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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (31 DE AGOSTO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

SUELDOS PRECARIOS, JORNADAS MARATONIANAS... ASÍ TRABAJAN LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN ESPAÑA

LOS TRABAJADORES DE EULEN CONVOCAN HUELGA EN EL AEROPUERTO EL 8 DE SEPTIEMBRE

EULEN Y TRABAJADORES SE REÚNEN CON LOS DESPIDOS Y EXPEDIENTES COMO ÚNICOS PUNTOS DE MEDIACIÓN

VIGILANTES DE SEGURIDAD EN BARAJAS DECIDIRÁN EN ASAMBLEA SI HACEN HUELGA

TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE EN HUELGA VACÍAN LA PISCINA DE JAMEOS DEL AGUA Y RIEGAN LAS PLANTAS

CONCENTRACIÓN PARA DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE LAS CAMARERAS DE PISO

EL ERE DE IBERIA PARA 955 PERSONAS AFECTARÁ A 715 EMPLEADOS DE TIERRA

LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO REDUCEN LA HUELGA A 3 DÍAS POR SEMANA

APROBADO EL ACUERDO MUNICIPAL EN PONFERRADA QUE HA PERMITIDO SUSPENDER LA HUELGA

MANIFESTACIÓN EN BABILAFUENTE: "TRAJE MI BAJA MÉDICA Y POR LA TARDE ESTABA DESPEDIDA"

UGT AMENAZA CON UNA HUELGA EN LA MINERÍA DEL CARBÓN SI EL GOBIERNO PLANTEA SU CIERRE

SÓLO PERMANECERÁN REGULADOS 34 TRABAJADORES DE UN EXPEDIENTE DE APTA EN GIJÓN APROBADO PARA UN MÁXIMO DE 83

PROSMET QUIERE CEDER GRATIS A HUNOSA SUS ALQUILERES PARA EVITAR DESPIDOS

SEGURIDAD INTEGRAL DESMIENTE QUE HAYA DESPIDOS EN LA CESIÓN DE SERVICIOS

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SUELDOS PRECARIOS, JORNADAS MARATONIANAS... ASÍ TRABAJAN LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN ESPAÑA

Isabel Munera – elmundo.es

Los sindicatos exigen al gobierno cláusulas sociales en los contratos públicos

Se ven obligados a aceptar rebajas salariales de entre el 20% y el 30%

La Seguridad Privada en España ->

http://e03-elmundo.uecdn.es/elmundo/2017/graficos/ago/seguridad/seguridad660.jpg

La irrupción de empresas 'piratas', que compiten con precios a la baja, ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores

Termina el plazo para que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo vinculante con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en El Prat entre Eulen y sus vigilantes de seguridad.

Pero lo ocurrido en el aeropuerto barcelonés es sólo la punta del iceberg de los problemas que afronta desde hace tiempo el sector de la seguridad privada en España: salarios precarios, jornadas maratonianas, competencia desleal, intrusismo, bajos precios de licitación...

La crisis de El Prat y el temor a que el conflicto se extienda a otros aeropuertos o infraestructuras estratégicas llevó al ministro de Fomento a anunciar hace unos días «la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada».

Una declaración de intenciones que los sindicatos acogen, de momento, con prudencia. «La idea de crear un grupo de trabajo nos parece bien, siempre y cuando se haga para buscar soluciones reales y se trabaje de forma ágil, y no sólo para dar buena imagen y dilatar los tiempos», señala Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios. «Por ahora», añade, «somos escépticos. Todavía no se han puesto en contacto con nosotros».

Desde UGT esperan también la llamada de Empleo para ponerse a trabajar. «Todavía no se ha señalado la fecha de la primera reunión en una situación que a nuestro entender merece cierta celeridad. Habrá que ver si finalmente se vislumbra por parte del Gobierno una verdadera voluntad política de adecuar realmente la contratación pública y no se trata de dilatar la solución».

La seguridad privada en España facturó en 2015 3.481 millones de euros, según los últimos datos publicados por Aproser (la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), que representa a las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y a las de mayor antigüedad.

Sin embargo, pese a que las cifras han mejorado respecto a los años precedentes, desde la patronal denuncian que el sector ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde el año 2009 mientras los costes laborales se incrementaban algo más de un 4% por una cuestión normativa. «Esto ha provocado que una buena parte de las empresas que aplican el convenio colectivo sectorial sigan en situación de pérdidas», señalan.

