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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (31 DE MAYO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

HUELGA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MADRID POR LAS JORNADAS DE FIN DE SEMANA

EL PERIODO DE CONSULTAS DEL ERTE PRESENTADO POR COSMOS EN LA CEMENTERA DE NIEBLA TERMINA SIN QUE SE LLEGUE A UN ACUERDO

ALERTAN DE CIERRES DE OFICINAS Y DESPIDOS EN CORREOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

REUNIÓN SIN ACUERDO ENTRE EMPRESA TELEMARK SPAIN S.L. Y COMITÉ DE HUELGA DEL 112

DESCONVOCADA LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA TRAS UN ACUERDO

VALORA PONE FIN A LA CONVOCATORIA DE HUELGA DE SUS TRABAJADORES

LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO CONVOCAN HUELGA EL 2 DE JUNIO TRAS RECHAZARSE EN EL CONGRESO UN AUMENTO DE PERSONAL

EL TSXG CONFIRMA LA MULTA DE 30.000 EUROS A URBASER POR LA HUELGA DE 2014

LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR SE EXTIENDE A OTRO PAÍSES ADEMÁS DE ARGENTINA

CCOO DENUNCIA ‘MENTIRAS’ SOBRE LA HUELGA DE INTERINOS DE CONSERVATORIOS

EL SUPREMO DICTA NUEVAS SENTENCIAS DECLARANDO NULOS LOS 115 DESPIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE HACE CINCO AÑOS Y MEDIO

MOVILIZACIÓN EN MICHELÍN DE VALLADOLID

CGT DENUNCIA LA REPRESIÓN SINDICAL CONTRA 21 TRABAJADORES DE ALUMINIO BAUX

CGT PRESENTA RECURSO ANTE EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN DEL 085 ANTE LAS GRAVES IRREGULARIDADES DEL PLIEGO

EL DRAMA DE LAS KELLYS INUNDA LOS HOTELES DE MÁLAGA

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

- Acta de modificación del CºCº de Total España, SAU. PDF (BOE-A-2017-6050 - 3 págs. - 167 KB)

- Acuerdo de modificación del V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. PDF (BOE-A-2017-6051 - 3 págs. - 168 KB)

HUELGA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MADRID POR LAS JORNADAS DE FIN DE SEMANA

elboletin.com

Los trabajadores reclaman al Ayuntamiento que reconozca el sábado y domingo como horario especial y no ordinario.

Los trabajadores de las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid han convocado una nueva huelga para los tres próximos domingos para pedir al Ayuntamiento de la capital que reconozca la jornada de fin de semana como especial y no ordinaria como ahora.

Los paros coinciden con los tres fines de semana de la celebración de la Feria del Libro en Madrid y con la época de exámenes.

La huelga ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y por CITAM-UPM y contará también con una concentración el sábado, 27 de mayo, a las 11.30 horas, a las puertas de la biblioteca Eugenio Trías-Casa de Fieras.

Inicialmente, la huelga estaba convocada para seis días, todos los sábados y domingos de la Feria del Libro, pero los propios trabajadores han decidido dejarla en tres días para no perjudicar a los ciudadanos que quieren disfrutar de este evento.

Esta huelga es la segunda que convocan estos trabajadores. La primera tuvo lugar el pasado 23 de abril y contó, según CSIF, con un 85% de participación y el cierre de las tres bibliotecas municipales que abren los fines de semana: Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías-Casa de Fieras, dentro del Parque de El Retiro, la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, en la Calle San Justo (al lado de la Plaza de la Villa) y la Biblioteca Pública Municipal Ángel González, en la Calle Granja de Torrehermosa, metro Campamento.

Los convocantes advierten que “llevar a la huelga a un colectivo tan pacífico como los bibliotecarios es debido a la nefasta política cultural y a la gestión del personal de esta Corporación. Tratan como becarios a su personal y no están incentivando las condiciones de trabajo de fin de semana en bibliotecas.

De esta manera, en su política de expansión de bibliotecas (pretenden construir hasta 8 bibliotecas nuevas entre esta y la siguiente legislatura), los ciudadanos tendrán salas de estudio los fines de semana y no un servicio de bibliotecas de calidad como se merece la ciudad de Madrid”.

EL PERIODO DE CONSULTAS DEL ERTE PRESENTADO POR COSMOS EN LA CEMENTERA DE NIEBLA TERMINA SIN QUE SE LLEGUE A UN ACUERDO

huelva24.com

Comité de Empresa y Sindicatos solicitamos condiciones y garantías de futuro para los trabajadores de plantilla y contratas, a las cuales la Empresa no pudo comprometerse a dichas peticiones.

Debido a que expedía por Ley el período de consultas, este se ha dado por finalizado sin acuerdo, lo que no justifica que tanto el Comité de Empresa y los Sindicatos sigamos trabajando para buscar soluciones, donde la principal pasa por parte del Ayuntamiento de Niebla en agilizar los trámites necesarios para llevar a cabo la Valorización en la planta y de esta forma eliminar la aplicación de un ERTE que afectará en mayor o menor medida a 250 trabajadores", señala José Manuel Carro Fernández, Secretario del Comité de Empresa

ALERTAN DE CIERRES DE OFICINAS Y DESPIDOS EN CORREOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

laopiniondemurcia.es

CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre han asegurado que no descartan la huelga general en Correos "si se mantiene el recorte de un tercio de su financiación pública en la Ley de Presupuestos"

Estos sindicatos, con el 85% de la representación sindical en Correos, han asegurado que no descartan la huelga general en Correos "si se mantiene el recorte de un tercio de su financiación pública en la Ley de Presupuestos".

