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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (28 DE AGOSTO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

8 DE CADA 10 CONVENIOS NO GARANTIZAN EL PODER ADQUISITIVO

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTALLAN EN PLENA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018 PARA OBTENER MEJORAS DE MONTORO

TRABAJADORES DE LAS EMBAJADAS IRÁN A LA HUELGA

CONVOCAN DOS DÍAS DE HUELGA EN ALCOA PARA PROTESTAR POR UN DESPIDO

IBERCAJA INICIA SU CIERRE DE OFICINAS EN LA RIOJA: HARO, LOGROÑO Y ARNEDO

RTVE: UNA PLANTILLA ‘CARA’ Y ‘ENVEJECIDA’: SÓLO EL 15% DEL PERSONAL FIJO DE RTVE TIENE MENOS DE 40 AÑOS

EMPIEZA LA NEGOCIACIÓN DEL TERCER ERE EN IBERIA

EL ENCIERRO DE 20 TRABAJADORES EN EL HOSPITAL DEL BIERZO ALCANZÓ LOS 30 DÍAS

061, A PUNTO DE CUMPLIRSE 29 MESES DE LUCHA

LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA DE ALICANTE INTENSIFICAN LA HUELGA Y CONVOCAN PAROS PARCIALES A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE

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8 DE CADA 10 CONVENIOS NO GARANTIZAN EL PODER ADQUISITIVO

Manuel V. Gómez - economia.elpais.com

Los salarios pactados suben un 1,33% durante los primeros 7 meses del año

Si los precios suben más que los sueldos, la gran mayoría de convenios no tiene una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los asalariados. El 83,6% carece de un mecanismo que haga subir los salarios a la par que la inflación, según el Ministerio de Empleo.

Este dato evidencia que esta cláusula, que vincula las subidas salariales a la evolución de los precios, se usa muchísimo menos que hace una década, cuando la mitad de convenios sí tenía la salvaguarda. Los datos divulgados recogen un incremento salarial medio pactado del 1,33%, un porcentaje que supera en unas décimas la inflación prevista para final de año.

La cláusula de garantía sobre el poder adquisitivo de los sueldos dinamitó a finales de julio las negociaciones entre sindicatos y patronales para alcanzar un pacto que sirviera de guía en las negociaciones de los próximos convenios colectivos.

Los primeros, UGT y CC OO, la exigían. Los segundos, CEOE y Cepyme, no estaban dispuestos a transigir y aceptar la vuelta de un mecanismo que quisieron arrinconar durante años, algo que no lograron hasta 2012, durante la segunda recesión de esta larga crisis.

Desde entonces esa salvaguarda, que, como norma general, compensa a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo si los precios suben más de lo que se pactó para los salarios, ha sobrevivido en menos del 15% de los convenios.

En lo que va de año, ha subido algo su uso, hasta el 16,4%. Pero estos porcentajes están muy lejos de los alcanzados cuando los acuerdos estatales de negociación colectiva recomendaban su inclusión y de los alcanzados antes de la crisis.

Subida salarial pactada en convenio y convenios con cláusula de garantía salarial ->

https://ep01.epimg.net/economia/imagenes/2017/08/09/actualidad/1502300247_949475_1502301273_sumario_normal_recorte1.jpg

La cobertura de las cláusulas de salvaguarda aumenta hasta casi el 25% si se toma como referencia el número de trabajadores cubiertos: 1,25 millones de los poco más de 5 millones de asalariados que contaban hasta julio con la protección de un convenio colectivo.

Una demanda internacional

La erradicación de las cláusulas de garantía salarial fue también una reclamación de varios organismos internacionales y otras instituciones como el Banco de España. Y era, además, una medida impulsada indirectamente desde el Gobierno para ganar competitividad. El argumento es que su existencia provoca que los efectos negativos de la inflación tarden más en desaparecer. El ejemplo que suele utilizarse es el del petróleo, un producto de precio muy volátil.