Además, la irrupción de compañías «piratas» que se presentan a los concursos públicos con ofertas a la baja ha terminado por rematar a un sector que actualmente está negociando el convenio colectivo. Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de establecer un nuevo marco de contratación de servicios de seguridad privada, que no sólo tenga en cuenta el factor precio sino también responda a criterios de calidad.

«El Gobierno tiene que ser consciente de que los vigilantes de seguridad tenemos un papel clave en las infraestructuras e instalaciones críticas. Y si no arregla algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector, va a haber más huelgas en infraestructuras estratégicas», asegura Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada USO, que advierte de la situación límite a la que han llegado los vigilantes de seguridad.

Por eso, espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y «establezca un nuevo modelo de contratación pública que no sólo se base en el precio sino que tenga en cuenta otras condiciones como la calidad del servicio».

Algo que no está pasando en la actualidad donde, en el ámbito de las administraciones públicas, quien se lleva el gato al agua es aquella compañía que presenta el precio más bajo, siempre y cuando cumpla unos requisitos mínimos.

«En los último tiempos», denuncia Diego Giráldez, secretario Federal del Sindicato Sectorial de Seguridad y Servicios de FESMC-UGT, «venimos asistiendo a una proliferación de empresas que, basadas en la búsqueda de la inmediatez y la falta de visión de largo recorrido, irrumpen en el sector con ofertas que ni tan siquiera cubren los costes salariales recogidos en el convenio sectorial, acaparando mercado de forma desleal».

Al no poder hacer frente a los salarios pactados en convenio, muchas de estas compañías se declaran en pérdidas o en previsión de pérdidas y se descuelgan del convenio sectorial. Mientras que otras sencillamente se rigen por el convenio de su empresa, con condiciones laborales y salariales inferiores a las recogidas en el convenio sectorial.

Unas decisiones que tienen como víctimas colaterales a los trabajadores que ven cómo sus sueldos menguan con rebajas que van desde un 20% a un 30%. «Si el sueldo neto suele ser alrededor de 1.000 euros, al bajar los salarios 200 o 300 euros, muchos vigilantes terminan cobrando apenas 700 u 800 euros al mes», denuncia Febles. «Y como no les llega, se ven obligados a hacer horas extra y trabajar 12 o incluso más horas con los niveles de estrés y coste personal que eso conlleva», añade.

Para las organizaciones sindicales, el origen de muchos de los problemas que afronta el sector se encuentra en la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012, que otorga prevalencia al convenio de empresa sobre el sectorial y que permite los descuelgues salariales.

Por eso, exigirán al Ejecutivo en el grupo de trabajo que se constituya para abordar la situación de la seguridad privada que se derogue esta reforma o, al menos, algunos de sus puntos más controvertidos.

Asimismo, desde UGT plantean que los contratos con las administraciones públicas «incorporen cláusulas sociales de obligado cumplimiento para las empresas que se presenten a concurso, y que se vigile su aplicación durante la vigencia del contrato», subraya Giráldez.

Un planteamiento en el que coincide con CCOO. «Los sistemas de licitación deben cambiar e incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos como el respeto al convenio sectorial. Las administraciones públicas no pueden seguir actuando como cooperantes necesarios en estas contrataciones low cost, permitiendo que se adjudiquen contratos a empresas que no garantizan cuestiones tan básicas como las condiciones mínimas del convenio», denuncia Barragán.

Propuestas que también comparte Aproser: «El precio no debe convertirse en el único condicionante de contratación y, en todo caso, no debe superar el 60% de la adjudicación. Es preciso garantizar asimismo a los trabajadores la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo sectorial».

LOS TRABAJADORES DE EULEN CONVOCAN HUELGA EN EL AEROPUERTO EL 8 DE SEPTIEMBRE

Víctor Vargas Llamas - elperiodico.com

Los empleados adoptan la decisión por las "represalias" contra cuatro vigilantes por incumplir los servicios mínimos

La medida llega a 3 días de que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo para resolver el conflicto laboral

Protesta de trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat ->

http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170827/trabajadores-eulen-volveran-huelga-ocho-septiembre-6249051

La pesadilla de las colas en los accesos al control de seguridad del aeropuerto de El Prat puede volver a revivirse este septiembre. Las alertas se centran ahora en el día 8 de ese mes, cuando los vigilantes de Eulen, la empresa subcontratada por Aena para la gestión y explotación de ese servicio, han convocado nuevas huelgas.

La decisión llega como consecuencia de las "represalias" en forma de sanciones aplicadas por la firma contra cuatro trabajadores acusados de no haber cumplido los servicios mínimos, sostienen.