Así, han trasladado a los grupos políticos iniciativas para rescatar la financiación recortada y aprobar un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, con el fin de que el Correo "siga llegando a todos los núcleos de población de los 8.000 municipios del país".

Tratándose de una actividad "deficitaria" en una gran parte del territorio nacional, sólo atendidas por Correos y no por las empresas privadas, explica que el Estado "tiene la obligación legal los derechos de los ciudadanos y el mercado postal de financiar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, un servicio público que, de otra forma, se vería abocado a la desaparición con un evidente y grave perjuicio para los ciudadanos".

En pleno trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre han anunciado, por ello, que no descartan la huelga general en la mayor empresa pública del país "si no se rectifica el recorte de un tercio de la financiación pública que el Ministerio de Fomento tiene previsto y se aprueba el Plan de Prestación del Servicio Universal previsto en la Ley Postal, en aras a garantizar la cobertura del servicio postal en aquellas zonas del país cuya prestación es deficitaria pero socialmente necesaria".

Las organizaciones sindicales han iniciado una ronda de contactos y reuniones con los representantes políticos a nivel estatal con el objetivo de poner en marcha una serie de iniciativas, orientadas a "rescatar la financiación recortada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se está debatiendo en el Parlamento".

"Este tijeretazo no sólo va a lastrar la cuenta de resultados de Correos, sino que va precarizar el empleo, recortar la plantilla y sus derechos, especialmente en las localidades de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, donde se podría producir el cierre de oficinas, o la reducción de horarios de atención al público, como ha sucedido en las de Pozo Estrecho, Los Garres y Albudeite", advierte.

El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En la Comunidad Autónoma de Murcia, el ajuste podrá implicar "más de 300 carteros suprimibles las poblaciones de Santiago de la Ribera, La Unión y Pozo Estrecho, sin reparto regular, con un 30-40% estimado de ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal, así como cientos de kilómetros de reparto recortado".

Además de "empeorar" el servicio público prestado en regularidad y en extensión, "se corre el riesgo de dejar de recibir el correo cinco días a la semana, y será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia-paquete, porque el cartero ya no llegará a su domicilio además de tener que recorrer varios kilómetros hasta su oficina más cercana al producirse el cierre de miles de ellas".

Así, han recalcado la urgente necesidad de "corregir el recorte de un tercio de la financiación actual de 180 millones para la prestación del Servicio Postal Universal, cuantía que para los sindicatos ya estaba muy por debajo de la que requiere la prestación pública encomendada a Correos y cuyo carácter deficitario debe cubrir los PGE".

Los sindicatos, además, ponen el acento en que "este recorte estrecha los márgenes para alcanzar un acuerdo en el Convenio Colectivo, bloqueado desde hace tres años y medio, y para el pacto salarial que exigen tras más de seis años de congelación y recorte".

De no modificarse el planteamiento, los sindicatos han advertido a Fomento y a SEPI que están apostando seriamente por la convocatoria de una huelga general.

Las acompañantes de bus no subrogadas explican que el servicio sale a concurso y temen que no se cuente con el personal actual. Presentan más de 2.000  firmas de apoyo en el registro del Principado.

REUNIÓN SIN ACUERDO ENTRE EMPRESA TELEMARK SPAIN S.L. Y COMITÉ DE HUELGA DEL 112

O. P. - lavozdegalicia.es - A Estrada

Telemark Spain oferta 70.000 euros hasta septiembre de 2018, y los trabajadores demandan 262.000 euros anuales

El Consello Galego de Relacións Laborais acogió la segunda reunión de conciliación entre el comité de huelga del 112 y la empresa prestataria del servicio, Telemark Spain S. L, un proceso iniciado el 19 de mayo a petición de la firma, señalan en un comunicado, que asegura que el comité rechazó definitivamente la oferta de la empresa de poner a disposición de los trabajadores un servicio gratuito de autobús hasta el nuevo centro, a pesar de que la empresa asegura que realizó una consulta, y el 53 % de los participantes votaron a favor.

Siempre según la versión de Telemark Spain, «el comité de huelga se mantuvo en su solicitud económica inicial, que para la empresa resulta inasumible al suponer un desembolso de 262.000 euros al año. Pese a ello, la empresa ha aumentado la suma inicial ofrecida a los trabajadores en un 55 %, quedando así la cifra total de 70.000 euros, a repartir de la forma que los trabajadores consideren, desde ahora hasta la finalización del contrato», en septiembre del 2018, pese a indicar que no está obligada a ello, y lo hace como muestra de buena voluntad para finalizar un paro iniciado el 15 de abril.

Desde entonces, la firma asegura que intentó negociar sin éxito con el comité de huelga distintas vías para solventar el conflicto. Telemark Spain señala que el comité de empresa mantuvo la pretensión económica expresada ya en el anterior encuentro, «de 150 euros netos por trabajador al mes.

Esto supondría un coste bruto anual de 262.000 euros», cifra que ven inasumible y la que se añadirían reivindicaciones de los trabajadores sobre cuestiones sociales relacionadas con horarios y cuadrantes, que supondrían un coste económico adicional: «A este respecto, la empresa también se ha comprometido a estudiar el planteamiento», indica.

Encuentro el día 31

Desde la empresa destacan su voluntad de negociar, con propuestas encima de la mesa, pero cree «desorbitadas» las pretensiones del comité de huelga que rechaza medidas «que podrían ser positivas, como el autobús gratuito». Aunque las posiciones de las partes siguen lejanas, habrá nueva reunión el día 31.

DESCONVOCADA LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA TRAS UN ACUERDO

Los trabajadores demandaban fórmulas para frenar la «precarización».

La desconvocatoria no significa «que se deje de luchar y hacer presión».