Cuando el crudo sube, es habitual, y más en España, que la inflación responda también al alza. Esto, a su vez, puede provocar que se activen las garantías salariales. La espiral no acaba aquí, ya que los empresarios —como los empleados— tampoco absorben el impacto de la subida de los costes laborales y lo trasladan a los precios. Los defensores de esta teoría añaden otra consecuencia: la persistencia de la inflación lleva a que se mantengan medidas para combatirlas que enfrían la economía y el crecimiento, como los tipos de interés altos.

Número de convenios y de trabajadores con convenio ->

https://ep01.epimg.net/economia/imagenes/2017/08/09/actualidad/1502300247_949475_1502301301_sumario_normal_recorte1.jpg

Atendiendo a la evolución de la inflación en España este año, parece difícil que el mecanismo se active en los convenios que cuentan con él. En los 7 primeros meses del año, el incremento medio es del 1,33% y casi todas las previsiones sitúan en diciembre el IPC por debajo (Funcas pronostica un incremento del 0,8%). Y este dato, el de final de año, es el que toman la mayoría de convenios, pese a que sería más apropiado el promedio anual.

Ligero incremento

El incremento pactado visto el mes pasado mantiene la tendencia de incrementos bajísimos seguida en los últimos años. El 1,33% de julio es apenas 3 centésimas superior al de junio y supera en poco más de una décima el alza observada en enero.

Este ha sido el principal argumento expuesto por la patronal para ofrecer en las negociaciones fallidas un incremento que se situaba entre el 1% y el 2%, más medio punto porcentual por productividad. Si “aguas abajo”, expresión muy utilizada por el presidente de CEOE, Juan Rosell, las subidas pactadas eran bajas, es evidente que no había necesidad de ir más allá.

Los sindicatos, en cambio, pedían a la patronal que asumiera su papel de agente social y firmara un pacto con un incremento de salarios mayor (entre el 1,8% y el 3%). Su razonamiento era que, con la recuperación consolidad y creándose empleo a un ritmo alto, ha llegado el momento de que los sueldos ganen poder adquisitivo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se situaba más cerca de esta tesis, pero el acuerdo no fue posible.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTALLAN EN PLENA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018 PARA OBTENER MEJORAS DE MONTORO

Belén Carreño - eldiario.es

Los examinadores de la DGT, el personal de las embajadas y de la AECID o los empleados de Aena son algunos de los que utilizan ya la huelga para lograr mejoras que solo Hacienda puede conceder

Los empleados públicos de Andalucía también estudian una huelga en septiembre para que el Estado considere su idea de dejar la jornada en 35 horas semanales

Aún hay varios sectores de la Administración con tasas de reposición del 50% que los sindicatos piden derogar y elevar los salarios por encima del 1% en 2018

Los examinadores de tráfico acumulan ya muchas jornadas de paro ->

http://images.eldiario.es/politica/Examinadores-solucion-dimision-director-DGT_EDIIMA20170725_0354_4.jpg

No es solo la conflictividad laboral del transporte propia del verano. Los empleados públicos de varios sectores se han rebelado en las últimas semanas y amenazan con huelgas en los próximos días, hartos, dicen, de no conseguir mejoras en su situación laboral.

Hacienda está ultimando los Presupuestos Generales de 2018 que tienen que estar aprobados para el 30 de septiembre y los funcionarios y personal laboral están jugando con la principal arma de presión, la huelga, para conseguir vencer las resistencias de Cristóbal Montoro a una mejora de sus condiciones.

Los examinadores de la DGT (del carnet de conducir), el personal de las embajadas y de la Agencia Española de Cooperación (AECID) o la plantilla de Aena son los que tienen en marcha las protestas más inmediatas. Pese a la heterogeneidad de sus funciones, sus problemas tienen el mismo denominador común.

A partir del tajo de mayo de 2010, sus plantillas se quedaron mermadas y sus sueldos congelados. Siete años después, y con la economía en plena recuperación, tienen que atender de nuevo a millones de usuarios con muchos menos efectivos y encima con una menor retribución.

La queja era muy similar a la de otros colectivos de atención al público como los Inspectores de Hacienda o el personal para expedir los DNI. Ambos sectores consiguieron ser incluidos en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para este año y han sido una inspiración para sus homólogos en otras esferas de la Administración Pública.

