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BOLETÍN DE LUCHAS OBRERAS (9 DE JULIO DE 2017)

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

HUELGA EN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EL 31 DE JULIO POR "MERCANTILIZAR EL SERVICIO"

CERCA DE 300 TRABAJADORES SECUNDAN LA MOVILIZACIÓN DE DURO FELGUERA EN GIJÓN

LA MULTINACIONAL DXC ARREMETE CONTRA LOS DERECHOS SINDICALES DE DELEGADOS Y TRABAJADORES

ALTHENIA SANCIONA A LA DELEGADA SINDICAL DE CGT POR DENUNCIAR EL MAL ESTADO DEL ARBOLADO DE LEGANÉS

OFITA PLANTEA DESPIDOS Y PREJUBILACIONES PARA 30 DE SUS 76 TRABAJADORES

LA AUDIENCIA NACIONAL DA LA RAZÓN A CCOO EL ERTE DE FERROVIAL SERVICIOS A BORDO ES ILEGAL

NUEVA JORNADA DE HUELGA DEL METAL EN A CORUÑA CON OTROS TRES DÍAS EN EL HORIZONTE

LA HUELGA DE AUTOBUSES EN GALICIA SE EXTIENDE A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA A PARTIR DEL JUEVES 13

LOS TRABAJADORES DEL BICING CONVOCAN QUINCE DÍAS DE HUELGA EN JULIO

ISOLUX CONGELA LAS INDEMNIZACIONES DE DELSO Y GOMIS TRAS LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA

FAGOR CNA CONSIDERA INVIABLE EL NEGOCIO DE LAVADORAS Y CONFIRMA OTROS 30 DESPIDOS

CCOO DENUNCIA EL DESPIDO DEL 95% DE LA PLANTILLA DE ABEINSA BD

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA VALIDEZ DEL ERE DE PSA PEUGEOT CITROËN, QUE HABÍA IMPUGNADO EL SINDICATO CUT

LOS SINDICATOS ANUNCIAN ACCIONES CONTRA GENERAL ELECTRIC: "OTRA MULTINACIONAL QUE SE APROVECHA DE LA REFORMA LABORAL"

MÁS DEL 80% DE EMPLEADOS DE ANDALUCÍA EMPRENDE SE CONCENTRA EN EL PARLAMENTO EN CONTRA DE SU DESIGUALDAD SALARIAL

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HUELGA EN LAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EL 31 DE JULIO POR "MERCANTILIZAR EL SERVICIO"

Efe

Los sindicatos CSIF, Intersindical, CC.OO. y UGT han anunciado movilizaciones los próximos días 17 y 21 y una huelga el 31 en todas las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) murcianas si el Gobierno regional continúa con su intención de "mercantilizarlas" con concesiones a empresas privadas.

En una rueda de prensa en la sede de Podemos, responsables de estas organizaciones han defendido la necesidad de ITV públicas para evitar "mercantilizar el servicio, entrar en el juego de la competencia y la precarización" de los empleos.

Hasta el momento, sólo la de Alcantarilla es de gestión pública, mientras que las restantes se gestionan a través de unas concesiones otorgadas por la administración regional.

Podemos ha propuesto una ley para que estas instalaciones sean públicas y se preserve así la "calidad del empleo y los derechos de los trabajadores", como en Baleares, ha explicado el diputado regional Andrés Pedreño, que ha denunciado que el Ejecutivo murciano propone volver a sacar a concurso la gestión de las ITV, aumentar su número "irracionalmente" y privatizar la de Alcantarilla.

Ha recordado que Ciudadanos ha presentado una proposición de ley en la Asamblea Regional de Murcia para defender un modelo de autorización administrativa que "supondría la privatización de las ITV y la introducción de criterios de competencia por precios".

CERCA DE 300 TRABAJADORES SECUNDAN LA MOVILIZACIÓN DE DURO FELGUERA EN GIJÓN

Europa Press

Cerca de 300 trabajadores pertenecientes al grupo Duro Felguera han participado en la concentración llevada a cabo ante las oficinas que la compañía tiene en el Parque Tecnológico de Gijón.

Según indica CCOO de Industria en nota de prensa, esta convocatoria, realizada por CCOO Industria de Asturias y MCA-UGT se lleva a cabo el mismo día en el que el grupo industrial ha presentado, para su filial Tedesa, un expediente de regulación de empleo con el que "pretende despedir" a los 39 empleados de esa división industrial y extinguir, por tanto, la actividad.

Los trabajadores han exigido la retirada de dicho expediente y han reclamado que se plantee un Plan Industrial que, de forma global, "contemple entre sus prioridades el mantenimiento del empleo de la totalidad de los trabajadores y la viabilidad del conjunto de actividades que se vienen desempeñando en la multinacional asturiana".

A juicio de las organizaciones sindicales es "lamentable" que la primera medida que se haya presentado por parte de la dirección sea el despido de estos trabajadores "cuando los responsables últimos de la situación de Duro Felguera son los integrantes de su Consejo de Administración, que no hace tanto se jactaban de repartir dividendos entre sus accionistas".