Manifestación de docentes de la Hispalense ->

http://elcorreoweb.es/documents/10157/0/675x506/0c53/675d400/none/10703/OUHA/image_content_18988160_20170527084151.jpg

La Universidad de Sevilla (US) y el Comité de Huelga alcanzaron un acuerdo en el seno del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) que permitió la desconvocatoria de la huelga que desde pesaba sobre el colectivo de profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino de la institución, en reclamación de fórmulas para la promoción y adaptación de estos colectivos para poder así acabar con su «precarización».

Aunque la segunda reunión en el Sercla terminó sin acuerdo, «finalmente hemos perfilado unos pequeños flecos y el rector ha asumido una serie de compromisos que en principio han dado satisfacción a la asamblea», en la que se aprobó el acuerdo con 66 votos a favor, diez abstenciones y ninguno en contra, según precisó el portavoz de los afectados, Carlos Bueno.

Con todo, «ello no quiere decir que se deje de luchar: se restablece la normalidad académica, pero las acciones de protesta y presión van a seguir adelante», manifestó Bueno, que apunta a la posibilidad de más huelgas en un futuro y da cuenta de que se mantiene la manifestación andaluza –pues varios campus han convocado movilizaciones por la misma razón– del próximo 1 de junio, aunque se trabaja para trasladarla a Granada.

En virtud de este acuerdo, la Hispalense deberá trabajar en el marco de negociación abierto en la Mesa Sindical andaluza del personal docente e investigador (PDI), expresando su posicionamiento a las demás universidades públicas andaluzas en cuanto a la necesidad de trabajar para lograr los acuerdos necesarios antes de julio de 2017, así como impulsar el estudio del diseño de un sistema de carrera y promoción profesional del PDI laboral de la Universidad.

Dentro de la Mesa Técnica se trabajará en la búsqueda de acuerdos transitorios que resuelvan la actual situación de precariedad e interinidad mediante actuaciones de promoción interna y adaptación dentro del marco legal vigente.

VALORA PONE FIN A LA CONVOCATORIA DE HUELGA DE SUS TRABAJADORES

Canarias Ahora - Las Palmas de Gran Canaria

El organismo autónomo del Cabildo de Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con la corporación insular para elaborar un convenio colectivo que ponga fin a una situación que se prolonga desde hace años

El acuerdo ha sido ratificado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, y la directora de Valora, Eva Martínez, así como por el comité de empresa encabezado por el secretario de organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Manuel Suárez

El Cabildo de Gran Canaria y el comité de empresa de Valora firmaron un acuerdo que pone fin a la convocatoria de huelga del personal de este organismo autónomo de la Institución insular, una rúbrica que ambas partes celebraron porque permitirá trabajar por un convenio colectivo que pondrá fin a una situación arrastrada desde hace varios mandatos.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, y la directora de Valora, Eva Martínez, así como por el comité de empresa encabezado por el secretario de organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Manuel Suárez.

Ambas partes se han comprometido a negociar un convenio colectivo en lo que queda de año sobre la base de la equiparación de sus derechos laborales y sociales con los del resto del personal del Cabildo y sus organismos.

Ello se suma a la equiparación salarial que acometió el actual equipo de gobierno al inicio del mandato, para lo que habilitó una partida de 400.000 euros en los presupuestos de 2016, y al reciente cambio a una sede adecuada al servicio que presta la entidad, estratégica por cuanto su objeto es la gestión de tributos.

Asimismo, ya han sido cubiertas diversas vacantes técnicas, como la de subdirector, superior informático y en gestión tributaria, una figura inexistente hasta el momento a pesar de la naturaleza de la entidad, y proseguirá el refuerzo de la plantilla para que tenga una estructura jerárquica igualmente acorde al servicio, que cuenta además con 90 auxiliares administrativos.

Antonio Morales agradeció el acuerdo alcanzado porque garantiza el futuro de Valora y reiteró el compromiso de la Institución por trabajar por la equidad y la igualdad tras años en los que bajo” la excusa de la crisis se cercenaron derechos” que considera obligatorio restituir.

Además resaltó el hecho de que Valora, creada en el año 2000, no haya contado nunca con un convenio colectivo, una situación que ahora se va a corregir.

Suárez, en nombre del colectivo de trabajadores, apuntó que el acuerdo firmado es el mejor principio para abordar la negociación del convenio colectivo, valoró la implicación directa del presidente y concluyó que los aspectos tenidos en cuenta han sido la defensa del empleo y del servicio público.

LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO CONVOCAN HUELGA EL 2 DE JUNIO TRAS RECHAZARSE EN EL CONGRESO UN AUMENTO DE PERSONAL

Europa Press

Desde el colectivo critican que los 'populares' hayan votado en contra de esta medidas a pesar de que, desde el Ministro del Interior, se haya declarado en varias ocasiones que estaban trabajando para hacer más atractivo el puesto de examinador y que llegase ese dinero al Servicio Público de Exámenes.

"No entendemos cómo un gobierno responsable, sostenido por dos partidos políticos, se niegue a una mejora cuyo coste es ciertamente insignificante en el contexto de los cientos de millones que se manejan en los presupuestos", ha denunciado Asextra a través de un comunicado.

En el texto, recuerdan que Interior cuenta con "6 millones de gastos reservados" sobre los que, a su juicio, "parece no haber un control efectivo ni nadie sabe supuestamente, a qué se dedican".

Del mismo modo, han criticado que la Dirección General del Estado (DGT) "destine a alquileres de edificios y pisos" más de 7 millones de euros mientras "deja sin reponer los cientos de plazas de examinador que están vacantes". "Dejarán que se produzca una huelga de examinadores durante los meses de junio y julio que afectará a cientos de miles de ciudadanos, a miles de pequeñas empresas y numerosos autónomos", ha señalado.