La decisión la ha adoptado la asamblea que han celebrado los vigilantes, en la que han intervenido 115 del total de 350 personas en plantilla. De no mediar una solución previa, los huelguistas prevén interrumpir el servicio cada viernes, entre las 10.30 y las 11.30 horas, y de 18.30 a 19.30 horas.

Ese es el planteamiento de base, pero el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, no ha descartado que se amplíen las franjas horarias afectadas en el caso de que no se retiren las sanciones a los trabajadores afectados. Está previsto que se presente la convocatoria de paro ante el Departament de Treball de la Generalitat.

Laudo

La iniciativa supone un nuevo obstáculo en el tortuoso camino que están siguiendo los trabajadores y Eulen para alcanzar un acuerdo o, al menos, un consenso de mínimos. Ni las propuestas de la Generalitat ni la participación de Aena y del Ministerio de Fomento en las conversaciones han servido para desencallar el conflicto.

Tras una controvertida primera votación en las que incluyeron más propuestas que la que se negoció con Eulen, las autoridades presionaron para un nuevo voto, en el que los trabajadores volvieron a rechazar la iniciativa que había trasladado la Generalitat y que tenía el beneplácito de la firma: una subida de 200 euros al mes en 12 pagas, sin incluir las tres extraordinarias.

Ante el rechazo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ordenó a la abogacía del Estado que nombrara el árbitro que dictará el laudo obligatorio. El elegido es Marcos Peña, cuyo fallo se trasladará a ambas partes, según sostuvo él mismo. Peña avanzó que "ninguna parte quedará contenta" con el laudo.

El comité de huelga de Eulen decidió suspender temporalmente la huelga indefinida en El Prat tras el doble atentado terrorista en Barcelona y Cambrils. Los vigilantes iniciaron una huelga indefinida el pasado 14 de agosto, tras dos semanas de paros parciales y una huelga de celo.

Sin embargo, la imposición de servicios mínimos del 90% y, sobre todo, la intervención de la Guardia Civil, redujeron a la mínima expresión las grandes colas que se habían formado antes del paro total.

EULEN Y TRABAJADORES SE REÚNEN CON LOS DESPIDOS Y EXPEDIENTES COMO ÚNICOS PUNTOS DE MEDIACIÓN

Barcelona (Europa Press)

La dirección de Eulen y el comité de huelga de los trabajadores de los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se han reunido en una mediación con la Generalitat con los presuntos despidos y expedientes por parte de la compañía como únicos puntos a tratar, después de que la plantilla anunciara una nueva huelga a partir del 8 de septiembre.

En declaraciones a los medios antes en entrar en la mediación, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha asegurado que, si la dirección de Eulen rectifica en los despidos y en los expedientes abiertos a trabajadores, "la huelga acabaría".

"La huelga terminará si firman que no habrá más expedientes ni despidos", y ha añadido que también van a la mediación para comprobar si Eulen tiene la intención de despedir a más gente.

En el caso de que no se alcance un acuerdo, Giménez ha adelantado que se celebrará una nueva huelga para ver "qué decide hacer la plantilla".

Después de que los miembros de la dirección de Eulen no hayan querido hacer ningún tipo de declaración a su llegada a la mediación, el asesor del comité de huelga ha ironizado que su postura "hace sospechar que los trabajadores tienen razón en lo que dicen".

Por parte de la Generalitat han asistido a la reunión el secretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta, y el director general de Relaciones Laborales, Enric Vinaixa.

VIGILANTES DE SEGURIDAD EN BARAJAS DECIDIRÁN EN ASAMBLEA SI HACEN HUELGA

Madrid (EFE)

La Asociación AVA (Vigilantes del Aeropuerto de Madrid Barajas) ha convocado una asamblea para que el personal de seguridad de Prosegur en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas vote en urnas los próximos 21 y 22 de septiembre si van o no a la huelga.

Esta asociación rechaza el pacto alcanzado con Prosegur por parte de los sindicatos UGT y Ates (Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad) y censura además que los paros anunciados el pasado mes de julio no llegarán a producirse "pese a que la empresa no hizo ninguna concesión a las reclamaciones y necesidades de los trabajadores".

En un comunicado de prensa, estos trabajadores cuestionan la legitimidad de estos sindicatos al entender que "mantienen intereses con Prosegur que perjudican las negociaciones".