Los examinadores de Tráfico inician otra huelga (ya llevan 20 paros) el 4 de septiembre de tres días alternos a la semana con el objetivo de recuperar los casi 200 puestos que han desaparecido desde 2009 y también un complemento salarial específico. Por el momento les han ofrecido otros 100 examinadores para 2018 pero la aprobación del complemento depende en su totalidad de Hacienda.

El caso de la plantilla de Aena multiplica por diez estas magnitudes. En 2011,   la empresa contaba con 11.440 trabajadores  y tenía un tráfico de 187 millones de pasajeros. En 2016, con un tráfico de 230 millones, Aena tiene 7.297 trabajadores. La amenaza de huelga a partir del 15 de septiembre está servida.

El caso de los responsables de proyectos en la AECID o del personal laboral en el exterior es singular. Además de sufrir los rigores de la congelación de salarios de todo el sector público, su situación está agravada por las espirales inflacionistas de los países de destino, como Argentina.

Aprovechando la celebración del día del cooperante el 8 de septiembre, los responsables de proyectos de la AECID irán a la huelga. El personal de numerosas embajadas está de paros hace meses.

No son solo salarios

Miguel Borra, presidente de CSIF, uno de los principales sindicatos de la función pública, asegura que la situación es insostenible desde hace años y reconoce que están pendientes de las últimas reuniones con Hacienda.

En 2017 los funcionarios recibieron una subida salarial del 1%, una cifra que Borra considera más que insuficiente para 2018 por la pérdida de poder adquisitivo en la que llevan inmersos años los funcionarios.

El otro caballo de batalla está en liberar a la Administración de la tasa de reposición del 50%. Esta tasa no afecta a servicios esenciales como sanidad o educación, pese a lo cual también han perdido efectivos. "Por eso nuestra prioridad ha sido conseguir transformar a los eventuales en fijos", recuerda Borra respecto al proceso que se ha aprobado para regularizar a los miles de interinos que subsisten en las administraciones.

A esto se suman otras peticiones específicas como la de los empleados públicos andaluces, que quieren legalizar la jornada laboral de 35 horas frenada desde el Gobierno central y que amenazan con paros también este septiembre.

El plan de choque no ha incluido a las administraciones locales, donde la temporalidad es también muy alta, ni a la Administración General del Estado, otros dos sectores públicos en los que las plantillas han mermado sin cesar pero la recuperación de la actividad económica les ha llevado a asumir un trasiego propio a los años anteriores de la crisis.

Enero de 2011 marcó el pico de personal al servicio de las Administraciones públicas con 2,7 millones de empleados. El último dato de enero de este año sitúa al total de la plantilla pública en 175.000 efectivos menos. Solo en la Administración General del Estado se han volatilizado más de 40.000 empleos, y en las empresas públicas, como Aena, unos 25.000 puestos de trabajo.

Pero ha sido en la Administración Local y en las universidades donde más empleo de funcionario ha desaparecido. En enero de 2010 trabajaban en los ayuntamientos 657.000 personas y este año lo hacen 543.000.

Por eso permitir reponer las jubilaciones que se den a partir de ahora no será suficiente para revertir unas plantillas esquilmadas y envejecidas. Casi un 60% de los empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado tienen más de 50 años.

El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que revisará al alza la previsión de crecimiento económico para 2017, juega a favor de las demandas de este sector de cara a la elaboración de los presupuestos.

La marcha de la recaudación de los ingresos fiscales y también, con especial incidencia, las presiones políticas sobre un gobierno en minoría podrán ayudar a rebajar la tensión del otoño caliente que supondrá no ceder a las demandas de estos colectivos.

TRABAJADORES DE LAS EMBAJADAS IRÁN A LA HUELGA

Ignacio Jesús Serrano –diario16.com

El personal laboral reclama una adecuación de su sueldo al destino y poner fin a la congelación

El personal laboral de las embajadas españolas, se ha levantado en pie de guerra para que la administración vaya acondicionando los sueldos tanto a los destinos, como a la adecuación deficitaria de estos, ya que se encuentran congelados desde 2009.