De hecho, Asextra ha señalado que el colectivo saldrá a la calle "para pedir lo que es justo" y pide a los trabajadores que paren por completo el Servicio Público el próximo 2 de junio con el fin de que "los partidos políticos hagan su trabajo"

EL TSXG CONFIRMA LA MULTA DE 30.000 EUROS A URBASER POR LA HUELGA DE 2014

/elprogreso.galiciae.com

La sala concluye que no hubo ningún motivo de "fuerza mayor" para incumplir los servicios mínimos y dice que el Concello de Lugo actuó "dentro de sus responsabilidades" al contratar a Tragsa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la sanción de 30.000 euros que le impuso el Concello de Lugo a Urbaser por incumplir los servicios mínimos durante la huelga de recogida de basura de 2014. La Sala considera que no hay motivos que justifiquen la actuación de la empresa y apoya la decisión del gobierno local contratar a Tragsa para "salir del paso y evitar que se siguiese acumulando la basura en las calles".

La junta de gobierno local del Concello de Lugo dictó una resolución el 17 de septiembre de 2014 que imponía a Urbaser una sanción de multa de 30.000 euros por cometer una infracción muy grave, al considerar que había incumplido los servicios mínimos durante la huelga de basura del verano de 2014. La empresa presentó un recurso de reposición y la junta de gobierno lo desestimó el 28 de enero de 2015, por lo que Urbaser decidió llevar el caso a los tribunales.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo le dio la razón al Concello en julio de 2016 y desestimó el recurso de la empresa, que dio un paso más y presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tres años después de la huelga, el TSXG falla también a favor del gobierno local y obliga a Urbaser a pagar la sanción que le impuso el Concello.

Convocatoria

La sentencia explica que los trabajadores de Urbaser convocaron una huelga indefinida el 26 de mayo de 2013, que tendría lugar a partir de las doce de la noche del 9 de junio. Tres días después, y al no cumplirse los servicios mínimos fijados por el Concello, se requirió a la empresa para que los cumpliese. El día anterior, el juzgado había desestimado la medida cautelar de suspender el decreto que establecía los servicios mínimos. Aun así, Urbaser continuó sin prestar el servicio de limpieza viaria y recogida de basura en la ciudad, por lo que el Concello encargó la prestación del servicio a Tragsa, que comenzó a prestarlo el día 13.

Ese mismo día, se emitió un informe de Sanidad en el que se decía que no había riesgo inminente para la salud de la población, pues la mayor parte de las bolsas depositadas fuera de los contenedores estaban cerradas y no se había detectado la presencia de insectos ni roedores. Según el informe del jefe de bomberos, sin embargo, sí había riesgo para las personas por los desperdicios y vidrios desplegados por el suelo, "teniendo en cuenta además que la ciudad celebraba los días 13, 14 y 15 la fiesta de Arde Lucus".

La sala considera que la conducta del Concello "no merece reproche alguno, pues actuó dentro de sus responsabilidades y competencias", tanto al contratar a Tragsa, como al sancionar posteriormente a Urbaser.

COACCIONES

En su recurso, Urbaser alegó también que la causa de que no se cumplieran los servicios mínimos fue "la violencia y las coacciones de los trabajadores en huelga", por lo que no se le podría achacar el incumplimiento a la empresa. Sin embargo, el TSXG desmonta este argumento y dice que los trabajadores se encuentran "bajo la dependencia y las órdenes del empresario, que es quien asumen los riesgos de su actuación, aunque estén ejercitando un derecho como la huelga".

Recuerda además que durante los primeros nueve días de huelga, Urbaser desplazó personal de otros centros para llevar a cabo los servicios mínimos junto con Tragsa, pero no lo hizo a partir del día 25 de huelga. La sala concluye que no existió "fuerza mayor, ni imposibilidad física o legal en la prestación del servicio, que justificase el incumplimiento".

LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR SE EXTIENDE A OTRO PAÍSES ADEMÁS DE ARGENTINA

espanaexterior.com

UGT ha convocado huelga de los trabajadores de la Administración española en la Embajada española en Canadá para el 14 y 15 de junio, que podría hacerse extensible a EE.UU. y Guinea Ecuatorial, mientras que el sindicato CSI-F añadió a las oficinas españolas en Australia y Finlandia.

Los paros podrían hacerse extensibles a EE.UU. y Guinea Ecuatorial en próximas fechas si el Ministerio de Hacienda y Función Pública no convoca con carácter de urgencia la Comisión Técnica del Exterior y presente una propuesta razonable de actualización de los sueldos de su personal.

Desde el sindicato CSI-F también advirtieron que los paros tendrían continuidad en el mes de junio en las oficinas españolas en Australia y Finlandia.

Desde UGT señalan que los salarios de la mayoría de los empleados públicos que trabajan en las Embajadas de España no han evolucionado conforme a la carestía de vida de los países donde prestan sus servicios, llegando a una situación dramática en la que  los trabajadores no pueden acceder ni siquiera a los servicios sanitarios porque la póliza sanitaria contratada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y sobre todo el Ministerio de Empleo exige el pago anticipado y las transferencias son realizadas con notable retraso.

Los trabajadores reclaman un 25 por ciento de subida de sueldo y un 10 por ciento los dos años siguientes para recuperar la pérdida desde la congelación en 2009 sumado a la inflación.

CSI-F dispone de informes inflacionistas de una primera veintena de países (Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, China, Ecuador, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Haití, Israel, Marruecos, Pakistán, Portugal, República Checa, Rusia, Tanzania y Venezuela). Estos informes, que serán complementados por todos los países afectados, servirán de base para una mesa de negociación.