De prosperar, la huelga de los vigilantes en los accesos de Barajas se produciría a comienzos del mes de octubre, añaden.

Entre las reivindicaciones de estos trabajadores figuran varios pluses (por actividad, radioscopia, parking u horario de madrugada) subidas salariales, pausas de media hora, incremento de la plantilla o el reconocimiento de los vigilantes aeroportuario como personal cualificado y especializado.

TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE EN HUELGA VACÍAN LA PISCINA DE JAMEOS DEL AGUA Y RIEGAN LAS PLANTAS

A. F. - laprovincia.es

Centros Turísticos deja sobre la mesa la propuesta del Tribunal para acabar con el paro

Trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (CACT) procedieron a vaciar la piscina de Jameos del Agua, limpiar la suciedad que se acumula en los bordes y a regar las plantas de las instalaciones para evitar que su deterioro se acentúe tras trece días de huelga.

El Comité de Empresa había solicitado permiso al ente para proceder a realizar esas tareas y a su vez, el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, también había pedido autorización a la Inspección de Trabajo para acometer tales trabajos.

El presidente del Comité de Empresa, Antonio Bonilla, explicó que habitualmente (fuera del periodo de huelga), la piscina se vacía y se llena directamente de agua del mar, que se capta a través de unas bombas situadas debajo del auditorio de Jameos del Agua, los lunes y jueves.

Una vez vaciado el vaso de la piscina, el líquido regresa mediante filtración al mar en un recorrido que pasa por el lago de Jameos en el que habitan los cangrejos ciegos (especie endémica de Jameos), el Túnel de la Atlántida y continúa hacia el mar abierto.

"Si dejamos el agua más tiempo sin renovar la misma puede afectar a los cangrejos ciegos, por lo que hemos decidido entrar para mantener las instalaciones", dijo Bonilla.

Precisó que el agua salada de la piscina no lleva ningún tipo de tratamiento químico para no afectar a las especies en su vertido al mar. De ahí que se renueve dos veces por semana para conservarla en buen estado.

Nueva reunión

El Consejo de Administración de los CACT decidió a petición del representante del Grupo Socialista en el Cabildo, dejar sobre la mesa la propuesta de acuerdo realizada por el Tribunal Laboral Canario en los juzgados de Arrecife.

El motivo es que la misma "no contaría con los mismos apoyos que la aprobada en el seno del último Consejo de Administración".

De esta manera se mantiene en vigor el acuerdo alcanzado el pasado 22 de agosto por CC, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos y los representantes de los ayuntamientos y las patronales turísticas para encontrar una solución al conflicto laboral. Somos se abstuvo ese día.

CONCENTRACIÓN PARA DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE LAS CAMARERAS DE PISO

R. L. - malagahoy.es

CCOO se concentrará en la Plaza de la Marina para continuar con la denuncia de la situación del colectivo de las camareras de piso, cuya situación es cada vez más precaria.

Desde CCOO afirman que con la Reforma Laboral estas trabajadoras se enfrentan la inestabilidad provocada por la temporalidad, baja remuneración, sobrecarga de trabajo y contratos a tiempo parcial que a menudo derivan en fraude, además de discriminación y desigualdad.

Estos factores elevan los riesgos en la salud, tanto física como psíquica, de las mujeres. Así lo pueden atestiguar las propias camareras de piso, los cocineros, los camareros de barra, las recepcionistas y también muchos clientes que ven día a día las condiciones en que hacen su trabajo.

EL ERE DE IBERIA PARA 955 PERSONAS AFECTARÁ A 715 EMPLEADOS DE TIERRA

R. C. - elcorreo.com

170 tripulantes de cabina y 70 pilotos se verán incluidos también en el expediente voluntario de regulación

Iberia inició con los sindicatos la negociación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para un máximo de 955 trabajadores, con una afectación por colectivos de 715 empleos en personal de tierra, 170 tripulantes de cabina (TCP) y 70 pilotos, según informaron fuentes sindicales.

Los mismos medios precisaron que en el caso de tierra, el ERE prevé la desaparición de 165 puestos en la dirección técnica, 49 en producción, 154 en el departamento corporativo, 37 en el área comercial y 310 en aeropuertos.

Las salidas se llevarán a cabo de una forma voluntaria en su mayor parte a través de prejubilaciones, bajas, recolocaciones diferidas y reducciones de jornada. Así se lo trasladó la compañía aérea a la comisión negociadora que representa a los trabajadores.