Dentro de las embajadas españolas existen diferentes tipos de empleados públicos: el funcionario de carrera, personal laboral, funcionarios interinos o personal eventual. En concreto las quejas proceden del laboral, quienes solicitan una equiparación y un aumento progresivo de su salario, que trate de paliar las pérdidas que sufren desde hace más de 8 años, llegando a alcanzar un montante cercano al 40%.

El proceso de repulsa a esta situación se inició en la embajada Argentina. Las reivindicaciones procedían del plano de pérdida de poder adquisitivo, en concreto y citando a la actualidad vivida en el país sudamericano, la gran inflación que sufre este, provoca que los empleados laborales españoles, hayan visto mermado su capacidad económica.

A la cabeza de estas reivindicaciones están CC.OO. y CSIF, quienes solicitan una serie de medidas que atajen los problemas que sufre el colectivo con contrato laboral de las embajadas. Ambos han puesto sobre la mesa, que de no modificarse tal situación, se acudirá a la huelga el día 8 de septiembre, Día del Cooperante.

Según las fuentes consultadas por este medio, la FSC-CCOO, muestra que el panorama que se vive es alarmante, debido a que un total de 7000 trabajadores, han visto como su salario no se incrementaba. Se nos informa, de que surge un agravio comparativo entre el personal funcionario, y el laboral, ya que el primero se ciñe al Decreto 6/1995 que dice así: “les serán de aplicación las mismas normas sobre retribuciones establecidas para los que prestan servicios en territorio nacional y aquellas otras específicas que, como adecuación a las peculiaridades de dichos destinos” ya que además este cuenta con un “derecho a percibir la indemnización por equiparación del poder adquisitivo y por calidad de vida”.

Estos son los principales pretextos que llevan no solo al personal laboral de las embajadas a acudir a la huelga, sino también los Responsables de Programas y Responsables de proyectos.

Las quejas que comenzaron a surgir en Buenos Aires, se han ido extendiendo poco a poco a otros países como Canadá, Australia o Nicaragua, siendo este último la estela en la que debe fijarse el gobierno, ya que el próximo día 5 de septiembre en Managua, se iniciará un proceso que va camino de convertirse en efecto dominó para el resto del personal español de representación en el exterior.

CONVOCAN DOS DÍAS DE HUELGA EN ALCOA PARA PROTESTAR POR UN DESPIDO

M. Cuadrado - lavozdegalicia.es

La firma reitera la comisión de una falta muy grave por incumplir la norma de seguridad

Trabajadores de la multinacional Alcoa en San Cibrao acordaron en asamblea la convocatoria de dos jornadas de huelga para los días 1 y 2 de octubre, domingo y lunes, respectivamente.

El acuerdo fue adoptado por unanimidad en la reunión convocada por el comité de empresa tras conocer el despido de un operador del departamento de Digestión por motivos disciplinarios.

El presidente del comité, Xosé Paleo, aseguró que fue el lunes, día 14, cuando la empresa hizo efectivo el despido de un obrero implicado en un accidente laboral y amonestó a otro trabajador. La decisión se tomó -explicó- sin tener en cuenta las peticiones del comité, que instó a la empresa a dar una segunda oportunidad al trabajador despedido: «Intentamos negociar para evitar o despido pero non foi posible negociar coa empresa».

Recordó que el comité elaboró un informe del accidente que envió a Inspección de Trabajo, al vicepresidente de Alcoa, al presidente de Alúmina y al de Alcoa España, «sen ningún resultado».

Desde la empresa reconocieron estar sorprendidos por la convocatoria de una huelga para protestar por el despido de un trabajador debido a una falta muy grave por incumplimiento de la norma de seguridad.

Otra de las medidas acordadas por los trabajadores fue crear una caja de resistencia para ayudar económicamente al despedido. Se fijó una aportación mínima de diez euros.