Estos paros darían continuidad al convocado en todas las oficinas españolas que hay en Argentina que se iniciará el próximo 29 de mayo.

CCOO DENUNCIA ‘MENTIRAS’ SOBRE LA HUELGA DE INTERINOS DE CONSERVATORIOS

VER VIDEO -> https://youtu.be/unZOctYs_4o

El sindicato entiende que se está cometiendo un atropello por parte de la Junta hacia la comunidad

La Consejería de Educación, para CCOO, ha creado un problema innecesario al profesorado interino de los conservatorios andaluces al convocar 200 plazas para estos centros en 2017, siendo la única comunidad autónoma –salvo Baleares, con el sabido impedimento del idioma— que convoca estas especialidades.

Ante lo que consideran un “atropello”, el profesorado seguirá con la huelga y desarrollando otras acciones reivindicativas hasta conseguir que estas oposiciones se convoquen en 2018 coordinadamente con el resto de España.

EL SUPREMO DICTA NUEVAS SENTENCIAS DECLARANDO NULOS LOS 115 DESPIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE HACE CINCO AÑOS Y MEDIO

lanuevaverdad.es

El Supremo acaba de dictar esta semana nuevas sentencias declarando nulos los 115 despidos efectuados hace casi cinco años y medio y tiene previsto dictar las que faltan en los próximos días

El Supremo se reitera en su doctrina que sostiene que la amortización de plazas en las administraciones públicas no es ni puede ser por sí misma causa válida de despido. El cumplimiento obligado de estas sentencias, y las que están por llegar, implica no solo la readmisión de los trabajadores en sus puestos, sino que el Consistorio barreño deba hacer frente también al pago de los salarios que dejaron de cobrar cuando fueron echados a la calle, el 6 de febrero de 2012, hasta el momento en que su incorporación a la plantilla municipal se produzca, lo que va a suponer para la Hacienda local un desembolso económico que podría rondar e incluso superar los 20 millones de euros.

La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios expresa, una vez más, su satisfacción “por las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), conocidas esta semana, que continúan ratificando, como era de esperar, la nulidad de los despidos que se efectuaron en febrero de 2012”.

“Con estas nuevas resoluciones, que afectan a otro grupo de trabajadores y en las que, además, se vuelve a dar carpetazo a la pretensión de Romero de trasladar la causa a instancias europeas, se estrecha el cerco contra el actual alcalde de Los Barrios, que ha empeorado gravemente los problemas con los que se encontró en lugar de solucionarlos y que ha de responder por la situación catastrófica en la que va a dejar el Consistorio barreño”, afirman desde el colectivo.

“El Supremo, mal que le pese al señor Romero, corrobora su doctrina sobre la insuficiencia de la amortización de plazas como causa válida para la extinción de la relación laboral de los interinos y los indefinidos no fijos con las administraciones públicas, así como sobre la obligación de estas de ceñirse a lo previsto en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”, señalan los representantes de los despedidos.

“Estas nuevas resoluciones relacionadas con los despidos llevados a cabo en el Ayuntamiento de Los Barrios, ponen de manifiesto, una vez más, que el Alto Tribunal no alberga duda ninguna sobre el criterio que debe aplicar para resolver los recursos pendientes aún no resueltos del centenar de trabajadores que fueron despedidos hace ahora 5 años, ni viene incurriendo en contradicciones al respecto, como hemos explicado y repetido infinidad de veces”, aseguran desde la plataforma.

“Como medida desesperada, tras el intento fallido de apelación al Constitucional, y ante la imposibilidad legal de recurrir a instancias supraestatales, el señor Romero, despilfarrando el dinero de todos los ciudadanos, contrató un carísimo despacho de abogados a fin de dirigirse a la Sala de lo Social del Alto Tribunal y solicitar de esta la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Basándose para ello en supuestas contradicciones del Supremo en cuanto a la aplicación de su propia doctrina sobre la amortización de plazas como causa de despido que en realidad no existen y en la retroactividad de su cambio jurisprudencial de 24 de junio de 2014, como consecuencia del cual los despidos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Los Barrios en febrero de 2012 son nulos”, afirman los representantes del grupo de despedidos.

“Lo que deben hacer el señor Romero y su equipo de gobierno es ir preparándose para ver cómo sacan a la institución municipal del atolladero en el que la han metido, no solo despidiendo como despidieron a los 115 trabajadores, sino, sobre todo, alargando el procedimiento con recursos estériles, que están suponiendo una sangría económica para el Consistorio”, reclaman desde la Plataforma.

“El argumento de las supuestas contradicciones y de la retroactividad del cambio jurisprudencial ya fue utilizado por el Ayuntamiento, cuando presentó un incidente de nulidad, después de que el Supremo ratificara como nulo el despido de José A. Ortega, uno de los 115 trabajadores afectados, y entonces la respuesta del Alto Tribunal ya fue clara y tajante”, recuerdan.

“La invalidez de la amortización de plazas como causa única y suficiente para el despido es doctrina ya consagrada, desde el 24 de junio de 2014, tras la decisión adoptada unánimemente por los catorces jueces de lo Social, y la jurisprudencia, salvo raras excepciones por circunstancias que no se dan en este caso, en la tradición del Derecho Europeo Continental, que es donde se enmarca el ordenamiento jurídico español, siempre tiene carácter retroactivo, como no podía ser de otra manera. Por la sencilla razón de que lo que el Supremo hace en su función de casación es interpretar la legalidad, esto es, reiterar lo que la ley ya dice sobre los asuntos sometidos a su consideración, pero no crear nuevas leyes o cambiar las ya existentes que afectan a dichos asuntos”, explican desde el colectivo.