Continuando con el calendario de movilizaciones, MCA-UGT e Industria de CCOO se reunirán el lunes 10 de julio, a las 17.00 horas, con el Consejero de Empleo e Industria del Principado de Asturias, Isaac Pola, para solicitar la implicación de la Administración Regional.

Simultáneamente los trabajadores se concentrarán ante dicha consejería para mantener la presencia en la calle de las movilizaciones.

LA MULTINACIONAL DXC ARREMETE CONTRA LOS DERECHOS SINDICALES DE DELEGADOS Y TRABAJADORES

CGT-Sector Federal de Telemarketing

En los últimos años, ya es muy conocida la estrategia de HP-desde abril refundada con el nuevo nombre comercial de DXC- de sustituir plantilla con mejoras laborales y salariales por plantilla subcontratada y ETT mediante la ejecución paulatina de despidos en un goteo constante.

Un proceso de modificación sustancial en 2013, un ERE en Zaragoza en 2014, múltiples denuncias de cesión ilegal por las subcontrataciones que seguían realizando, aún después de haber ejecutado despidos o sanciones por vulnerar el derecho de huelga.

A todas estas prácticas hay que sumarle en el último año y medio, sanciones y revocaciones contra delegados con el objetivo de frenar su actividad, además de reducir el número de horas sindicales disponibles en un claro intento de menoscabar su actividad sindical con el pretexto de la disminución del número de empleados en plantilla que la propia empresa ha facilitado mediante procesos de modificación sustancial y despidos, mientras continuaban realizando nuevas contrataciones externas por ETT y subcontrataciones.

El Septiembre pasado de 2016, utilizando, manipulando y tergiversando el contenido de una reclamación de una llamada, HP encontró la vía para justificar una sanción de 15 días de empleo y sueldo, en pleno proceso de movilizaciones y huelgas por el convenio de telemarketing. Mientras, se intentaba por parte de la empresa vetar el derecho de huelga de algunos trabajadores por el hecho de estar subcontratados.

La empresa se negó a compartir las pruebas de la sanción ni al propio Comité de Empresa ni durante el proceso de mediación previo al juicio, ante lo cual ya nos concentramos, tanto en la sede del SAMA como las oficinas de Caixa.

El informe del Comité de Empresa evidencia que la sanción es consecuencia de la intensa actividad sindical de David y un intento por parte de la empresa y el responsable del servicio de Línea Abierta con Caixa de frenar sus intentos por demostrar los graves errores de la planificación del servicio, la sobrecarga de trabajo o la deficiente formación recibida por sus compañeros, además de sus intentos por preservar derechos fundamentales como la huelga, en pleno proceso de movilizaciones.

ALTHENIA SANCIONA A LA DELEGADA SINDICAL DE CGT POR DENUNCIAR EL MAL ESTADO DEL ARBOLADO DE LEGANÉS

Sección Sindical de CGT Althenia Leganés.

ALTHENIA abre expediente sancionador contra la delegada sindical de CGT, por faltas graves y muy graves en relación con la caída del Olmo Siberiano del pasado 15 de junio. La acusan de abandono de puesto de trabajo y faltar al respeto al Director General de Sostenibilidad Javier Márquez. Todo basado en calumnias y falsedades.

En la tarde del pasado 15 de junio, la caída de una rama de grandes dimensiones en la Avd. Juan Carlos I de Leganés provocó 6 heridos de diferente consideración. 3 de ellos necesitaron atención hospitalaria.

A la mañana siguiente la Delgada Sindical de CGT, de camino a su puesto de trabajo y dentro de la Zona 2 a la que está asignada, pasó por delante del lugar de los hechos, mientras se realizaban los trabajos de recogida de ramas. Momento que aprovechó para comprobar de primera mano el estado del árbol.

Allí coincidió con varios familiares de los afectados y con el Director General de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés, el socialista Javier Márquez, al que se dirigió para interesarse por lo sucedido. En todo momento el comportamiento de la delegada fue correcto. Por su parte Javier Márquez le exigió que se marchara del lugar, a sabiendas que es una delegada del Comité de Empresa de Althenia. Intentando evitar testigos incómodos y que pudiera ponerse en contacto con los afectados por el accidente. Y añadió en un tono claramente amenazante: “yo ya he hecho lo que tenía que hacer”.

La delegada de la Sección Sindical de CGT en Althenia (Leganés), ha recibido la comunicación de la apertura de un expediente sancionador, firmado por el Jefe de Servicio de la Empresa, por faltas graves y varias muy graves.

Todo apunta que van buscado una sanción muy dura o incluso el despido. En un claro ejercicio de persecución sindical contra CGT que no vamos a tolerar.

Se da la circunstancia que esta delegada es uno de los 3 compañeros que fueron despedidos en el momento de la subrogación del servicio, el pasado 25 de octubre y que gracias a la presión sindical y movilización social fueron readmitidos casi de inmediato. Compañera con una trayectoria de más de 20 años en el servicio, que jamás ha recibido la más mínima queja ni por su trabajo ni por su actividad sindical.

El expediente está basado en un cúmulo de falsedades y acusaciones que no se sostienen. En el escrito de acusación alegan que la delegada faltó al respeto al Director General de Medio Ambiente y a sus superiores y que abandonó su puesto de trabajo.

