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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (8 DE MARZO DE 2017)

http://www.lapirenaicadigital.es

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

GOBIERNO E INTERLOCUTORES SOCIALES ABREN LA MESA DE DIÁLOGO POR EL EMPLEO DE CALIDAD

LA PLANTILLA DE DEOLEO INICIA LAS MOVILIZACIONES CONTRA EL EXPEDIENTE DE EMPLEO EN LA EMPRESA

ARTESANOS GALLEGOS DE LA CARNE ACUMULÓ EN DOS AÑOS 1,8 MILLONES DE PÉRDIDAS

LA MAREA CONVIERTE EL PALACIO DE MARÍA PITA EN A CORUÑA EN UN ESCAPARATE DE SUS REIVINDICACIONES

AEMSA SANTANA DA POR CONCLUIDO EL ERTE Y VUELVE LA ACTIVIDAD A LA PLANTA DE LINARES

25.000 FUNCIONARIOS JUBILADOS Y FAMILIARES DE FALLECIDOS RECLAMAN AL GOBIERNO ANDALUZ LA EXTRA DE 2012

EL COMITÉ DE EMPRESA DE SANTA BÁRBARA ACUSA A LA FISCALÍA DE PARCIALIDAD

CGT CONVOCA HUELGA GENERAL EN EL CONTACT CENTER

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO REQUIERE A FERROVIAL QUE CESE INMEDIATAMENTE SUS ACTOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA

9M: HUELGA GENERAL EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE SANITARIO DE CASTILLA Y LEÓN PIDEN 'SALARIOS DIGNOS Y LA CALIDAD EL SERVICIO' A JUNTA Y CONCESIONARIAS

TRABAJADORES DE PESCANOVA HARÁN HUELGA EL 14 Y EL 21 POR UN CONVENIO «DIGNO»

HUELGA INDEFINIDA EN LOS PARKINGS DE ALHÓNDIGA E INDAUTXU

LA HUELGA DE SFM REDUCIRÁ A LA MITAD LAS FRECUENCIAS DE TREN Y METRO

EL TSJEX DESESTIMA EL RECURSO DE LOS TRABAJADORES DE SIDERÚRGICA BALBOA POR LA BAJADA SALARIAL

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GOBIERNO E INTERLOCUTORES SOCIALES ABREN LA MESA DE DIÁLOGO POR EL EMPLEO DE CALIDAD

elconfidencial.com

La Ministra de Empleo y Seguridad Social así como los Secretarios Generales de CCOO y UGT y los Presidentes de CEOE y CEPYME se han reunido en la sede del Ministerio para abrir la “mesa de diálogo social para el Impulso de la Calidad en el Empleo; Marco de relaciones laborales y negociación colectiva”, tal y como acordaron el pasado 24 de noviembre en la reunión que mantuvieron con el Presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa.

Foto de la Ministra con los agentes ->

http://3www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/376/619/376619067a192d0b9c6b86f77a67d10d/el-gobierno-y-los-agentes-sociales-abren-la-mesa-de-dialogo-por-el-empleo-de-calidad.jpg

Una mesa de diálogo social que configure una Agenda Integral por el Empleo de Calidad. Para cada uno de esos elementos Gobierno e interlocutores sociales han acordado constituir cuatro grupos de trabajo. Para estudiar mejoras en:

1.- materia de empleo y calidad en el empleo

2.- formación

3.- parados de larga duración, protección social y tarjeta social

4.- estrategia de seguridad y salud en el trabajo.

Estos grupos de trabajo se añaden a la mesa de sostenibilidad del sistema público de pensiones que ya se ha constituido para iniciar sus trabajos.

En paralelo, Gobierno CCOO, UGT CEOE y CEPYME han acordado impulsar un diálogo sobre el futuro del trabajo, en el marco de la iniciativa para ello creada por la OIT, con interlocutores sociales, academia, sectores productivos y sociedad civil que tendrá lugar el próximo mes de marzo.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social ha dado traslado a Interlocutores sociales del Informe de expertos sobre la sentencia del TJUE de 19-9-2016, caso Diego Porras en relación con trabajadores interinos.

LA PLANTILLA DE DEOLEO INICIA LAS MOVILIZACIONES CONTRA EL EXPEDIENTE DE EMPLEO EN LA EMPRESA

E. D. C. - eldiadecordoba.es

Concentración de los trabajadores a las puertas de la compañía ->

http://images.eldiadecordoba.es/2017/03/04/cordoba/Concentracion-trabajadores-puertas-compania_1114398584_65714052_667x375.jpg

La plantilla de Deoleo en su planta de la barriada periférica de Alcolea se concentró ante las puertas de la factoría para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) puesto en marcha por la compañía y que afecta en Córdoba a 56 trabajadores.

El presidente del comité de empresa de la planta de Deoleo en Alcolea, Clemente Revuelta (CCOO), explicó a los concentrados que la multinacional pretende "trocear la empresa y dejarla en microempresa, y no va a durar esto ni dos años".

Revuelta recordó que "aquí estamos con un capital humano bajo mínimos y hemos expresado en la mesa que no sabemos cómo pretenden quitar 56 puestos más" en la planta de Córdoba y "en el día de mañana esto va a ser una embotelladora, para envasar nada más, y se acabó la fábrica de Carbonell y posiblemente la marca".

El representante sindical explicó que la empresa "ofrece las condiciones que contempla la reforma laboral pura y dura, es decir, 22 días por 12 meses y ni siquiera propone prejubilaciones, sino tan solo bajas incentivadas, condiciones muy inferiores a las del último ERE".

Ante esto, los sindicatos anunciaron que no están dispuestos a aceptar "ni externalizaciones, ni despidos" y reclaman "un plan industrial que sea viable y de futuro para la empresa", y que dé "unas garantías de futuro para los trabajadores que queden".

El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF, Antonio Andrés, por su parte, informó de que el ERE es el cuarto de la compañía desde 2010 y, que aparte de los despidos se prevén externalizaciones de determinadas líneas de productos, así como el cierre de la planta de Andújar (Jaén).