La afectación final dependerá de los empleados que se acojan al ERE voluntario, aunque los sindicatos ven factible que se cumpla el cupo pese a que todavía faltan por negociar las condiciones. Se ha fijado un próximo encuentro entre las partes. Disponen de un mes para negociar las condiciones del nuevo ERE, que tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2019.

La plantilla ronda los 17.800 trabajadores, donde el personal de tierra sigue siendo el más elevado (13.200 operarios) y supone el 73% del total, tras los ajustes acometidos en tripulaciones (3.400 personal de cabina y 1.200 pilotos), donde se han abierto incluso procesos de contratación.

Este será el tercer ERE voluntario que aplicará la compañía española de bandera en cuatro años, tras su plan de reestructuración e integrada ya en el ‘holding’ IAG, que comparte con British. Los dos ERE anteriores afectaron a un total de 5.000 trabajadores con un coste para el grupo cifrado en unos 1.000 millones de euros, y que los sindicatos esperan sea similar.

LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO REDUCEN LA HUELGA A 3 DÍAS POR SEMANA

Descartan convocar la huelga indefinida prevista para el próximo 4 de septiembre

No habrá huelga indefinida de los examinadores de tráfico, pero si  paros de tres días semanales a partir del próximo 4 de septiembre. Así lo han avanzado los representantes de la Asociación de Examinadores de Tráfico.

Serán los lunes, martes y miércoles de cada semana cuándo se realicen estos paros que han provocado en los meses de julio y agosto que continúe acumulándose lista de espera en las autoescuelas para examinarse. Estas autoescuelas, en Castilla-La Mancha, han salido a la calle para reivindicar que se solucione este conflicto.

No se ha producido ningún acercamiento entre la DGT y el colectivo de examinadores sobre las reclamaciones económicas de los examinadores. Tras cuatro horas de reunión, Tráfico acabó planteando fijar unos servicios mínimos del 50 por ciento.

«Los compañeros examinadores han recibido en las últimas horas miles de demandas de los ciudadanos al respecto con el fin de que no se programe una huelga total», explicó en un comunicado Asextra. Según argumentó el colectivo, «sensible a las demandas», ha decidido realizar un cambio en la estrategia y fijar solo paros parciales.

Los examinadores reclaman un plus de 240 euros, en compensación de las duras condiciones a las que se ven sometidos.

APROBADO EL ACUERDO MUNICIPAL EN PONFERRADA QUE HA PERMITIDO SUSPENDER LA HUELGA

cadenaser.com

Los 12 votos de PeC, CB, PRB y PP han permitido sacar adelante la propuesta con las 13 abstenciones de PSOE, USE-Bierzo y Ciudadanos

La ausencia de cuantificación económica del acuerdo y el hecho de que su aprobación no resuelva definitivamente el problema entre trabajadores y futura concesionaria ha sido la principal crítica de todos los grupos políticos.

De un lado PSOE, Ponferrada en Común y PRB han apoyado la posibilidad de recuperar la gestión directa del servicio para evitar problemas a futuro ya que el acuerdo, dice Olegario Ramón (PSOE), es 'un parche' que no solventará el problema judicial que arrastra el servicio de basuras al que, según el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández hay que plantarle cara con la 'recuperación del servicio'.

También Tarsicio Carballo (PRB) se apuntaba al carro de buscar salidas dado que 'sea cual sea la opción, lo que está claro es que el pliego de condiciones actual está muy viciado' mientras la concejala de Ciudadanos, Ruth Santín considera necesario buscar también una solución definitiva al problema del servicio de recogida de basuras.

En todo caso, fue la intervención del exalcalde, Samuel Folgueral (USE) la que provocó la polémica al instar al equipo de gobierno 'a cumplir con los acuerdos y plazos comprometidos para que se le reconozcan los derechos a los trabajadores' además de requerir la cuantificación económica.

El portavoz de CB, Pedro Muñoz le reprochó que pretendiera 'dar lecciones de ética sin que haya reconocido que parte de la culpa de esta situación la tuvo usted' al ser el encargado de adjudicar a FCC el servicio cuyo proceso de concurso ha sido anulado por el juez.

El reproche de Muñoz ha arrancado los aplausos de los miembros del comité de empresa cuyo presidente, Marco Varela reconocía tras la sesión que 'es lo mismo que piensan todos los trabajadores, con lo que no me queda más que aplaudirla'.

Varela entiende que el acuerdo 'no garantiza nada a futuro' pero también insiste que ' por el beneficio de los ciudadanos y para nosotros mismos era el momento de buscar una salida'  porque, en todo caso, 'quizá tengamos que emprender otra guerra' en referencia a un posible incumplimiento de la nueva adjudicataria.