Todo completamente falso. Sospechamos la influencia del propio Javier Márquez detrás de este turbio asunto. Si el propio Director General de Sostenibilidad, no desmiente las falsas acusaciones de falta de respeto que pesan sobre nuestra compañera, entenderemos que es partícipe de este proceso sancionador, bien por acción u omisión.

Se presentará un escrito de alegaciones y veremos cómo se desarrolla el proceso. Pero no vamos a aceptar de ninguna manera, ningún tipo de sanción y adoptaremos todas las medidas jurídicas y sindicales que estén a nuestro alcance para responder a este burdo ejercicio de Persecución Sindical, propio de un régimen totalitario.

Este comunicado es solo el primer paso de toda una batería de acciones jurídicas, sociales y sindicales que conformarán una campaña de movilización social que presentaremos en breve, que ya estamos diseñando y que será tan sostenida en el tiempo como dure el proceso sancionador hasta su completa y total retirada.

CGT exige la retirada completa del expediente sancionador a la Delegada Sindical y la dimisión del Jefe de Servicio de Althenia S.L. (Leganés) D. José Manuel Brasero Sánchez, por su manifiesta incapacidad, persecución sindical contra CGT y actuación de mala fe contra nuestra delegada. Así mismo se exige la dimisión del Director General de Sostenibilidad, por su total incompetencia en la gestión del Área de Medio Ambiente.

OFITA PLANTEA DESPIDOS Y PREJUBILACIONES PARA 30 DE SUS 76 TRABAJADORES

Ignacio Gatón - gasteizhoy.com

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La empresa, con 48 años de vida, plantea prescindir de parte de su plantilla

Ofita ha vivido su segunda jornada de huelga. La empresa pretende realizar 8 prejubilaciones y 22 despidos en una plantilla con 76 trabajadores. La reestructuración del grupo afecta además a otras plantas.

Ofita es una empresa alavesa con 48 años de vida, que tiene delegaciones en Sevilla, Bilbao, Barcelona o Madrid. Se dedica a la fabricación de mobiliario de oficina. El comité de Empresa denuncia que desde 2010 se han encadenado diversos ERE's y rebajas salariales “del entorno del 7%”.

A finales de mayo la empresa comunicó al Comité la intención de amortizar el 43% del empleo en su planta de Vitoria-Gasteiz. Ello pese a que, según el Comité, han aumentado un 6% las ventas y se están planificando importantes inversiones.

La empresa ha ofrecido a 30 trabajadores “desvincularse de forma voluntaria”, en contra de la decisión del comité. Estos días ha comenzado el periodo de negociaciones de este despido colectivo, que han estado acompañados por jornadas de huelga, que se repetirá de nuevo el viernes.

LA AUDIENCIA NACIONAL DA LA RAZÓN A CCOO EL ERTE DE FERROVIAL SERVICIOS A BORDO ES ILEGAL

La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad del ERTE y condena a Ferrovial Servicios "a la restitución en el disfrute de jornada completa de los trabajadores afectados y al abono económico a los mismos de las reducciones salariales y de conceptos extrasalariales efectuadas por la aplicación de la medida impugnada".

El Tribunal concluye que la reacción empresarial iniciando el ERTE resulta lesiva de los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical.

El conflicto laboral que Ferrovial Servicios mantiene con su plantilla de Servicios a Bordo deriva hacia los tribunales dada la falta de voluntad negociadora mostrada por la empresa.

Ferrovial Servicios decretó en abril, tras varias movilizaciones de trabajadores, un expediente de regulación temporal de empleo para 452 empleados. Sin embargo, el pasado 23 de junio la Audiencia Nacional declaró la nulidad del ERTE y condenó a Ferrovial Servicios "a la restitución en el disfrute de jornada completa de los trabajadores afectados y al abono económico a los mismos de las reducciones salariales y de conceptos extrasalariales efectuadas por la aplicación de la medida impugnada".

Además el Alto Tribunal en esta sentencia deja claro que "la reacción empresarial iniciando el expediente que ahora se enjuicia, resulta lesiva de los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical" , ya que entiende que  las causas en las que supuestamente se funda el ERTE que se impugna ya concurrían para la empresa desde los primeros meses de desarrollo de su contrato con Renfe, y de resultar inminente su superación, Ferrovial podría haber hecho uso de las amplias medidas de flexibilidad que otorga la vigente actual legislación laboral para superarlas.

NUEVA JORNADA DE HUELGA DEL METAL EN A CORUÑA CON OTROS TRES DÍAS EN EL HORIZONTE

Europa Press

Manifestación del metal del martes 27 ->

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El sector del metal vive su cuarta jornada de huelga en la provincia de A Coruña y lo hará con otras tres fechas ya fijadas por los sindicatos: para los jueves 13, 20 y 27 de julio. De esta forma, los trabajadores pretenden presionar a la patronal en la negociación para renovar el convenio colectivo, que lleva sin actualizarse desde 2014. La siderometalurgia coruñesa siguió "masivamente" el paro, que volvió a cerrar las grandes empresas de maquinaria pesada, taller y reparación.

