal o el impago de nóminas: vender el grueso de su cartera de clientes a la sociedad Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), que sigue trabajando con un convenio propio, con salarios inferiores a los suyos, pero que no ha sido anulado por los tribunales.

De hecho, en estos momentos, SIC solo conserva los contratos de aquellas licitaciones que por ley no puede transferir a otras compañías (porque no se ha cumplido el 20 % de su tiempo de duración) y el único servicio que presta ya fuera de Canarias: la vigilancia del Metro de Madrid, donde su contrato expira en junio.

Los directivos de la empresa de Ramírez ha explicado que, en este momento, su decisión es no volver a competir por el nuevo contrato del Metro de Madrid (que le reporta unos ingresos mensuales de 1,7 millones, con un coste salarial de 690.000 euros al mes), sino centrarse solo en actividades en Canarias, puesto que reconocen que su estrategia de expansión a la península "fue un error".

SIC tenía en nómina el 1 de septiembre a 2.518 empleados. Tras haber comenzado a traspasar sus contratos a SVS, ahora cuenta con 794 y acabará el año con 269, la décima parte de los que tenía.

Además, ha llegado a un acuerdo con Intersindical Canaria para abonar a su plantilla de forma escalonada hasta 2020 todos los atrasos que les adeuda como consecuencia de la sentencia del Supremo que le obliga pagar con carácter retroactivo el convenio nacional, a cambio de que esa organización levante los embargos que había planteado contra la empresa, liberando así su tesorería.

La dirección de SIC no le ve sentido a seguir creciendo en el negocio de la seguridad privada, porque lo considera un sector maduro, con facturación a la baja y que puede verse abocado en breve a una reconversión, ya que la Ley de Contratos del Sector Público obligará en unos meses a las empresas que pujen por servicios de vigilancia en la administración a pagar el convenio estatal.

A su juicio, la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat de hace unos meses (que afectó a Eulen), no ha sido más que la primera vez que transciende a todo el país la crisis a la que, a su juicio, se encamina el sector.

Sin embargo, sí considera que puede sostener una empresa con 265 empleados en servicios de vigilancia, sobre todo si, como espera, en próximas fechas vende parte de sus negocios, por un importe que le permitirá saldar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

SIC subraya que en todo este proceso ha dado prioridad a soluciones que evitaran los despidos y pasaran por traspasar contratos a otra empresa que se subrogara en sus plantillas.

EMPLEADOS DE DOS FUNDACIONES SE CONCENTRAN ANTE CC.OO. POR SU CIERRE Y DESPIDOS

Madrid (EFECOM)

Los trabajadores de dos fundaciones de formación vinculadas a CC.OO., Forem y ANAFE-CITE, se han concentrado ante la sede confederal del sindicato para protestar por el despido de todos los empleados sin indemnización mediante la convocatoria de concurso de acreedores de ambas entidades.

En declaraciones, el portavoz de los trabajadores en ANAFE-CITE, Javier Toucedo, ha explicado a Efe que el sindicato ha tomado la decisión de solicitar el concurso de acreedores de ambas fundaciones dejando así sin derechos a sus trabajadores y delegando el pago de las nóminas y finiquitos a los fondos públicos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Los trabajadores, que han presentado un escrito ante la sede confederal, han reprochado al sindicato también que no haya intentado negociar con ellos una salida alternativa al concurso.

Asimismo, Toucedo ha señalado que tienen previsto reunirse con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para exponerles su situación.

A juicio de estos trabajadores, CC.OO. proclama el no a la reforma laboral pero "no tiene pudor en ningunear y maltratar a su propia plantilla" y, mientras proclama la solidaridad económica, "utiliza las más sucias estrategias para desatender, ignorar y jugar con la dignidad de sus propios trabajadores".

En declaraciones, el secretario de Organización de CC.OO., Fernando Lezcano, ha precisado que ambas fundaciones no pertenecen como tal a la estructura del sindicato y ha asegurado que la situación a la que han llegado ha sido provocada, por un lado, porque las administraciones "no pagan en tiempo y forma" sus servicios.

Por otro, ha añadido, también se ha debido al "cambio en las reglas del juego" que implantó la reforma del sistema de formación de 2014, de forma que estas fundaciones tienen ahora que competir contra empresas que pagan salarios de 600 euros y no garantizan los derechos de sus trabajadores.