MOVILIZACIÓN EN MICHELÍN DE VALLADOLID

Alejandro Romera - rojoynegro.info

El jueves, 25 de mayo, ha tenido lugar una concentración a la puerta de la Inspección de Trabajo, en la Plaza España de Valladolid, exigiendo celeridad en la resolución por parte de la Inspección de las denuncias de contratos eventuales y la conversión en indefinidos de los contratos en fraude por parte de Michelín

La inspección de Trabajo de Vitoria ha vuelto a declarar ilegales otros 205 contratos, pidiendo su conversión inmediata en indefinidos.

Con esta nueva resolución ya son más de 400 contratos ilegales entre las plantas de Michelin Valladolid, Vitoria y Aranda.

Mientras los comités de empresa y el comité Intercentros, manejados por el C.U.C., siguen mirando hacia otro lado, evitando cualquier tipo de confrontación con su amo.

CGT sigue denunciando mediante todas las vías posibles el cumplimiento de la legalidad en la materia de contratación de Michelin.

Pedimos ante la Inspección mayor celeridad en la resolución de los contratos afectados, así como mayor implicación por parte de este organismo laboral que es quien ha de hacer cumplir la Ley en esta materia.

Daremos difusión en la calle, y haremos conocer a la ciudadanía de Valladolid la realidad de la política de contratación de Michelín.

CGT DENUNCIA LA REPRESIÓN SINDICAL CONTRA 21 TRABAJADORES DE ALUMINIO BAUX

CGT-Camp de Morvedre

Los días 22, 23, 24 y 26 de mayo tendrá lugar en los Juzgados de lo Penal de Castellón, en la sala 2 a las 09:30, un juicio contra 21 trabajadores a instancia de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux SL (Segorbe, Castellón).

La querella, interpuesta en 2007 a raíz de una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, podría suponer hasta 3 años y seis meses de prisión. La Confederació General del Treball señala la actitud intransigente, autoritaria y antidemocrática de la empresa y lamenta que se celebre un juicio que no debería tener lugar.

El próximo 22 de mayo empieza el juicio de cuatro días de duración contra los 21 trabajadores de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux, compañía cuyo principal accionista era Federico Serratosa Caturla y que desde el mes de febrero pasó a manos del grupo NK5, el cual es parte del BANCO DE SABADELL. Los empleados serán juzgados por ejercer su derecho a la huelga. La empresa demandante solicita la pena de 3 años y 6 meses de cárcel y una cuantía superior a los 59.000€ de indemnización.

La querella, interpuesta por algunos de los miembros de la dirección de esta empresa situada en el término municipal de Segorbe, afecta a 21 trabajadores, en su mayoría vecinos de la comarca del Camp de Morvedre y residentes en Port de Sagunt.

El caso llegó a los juzgados en octubre de 2007, tras una huelga indefinida por mejoras laborales que contó con un amplio seguimiento por parte de la plantilla.

La dirección de esta empresa ha decidido llevar hasta el final el proceso, negándose en todos estos años a retirar los cargos contra los trabajadores a pesar de la insistencia de las secciones sindicales de CGT y CC.OO., así como de los diferentes Comités de Empresa celebrados hasta la fecha.

La acusación es de “insultar e intimidar a 30 trabajadores que no quisieron hacer huelga” (dirección y empleados de oficinas). Sin embargo, la realidad es que este colectivo accedió y salió del puesto de trabajo sin problema alguno. “Eso sí”, afirma Juanjo Ripoll, Secretario general de CGT-Camp de Morvedre y secretario del comité en Baux, “recibieron una sonora pitada”.

En este sentido, cabe recordar la persecución hacia los 21 trabajadores por parte de la empresa: de ellos sólo quedan ocho trabajando y el resto fue despedido poco a poco, sin armar mucho ruido.

Tal y como denuncia Ripoll, despedido por la empresa en 2010 y que tuvo que ser readmitido tras la declaración de nulidad por parte de la justicia, “La desfachatez de la empresa es tremenda tras sostener durante los últimos 10 años que esto ya no dependía de ellos y que ellos estaban obligados a ir, ahora se nos avisa de que la empresa va a hacer una propuesta de pacto a los denunciados, sin adelantar nada al comité de empresa, además, es de risa que sólo se preocupen por el derecho al trabajo cuando se ejerce el derecho a la huelga para defender un trabajo digno”.

Por último, desde CGT-Camp de Morvedre lamentan la celebración de este juicio, un reflejo de la nula calidad democrática del sistema, así como el hecho de que estas acusaciones falsas perjudiquen a personas trabajadoras y tengan como objetivos “atacar al sindicalismo organizado y amedrentar al resto de la plantilla para que en futuras acciones dejen solo al Comité de Empresa”.

CGT PRESENTA RECURSO ANTE EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN DEL 085 ANTE LAS GRAVES IRREGULARIDADES DEL PLIEGO

CGT-Cádiz

CGT en representación de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio de atención telefónica del 085 del Consorcio Provincial de bomberos ha registrado el pasado 22 de mayo anuncio de recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el contrato denominado Servicio de atención telefónica y del sistema integrado de gestión de emergencias 085 del Consorcio Provincial de Bomberos ante las graves irregularidades detectadas, ya que se basa en estudios tendenciosos que pretenden justificar el incumplimiento del acuerdo de Pleno de la Diputación para recuperar para la gestión pública dicho servicio, lo que supondría un importante ahorro para las arcas públicas.

Desde el punto de vista jurídico se basa en informes que no están hechos por ninguna empresa imparcial, sino que están efectuados por las mismas personas que nunca han querido la integración del servicio en el Consorcio y que cobran sueldos millonarios.