A su juicio, detrás de este ERE hay una estrategia de externalización de la actividad de la multinacional, que pasaría a centrarse en la comercialización y tildó la decisión de "disparate".

Andrés instó a la empresa a que apueste de manera decidida por mejorar la producción y la venta de estos productos emblemáticos y respete el mantenimiento de los puestos de trabajo.

ARTESANOS GALLEGOS DE LA CARNE ACUMULÓ EN DOS AÑOS 1,8 MILLONES DE PÉRDIDAS

Dolores Cela - lavozdegalicia.es

El administrador concursal presentó un ERE de tres meses para toda la plantilla

Artesanos Gallegos de la Carne, en concurso necesario de acreedores, acumuló en los dos últimos años, 2015 y 2016 más de 1,8 millones de euros de pérdidas. Su estado de insolvencia y la ausencia de carga de trabajo en la sala de despiece de Castro Ribeiras Lea es en lo que justifica el administrador concursal de la sociedad el expediente de regulación de empleo de tres meses de duración que presentó a los representantes de la plantilla. Están afectados todos son 26 menos dos administrativos y una persona más para mantenimiento.

Durante esos tres meses y una vez que sea autorizado el ERE, la plantilla podrá cobrar las prestaciones por desempleo.

El administrador concursal, José Manuel Núñez, comunicó al Juzgado Mercantil su intención de iniciar las consultas para la negociación del ERE, al mismo tiempo que informó de la posibilidad de elaborar un informe de viabilidad a corto plazo.

La compañía de Castro Ribeiras de Lea finalizó el año 2015 con unas pérdidas de 1,2 millones de euros. Según datos provisionales, en el 2016 fueron 1,6 millones más. Solamente uno de los acreedores que instó el concurso, la cooperativa de ganaderos Artesáns da Carne cifra lo que le debe en 3 millones de euros. El operador de ganado que fue el primero en recurrir al Juzgado Mercantil le reclama alrededor de 260.000 euros.

Por su parte, Unións Agrarias cuenta con un listado de más de 40 ganaderos afectados, a los que la industria les debe más de 300.000 euros. Casi todos entregaron sus reses a la sala de despiece de Castro desde hace algo más de un año, que fue cuando las cooperativas que son accionistas de la compañía decidieron buscarse otros compradores.

En el momento en el que el administrador concursal elabore la relación de acreedores se sabrá cuántos hicieron valer sus derechos en el juzgado.

Precios bajos para ganar clientes

Según el administrador nombrado por el Juzgado Mercantil, entre las causas que llevaron a concurso a Artesanos Gallegos de la Carne se encuentra que la compañía tuvo que hacer un esfuerzo comercial añadido para recuperar las ventas en un contexto de crisis económica.

Lo hizo a costa de reducir la rentabilidad, incorporando más clientes y con precios inferiores, con las consiguientes incertidumbres en los cobros.

El administrador también hace referencia a las dificultades para conseguir financiación y encontrar líneas de crédito en una situación de crisis como la que atravesaba. Recoge también la imposibilidad de la empresa de reducir los costes de producción, recortando gastos. Los principales a los que alude son los de personal que supusieron en el año 2016 un total de 1,4 millones de euros.

«En la perspectiva actual, con la declaración de concurso de acreedores y la falta de carga de trabajo, señala en el escrito en el que justifica el ERE resulta necesario acudir a medidas de suspensión colectiva de contratos de trabajo, dado que en la coyuntura existente es preciso valorar la posible viabilidad de la compañía y la hipotética continuidad de la actividad y de los contratos de trabajo».

Antes de la próxima reunión entre el administrador concursal y los trabajadores está prevista una asamblea para explicar a los trabajadores aspectos relacionados con el expediente de regulación de empleo.

La plantilla está en estos momentos de permiso retribuido. Es el segundo que les conceden desde que la sala de despiece de Castro de Rei presentó concurso de acreedores.

Algunos de los trabajadores de la sala de despiece tienen una antigüedad que ronda los 16 años. Se trata de los que pertenecían a Carcosa.

LA MAREA CONVIERTE EL PALACIO DE MARÍA PITA EN A CORUÑA EN UN ESCAPARATE DE SUS REIVINDICACIONES

La Marea anunció en el momento de su llegada al poder en María Pita que pretendía llevar a cabo muchos cambios, pero nadie se esperaba que la fachada del ayuntamiento se convirtiese en un elemento reivindicador.

Las pancartas colgadas del balcón de María Pita versaron sobre asuntos variados.

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La Marea anunció en el momento de su llegada al poder en María Pita que pretendía llevar a cabo muchos cambios, pero nadie se esperaba que la fachada del ayuntamiento se convirtiese en un elemento reivindicador. En veinte meses, el Ejecutivo ocupó este espacio con nueve pancartas con diferentes mensajes, además de una gran bandera.

La primera pancarta que el Consistorio colgó del balcón principal de María Pita contenía el mensaje “Contra as violencias machistas”, en letras blancas y un fondo morado. Esta apareció el 6 de noviembre de 2015 y fue visible durante varios días, aunque pronto dejó paso a otra.

Dos semanas después, el Ayuntamiento quiso mostrar su solidaridad con el sector pesquero y María Pita contó con una pancarta que rezaba “A Coruña apoia a pesca do cerco”.

Para ver el siguiente rótulo hubo que esperar hasta abril, cuando se pudo observar una con el lema “Sanidade pública 100%”. A finales de ese mismo mes esta reclamación dejó paso a otra con el título “A Coruña polo emprego digno”, que se instaló con motivo del 1 de mayo.

Dos semanas más tarde, y esta vez las “Letras Galegas 2016”, junto a un poema de Manuel María, artista homenajeado, fueron los mensajes elegidos por parte del Gobierno local.