La portavoz del equipo de gobierno, Amparo Vidal, por su parte, reconoce que no todo lo planteado por los grupos políticos es factible dado que recuperar la gestión del servicio 'supone afrontar también las decisiones que puedan tomar las empresas que concurrieron al concurso' y, de hecho, reconoce que han heredado 'un problemón', reconocido incluso por los asesores jurídicos.

Es más, Vidal asegura que los responsables de FCC 'me dijeron que todo el mundo era conocedor de que el contrato que se firmó comportaba 16 despidos' en referencia a los miembros del bipartito.

Recuerden que el contrato supone más de 120 millones de euros por un periodo de vigencia de 20 años.

MANIFESTACIÓN EN BABILAFUENTE: "TRAJE MI BAJA MÉDICA Y POR LA TARDE ESTABA DESPEDIDA"

David De Jesús - tribunasalamanca.com

Fotos de la manifestación ->

https://www.tribunasalamanca.com/uploads/imagenes/images/2017/8/25/59a01703d86b9e01b6000007/Babilafuente_detail.jpg

https://www.tribunasalamanca.com/images/images/Residencia%20de%20Babilafuente%20%2811%29.jpg

https://www.tribunasalamanca.com/images/images/Residencia%20de%20Babilafuente%20%2829%29.jpg

Videos de la manifestación ->

https://youtu.be/qB-i6WmFdK4

https://youtu.be/5cmxsRlu6M0

Las trabajadores de la residencia Bellavista de Babilafuente han salido a la calle para pedir al propietario, Rafael de la Torre, que no continúe despidiendo empleadas sin justa causa.

Las trabajadoras de la residencia Bellavista de Babilafuente han mostrado que tienen argumentos y pruebas suficientes para demostrar que el propietario de la residencia, Rafael de la Torre, ha despedido a varias empleadas sin justa causa.

"traje mi parte de baja laboral porque tengo un hombro dislocado y, por la tarde, tenía mi carta de despido sobre la mesa, ha asegurado a TRIBUNA la empleada, María Sánchez. La auxiliar de geriatría ha asegurado que están reclamando el respeto al convenio colectivo y que están luchando por los abuelos, para que estén protegidos y no les falte de nada.

Concentración ante la residencia Bellavista de Babilafuente -> https://youtu.be/5cmxsRlu6M0

La alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, ha charlado con TRIBUNA sobre las fiestas del municipio, y sobre cuestiones relacionadas con la mujer y la política.

"La alimentación es escasa y muy poco variada. Las trabajadoras nos han indicado que están comiendo carne de una granja porcina, propiedad del dueño de la residencia, sin ningún control sanitario. Después de los despidos se está complicando la contratación de más personas porque la gente ya le conoce y saben que no respeta el convenio colectivo.

Los trabajadores de la residencia que tiene en Castellanos de Moriscos también llaman a sección sindical de CC.OO. para quejarse y yo les he animado a que lo denuncien y no se queden callados" ha asegurado la coordinadora de la Sección de Sanidad de CCOO, María Ángeles Salinero.

Desde Comisiones Obreras han informado que presentarán una denuncia porque consideran que detrás de cada uno de los despidos se esconde un despido masivo sin precedentes en la gestión del centro. La gerencia del centro ha atendido a los manifestantes y ha llamado al dueño para comunicarle el número de personas. Según el secretario provincial de CC.OO., Emilio Pérez, la gestión del centro se ha comprometido a escuchar las peticiones de las trabajadoras. "Les pediremos que las actuaciones realizadas retrocedan hasta el punto donde comenzaron o tendremos vía libre para ir por los cauces judiciales pertinentes", ha indicado por un altavoz tras la reunión con la dirección del centro. 

Entre los lemas que se han utilizado en la manifestación de Babilafuente han destacado: "Éstas auxiliares son las que los cuidan", "el pueblo unido jamás será vencido" y "vamos a gritar por nuestros abuelos". Muchos familiares de los residentes han apoyado la manifestación, así como varios vecinos del municipio que no se han visto afectados por el problema. "Es una vergüenza yo le tenga que lavar la ropa a mi madre los fines de semana y eso que pago 1.600 euros al mes por su plaza", ha asegurado Virginia García, que tiene su madre, de 102 años, en Bellavista.