Además, en las distintas comarcas se celebraron asambleas en las que, de forma unánime, se acordó la convocatoria de las tres nuevas jornadas de huelga, que además de ésta, serán los jueves día 13, 20 y 27 de julio.

Los piquetes encontraron más empresas cerradas porque hubo "aún más trabajadores que secundaron esta huelga", según el secretario comarcal de CIG-Industria de A Coruña, Eduardo Caamaño, quien valoró la movilización en la comarca.

Así, a la empresas en las que ya había habido en las dos jornadas anteriores un paro "total", como Celsa Atlantic, Huerta Coslada, Metalúrgica Gallega y Elaborados Metálicos Emesa, hay que añadir, según indicó este portavoz, otras del polígono de Bergondo, a donde se desplazó el piquete consiguiendo cierres también en Equipos Lagos, Inturasa, Mabesoa y Russula, entre otras.

A Coruña

 CIG-Industria de A Coruña tiene conocimiento e incluso denunció ante de la Inspección de Trabajo cambios de jornada laboral en algunas empresas para comenzar la actividad antes y que la entrada del personal no coincida con los piquetes.

Caamaño denunció que incluso hubo despidos en otra empresa y que se está ejerciendo "una enorme presión" sobre las plantillas. "Cuando convocamos asambleas, después vienen los empresarios para intentar que la gente no secunde la huelga", aseguró.

Con todo, el secretario comarcal ha destacado que gracias a la presión de la huelga "se ha conseguido que la patronal haya girado un poco" en la negociación. Un inicio de "tímido diálogo" que a su entender responde a que "están nerviosos".

Recordó que el Consello Galego de Relacións Laborais está intentando que se llegue a un acuerdo aunque "hay mucho impedimento", porque de los 20 puntos que figuran en la plataforma reivindicativa de la parte social "no había acuerdo en ninguno", lo que obligó a comenzar de cero.

Ferrol

En la comarca de Ferrol, la huelga también fue un éxito, según el secretario comarcal de CIG-Industria, Vicente Vidal, quien señaló que, al igual que en las jornadas anteriores, el paro fue "total" en las auxiliares del naval y en el resto de las empresas y concesionarios. "Cierres para los que no se precisó siquiera la presencia del piquete que se trasladó a Megasa, donde llegaron a reunirse más de 200 trabajadores", subrayó.

Segundo explicó, la movilización se centró precisamente en esta empresa, "porque tiene a más de 300 trabajadores de la industria auxiliar trabajando durante 15 o 20 días". "Se trataba de conseguir que ni ellos ni los camiones que pretendían acceder a las instalaciones entrasen. Un objetivo que se consiguió sin problema", revindicó.

Este secretario comarcal valoró también la unanimidad de los trabajadores en la asamblea en la que se acordó extender las jornadas de huelga al resto de los jueves que quedan de mes de julio, "porque la patronal sigue cerrada a negociar cuestiones que para el sector son esenciales como la de la subrogación, la de las mutuas o la de la industria auxiliar".

Vidal hizo hincapié sobre todo en la cuestión de la industria auxiliar -"de la que no quieren ni hablar"-, por su "especial relevancia" en la comarca de Ferrol. Afirmó que en los picos de trabajo hay "más trabajadores de las auxiliares afectados que fuera" y aseguró que por eso, para la CIG "es básico, para que las empresas de la comarca y las empresas gallegas en particular puedan competir en igualdad de condiciones respecto de las de fuera". "Es lo único que tenemos para poder obligar a Navantia a cumplir las condiciones: que figure todo en el convenio", incidió.

Frente a esto, contrapuso que "lo único que propuso la patronal" fue constituir una mesa negociadora permanente para los acuerdos del naval que, a su juicio, "solo sirve para que acabar reuniéndose siete veces sin conseguir después ningún compromiso". "Por eso queremos tratar esos tres puntos, que son para nosotros inamovibles y que figuren en convenio", remachó.

Según fuentes consultadas por Europa Press, se registró alguna pequeña incidencia en el polígono de Río do Pozo, en Narón, en las instalaciones del grupo Inditex.

Hay convocada una manifestación en Ferrol que se prevé muy numerosa. A las 10,30 horas saldrán los trabajadores de Navantia, que se dirigirán hasta la Plaza de España, donde se reunirán con el resto de trabajadores para salir conjuntamente por la carretera de Castilla, cruzar después por el puente de As Pías, bajar por A Gándara y regresar de nuevo por el mismo recorrido.

Compostela

El paro, según expuso la central nacionalista, también fue "total" en Compostela, donde ya en las jornadas anteriores los cierres fueron mayoritarios, aunque hubo algunas empresas que cerraron después de que el piquete pasase a informar.

De nuevo, tal y como explicó el secretario de CIG-Industria de la comarca, Benedicto Blanco, amanecieron cerradas todas las grandes empresas como Castrosua, Kia, Noya Móvil y Arteal, y junto a ellas concesionarios y talleres.

La asamblea en esta zona se celebró en el polígono del Tambre, donde hubo una valoración del "seguimiento prácticamente total" que animó a los trabajadores a apoyar, de forma unánime, la convocatoria de las tres nuevas jornadas de huelga para los próximos jueves.