Un mes más tarde, a mediados de junio, el apoyo a los refugiados fue el tema escogido por la Marea, que volvió a cubrir la fachada con el lema “A Coruña #CidadeRefuxio”. Sin embargo, no hubo que esperar mucho, apenas diez días, para que una gran bandera arco iris aportase color a la fachada.

La siguiente pancarta llegó a finales del mes de septiembre y en esta ocasión el motivo fue apoyar a las trabajadoras de la empresa de telemarketing de Extel ante el Expediente de Regulación de Empleo que la compañía pretendía llevar a cabo en su sede en la ciudad. Un par de meses más tarde volvió un rótulo “Contra as violencias machistas”, aunque el morado del fondo cambió por negro fruto de la campaña lanzada por el Ayuntamiento.

La comisión do común

Finalmente, llegó la última: “Basta xa de especulación Devolución gratuita da Solana e hotel Finisterre”, y firmado por la Comisión aberta en defensa do común, son los mensajes que se pueden leer. A pesar de que el Ayuntamiento anunció que tendrá que pagar por los espacios, accedió a la demanda.

A raíz de este movimiento, la Asociación de vecinos y comerciantes de A Falperra pidió por registro que también les dejen a ellos colgar una con el lema: “Ferreiro, escoita á Falperra. Non ás imposicións. Cede o espazo digno ao Sergas XA!”.

Esta queja y que hace referencia al bloqueo que sufre el futuro centro de salud de este barrio por parte del Ayuntamiento, que no accede a los requerimientos del Sergas, que se encargará de la financiación.

De esta manera se abrió la puerta a que cualquier agrupación o colectivo solicite el mismo permiso que el concedido a la comisión do común.

La Marea no puso ningún impedimento a la petición, por lo que habrá que ver cómo actúa ante la petición de los vecinos de A Falperra y otras que puedan surgir.

El balcón principal de María Pita, además de lugar elegido para colocar las pancartas, es en el que ondean las banderas de España, Galicia y la Unión Europea.

Con esta última hubo polémica el pasado marzo, ya que la Marea decidió arriarla para mostrar su rechazo al principio de acuerdo con Turquía que supuso el cierre de fronteras para los refugiados

AEMSA SANTANA DA POR CONCLUIDO EL ERTE Y VUELVE LA ACTIVIDAD A LA PLANTA DE LINARES

M. T. C. - ideal.es - Linares

La plantilla está formada por 45 trabajadores.

La plantilla de esta empresa, dedicada a la fabricación de torres de aerogeneradores, se incorporó el pasado 20 de febrero

Tras numerosas negociaciones, las instalaciones de Aemsa, ubicada en el Parque Empresarial de Santa, vuelven a abrir sus puertas. La llegada de carga de trabajo y el esfuerzo realizado por la propia empresa ha dado sus frutos y se da por concluido el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que comenzó el pasado agosto y tenía como fecha límite el próximo 5 de abril.

En la última reunión, celebrada en la sede de CC.OO. en Sevilla, se llevaron a cabo los retoques para hacer efectiva esta medida. Desde el comité de empresa se muestra contentos con la vuelta a sus puestos de trabajo, que aunque no esté asegurada el tiempo de producción, confían que sea a medio plazo. «No nos aseguran el tiempo de producción pero confiamos en que mínimo a medio plazo va a estar cubierta.

El problema es que el mercado eólico funciona a tres-seis meses vista pero CC OO y el comité confiamos que el mercado nacional se reactive, porque cuando eso pase la planta de Linares estará bien situada. Mientras no se reactive, lo que se está fabricando es para el extranjero y ahí están mejores situadas las plantas que tienen salida al mar», explicó Jesús Alvarado, presidente del comité.

Parece ser que el 2017 trae buenas expectativas para esta empresa, que forma parte de Windar Renovables, y que se va a consolidar como entidad superviviente en el parque empresarial. Alvarado valora positivamente el esfuerzo por parte de la empresa y prevé una continuación para el próximo año.

«Parece ser y nosotros entendemos que tiene que haber buenas noticias para la planta de Linares de que en el 2018 e incluso en el 2019 haya carga de trabajo, porque si no, no le vemos sentido de que hayan dicho de reabrirla».

Formación

De la veintena de trabajadores que se trasladó a la planta que tiene la localidad de Avilés, cuatro de ellos se quedaron hasta que se han reincorporado a la de Linares. El resto regresó cuando concluyó la estancia laboral establecida y se acogió al ERTE.

En este tiempo, la plantilla ha realizado cursos de reciclaje, de maquinaria y de plataformas elevadoras, entre otros. «Nos reincorporamos una semana antes del 20 de febrero para que nos formásemos y para que cada uno estuviera en su puesto de trabajo antes de que hubiera encargos y con el papeleo en regla», sostiene Alvarado.

El sector eólico varía pero Aemsa Santana está respaldada por los clientes por su alta calidad y productividad, aunque Alvarado resalta el sobrecoste logístico como principal hándicap. Sin embargo confía en que esto se resuelva cuando el mercado nacional remonte. «Cuando eso ocurra creo que a la planta de Linares le va a dar mucha vida. El sector está variando mucho, pero dentro de las condiciones que tenemos hay seguir remando».

25.000 FUNCIONARIOS JUBILADOS Y FAMILIARES DE FALLECIDOS RECLAMAN AL GOBIERNO ANDALUZ LA EXTRA DE 2012

Daniel Cela - publico.es

- La Junta recibe una montaña de solicitudes de exempleados para que les abone los 400 euros (de media) que no cobraron hace 5 años y que ya han recuperado sus compañeros en activo.

- Hacienda ha gestionado también muchas solicitudes de familiares de ex empleados fallecidos, pero carece del número exacto

- En junio del año pasado, la presidenta firmó un acuerdo con los sindicatos para devolver lo que les quedaba por cobrar

Cuando la presidenta Susana Díaz anunció, hace unos días, que había dado orden a su Gobierno para que pagase a los 270.000 empleados públicos autonómicos otro 25% de la paga extra que no percibieron en 2012 (suprimida por el pacto de estabilidad), no contaba con que el número de beneficiarios sería superior al previsto.