Instan a no realizar horas extra y a no hacer cambios de turnos a petición de la empresa

Los trabajadores también acordaron por unanimidad otras medidas de las que están exentos los empleados de las ETT´s y los eventuales. Entre las mismas se incluye la creación de una caja de resistencia y una manifestación hasta las oficinas de la Seguridad Social, en Celeiro, donde está previsto que se entreguen varios escritos denunciando la falta de seguridad en la fábrica que Alcoa tiene en San Cibrao.

Citan la realización de jornadas de 24 horas o la aplicación de movilidad funcional que pone en riesgo a los trabajadores. Además, en la asamblea también se acordó continuar con otras medidas de presión ya fijadas en una anterior reunión, como no realizar horas extraordinarias o no realizar cambios de turno a petición de la empresa, no firmar permisos de acceso ni órdenes de trabajo salvo que sea un mando y no firmar formación que no se realice.

También instan a cumplir las normas y procedimientos al 100 %. Los trabajadores no descartan la realización de otras medidas de protesta.

Tras la asamblea, que tuvo lugar a mediodía en las instalaciones del comedor de la fábrica, los asistentes participaron en una concentración ante las oficinas de la multinacional en la que corearon consignas como Non non, o despido non é a solución.

Desde el comité de empresa critican que se cargue toda la responsabilidad del accidente laboral sobre un trabajador cuando la raíz del suceso «é a ausencia de rexistrar unha válvula nos planos».

IBERCAJA INICIA SU CIERRE DE OFICINAS EN LA RIOJA: HARO, LOGROÑO Y ARNEDO

El expediente de regulación de empleo (ERE) de Ibercaja va a ser especialmente visible para la población riojana el viernes 25 de agosto, cuando cuatro sucursales que tiene la entidad en la región echen la persiana para no volver a abrir.

Los cierres se enmarcan dentro del expediente de regulación de empleo puesto en marcha por Ibercaja y que contempla el cierre de un total de 140 oficinas en España y la salida de 590 trabajadores como máximo.

En total, la entidad cerrará 28 oficinas en la unidad territorial que forman La Rioja y Guadalajara, modificando además las condiciones laborales de la plantilla para ahorrar costes. En esta primera tanda, Ibercaja también ha contemplado otros tres cierres en la zona: Guadalajara, Burlada y Berriozar.

El mes de septiembre continuará el plan de la empresa en la región, quedando 21 oficinas por clausurar.

RTVE: UNA PLANTILLA ‘CARA’ Y ‘ENVEJECIDA’: SÓLO EL 15% DEL PERSONAL FIJO DE RTVE TIENE MENOS DE 40 AÑOS

Rubén Arranz - vozpopuli.com

La radio-televisión pública presentó en 2006 un Expediente de Regulación de Empleo por el que abandonaron la empresa, fundamentalmente, los trabajadores mayores de 52 años. Una década después, 6 de cada 10 de sus empleados tienen más de 50 años y sólo el 15% cuenta con menos de 40. La corporación invierte anualmente el 40% de sus recursos en pagar a su personal.

El Congreso de los Diputados deberá poner los cimientos a partir de septiembre de la nueva RTVE. Eso implicará la sustitución del presidente y la renovación de su Consejo de Administración, pero también una actualización de su Mandato Marco.

Es decir, de la ley que determina el servicio público que debe cumplir este medio de comunicación. Esta última tarea no será sencilla, dado que cualquier intento de modernizar la radio-televisión pública y adaptarla a las exigencias del nuevo mercado audiovisual se verá dificultado por la edad de su plantilla, en la que sólo el 15% de sus trabajadores tiene menos de 40 años.

Según los datos del sindicato USO la corporación contaba el pasado marzo con 5.906 empleados fijos, de los que sólo 11 tienen menos de 30 años y 929 son menores de 40. Un total de 3.521 efectivos cuentan con más de 50 años. Es decir, el 60% de los trabajadores.

Se da la circunstancia de que en Radiotelevisión Española hay el triple de empleados en edad de jubilación que personal de menos de 30 años (32 frente a 11). Y no parece que el envejecimiento de la plantilla vaya a frenarse en los próximos años, a menos de que se decida poner en marcha alguna medida para solucionarlo -como pudiera ser un plan de bajas-. De hecho, según los cálculos de USO, en 2022 el 71% del personal con contrato indefinido de la corporación tendrá 50 años o más.