Está enfocado solamente a la integración como funcionarios, cosa que NUNCA se ha solicitado, ya que lo que se planteaba era la integración de los trabajadores como personal laboral.

Se incluye una sentencia relativa a la posible cesión de trabajadores que no tiene nada que ver con la posible integración del servicio. Por cierto que el autor del informe jurídico el Sr. Meléndez abogado, que además de sus muchos casos (el abogado del ex alcalde Pedro Pacheco, actualmente en prisión, del ex alcalde de El Puerto Sr. Hernán Díaz y letrado de Bahía Competitiva...) también tiene tiempo, al parecer, para ser representante del Consorcio, fue el mismo abogado que defendió los intereses de la empresa en contra de los trabajadores en el juicio de cesión ilegal de trabajadores citado.

Es interesante destacar que en dicha sentencia en su página 19 se afirma que "la aportación por parte de Qualytel Andalucía de los medios materiales y de producción propias en la Sala 085". Por eso sería interesante que el Sr. Vaca Presidente del Consorcio Provincial de Bomberos por qué no le hace pagar a Qualytel todos los gastos de la reparación de los ordenadores de la Sala y lo paga en cambio el propio Consorcio de los bolsillos de los gaditanos.

Hablando de sentencias debería también citar la sentencia del TSJA que declaró nulo el despido de una trabajadora del 085 como represalia por sus denuncias. ¿Por qué no sanciona el Sr Vaca a los funcionarios que decidieron despedir a esta trabajadora como represalia? ¿Por qué no sanciona usted al funcionario que pasó una grabación de un rescate para que lo falseara Qualytel ( información confidencial). ¿Por qué en la plica se "castiga" estos comportamientos a los operadores que lo hagan, pero exime a los jefes funcionarios?

Estos pliegos chapuceros son la continuación de todo un proceso cargado de despropósitos para mantener a toda costa privatizado el servicio en perjuicio de toda la ciudadanía.

Recordemos que se ha hecho sin haberse ni siquiera debatido en la Diputación, ya que el PSOE y el PP lo impidieron. Ni siquiera se habían hecho públicos informes que explicaran el no cumplimiento del mencionado acuerdo de integración del servicio cuando fue publicada la licitación.

Tras pedirse reiteradamente los mencionados informes que justificaran tal decisión por parte de los ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real y los grupos provinciales de Ganemos Jerez y Por Cádiz si se puede, no fue hasta mediado el propio Pleno de la Diputación, cuando fueron por fin entregados a los grupos políticos, impidiendo de facto la posibilidad de su estudio.

Esta práctica oscurantista, puesto que los informes llevaban más de un mes realizados y no se habían querido entregar antes, se comprobó cuando se impidió el debate de la moción presentada al Pleno de la Diputación por los grupos Jerez en Común y Por Cádiz Si se Puede para que se pudiera debatir la paralización de la licitación del servicio del 085 hasta que no se hubieran debatido los informes técnicos sobre la viabilidad de su integración en el Consorcio Provincial de Bomberos. Moción que no pudo ni siquiera ser debatida al no admitirse con los votos de PSOE y PP su carácter urgente.

Esto es un hecho gravísimo puesto que, en la práctica, supone que se vaya a seguir manteniendo privatizado un importante servicio como es el 085 sin que se haya debatido la viabilidad de su integración en el Consorcio Provincial de Bomberos, puesto que cuando se convoque el próximo Pleno de la Diputación el servicio ya se habrá otorgado a una empresa privada según los plazos establecidos en la licitación.

Posteriormente, escuchada la respuesta de la diputación en boca de la Presidenta de la Diputación, los ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real pidieron reunión urgente de la Junta General del Consorcio. El día de la celebración de la Junta General 10/05/2017, ya estaba avanzado el procedimiento de la venta del personal de la Sala. Durante el monólogo del Sr. Vaca, insiste que los tres informes emitidos son negativos.

Un informe efectuado por el Sr. Gerente D. Jaime Domínguez (el económico) en el que se estima el precio a pagar por la Sala de 582.998,19 euros anuales más mil horas extras, un informe jurídico de D. Felipe Meléndez que indica que existe una sentencia de cesión ilegal perdida en el TSJA y que no se puede acceder a la función pública, y otra de la secretaria Sra. Larran Oya que viene a ser un copia y pega de los anteriores.

EL DRAMA DE LAS KELLYS INUNDA LOS HOTELES DE MÁLAGA

Lucas Martín - laopiniondemalaga.es

Casi el 50% de los establecimientos de la capital, denuncia CCOO, se valen ya de la subcontratación para abaratar las condiciones laborales de las camareras de piso

El sindicato exige más inspección y mano dura

Las camareras de piso forman parte esencial del funcionamiento de los hoteles

El problema de Las Kellys, acrónimo de «las que limpian los hoteles», se desborda. Con unos números extremos, difíciles de demostrar sin la intervención de las autoridades, pero cada vez más presentes en el testimonio público de las trabajadoras y en las denuncias que llegan a los sindicatos.

La dimensión que ha adquirido la situación se refleja también a nivel político; dentro de unas semanas los representantes laborales acudirán al Senado, completando con su exposición un ciclo de sesiones monográficas que ha llevado la preocupación por las camareras de pisos a numerosas administraciones, incluido el Congreso, que mantiene actualmente una iniciativa en curso.

El revuelo, si se atiende al relato de las empleadas, está justificado. Especialmente, en destinos turísticos de nuevo cuño como Málaga, donde, de acuerdo con CCOO, la juventud de la planta hotelera ha hecho que muchos de los negocios se decanten por esta fórmula de ahorro, que es la más abusiva.

En lugar de contratar a profesionales e integrarlas en sus plantillas, los hoteles recurren a intermediarios, generalmente empresas multiservicios, que son las que proporcionan a las trabajadoras.