La Consejería de Hacienda recibió, además de las solicitudes de todos los funcionarios activos y en plantilla, unas 25.000 peticiones más de personal que ya no forma parte de la Administración andaluza, la mayoría jubilados, pero también familiares y herederos de empleados públicos que habían fallecido entre 2012 y 2017.

El Gobierno andaluz eliminó la paga extra de 2012 (unos 1.600 euros de media) como parte de una batería de recortes en el gasto público y medidas de consolidación fiscal, pero desde hace un año ha empezado a devolverla progresivamente.

El departamento que dirige María Jesús Montero ha abierto un plazo para que todos los empleados públicos andaluces que ya no trabajan para el Gobierno andaluz soliciten el abono de otro 25% de la paga (es el tercer cuarto que se devuelve), el importe correspondiente a 46 días como máximo (unos 400 euros de media).

Alrededor de 25.000 solicitudes recibidas, según datos de la Consejería de Hacienda, corresponden a funcionarios ya jubilados, familiares de empleados públicos que han fallecido en los últimos cinco años, empleados que ahora pertenecen a otra Administración, laborales o eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La mayoría de estas peticiones pertenecen a trabajadores retirados que en las últimas semanas han regresado a la consejería de la que dependían (Educación, Salud, Bienestar Social…) para formalizar la solicitud de la devolución de la extra. Hacienda ha gestionado también muchas solicitudes de familiares de ex empleados fallecidos, pero carece del número exacto.

La devolución de la extra de 2012 se realiza de oficio para aquellos empleados públicos que aún está en nómina. Sin embargo, para los que por diferentes motivos ya no trabajan para la Junta de Andalucía, la orden que regula la reposición de esta paga recoge en uno de sus anexos un formulario de solicitud para que reclamen el dinero que no cobraron hace cinco años.

Es la tercera vez que se hace, porque tanto el Gobierno central como el autonómico, han regulado la devolución de la paga extra a sus funcionarios de la misma manera. Pero esta vez el número de ex empleados públicos que lo han solicitado se ha disparado hasta los 25.000, una cifra de solicitudes superior a las que recibió la Consejería de Hacienda en la devolución de las dos primeras porciones de la extra, según el sindicato de funcionarios CSIF. La Junta no ha avisado por carta a sus exempleados, han tenido que ser ellos quienes acudieran por su propio pie al departamento de su administración correspondiente para rellenar el formulario y reclamar el dinero.

Después de las convulsas revueltas de los empleados públicos contra el Gobierno andaluz, a partir de los recortes de nóminas en 2012, Díaz logró enderezar su relación con los sindicatos de la función pública iniciando la devolución progresiva de las pagas extra. En junio del año pasado, la presidenta firmó un acuerdo con los sindicatos para devolver lo que les quedaba por cobrar, esos 46 días como máximo que los empleados en activo han percibido junto a la nómina de febrero.

Este dinero se suma a los 48 días que se abonaron el pasado septiembre y a los 44 días liquidados en febrero del año pasado. Con el último pago, queda saldado el 75% de la extra de 2012. El resto se abonará en febrero de 2018, dentro de un año. El Gobierno central se adelantó a restituir la paga a sus funcionarios el año pasado. Después, la situación de otras comunidades es muy diversa: Extremadura, La Rioja, Asturias y Baleares ya la han devuelto.

El acuerdo que firmó Susana Díaz con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF hace un año no sólo se limita a la restitución total de las pagas extras, sino de todos los derechos menguados como consecuencia de las medidas de estabilidad presupuestarias “impuestas por el Estado en 2012”.

También está previsto que la Junta reponga los días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad, y la revisión del catálogo de enfermedades con derecho al cien por cien de incapacidad temporal. Sin embargo, la recuperación de derechos más importante en el sector público andaluz se produjo el pasado 16 de enero, cuando la Junta restituyó la jornada laboral de las 35 horas semanales.

El Gobierno central ha recurrido esta misma medida en País Vasco, Castilla La Mancha y Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, cuando lo aprobó el Ejecutivo andaluz, el PP ya se encontraba en minoría en el Congreso, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se avino a negociar con la Junta. Antes de que se iniciase esa negociación bilateral, Díaz repuso la jornada de 35 horas.

El Gobierno central tiene de plazo hasta julio para recurrirla, como hizo en otras comunidades, pero de momento los 270.000 empleados públicos andaluces han dejado de trabajar las 37,5 horas a la semana que impuso el Estado.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE SANTA BÁRBARA ACUSA A LA FISCALÍA DE PARCIALIDAD

Pablo González – La Nueva España

Los trabajadores muestran su "estupor" ante el informe del fiscal del Supremo

El comité intercentros que representa a los trabajadores de todas las fábricas que Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la multinacional norteamericana General Dynamics, emitió un duro comunicado contra el informe emitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que se daba el visto bueno al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la compañía en 2013, en el que acusa al órgano judicial, entre otras cosas, de parcialidad.

La reacción de los representantes de la plantilla de Santa Bárbara Sistemas llega cuando se ha sabido que los jueces del Tribunal Supremo se reunirán el próximo 19 de abril para decidir si ratifica o no la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la legalidad del ERE. Así, en su comunicado, los trabajadores ponen de manifiesto su "estupor" ante lo que consideran "ponderaciones de carácter subjetivo" realizadas por la Fiscalía del Supremo en su informe.

Entre otras cosas, lo que ha encendido el ánimo de los trabajadores son afirmaciones como que "los recurrentes mediante un sinfín de pretensiones modificativas pretenden construir una sentencia a su medida". A esto, el comité intercentros replica que el fiscal "es conocedor de los recurrentes para 'construir' sentencias" y añade que "ni tan siquiera es la misión del Ministerio Fiscal intentar influir en los fallos de los tribunales".