No hay que olvidar que, en 2006, se aplicó en RTVE un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que segó 4.150 puestos de trabajo y que costará, hasta 2022, un total de 1.722 millones de euros. A esta medida se acogieron, fundamentalmente, personas mayores de 52 años, lo que contribuyó a bajar la edad media de su plantilla.

No obstante, la falta de convocatorias de empleo público a la que obligó la crisis económica y la ausencia de un nuevo ERE o de un plan de bajas voluntarias explican su actual estructura de personal, con una amplia mayoría de los trabajadores con más de 50 años.

En Radiotelevisión Española hay el triple de empleados en edad de jubilación que personal de menos de 30 años.

De la totalidad del personal fijo de Televisión Española, 1.437 miembros pertenecen al grupo de información y contenidos, 685 están dedicados a tareas de gestión y administración (la mitad de los que trabajan en todo Mediaset); 527 son técnicos de equipos y sistemas electrónicos; y 501 se encuentran en las áreas de información gráfica y captación de imagen y sonido.

EMPIEZA LA NEGOCIACIÓN DEL TERCER ERE EN IBERIA

elplural.com

Podría afectar hasta un máximo de unos 960 trabajadores

Iberia comunicó el pasado 16 de agosto a la representación de los trabajadores su intención de iniciar el período de consultas que ha de preceder al inicio de un nuevo ERE voluntario. Este nuevo Expediente de Regulación de Empleo afectará a trabajadores de todas las áreas de la compañía en los centros de trabajo existentes a nivel nacional.

Se ha celebrado una reunión entre todas las secciones sindicales con representatividad, tanto en el Comité de Vuelo como en el Comité Intercentros de Tierra, -CCOO, UGT, USO, Asetma, CGT, CTA, Somos, Stavla, Candidatura Independiente TCP, Sitcpla y Sepla-, para designar y constituir formalmente la comisión negociadora que representará a la parte social durante el período de consultas del ERE.

Dicha comisión ha quedado formada por 13 miembros, de los que 4 son de CCOO, 3 de UGT, 1 de USO y 1 del Sepla.

La conforman, además, 1 miembro de Somos sindicatos, 1 del Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelos de Líneas Aéreas (Stavla), 1 de CGT y 1 de la Candidatura Independiente de Protocolo de Control de Transmisión (TCP), con el objetivo de garantizar la representatividad de todos los colectivos.

Esta distribución se aprobó por mayoría, con los votos en contra del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (Sitcpla) y la Comisión de Trabajadores Asamblearios (CTA), ha informado CCOO en un comunicado.

EL ENCIERRO DE 20 TRABAJADORES EN EL HOSPITAL DEL BIERZO ALCANZÓ LOS 30 DÍAS

insurgente.org

http://insurgente.org/wp-content/uploads/2017/08/encierrobierz-620x330.jpg

El encierro que protagonizan una veintena de personas de la agrupación de usuarios de la Sanidad Pública en el hospital del Bierzo (León) para reivindicar mejoras en el servicio sanitario cumple un mes sin ningún avance y sin que hayan sido recibidos por el gerente o el consejero de Sanidad.

“Vemos que la situación es peor de lo que creíamos”, ha explicado uno de los portavoces de esta agrupación, Miguel Marabel, quien lamenta que ni el gerente del hospital, José Antonio Visedo, ni el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, se haya reunido con ellos.

061, A PUNTO DE CUMPLIRSE 29 MESES DE LUCHA

cgtandalucia.org

El 26 de marzo 2015 dio comienzo #encierro061malaga, la lucha sigue

Se van a cumplir veintinueve meses desde el inicio del conflicto en la gestión telefónica del 061 Málaga, para dignificar las condiciones laborales de los/as gestores de emergencias ante la situación que se ven sometidos por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y las empresas comisionistas Konecta BTO e Ilunion Emergencias (ONCE), que ejercen de latigueras y se llevan millonarios beneficios de dinero público sin que expongan absolutamente nada.