UGT AMENAZA CON UNA HUELGA EN LA MINERÍA DEL CARBÓN SI EL GOBIERNO PLANTEA SU CIERRE

elboletin.com

El sindicato sospecha que el Ejecutivo y las eléctricas tienen la intención de impulsar un proceso de cierre encubierto en el sector.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha advertido que no descarta convocar una huelga general en el sector de la minería del carbón si finalmente se confirman sus sospechas de que el Gobierno y las eléctricas están impulsando un proceso encubierto para cerrar las minas.

El sindicato reclama al Ejecutivo que se deje de “subterfugios” y que, si su intención es un cierre en el sector, abra el diálogo para pactar con las organizaciones sindicales un plan ordenado en el que se contemplen medidas sociales y económicas (prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones en empresas con garantías de futuro) de forma que el proceso sea lo menos lesivo posible para los trabajadores y las comarcas mineras.

“Desde UGT FICA somos conscientes de que la solución a esta difícil situación es una cuestión de voluntad política”, indica el sindicato en una nota de prensa. Por todo ello, la organización ha solicitado reuniones urgentes con representantes de diferentes ámbitos (Secretario de Estado de Energía, Dirección Regional de Minas de Castilla y León, Consejerías de Castilla y León y Asturias, vicepresidentes de la Diputación de León, Grupos Parlamentarios, Carbunión, etc.), para informar de esta situación y pedir intervenciones políticas.

Asimismo, el sindicato aclara que toda solución para el sector ha de pasar por el cumplimiento del marco de actuación pactado y por propiciar urgentemente la venta de carbón nacional, “pues de no ser así en breve las empresas mineras entrarán en un proceso de despido de sus trabajadores”, alerta.

En este sentido, UGT considera que no existe ningún tipo de carencia técnica que impida a las eléctricas la compra de carbón autóctono, pues además de resultar más barato que el importado, modera los precios y además ofrece garantía de suministro.

“El sector minero agoniza por la inoperancia del Gobierno y la desidia de las eléctricas, y la situación no admite más demoras, por ello desde UGT FICA estamos acordando medidas de protesta a desarrollar conjuntamente con CCOO para intentar revertir el proceso, garantizando el futuro de las empresas, de los trabajadores y de las comarcas mineras, no descartando la convocatoria de una huelga general en el sector”, concluye.

SÓLO PERMANECERÁN REGULADOS 34 TRABAJADORES DE UN EXPEDIENTE DE APTA EN GIJÓN APROBADO PARA UN MÁXIMO DE 83

M. C. - lne.es

La dirección de Apta y el comité de empresa acordaron a finales del pasado mes de marzo el expediente de regulación temporal de empleo por dos años, que afectará a 83 trabajadores a la vez de los 195 que tiene la empresa. El acuerdo también incluía una rebaja salarial del 7% pero garantizando el salario base en cada categoría.

Con la incorporación el viernes de 21 discapacitados, permanecerán regulados de empleo 34 trabajadores de Apta. El acuerdo con el Ayuntamiento es determinante para poder ocupar a una parte de los trabajadores del centro especial de empleo con mayores dificultades.

Una parte de los afectados por el ERTE ya habían estado regulados con anterioridad, con lo que sólo podían cobrar cuatro meses de paro.

El futuro de Apta pasa por conseguir más carga de trabajo y diversificar. Ganar clientela en el sector del automóvil, para hacer cableado, es uno de sus objetivos.

PROSMET QUIERE CEDER GRATIS A HUNOSA SUS ALQUILERES PARA EVITAR DESPIDOS

leonoticias.com

La empresa, titular de arrendamientos a Uminsa en Fabero, Torre y Tineo, pretende que la medida planteada facilite contratos de suministro

La empresa Procesos y Sistemas Metalúrgicos (Prosmet) ha instado a Hunosa, a través de un burofax, a que acepte la cesión gratuita de arrendamientos mineros en las localidades de Fabero, Torre del Bierzo y Tineo a fin de conservar empleo y actividad.

El citado burofax recuerda que esta empresa tiene una demanda de Hunosa por la cesión de arrendamientos a Uminsa en estas tres localidades.

Como consecuencia de la querella presentada y los consiguientes recursos que se pudieran plantear las eléctricas de las que Uminsa era suministrador se niegan a suscribir contratos de suministro de carbón procedente de Prosimet al temer por posibles consecuencias legales.

Esta situación impide, recuerda el burofax, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo ligados a la empresa y que por el momento y en base a los acuerdos ya rubricados estaban garantizados hasta al menos el 31 de diciembre.