El comunicado del comité intercentros concluye que las afirmaciones de la Fiscalía del Supremo en su escrito "denotan, cuando menos, un informe alejado de la imparcialidad". Por otro lado, los 55 despedidos de la Fábrica de Armas de Trubia se manifestarán ante la factoría el viernes día 10 a las 13 horas.

CGT CONVOCA HUELGA GENERAL EN EL CONTACT CENTER

José Antonio Gómez - diario16.com

Más de 90.000 trabajadores están llamados el 17 de marzo a secundar un paro general de 24 horas

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública tenía que anular el concurso por el que Canal de Isabel II pretendía deslocalizar el servicio de gestión y atención telefónica a Perú

«Buenos días, le atiende Ana, ¿en qué puedo ayudarle?». Así se inician millones de conversaciones telefónicas cada día. Un elevado porcentaje de las personas que atienden nuestras reclamaciones, nuestras peticiones de información, nuestras solicitudes o nuestras citas previas, por citar algunas de las funciones que se desarrollan en el sector, están subcontratadas.

No son plantilla de la empresa o de la Administración Pública a la que llamamos, pertenecen a corporaciones externas que rigen su actividad por el Convenio Colectivo de Contact Center. Las condiciones laborales y salariales de este sector son de las más precarias del mercado de trabajo español.

Las fuerzas sindicales que representan a los trabajadores del sector Contact Center (antiguo Telemarketing) (CCOO, UGT, CGT y CIG) llevan más de dos años negociando con la patronal ACE la renovación de dicho convenio colectivo, unas negociaciones que llevan estancadas por «la intención de la patronal de un convenio continuista y que incide en las condiciones precarias de los teleoperadores», según fuentes sindicales consultadas.

En el mes de noviembre de 2016 se movilizaron todas las fuerzas sindicales exigiendo la firma de un convenio justo, una huelga general que tuvo un seguimiento del 70%. Estas movilizaciones hicieron que por primera vez en la historia la opinión pública conociera las condiciones precarias que sufren día a día los trabajadores de este sector.

Sin embargo, la unidad sindical se rompió porque desde CGT y CIG se pretendía continuar con los paros y la lucha mientras que CCOO y UGT buscaban otros modos de movilización porque, según confirmó Montserrat Sánchez de Comisiones a Diario16 «mantener el ritmo de paros y huelgas que propone CGT tiene consecuencias económicas en los trabajadores», unas consecuencias muy fuertes teniendo en cuenta los salarios precarios que se están percibiendo, unos salarios que no se revalorizan desde el año 2014. La última propuesta de ACE en la mesa de negociación fue no revalorizar los salarios de 2015 y 2016 y del 1,6% para 2017 y del IPC para 2018.

El 26 de enero CGT convocó una nueva huelga general en solitario y ahora, viendo la actitud obstruccionista de la patronal, lo han vuelto a hacer para el 17 de marzo. Un ejemplo de esta actitud la tenemos con la propuesta hecha en la mesa de negociación respecto a las horas médicas.

Hasta ahora los trabajadores del Contact Center disponían de 35 horas médicas anuales que se podían utilizar para acompañar a un familiar o a una persona a su cargo a consulta o a pruebas. La patronal propuso, en primer lugar, que esas horas fueran proporcionales a la jornada del trabajador y, en segundo lugar, que no se computaran las visitas al médico si se trataba de un familiar o de un dependiente.

Sin embargo, por mucho que pueda parecer lo contrario, los sindicatos no sólo exigen subidas salariales. En el sector del Contact Center el número de contratos a tiempo parcial supera el 80% y el contrato estrella es el «obra y servicio» llegándose a dar casos de trabajadores que han encadenado contratos temporales durante más de 10 años.

Pero la lucha de los trabajadores del sector va también contra la nueva práctica que se ha implementado en el sector: las empresas multiservicios que realizan las mismas labores de una plataforma de Contact Center pero con unas condiciones más precarias aún. En muchos casos son las propias empresas del sector las que formalizan una nueva sociedad y, de este modo, sus beneficios aumentan.

Estas empresas multiservicios ya funcionan en otros muchos sectores, como vimos con la polémica de las camareras de hotel. A este respecto también tenemos un tema fundamental como es la subrogación contractual en el caso de que un servicio sea gestionado por otra empresa.

Que se no se cumpla con estas subrogaciones atenta contra la Directiva Europea 2001/23/CE, algo que el pasado 18 de enero fue constatado por la Comisión Europea en la respuesta a una pregunta de varios europarlamentarios españoles, respuesta en la que se comprometían a ponerse en contacto con las autoridades españolas para «exigir el cumplimiento» de dicha directiva.

En otro orden de cosas, el sector sigue amenazado por la deslocalización de servicios a plataformas situadas en Latinoamérica, plataformas que pertenecen a las mismas empresas que operan en España y que destruyen puestos de trabajo por una cuestión económica, no por razones de rentabilidad. Se tiene la sensación de que estos procesos de deslocalización son un hecho del pasado y que se están revirtiendo. Sin embargo, la realidad nos demuestra que no es así.

Hasta los últimos años había servicios que no se deslocalizaban jamás: Administración Pública, banca o seguros, por ejemplo. No obstante, hemos asistido a cómo el Tribunal Administrativo de Contratación Pública tenía que anular el concurso por el que Canal de Isabel II pretendía deslocalizar el servicio de gestión y atención telefónica a Perú. «Hace unos años era inimaginable que un servicio de un banco o una aseguradora se llevara a Latinoamérica. Ya se está haciendo» confirma Julio Fuentes, delegado de CGT, a Diario16.

En este sentido también hay que hacer hincapié en la actitud que han tomado las compañías matrices, las que contratan los servicios de las empresas que ofrecen servicios de atención telefónica al modificar los modelos de retribución de un precio por hora de teleoperación o por variables que beneficiaba a ambas partes a un modelo puro de variable/éxito sobre unos niveles de servicio que, en muchos casos, obligan a los teleoperadores a cumplir objetivos tanto cuantitativos como cualitativos.