Lezcano ha asegurado que “la empresa” CC.OO. ha tratado de modificar los contratos de los trabajadores afectados cambiándolos a fijos discontinuos, pero que la Inspección de Trabajo paralizó el intento y, cuando los tribunales dieron la razón al sindicato, "era demasiado tarde".

Los miembros del patronato han tenido que declarar el concurso en las fundaciones porque, "de mantenerlas a sabiendas de su insostenibilidad, habrían incurrido en una situación de irresponsabilidad patrimonial", ha explicado Lezcano.

LOS SINDICATOS TEMEN QUE EL ERE POR LA FUSIÓN BANKIA-BMN AFECTE A MÁS DE 2.000 TRABAJADORES

Clara Alba - Invertia

Aunque las negociaciones entre Bankia, BMN y los sindicatos no comenzarán hasta mediados de diciembre, fuentes consultadas estiman que el ERE que planea la entidad fusionada afecte a entre 2.000 y 2.500 empleados, para los que buscarán condiciones favorables en los despidos y movilidad geográfica.

De momento, BMN ya ha iniciado el cierre de 24 oficinas como parte del proceso de restructuración.

Las fuentes consultadas confirman que las negociaciones entre ambas partes comenzarán a mediados de diciembre. Pero de momento, no hay una cifra oficial de afectados.

Aun así, desde los sindicatos aseguran que “por la experiencia que tenemos en este tipo de procesos calculamos que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectará a entre 2.000 y 2.500 trabajadores.

Los representantes de los trabajadores consideran que la intención de la entidad fusionada será apostar por las salidas voluntarias para que el proceso sea lo menos traumático posible. “Desde los sindicatos buscaremos bajas incentivadas, prejubilaciones a partir de los 55 años y recolocación geográfica”, indican.

De momento, y a la espera del inicio oficial de las negociaciones, BMN ya ha transmitido a la plantilla el inicio de la restructuración con el cierre de 24 oficinas.

La ciudad más afectada será Murcia, con el cierre de 10 sucursales, seguida de otras 7 en Islas Baleares, 5 en Granada y 2 en Jaén.

Según las fuentes consultadas, el cierre de estas 24 oficinas bancarias no supondrá de momento la salida de los empleados. Todos ellos viajarán a Madrid para ser formados por Bankia y después serán recolocados en otras oficinas para, a su vez, formar a sus compañeros de BMN.

Durante su última presentación de resultados trimestrales, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, explicó que aún no se ha decidido si habrá despidos tras la integración, aunque se sabe ya que el proceso de ERE afectará también a la entidad que el directivo preside.

Todo para conseguir unas sinergias de 155 millones de euros al año, según indicaron en el anuncio de la fusión ambos bancos, con unos costes de reestructuración de unos 335 millones de euros.

En el último proceso de ajuste vivido por Bankia en 2013, la entidad prejubiló a los trabajadores de más de 54 años, con un 60% de su salario hasta los 63 años.

Ahora, y en pleno proceso de negociación del ERE del Santander por la absorción del Popular, los sindicatos podrían mejorar más aún estas condiciones.

SIEMENS GAMESA RECORTARÁ SU PLANTILLA EN 272 PERSONAS EN ESPAÑA ANTES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nahiara S. Alonso

Los sindicatos rompen las negociaciones con la empresa y piden una garantía de empleo total

Siemens Gamesa prevé recortar su plantilla en España en 272 personas durante este año fiscal, hasta septiembre de 2018, hasta un total de 408 en tres años.

Una reducción menor a la prevista inicialmente y que fue comunicada a los sindicatos, ya que afectaba en principio a un total de 341 empleados en este año fiscal, que fue posteriormente rebajada a 328 después de que 13 salidas se produjeran en septiembre.

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT (UGT FICA) ha asegurado en un comunicado que los sindicatos han roto las negociaciones con Siemens Gamesa y han pedido una garantía de empleo total.

El plan de reducción de plantilla del grupo, que terminará con 408 puestos de trabajo en tres años en total, afectará principalmente al área de Servicios, con un total de 149 despidos, seguido de Onshore con 92 trabajadores, Offshore con 24 y Corporativo con 7 despidos.