LA HUELGA DE AUTOBUSES EN GALICIA SE EXTIENDE A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA A PARTIR DEL JUEVES 13

David Reinero - eldiario.es

Sindicatos y Xunta por un lado, y sindicatos y patronal por otro, avanzan en acuerdos, lo que no impide que el paro sea ampliado y que las empresas sigan sin ver beneficios en el nuevo plan autonómico

Protesta sindical en las dársenas vacías de la estación de autobuses de Santiago ->

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Las asambleas de conductores de autobús convocadas en las principales estaciones de Galicia decidieron de manera masiva ampliar la huelga que desde hace dos semanas venían manteniendo los martes y miércoles a todos los días de la semana a partir del jueves día 13 de este mes de julio.

Esto es, la huelga será continua a partir del martes día 11. Así lo acordaron a pesar de los avances que los propios sindicatos admiten que se están produciendo en su negociación con la Xunta, pero mientras la patronal considera que por su parte aún está “muy lejos” un acuerdo.

Los sindicatos CIG, CCOO y UGT iniciaron la huelga de conductores de autobús, que está afectando de manera mayoritaria a todo tipo de servicios (urbanos, interurbanos, escolares o discrecionales, con incumplimiento de servicios mínimos), el martes día 20 de junio. La convocaron para reclamar a la patronal la actualización del convenio colectivo y a la Xunta que replantee su nuevo modelo de transporte para el rural, dos elementos que acabaron relacionándose entre sí.

Los trabajadores dicen que el plan de la Xunta para integrar las líneas de transporte escolar con las regulares supondrá una reducción de servicios y, con ellos, de empresas y empleos. Eso mismo es lo que considera la patronal, que añade a manera de pescadilla que se muerde la cola que la indefinición sobre lo que les supondrá ese plan a las empresas impide que puedan mejorar las condiciones de los trabajadores.

Una coincidencia en el objetivo final de patronal y sindicatos, el de hacer que la Xunta rectifique su plan, que hace que  el Gobierno gallego sospeche que la huelga esté siendo un paro patronal encubierto e intente dividir, de momento sin éxito, a trabajadores y empresarios.

Tras una nueva reunión de los sindicatos con la Xunta, las dos partes destacaron que se seguían produciendo avances en la concreción por parte del Gobierno gallego de la subrogación de los trabajadores actuales por parte de las empresas que resulten adjudicatarias del nuevo modelo de transporte, algo que no estaba reflejado expresamente en el plan inicial.

El Gobierno gallego hizo pública la cláusula que introducirá en los nuevos contratos de transporte para reflejar por escrito esa subrogación. Sin embargo, los sindicatos dicen que esa subrogación no garantiza nada si el nuevo modelo de transporte no es rentable para las empresas adjudicatarias, ya que estas acabarían realizando despidos.

Y en eso vuelven a coincidir con los empresarios, que ven “aún muy lejos” su acuerdo con la Xunta si ésta no les garantiza unos ingresos mínimos con el nuevo sistema.

En una nueva prueba de que no les cuesta llegar a acuerdos, sindicatos y patronal firmaron, en la sede del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, la constitución de una “mesa gallega del sector del transporte de viajeros con el objetivo de conseguir un acuerdo marco gallego del sector” que incluya una “subida de las tablas salariales” de los convenios del transporte y la “actualización de las cláusulas de subrogación de las personas trabajadoras”. Esa mesa tendrá su primera reunión el jueves día 6.

Esto es, sindicatos y Xunta por una parte, y sindicatos y patronal por otra, avanzan en acuerdos por escrito, lo que no impide que la huelga sea ampliada y que las empresas sigan sin ver garantizado su beneficio económico. Mientras, la consejera de Infraestructuras, Ethel Vázquez, insiste en que su plan, ahora ya distinto del inicial, es el único viable para garantizar los puestos de trabajo y el transporte en el rural.

LOS TRABAJADORES DEL BICING CONVOCAN QUINCE DÍAS DE HUELGA EN JULIO

El comité de empresa anuncia jornadas de paros entre el 12 y el 31 para denunciar la “situación de precariedad” laboral

El comité de empresa del Bicing ha convocado 15 jornadas de huelga de cuatro horas entre los días 12 y 31 de julio para denunciar la “situación de precariedad económico y de lamentables condiciones de trabajo”. Los trabajadores aprobaron en una asamblea secundar las jornadas de protesta para reclamar una “negociación real con el apresto y el Ayuntamiento de Barcelona”.

Las jornadas de huelga están convocadas para los días 12, 14, 15,16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31 de julio. Los trabajadores se quejan de los salarios bajos (950 euros al mes), la carga y descarga de las bicis de 23 kilos y los ritmos y organización de trabajo “inaceptables” que “incumplen las normas de prevención y del código de circulación”, entre otras reclamaciones.

Los trabajadores se quejan de los salarios bajos, la carga y descarga de las bicis de 23 kilos y los ritmos y organización de trabajo

En un comunicado, la CGT también lamenta la “falta de respuesta sindical” y ha asegurado que de los nueve delegados sindicales que hay en la empresa seis se han pasado a su sindicato. La CGT ha lamentado que los diversos gobiernos municipales que han pasado por la ciudad desde la implantación del sistema les hayan pedido “paciencia” y que el actual gobierno de Ada Colau no aborde su situación porque, dice, alega que “lo gestiona una empresa privada”.