Ante esta situación de precariedad el pasado mes de noviembre europarlamentarios españoles lanzaron un manifiesto de apoyo a estos trabajadores del Contact Center y las huelgas se han seguido convocando. Lo que queda bastante claro es que la miseria y la pobreza no se negocian y, al parecer, hay quien está mercadeando con ellas. Por esto y por las razones anteriormente expuestas la Confederación General de Trabajadores convoca para el día 17 de marzo una huelga general.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO REQUIERE A FERROVIAL QUE CESE INMEDIATAMENTE SUS ACTOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA

Secretaría de Comunicación del SFF-CGT

Se ha presentado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid en las dependencias de Ferrovial Servicios Ferroviarios, ante las denuncias interpuestas por el Comité de Huelga en referencia a la sustitución fraudulenta que los responsables de la Empresa están realizando sobre los trabajadores de Tripulaciones de Servicios a Bordo y Logísticos.

Estos trabajadores están realizando una Huelga ininterrumpida desde el día 26 de febrero al 5 de Marzo, siendo secundada por casi la totalidad de la Plantilla afectada.

La Inspección de Trabajo ha podido comprobar in situ que la Empresa Ferrovial se ha dedicado a nombrar servicio de Reserva a personal que ha contratado con la modalidad de eventual y que a este personal se le han nombrado servicios en el puesto de trabajadores que están ejerciendo su derecho constitucional de Huelga, siendo esto un hecho muy grave y una vulneración de la legalidad vigente de forma consciente y pertinaz.

Así, en la Resolución, la Inspección de Trabajo indica textualmente: Se REQUIERE a la Empresa para que, con carácter inmediato, cese en la realización de actos contrarios al derecho de huelga, en particular la sustitución de trabajadores en huelga por otros trabajadores que no la secundan y tengan asignado servicio como reserva, figura prevista para cubrir el servicio ante eventuales incidencias que pudiesen afectar al trabajador ocasionalmente designado para el servicio y que no puede vaciar de contenido el derecho de huelga al trabajador sustituido".

Estos hechos muy graves, la sustitución de trabajadores en huelga por trabajadores con contratos eventuales son realizados por la Empresa Ferrovial desde el primer día de Huelga. Asimismo, la Empresa RENFE, que es quién tiene contratada a Ferrovial para los servicios a Bordo en trenes AVE y de Larga Distancia, es conocedora de la sustitución de trabajadores en huelga desde el primer día y además se le comunicó por el Comité de Huelga al término de la manifestación multitudinaria llevada a cabo el martes día 2 de marzo en la que se celebró una reunión con el Director de Organización y RR.HH. de RENFE, en la que se le dieron detalles de las graves ilegalidades en que estaba incurriendo la empresa Ferrovial.

9M: HUELGA GENERAL EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

Secretaría de Comunicación del SFF-CGT

Convocatoria de huelga general en el ámbito de la enseñanza que afectará a todas las actividades desempeñadas por los empleados públicos docentes y no docentes de las administraciones públicas educativas establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico español, incluyendo el personal dependiente de las administraciones educativas en el exterior.

Por tanto afecta a todos los empleados públicos, en todos los niveles educativos, de la administración educativa del Estado, administración educativa de Comunidad Autónoma, Administración local, Administración educativa en el servicio exterior y Universidades públicas.

Igualmente afecta a todo el personal docente y no docente de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, en todos sus niveles educativos.

Todo el personal de atención educativa o asistencial en centros públicos o dependientes de cualquier administración, incluida la local, ya sea público o externalizado, concertados o conveniados.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El Gobierno de España, con su intención de dejar sin efecto el acuerdo del Congreso para paralizar la LOMCE, actúa como si la soberanía no residiera en el pueblo.

La pregonada subcomisión parlamentaria, creada para elaborar un informe sobre la situación del sistema educativo, aún no ha comenzado su trabajo. Trabajo que, en todo caso, no pasaría de elaborar un documento estratégico que pudiera -o no- servir para una nueva ley. En este escenario, el pacto estatal por la educación no deja de ser una mentira más.

Las promesas del gobierno andaluz de ser un acicate contra los recortes que se imponen desde el gobierno central han caído en saco roto, ya que la Junta de Andalucía ha actuado en todo momento de manera sumisa al mandato del gobierno central, y en contra de los intereses del pueblo andaluz y del sistema educativo público.

Las propias políticas de recorte que el Gobierno andaluz viene imponiendo desde mucho antes de la aplicación de la LOMCE así lo demuestran, siendo en este sentido lamentables pioneros de este proceso de destrucción del sistema educativo público, que ha provocado pérdida de plantillas docentes y derechos laborales: incremento de ratio especialmente en las grandes áreas metropolitanas; incremento de las horas lectivas del profesorado; retrasos y falta en las sustituciones del profesorado y del personal de administración y servicios; apoyo a la privatización de la enseñanza a través de la sobreconcertación; cierre de líneas en la pública; descenso brutal en los presupuestos de los centros educativos; cesión del personal que realiza actividades educativas a empresas privadas externalizadas; pérdida de recursos para atender al alumnado con problemas de aprendizaje; expulsión de numeroso alumnado de la educación superior.

Semejante forma de proceder no puede quedar sin respuesta. La lucha debe seguir realizándose en todos los niveles (desde Educación Infantil hasta la Universidad) y por todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, profesorado, personal de los centros educativos,…), para seguir exigiendo:

- derogación de la LOMCE y de toda la normativa de desarrollo

- reversión de los recortes; incremento presupuestario dedicado a educación

- recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades

- eliminación de las contrarreformas universitarias (particularmente en Andalucía en contra de la propuesta de modelo de financiación para las universidades públicas 2018-2021) y de las prácticas no remuneradas en FP

- bajada de ratios; aumento de las plantillas; estabilidad del personal interino; dignificación de las condiciones laborales del profesorado; freno a la privatización del sistema educativo, recuperación de todas las líneas cerradas en los últimos años en los centros públicos y avance hacia una única red de centros públicos, además de la recuperación del papel de la comunidad educativa.