A un precio sensiblemente más barato para el alojamiento, pero también para la firma subcontratada, que al no pertenecer oficialmente a la industria hotelera se regula por un convenio individual, distinto y mucho menos garantista que el que rige por ley al conjunto de la hostelería.

La diferencia entre uno y otro se traduce en un abismo salarial, con saltos que en muchos casos apuntan a reducciones de hasta el 40 por ciento. Una cantidad lo suficientemente amplia para que los sindicatos hablen sin tapujos de un tipo de empleo de escasa calidad, totalmente infrapagado.

Y que a menudo suele acompañarse por una penosa batería de condiciones adicionales: sobrecarga laboral, dificultad para obtener bajas por enfermedad, discontinuidad en los contratos.

El panorama, sin duda, es sombrío. Tanto como para haber despertado las suspicacias de la Dirección General de Trabajo, que ya ha cuestionado en más de una ocasión la legalidad de fondo: para muchos laboralistas no se trata de un ahorro de costes a través de una empresa externa, sino de una cesión ilegal de trabajadores, en este caso delegados para desempeñar una tarea esencial, imprescindible en el funcionamiento diario de los establecimientos.

Las circunstancias leoninas a las que se enfrentan Las Kellys, junto a este tipo de sospechas, ha hecho que empiecen a aflorar las denuncias en los juzgados. Gonzalo Fuentes, responsable turístico de CCOO, define la práctica como un auténtico fraude, que hurta aportaciones a la Seguridad Social y que resulta todavía menos comprensible si se tiene en cuenta el momento general que atraviesa el sector.

En esto el sindicalista no está solo. Y se le unen nombres como el de Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, que en una conferencia reciente mostró su indignación con el fenómeno; para ambos es intolerable que en plena época de récord de demanda se menudee con el salario de las trabajadoras, que según los últimos estudios, llegan en ocasiones a cobrar menos de un euro por el arreglo completo de un dormitorio.

De nuevo, los sindicatos, en su aproximación, tropiezan con el obstáculo de una realidad deliberadamente opaca. No existen cifras oficiales sobre explotación. Y es difícil saber el volumen exacto de empleadas que se encuentran bajo este tipo de condiciones.

El cálculo que hace Gonzalo Fuentes para Málaga capital es demoledor. De acuerdo con los informes internos que maneja el sindicato, alrededor del 50 por ciento de los hoteles de la ciudad resuelven ya su servicio de limpieza a través de las subcontratas.

Un porcentaje, prosigue, muy superior al que se da en el resto de la Costa del Sol, donde los derechos adquiridos y la antigüedad de las plantillas impide que una parte tan sensible en la dinámica de los establecimientos acabe bajo el control de firmas externas.

La receta que propone el líder turístico de CCOO permite intuir por donde va a abordarse el problema de Las Kellys en los próximos años; de un lado, la vía judicial, y, del otro, la de la inspección, a la que el sindicalista anima a actuar con mayor contundencia. Incluso, como ha ocurrido recientemente en Málaga, con la firma Mantelnor, en los casos en los que la sentencia está en suspenso y en espera de ser ratificada por instancias judiciales superiores.

Según los datos recabados para otra provincia turística, en este caso Gran Canaria, las camareras de piso reclutadas por este tipo de empresas intermediarias obtienen de media al mes apenas 707 euros de salario neto. Se trata de una cifra que está por debajo del salario mínimo interprofesional, violentamente desproporcionada si se atiende a la carga laboral, que la misma fuente sitúa en hasta 90 camas por jornada.

Las Kellys, que se han constituido en asociaciones, denuncian una situación que a menudo deriva en problemas de salud. En este punto, Lola Villalba, también de CCOO, aporta un dato escalofriante: el 90 por ciento de las camareras de piso se jubila actualmente antes de tiempo por culpa de enfermedades relacionadas con el sobreesfuerzo.

Gonzalo Fuentes relaciona este tipo de fórmulas de explotación con las nuevas reglas del juego introducidas por la reforma laboral, que en su opinión, priorizan los convenios locales por encima de los sectoriales. En la práctica, eso hace que las empresas multiservicios se rijan por los mismos principios de las antiguas ETT, que no estaban obligadas a acatar las condiciones aprobadas para el conjunto de la actividad.

Es lo que el sindicalista denomina como cultura de la barra libre, que a su juicio genera desprotección y favorece que las exigencias laborales se diluyan. Hasta el punto de que muchas afectadas optan incluso por no alzar la voz. En general, por temor a no ser contratadas nunca más por la empresa.

La demanda de mayor supervisión y control está ahora a nivel legislativo en manos del Congreso, que es el órgano con competencias. El responsable sindical no duda de la buena intención de la iniciativa presentada por el PSOE, pero cree que las enmiendas finales, interpuestas por el PP, harán que el resultado final sea mucho más descafeinado. También exige a otras administraciones como la Junta una implicación más intensa.

Cifras.-

90 camas por jornada en temporada alta. Las camareras de piso tienen asignadas una media de 25 a 30 habitaciones al día, aunque el trabajo se dispara en temporada alta, cuando se añaden camas supletorias. Llegan a hacer hasta 90 por jornada.

-40 % - El abismo salarial respecto al convenio.

El salario de las trabajadoras subcontratadas mediante empresas multiservicios ronda los 700 euros. En muchos casos llega a ser hasta un 40 por ciento más bajo del de las que se rigen por el convenio del sector.

90 % - La factura ineludible para la salud

Las nuevas condiciones laborales han hecho, según CCOO, que el 90 por ciento de las camareras de piso se jubilen antes de tiempo por dolencias derivadas de la carga laboral.

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