Por todo eso, aseguran que se han visto “entregados a la huelga” después de la propuesta final de la empresa, que han tildado de “totalmente insuficiente” y que “no cumplía con las expectativas de la plantilla”.

ISOLUX CONGELA LAS INDEMNIZACIONES DE DELSO Y GOMIS TRAS LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA

El expresidente y exvicepresidente fueron premiados con dos millones cada uno pese a ser los responsables de la insolvencia de la ingeniería que ha caído en concurso de acreedores

Protesta de trabajadores ante las puertas de la sede de Isolux

Isolux ha certificado su muerte anunciada después de que sus principales acreedores se negaran a inyectar los 500 millones que la compañía presidida hasta ahora por Nemesio Fernández Cuesta solicitó el pasado mes de enero.

Una quiebra que reclama la búsqueda de responsables y que ha puesta su punto de mira en los anteriores dueños y administradores, Luis Delso y Antonio Gomis, presidente y vicepresidente del grupo de ingeniería. De momento, la sociedad ha decidido congelar la parte de las indemnizaciones a las que tenían derecho en sus contratos.

Según han confirmado fuentes próximas a Isolux, Delso y Gomis fueron compensados con un cheque de dos millones de euros cada uno cuando dejaron el grupo a finales del pasado año. Pese a que los cinco grandes bancos españoles —Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— habían ya entrado en el capital y cambiado al consejo de administración en junio de 2016 cuando se aprobó la reestructuración de la deuda, los dos grandes accionistas anteriores de la multinacional siguieron en la órbita del 'holding', ya que la operación no se aprobó judicialmente y en junta general hasta la primera semana de diciembre.

Por su salida, Delso y Gomis, que llegaron a tener el 54% del capital de Isolux, fueron compensados con dos millones de euros por cabeza. Aunque la situación de la compañía ya era crítica a finales de 2016, hasta el punto de que a principios de enero de este año volvió a pedir un segundo rescate a la banca, el expresidente y el exvicepresidente cobraron un millón de euros cada uno.

Los otros dos millones no llegaron a percibirlos por la falta de liquidez, una asfixia financiera que obligó a CaixaBank y a Bankia a conceder una línea de financiación de 24 millones para poder abonar las nóminas de los casi 5.000 empleados del grupo.

Una vez que la compañía ya se ha declarado en lo que antes se conocía como suspensión de pagos, los dos millones restantes que deberían recibir Delso y Gomis pasan a formar parte de la masa acreedora.

Fuentes próximas a Isolux aseguran que, aunque se revisaron las decisiones corporativas del anterior equipo directivo que llevaron a la compañía a la situación de impago, el consejo de administración impuesto por CaixaBank y Santander el pasado año no fue capaz de probar ninguna irregularidad.

Y ello pese a que el comité de auditoría recibió un dosier muy detallado con las operaciones de financiación que provocaron el despido de toda la cúpula directiva de Argentina y de las que Delso estaba presuntamente al corriente.

El que sí ha percibido toda la liquidación de su contrato ha sido Antonio Portela, consejero delegado de Isolux, que hasta finales de 2015 negó en numerosas ocasiones que la multinacional tuviese un problema de solvencia.

Fernández Cuesta y el resto de consejeros acordaron a principios de este año abonarle los 1,2 millones que le correspondían por su salida de la empresa de ingeniería, pese que al mismo tiempo se estaba produciendo un expediente de regulación de empleo (ERE) para 425 empleados.

Los sindicatos llevan semanas movilizándose para protestar por la inviabilidad de la empresa y el último plan diseñado por el consejo y la consultora Alvarez & Marsal que suponía el despido de dos terceras partes de la plantilla. Repitieron sus protestas en la sede del grupo en Madrid, donde se celebró la junta general de accionistas que certificó la caída en concurso de acreedores y la condena a una liquidación ordenada.

Los gritos de los trabajadores fueron dirigidos principalmente contra Delso y Gomis, pero también contra CaixaBank, en cuyas oficinas principales de la capital de España ha sido convocada una manifestación para pedir explicaciones.

FAGOR CNA CONSIDERA INVIABLE EL NEGOCIO DE LAVADORAS Y CONFIRMA OTROS 30 DESPIDOS

Alexis Algaba - diariovasco.com - San Sebastián

El grupo presentará en dos semanas su plan de viabilidad y confiesa que hay «cuestiones que corregir» en la comunicación con Lakua

«Si hace tres años hubiéramos tenido la visión que tenemos ahora, seguramente nuestro enfoque a la hora de adquirir Fagor Electrodomésticos hubiera sido otro». La dirección de CNA reconoció su error de cálculo a la hora de prever cómo iba a ser la evolución del negocio tras la compra a mediados de 2014 de la unidad productiva de la quebrada Fagor Electrodomésticos. «El interés hubiera sido el mismo pero la velocidad de crecimiento del proyecto sería diferente», añade el director general de Fagor CNA, Francisco Martín, desde las ajetreadas oficinas de la firma en Arrasate.