Es por ello que las Organizaciones, Colectivos y Plataformas de la educación andaluza convocan a toda la Comunidad Educativa a una huelga general de la enseñanza el día 9 de marzo. Porque es necesario revertir todos los recortes que está padeciendo la educación y derogar la LOMCE.

No a los Recortes - No a la Lomce – No a la Precariedad- No a la Privatización de la Enseñanza

CGT, Coordinadora de Base Estudiantil, Docentes en Acción, Frente de Estudiantes, Marea Verde, PADEI, Sindicato de Estudiantes, USTEA

LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE SANITARIO DE CASTILLA Y LEÓN PIDEN 'SALARIOS DIGNOS Y LA CALIDAD EL SERVICIO' A JUNTA Y CONCESIONARIAS

rtvcyl.es

Un grupo de unos 400 personas de toda la Comunidad respalda la convocatoria de UGT, CCOO y CGT para desbloquear la negociación colectiva "y que el sector perciba la recuperación económica"

Los trabajadores del transporte sanitario de Castilla y León se manifestaron por el centro de Valladolid en una movilización que culminó a las puertas de la Consejería de Sanidad en el Paseo de Zorrilla, donde UGT, CCOO y CGT pidieron que la Junta y las empresas concesionarias garanticen "salarios dignos y la calidad el servicio".

En este sentido, la secretaria Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Carmen Amez, recordó que las plantillas de ese sector "llevan años de recortes como el resto de trabajadores públicos, con un cinco por ciento desde la Reforma Laboral de 2010 y están en situación muy precaria".

Por ello, implicó al Gobierno regional y las empresas licitadoras ya que, a su juicio, ofertar a la baja no asegura la "calidad del servicio importante como el transporte de enfermos en ambulancia ni una condiciones dignas a los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.

La Junta debe ser más responsable y las concesionarias licitar adecuadamente y evitar precariedad para que se preste un buen trabajo", consideró.

La manifestación convocada por CCOO y UGT y CGT reunió a un grupo de unos 400 personas de toda la Comunidad que respaldaron la convocatoria sindical para desbloquear la negociación colectiva. Partió a las 11.30 horas en la Plaza de Colón hasta llegar a la sede de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Allí finalizó en torno a las 13.30 horas con la lectura de un comunicado donde se reclamaron los derechos laborales de más de 2.000 trabajadores y trabajadoras repartidas por todo el territorio autonómico.

La movilización estuvo acompaña de pancartas donde se podía leer 'En defensa de nuestro convenio y nuestros derechos', 'Bloqueo del convenio, por un salario y servicios de calidad'. Los textos fueron acompañados de gritos de los manifestantes como "A por ellos" y "Este convenio lo vamos a ganar".

Recrudecer las protestas

Por parte de Comisiones Obreras, el secretario regional de Servicios a la Ciudadanía, Carlos López, dijo que la movilización, "que podría recrudecerse", tiene como trasfondo de problemática laboral "la cerrazón de la patronal empresarial" a la hora de buscar un acuerdo en la renovación del convenio colectivo, junto "a la reiterada bajada de los presupuestos destinados por el Gobierno de la Comunidad para esta actividad en los últimos años", sostuvo.

"No se pone sobre la mesa una subida salarial decente y acorde con la recuperación económica para que se pueda obtener una parte de lo perdido durante los años de crisis", comentó. En su opinión, en los años más duros económicamente "los trabajadores han sujetado a las empresas y ahora que la situación parece que mejora no se hace lo mismo con las plantillas", criticó López.

En este sentido el dirigente sindical culpó a la Junta de "estar detrás de la situación" y de afirmar que el transporte sanitario de la Comunidad "es excelente", cuando sus trabajadores no "están en una situación de excelencia sino todo lo contrario en materia laboral".

Por ello se lamentó de que la Consejería de Sanidad "sea juez y parte y que se lave las manos a la hora de que se dé un buen tratamiento a los trabajadores", lo que deriva en el "empeoramiento del servicio que se presta a la ciudadanía y unas condiciones laborales peores para los profesionales del sector".

TRABAJADORES DE PESCANOVA HARÁN HUELGA EL 14 Y EL 21 POR UN CONVENIO «DIGNO»

lavozdegalicia.es

El paro se convertirá en indefinido a partir del 3 de abril si no se llega a un acuerdo0 SOLEDAD ANTÓN

«La paz social se acabó». Así resumían los sindicatos la decisión de la asamblea de trabajadores de Pescanova de convocar sendas jornadas de huelga los días 14 y 21 de marzo para desbloquear la negociación colectiva y por un convenio «digno». El paro se convertirá en indefinido a partir del 3 de abril si antes de esa fecha no se alcanza un pacto.

Convocados por los sindicatos UGT, CIG, CUT y USO, unas 350 personas se dieron cita en el Multiusos de Redondela. Pese a la nutrida afluencia, la propuesta de huelga apenas generó debate ni preguntas. «Está todo muy claro», coincidieron varios asistentes, y así quedó reflejado en la votación a mano alzada. Una única abstención rompió la virtual unanimidad de los presentes, que rechazaban así el último borrador de convenio propuesto por la dirección.

El escrito que esta remitió a cada trabajador, en un intento de contrarrestar el pulso que mantienen los sindicatos, lejos de favorecer el entendimiento que buscaban con los empleados fue tildada de intento de coacción. «Para lo único que han servido las amenazas es para que la plantilla se reafirme más en rechazar un convenio que busca la precarización. Han tenido una paz social que no se merecen, pero la paz social tiene un precio y se acabó», sentenciaron los portavoces sindicales.

Tras 11 meses y cerca de 100 reuniones, la negociación sigue estancada. Dos son las cuestiones en las que encalla, la flexibilidad y la rebaja salarial para las nuevas incorporaciones, que ganarían hasta 4.000 euros menos al año, una línea roja que los sindicatos no están dispuestos a cruzar. «Los convenios son colectivos, no individuales, lo que significa que tienen que garantizar los derechos de los trabajadores ahora y en el futuro», señalaron los portavoces de las centrales convocantes de la asamblea.