Un negocio que se encuentra siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional a requerimiento del Juzgado de Instrucción de Málaga, tras ser admitida a trámite por la Fiscalía de Málaga una denuncia formulada por CGT y observar indicios de posibles delitos.

En estos más de dos años han servido para que el resto de centros del 061 de Andalucía empiecen a despertar, como también los servicios de emergencias del 112 y Salud Responde andaluces se han sumado a una causa que se inició para exigir que se cumpliese el Convenio de Telemarketing en Málaga y que ha ido creciendo en sus objetivos y en sus conquistas, aun cuando para ello mantengamos como rehenes despedidas a 8 compañeras por luchar, pendientes de resoluciones judiciales, mientras continuamos abriendo focos de presión para conseguir su readmisión incondicional. CGT nunca abandona a quien lucha.

De exigir el cumplimiento del Convenio pasamos a llevar al Parlamento andaluz una Proposición No de Ley para la eliminación de las contratas buitre, a las que siguieron otras para el 112 y Salud Responde, todas ellas se aprobaron por mayoría absoluta en Pleno, con la oposición de la bancada socialista de Susana Díaz, que además de votar en contra en cada una de ellas, está incumpliendo lo que la mayoría de los representantes del pueblo andaluz le han mandatado en sede parlamentaria.

CGT y el colectivo continúan su lucha para que se cumplan las PNL´s aprobadas, aunque hasta ahora se hayan incumplido las fechas de eliminación de las empresas comisionistas y continúe la subcontratación, la internalización de estos Servicios Públicos en la Administración Andaluza sigue siendo nuestro objetivo.

El Defensor del Pueblo andaluz acaba de pronunciarse al respecto de las externalizaciones de servicios esenciales en la Junta de Andalucía tras múltiples escritos de CGT y concentraciones en su puerta, tras lo que se abre un nuevo periodo que nos debe llevar a conseguir este objetivo irrenunciable.

Igualmente pusimos en marcha una campaña andaluza para conseguir las acreditaciones profesionales del colectivo de teleoperacion y gestión de emergencias, cuestión que hemos conseguido poner en marcha tras múltiples concentraciones en todas las provincias y en el Parlamento, así como entrega de escritos tanto individuales como desde CGT.

Actualmente se encuentran acreditados/as un buen número de compañeros/as de la primera oferta de acreditación y en fase de acreditación por el IACP (Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales) un importante número de compañeros/as en toda Andalucía en la segunda oferta que se encuentra actualmente en marcha, circunstancia que llevara al reconocimiento profesional del colectivo y a eliminar la discrecionalidad en la contratación para poder realizar funciones de atención telefónica de emergencias en 061, 112, y Salud Responde.

Asimismo, como ya hemos referido, desde CGT iniciamos queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la situación que se vive en los centros del 061 primero y posteriormente en el 112 y Salud Responde, quejas que se encuentran abiertas y en trámite, pendientes de un informe que el Defensor ha solicitado a la Consejería de Hacienda para que justifique los millonarios contratos que se ofrecen a las empresas privadas concesionarias y sus incumplimientos para ganar aún más de lo ya previsto, recordamos que los márgenes de beneficio oscilan entre el 100% en 112 y Salud Responde hasta el 200% en el 061.

Y en mitad de todo esto siguen siendo múltiples las denuncias ante la inspección de Trabajo y reclamaciones ante el Juzgado de lo Social por los abusos sin escrúpulos de las empresas adjudicatarias, repitiéndose sanciones a las mismas, condenas para legalizar contratos en fraude de ley y convertirlos en indefinidos, sentencias, etc. etc.

Gracias a la presión ejercida en este periodo de tiempo se ha conseguido reducir la jornada anual de los/as trabajadores/as del 061 de toda Andalucía a 1600 horas/año desde el 1 de enero 2017, figurándola EPES en el pliego de condiciones para continuar con la subcontratación, no cumplir la PNL y que no se le acabe el chollo de la precariedad ni reconocer la valía de la profesión de los gestores de emergencias, un parche del todo insuficiente con el que no va a callar a CGT.