Tres años después de la presentación de aquellos objetivos, el plan ha saltado por los aires y la compañía trabaja a marchas forzadas para modular un nuevo plan de viabilidad que otorgue confianza a las entidades bancarias para poder refinanciar su deuda y conseguir liquidez, tranquilizar a una plantilla que lleva meses reclamando un planteamiento realista y recobrar la confianza perdida por parte del Gobierno Vasco, socio necesario y apoyo económico imprescindible en este camino.

No será sencillo reconducir el barco, pero ante las apreturas del calendario, el próximo día 15 vencía la prórroga bancaria de 70 millones de euros con cinco entidades de crédito a la espera de un nuevo plan, el grupo catalán solicitó el preconcurso de acreedores. De esta forma, blindaba el proceso de reconducción del proyecto.

Pero las decisiones más traumáticas están por llegar. El nuevo plan de negocio, según detalló el grupo en un comunicado, se basará en mantener únicamente la producción que demuestre ser eficiente económicamente y sostenible.

En que se traduce eso. De salida en la eliminación completa de la línea de lavadoras en su planta de Garagartza. «Esta línea no tendrá continuidad a partir de septiembre», detalló Martín al comité de empresa, con el que mantuvo la segunda reunión en dos días.

Esta supresión de la línea, que se encuentra detenida y sus empleados en ERE de suspensión al alegar la empresa que no dispone de liquidez para pagar a los proveedores de componentes, supondrá la salida de una treintena de trabajadores lo que aligerará la plantilla actual de Edesa Industrial, que cuenta con 350 empleados entre sus plantas de Garagartza, Eskoriatza y Basauri. Desde la dirección añaden que la actual coyuntura acelerará el proceso de eliminación de esta línea productiva, pero desde ya hace meses la compañía ya contemplaba el cierre progresivo de la misma durante 2017.

Habrá más ajustes, eso parece evidente, aunque desde el grupo estiman que no será necesaria la eliminación completa de ninguna otra línea productiva. Habrá «retoques de mayor o menos grado» en el resto de la compañía. Todo ello, con el objetivo de busca una continuidad, poner en valor la fortaleza de la marca, refinanciar la deuda y reducir los gastos de estructura. En estos momentos la deuda total de la compañía ronda los 100 millones de euros.

Adiós a los números negros

Desde la compañía insisten en que los ritmos de negocio esperados no se han terminado de concretar, en buena medida, «por la limitación en la financiación». De esta forma, las tensiones financieras y la falta de resultados esperados han provocado que cualquier medida de ajuste tomada en el último año «no haya tenido el efecto suficiente».

En esta retahíla de ajustes se encuadran las dos salidas colectivas de personal -52 personas en total- y el ERE de suspensión para 147 trabajadores. «Apenas han sido medidas paliativas», remarcó el director general de Edesa Industrial, Francisco Martín.

Lejos quedan las expectativas que presentaba el Grupo CNA tras la adquisición de Fagor Electromésticos, cuando pronosticó que alcanzaría una facturación de 400 millones de euros para 2016 y 705 empleos en sus plantas vascas. Unos objetivos a los que no se han logrado aproximar aunque, como confiesa el grupo, se han inyectado 20 millones más de inversión adicional a lo proyectado inicialmente.

El cierre del pasado ejercicio dejó una facturación total de 126,5 millones de euros y se pronosticó que este año se alcanzarían los 180 millones, lo que ayudaría a cerrar el ejercicio por primera vez «en números negros». Por descontado, esa previsión no se va a cumplir y según ha podido conocer todavía no está perfilado en el plan de viabilidad en que año se podría alcanzar ese hito.

La compañía tiene un importante reto por delante para tratar de recuperar la confianza perdida con el resto de las partes durante los últimos meses. En este sentido, el propio Francisco Martín admite que ha habido «cuestiones para corregir» en lo que respecta a la comunicación con los trabajadores y el Gobierno Vasco.

Con los empleados, Martín admite que resulta «desagradable» que se hayan tenido que enterar de la entrada en preconcurso por la prensa, pero se escuda en la necesidad «urgente» de presentar esa solicitud ante la complicada coyuntura a la que se enfrentaban.

Desde el grupo señalan que el plan de viabilidad estará terminado en un plazo aproximado de 15 días, aunque deberán presentar algunas líneas maestras del remozado proyecto a las entidades de crédito antes de que concluyan el próximo día 15 las prórrogas de las herramientas financieras.

CCOO DENUNCIA EL DESPIDO DEL 95% DE LA PLANTILLA DE ABEINSA BD

Cadena Ser

Ha presentado un ERE para 34 empleados

CCOO ha denunciado que Abengoa haya presentado un Expediente de Regulación de Empleo para 34 trabajadores de Abeinsa BD y un Expediente de regulación Temporal de Empleo para otros siete, lo que supone el despido del 95 % de la plantilla.

Este ajuste de empleo se producirá tras concluir sin acuerdo la negociación con los representantes sindicales de Abeinsa, ha informado el sindicado en un comunicado.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha denunciado que Abengoa "sigue en la senda de provocar sangrías en el empleo mientras anuncia cuantiosos beneficios" y ha pedido el seguimiento, la participación y la implicación del Juzgado de lo Mercantil, del de lo Social y de la Inspección de Trabajo.