En relación a lo que consideran «una amenaza más» de la empresa, que en su escrito del jueves argumentaba que, de no haber acuerdo en la negociación «deberá ser aplicado automáticamente» el preacuerdo firmado el 20 de febrero en Madrid para el nuevo convenio de elaborados del mar, los sindicatos mantienen que no pueden hacerlo, ya que «la normativa deja bien claro que hasta que no haya un texto nuevo está en vigor el anterior», afirmaron.

Piquetes

Otro de los acuerdos adoptados fue impedir la entrada de trabajadores de ETT en la empresa los sábados. Desde que en la asamblea celebrada en enero se acordó rechazar la realización de horas extraordinarias, la dirección, dicen, está recurriendo a las empresas de trabajo temporal.

Las siete firmas que integran el grupo Pescanova suman una plantilla de más de 1.200 trabajadores, 700 de ellos en las distintas plantas de la provincia de Pontevedra.

Al inicio de la asamblea, los asistentes guardaron un minuto de silencio por Sesé Mateo, trabajadora que falleció el 21 de febrero, víctima de un asesinato machista.

HUELGA INDEFINIDA EN LOS PARKINGS DE ALHÓNDIGA E INDAUTXU

eitb.eus

Los trabajadores de los dos aparcamientos quieren denunciar el despido de una trabajadora y el impago de una paga extra que les adeuda la empresa.

Las plantillas de los aparcamientos públicos de Azkuna Zentroa (anteriormente Alhóndiga) y de Indautxu, en Bilbao, irán a la huelga indefinida para denunciar el despido de una trabajadora en febrero y el impago de una paga extra, respectivamente. La huelga afecta a residentes y al público en general.

Desde CC.OO. Euskadi han denunciado que "las pretensiones de la concesión son claras: eliminar puestos de trabajo para sustituirlos por maquinaria". Por ello, y mediante la convocatoria de huelga indefinida la plantilla, compuesta por cinco personas, exigirá "la no amortización de puestos de trabajo y, por tanto, el mantenimiento del empleo".

Por su parte, en el aparcamiento de Indautxu la plantilla ha convocado huelga general para denunciar que les adeudan una paga extra correspondiente al pasado mes de septiembre. Las seis personas que trabajan en el aparcamiento exigen el cobro de la cantidad adeudada y que se mantengan los puestos de trabajo.

CC.OO. ha explicado que, en ambos estacionamientos, de titularidad pública, pero gestionados por UTE diferentes "coincide que es Empark la empresa principal".

El sindicato ya se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao para denunciar ambas situaciones y ha mantenido contactos tanto con los grupos municipales como con el equipo de gobierno, para buscar vías de solución a ambos conflictos.

LA HUELGA DE SFM REDUCIRÁ A LA MITAD LAS FRECUENCIAS DE TREN Y METRO

Agencia EFE

La huelga convocada por el comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) reducirá a la mitad las frecuencias de las líneas de tren y de metro, siempre que se cumplan los servicios mínimos establecidos por el Govern.

Según ha informado la Conselleria de Territorio y Movilidad, la línea entre Palma y Sa Pobla tendrá 17 salidas desde la capital y en sentido contrario.

Entre Palma y Manacor habrá 17 salidas en cada sentido; entre Inca y Palma se llevará a cabo una sola salida a primera hora de la mañana y el recorrido entre Palma y Marratxí (M2) tendrá 15 salidas de ida y otras tantas de vuelta.

En total, los servicios mínimos prevén 97 trayectos, cuando en un día laborable ordinario se llevan a cabo prácticamente 200.

En cuanto al metro entre la estación intermodal de Palma y el campus de la Universidad de las Islas Baleares, el ejecutivo autonómico ha establecido 23 frecuencias en cada sentido, algo más de la mitad de lo habitual, que son 42 de ida y las mismas de vuelta.

Los representantes de los trabajadores de SFM han convocado este mes un total de siete días de paro. Después del de mañana habrá huelga 14, 16, 22, 27 y 30 de marzo.

El comité de empresa exige el cumplimiento de los acuerdos laborales firmados por parte de la dirección de SFM y acusa al Govern de incumplir sus promesas.

EL TSJEX DESESTIMA EL RECURSO DE LOS TRABAJADORES DE SIDERÚRGICA BALBOA POR LA BAJADA SALARIAL

EFE

Una de las manifestaciones de los trabajadores de Siderúrgica Balboa protestando por el expediente de regulación de empleo ->

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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por 24 trabajadores y el comité de empresa de Siderúrgica Balboa por la bajada salarial impuesta a través de un laudo arbitral dictado en noviembre de 2013.

La Sala de lo Social del TSJEx, con fecha 2 de marzo de 2017, resuelve desestimar el recurso de suplicación y confirma "la excepción de inadecuación de procedimiento" elegida por los trabajadores, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

La empresa presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas, productivas y organizativas, iniciándose periodo de consultas el 18 de octubre de 2013 que fue sustituido por el procedimiento arbitral.

El 21 de noviembre de ese año se dictó laudo arbitral, donde dentro de su contenido se establecía una reducción salarial para todos los trabajadores no afectados por el expediente de extinción y que permanecieses en plantilla.

De esta forma se pactó aplicar una reducción sobre los conceptos salariales establecidos en el convenio de empresa y que en ningún caso el salario resultante, una vez aplicada esta reducción, podría ser inferior a 19.500 euros anuales.

Los demandantes consideran que parte de las estipulaciones del laudo no se ha cumplido y por ello se recurrió ante el Juzgado de lo Social de Badajoz que falló en contra sin entrar en el fondo del asunto.

Ahora de nuevo el TSJEx vuelve a fallar a favor de la empresa al considerar que no se ha elegido el procedimiento adecuado.

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