«Teniendo en cuanta que los tiempos judiciales no permiten albergar esperanzas de que todo esto se solucione a corto plazo por medio de la presente les ofrecemos la cesión gratuita de tales arrendamientos mientras duren los litigios con la única condición de que Hunosa mantenga las minas en explotación y respete los empleos».

Desde Procesos y Sistemas Metalúrgicos (Prosmet) se espera que la propuesta sea aceptada a fin de velar por el empleo de los trabajadores y el bienestar de las familias, se ha recordado.

SEGURIDAD INTEGRAL DESMIENTE QUE HAYA DESPIDOS EN LA CESIÓN DE SERVICIOS

A. Rodríguez - laprovincia.es

La empresa solo responderá a las dudas y preguntas de los sindicatos sobre su salida del mercado de la vigilancia presencial por escrito

Seguridad Integral Canaria (SIC), propiedad del presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, desmiente que se vayan a producir despidos con su salida del mercado de la vigilancia presencial.

El administrador único y vicepresidente de la compañía, Héctor de Armas, comunicó al comité de empresa de la provincia de Las Palmas que solo se cederán servicios a las empresas que mantengan en nómina a los trabajadores de la compañía, que se centrará a partir de ahora en el transporte de fondos -subsector en el que valora dar el salto fuera de Canarias porque solo existen cuatro empresas acreditadas para ello- y sistemas de alarmas. Según fuentes de la propia entidad, De Armas también negó que se entrase en quiebra o en un concurso de acreedores.

Las preguntas o dudas que tenga el comité de empresa deberán ser formularlas por escrito. La compañía, según las fuentes consultadas, quiere "evitar malentendidos" y se comprometió a responder, también por escrito, en un plazo máximo de 24 horas.

Los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Canaria, Alternativa Sindical y USO mostraron su malestar por la actitud de la empresa porque De Armas dejó claro desde el principio que no se trataba de ninguna negociación, sino de una reunión en la que solo les iba a informar de la situación.

Así, el vicepresidente de SIC les trasladó que en la subrogación se cumplirá con lo establecido por el código de comercio y la legislación laboral y que se irá informando a cada empleado afectado del acuerdo que se llegue con la que será su nueva empresa. No en vano, desde SIC se afirma que ya han comenzado los contactos con otras empresas de seguridad y que el objetivo es tener un resultado cuanto antes "para que los trabajadores tengan certidumbre".

Los sindicalistas lamentan el "mensaje ambiguo" lanzado por De Armas, en el que no incluyó, según apuntan, detalles de cómo se iba a ejecutar todo el proceso o qué garantía ofrecían sobre la legalidad de su actuación.

Por ello, de forma conjunta los representantes de los trabajadores han planteado seis cuestiones sobre la tramitación de un posible procedimiento concursal de forma inminente o en los próximos meses ante el Juzgado de lo Mercantil, si SIC pagará de forma puntual los salarios mientras dure la cesión de contratos o si los servicios que mantiene con clientes privados se traspasarán a empresas " low cost" como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad que los sindicatos vinculan con Miguel Ángel Ramírez.

Una relación, en cambio, que SIC ha negado en varias ocasiones. Los sindicalistas temen que la subrogación sea una maniobra para pagar menos a los trabajadores, ya que según remarcan esas compañías no cumplen con el convenio sectorial.

El comité de empresa también pregunta a la empresa si se respetarán los plazos fijados por la Justicia para el pago de las deudas por las diferencias salariales que se produjeron tras el descuelgue en 2012 del convenio. Asimismo, afirman que los servicios que SIC presta en los establecimientos de Dinosol pasarán a Sinergias, por lo que también solicitan información al respecto. Las mismas fuentes apuntan a que a la misma compañía se cederán los servicios en Riu y Anfi del Mar.

Los sindicatos han convocado una huelga y manifestación para el próximo 7 de septiembre contra SIC, Marsegur y Sinergias. Ésta última, en respuesta al comunicado de huelga presentado por el comité de huelga, afirma que cumple con la ley laboral vigente y que no han tenido ninguna reclamación del pago de salarios, algo que los sindicatos niegan porque existen, según recalcan, sentencias que así los avalan.

Asimismo, Sinergias señala que al tratarse de la víspera de la festividad del Pino, se deben garantizar los servicios mínimos, con el 100% de efectivos, en edificios como los de Hacienda, la biblioteca municipal o la Consejería de Agricultura por el nivel de seguridad nacional actual.

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