Además, la lucha de las emergencias andaluzas ha calado en los/as compañeras/os de otras comunidades autónomas (Catalunya, Castilla y León, Madrid, Galicia…) que empiezan a organizarse y a poner en practica algunas de las actuaciones realizadas en Andalucía, contemplando la presencia en Madrid el pasado 27 de mayo con un bloque de trabajadores de emergencias de todo el país en el seno de las Marchas de la Dignidad.

En definitiva más de dos años intensos de trabajo en los que también hemos visto como se compran voluntades de compañeros/as débiles, que han mirado únicamente por su ombligo y que sin embargo no han podido con el conflicto, con la huelga indefinida que se mantiene en 061 Málaga desde el 8 de junio 2015 ni con la inquebrantable apuesta de CGT por recuperar para lo público la gestión de estos servicios de emergencias, por la readmisión de las despedidas y por acabar con las corruptelas institucionales de la Junta de Andalucía con las empresas privadas. 

Como conmemoración de los dos años de lucha, el programa REPOR de TVE, se hizo eco de la lucha del sector contac center en general y de las emergencias andaluzas en particular. Las elecciones sindicales en el centro de Sevilla el próximo 6 de septiembre van a marcar un impulso importante para ganar definitivamente el conflicto, si como esperamos, CGT obtiene un respaldo importante de los/as trabajadores/as de la gestión telefónica de emergencias del 061

LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA DE ALICANTE INTENSIFICAN LA HUELGA Y CONVOCAN PAROS PARCIALES A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE

C. Pascual – diarioinformacion.com

El comité de empresa de UTE Alicante ha presentado ante Inspección de Trabajo la nueva propuesta de huelga

La huelga se centrará entre sábados y lunes con paros de una hora de duración en el inicio de cada turno

Paros parciales en el servicio de limpieza de Alicante a partir del 2 de septiembre. El comité de empresa de UTE Alicante ha acudido a Inspección de Trabajo para convocar paros parciales en el servicio, incrementando así las acciones de protesta contra la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en la ciudad de Alicante.

Los trabajadores, que llevan unos diez días en huelga de celo, han pedido autorización para iniciar paros parciales de una hora de duración al inicio de cada turno a partir del sábado 2 de septiembre.

En concreto, la propuesta registrada por el comité de empresa recoge paros en el servicio nocturno los viernes y sábados, mientras que las protestas del servicio diurno se extenderán los sábados y lunes. "Hemos entregado toda la documentación y estamos a la espera de que nos den respuesta.

Estamos cansados de esperar a la empresa, que sigue inmóvil en su propuesta de subida salarial", ha explicado el presidente del comité de empresa, Antonio Martínez.

El representante sindical se refiere a que la concesionaria no se mueve de su oferta de un 0,25% de subida para los salarios de 2016, frente a la exigencia del comité de empresa del 1,6%. "Llevamos 15 días esperando una cifra coherente por parte de la empresa", ha continuado Martínez, quien insiste que si se supera ese escollo llegará el principal obstáculo: la negociación de los sueldos de 2017 y 2018, ya que la empresa vincula su propuesta de subida salarial al cumplimiento de los índices de absentismos que se incluyen en el contrato entre la concesionaria y el Ayuntamiento de Alicante.

Ante la situación de huelga de celo iniciada hace diez días y la amenaza del incremento de las acciones de protesta por parte de los trabajadores, el concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Víctor Domínguez (Guanyar), apremió al gerente de UTE Alicante, Manuel Docampo, a tener «gestos de buena voluntad» para que el comité de empresa desconvoque la huelga de celo que se extiende desde hace diez días en la ciudad de Alicante.

Y no sólo eso, sino que Domínguez también pidió a la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura que «suspenda» los expedientes sancionadores abiertos a seis trabajadores de la empresa.

Según el comité de empresa, UTE Alicante ya ha abierto siete expedientes sancionadores por un supuesto «intento de obstaculizar un servicio público de carácter esencial, indemorable e inaplazable» y durante el día prevé comunicar nuevas sanciones a trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura de la ciudad de Alicante.

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