El plan de reestructuración ha sido detallado, pero la compañía, tras registrar unas pérdidas netas de 135 millones de euros en su primer semestre como empresa fusionada, anunció a principios de noviembre que despediría a un total de 6.000 empleados en 24 países en tres años.

Por centros de trabajo, el plan afectará en Navarra a Sarriguren, con 92 despidos, Orcoyen, con 11 y Agustinos con 4 despidos. En Madrid, habrá un total de 78 despidos, Zamudio en Vizcaya con 48; Albacete con 4; Medina del Campo en Valladolid con 5 despidos; Burgos con 2; Santiago de Compostela en Galicia con 6; Arnedo en La Rioja con 4; Torremolinos en Málaga con 6 despidos; Paterna en Valencia con 5 y Zaragoza con 7.

Los sindicatos rompen las negociaciones

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT (UGT FICA) ha asegurado en un comunicado que los sindicatos han roto las negociaciones con Siemens Gamesa sobre los despidos que la empresa comunicó a mediados de noviembre.

Asimismo, los trabajadores han arrancado el calendario de acciones conjuntas para frenar el ERE, con concentraciones de los delegados de los centros afectados ante la sede de la empresa en Zamudio (Bilbao), coincidiendo con la entrega de la documentación del expediente en Madrid, según informa Europa Press.

UGT, que había pedido a Siemens Gamesa que los despidos fueran "negociados" y se llevaran a cabo "mediante bajas voluntarias y prejubilaciones", ha expresado en el comunicado que no van a aceptar "ni un solo despido" porque, han asegurado, "no sobra nadie". "Las organizaciones sindicales manifiestan su rechazo más firme este proceso de despido colectivo en Siemens Gamesa, queremos mantener el empleo", reza el comunicado, que se refiere a los sindicatos participantes hasta ahora en la negociación: ELA, UGT, CC.OO. y LAB. La compañía justificó los despidos asegurando que el objetivo es tener una "estructura más ágil, más competitiva y con menores costes".

Así, los sindicatos exigen la retirada del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) y que Siemens Gamesa les dé una garantía de empleo a toda la plantilla. "Ante la evidente falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras de Siemens Gamesa y a sus representantes, al constatar una vez más, la filtración de información que la Compañía ha realizado sobre la afectación de la plantilla durante el proceso de constitución de la Mesa de negociación del ERE en Siemens Gamesa, no nos queda otra que levantarnos de la mesa", han explicado.

ELIMCO AEROSPACE NEGOCIA UN AJUSTE DE PLANTILLA DENTRO DE SU PLAN DE RELANZAMIENTO

E. Freire - sevilla.abc.es

La compañía sevillana plantea despidos y salidas temporales

La dirección de Elimco Aerospace ha planteado a los representantes de los trabajadores un ajuste laboral que considera inevitable «para asegurar la viabilidad futura de la compañía», según fuentes consultadas.

Se ha reunido por primera vez la mesa negociadora, que ha fijado un calendario para tratar de llegar a un acuerdo a lo largo del mes de diciembre. La empresa sevillana está compuesta por 83 trabajadores; el ajuste planteado incluye despidos (ERE) y también un expediente temporal de empleo (ERTE).

La medida se produce tras la compra en octubre por Ingemont, una adquisición cuyo coste ascendió a 8 millones de euros. Esta operación ha evitado el hundimiento de la firma aeronáutica arrastrada por el concurso de acreedores de su anterior matriz, Elimco Soluciones Integrales (ESI), que también había propuesto medidas similares, que probablemente no pudo acometer por falta de capacidad económica.

Los despidos afectarían al personal que la antigua matriz del grupo (ESI) había «colgado» o subrogado a su filial Elimco Aerospace, cargando a ésta los costes laborales, pese a que no pertenecían al negocio aeronáutico, según indican las fuentes.

Por su parte, las salidas temporales responden a una coyuntura puntual del mercado por disminución de carga de trabajo y afectaría a trabajadores que serían recolocados en primer lugar cuando se cierren nuevas cargas de trabajo.

Como medida de acompañamiento a esta contracción, los nuevos accionistas han puesto en marcha el nuevo plan de negocio e inversiones a partir de 2018, cuyo objetivo es «salvar la compañía, estabilizarla y relanzarla lo antes posible».

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