Este ajuste de empleo se produce después de que Abengoa, en su proceso de reestructuración interna, trasladara la carga de trabajo y a 191 trabajadores de Abeinsa BD a otras empresas de la firma como la Vertical de Aguas y la Vertical de Energías a finales del pasado mes de marzo.

Tras ello, Abengoa decidió dejar sin carga de trabajo ni contenido a Abeinsa BD, según CCOO.

Ha alertado de que la misma operación realizada con la plantilla de Abeinsa BD se está realizando con la de Abeinsa EPC, donde ya han planteado el despido de 63 personas y un ERTE para 41.

Caravaca cree que "no es de recibo que Abengoa realice anuncios de viabilidad del proyecto industrial y beneficios de más de 5.500 millones en el primer trimestre de 2017 y, en paralelo, en la oscuridad de las paredes de Palmas Altas -sede de la empresa en Sevilla-, siga con los procesos de despidos colectivos".

Además, se ha quejado de "la indefensión de los trabajadores provocada por la falta de tutela judicial ante un proceso de reestructuración que no termina".

Por ello, ha defendido el "necesario seguimiento, participación e implicación del Juzgado de lo Mercantil, como máximo responsable de la autorización al plan de viabilidad, así como al Juzgado de los Social y la Inspección de Trabajo por las consecuencias en el empleo que está conllevando".

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA VALIDEZ DEL ERE DE PSA PEUGEOT CITROËN, QUE HABÍA IMPUGNADO EL SINDICATO CUT

Europa Press

No aprecia ilegalidad en el acuerdo, firmado por una "amplísima representación" de los trabajadores

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme en la que desestima el recurso de casación interpuesto por el sindicato CUT y ratifica la validez del Expediente de Regulación de Empleo acordado por la dirección de la planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo y las centrales SIT, UGT y CC.OO.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se confirma la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictada en julio de 2016, y que también dio la razón a la empresa. En esa resolución, se desestimaron las pretensiones de la CUT de anular el ERE y se señalaba la legalidad del acuerdo entre la dirección de la planta y los tres sindicatos, y que incluyó varias medidas.

En el acuerdo, de marzo de 2016, se pactó un ERE de extinción para un máximo de 400 personas, un ERE temporal para un máximo de 20 jornadas y una serie de medidas de flexibilidad para consolidar la posición de la fábrica viguesa en la carrera por conseguir un nuevo modelo.

La CUT presentó recurso de casación ante el Supremo, alegando, entre otras cuestiones, que se llevaron a cabo tres procedimientos colectivos distintos: uno de despido, otro de regulación temporal y un tercero de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Por ello, señalaba el sindicato, la sala de lo Social solo sería competente para conocer del procedimiento de despido colectivo, lo que tendría que llevar a la anulación de la sentencia del TSXG.

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestima este motivo, y recuerda que no se vulnera ningún precepto legal si, en el período de consultas para la aplicación de un ERE se acuerdan otras medidas distintas a la de extinción de contratos. Asimismo, subraya que, de hecho, pueden tomarse esas medidas para paliar los efectos del despido colectivo sin que la empresa tenga por qué anunciarlas antes del período de consultas.

"Amplísima representación" de los trabajadores

En su sentencia, el alto tribunal también refleja que el pacto para aprobar el ERE contó con el respaldo de una "amplísima representación" de los trabajadores (el 88 por ciento de los miembros del comité de empresa).

Asimismo, descarta que hubiera dolo, fraude o abuso de derecho en dicho acuerdo que, subraya, recoge una serie de medidas para "atenuar las gravosas consecuencias de los despidos colectivos" y "múltiples soluciones y opciones para los trabajadores afectados", tras un "complejo proceso de negociación".

También rechaza el argumento de los recurrentes de que las medidas pactadas supusieran un fraude de ley con cargo a fondos públicos en las regulaciones de trabajadores con posibilidad de reingreso preferente, ya que se accedería de forma ilegal a las prestaciones por desempleo.

Según señala el TS, no hay "tacha de ilegalidad alguna" en este punto, y ha recordado que la adscripción a ese programa de regulación es voluntaria y que el reingreso en la fábrica está condicionado por un plazo y por la existencia de vacantes. "Ni la autoridad laboral, ni los servicios públicos de empleo se han opuesto a lo pactado, ni han cuestionado la perfecta legalidad de esta modalidad", concluye.

LOS SINDICATOS ANUNCIAN ACCIONES CONTRA GENERAL ELECTRIC: "OTRA MULTINACIONAL QUE SE APROVECHA DE LA REFORMA LABORAL"

Belén Ferreras - elmundo.es

La dirección de la empresa habla de reestructuración y no de cierre y se compromete a estudiar recolocaciones

La dirección de General Electric confirmó al comité de empresa, primero, y a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, después, que los 147 puestos de trabajo de su planta de Ortuella penden de un hilo.

No obstante, la dirección de la multinacional prefirió hablar de «reestructuración del negocio» que de cierre, señaló que «no hay tomadas decisiones definitivas» e incluso se comprometió con Tapia a intentar recolocar a los trabajadores afectados en la planta que la empresa tiene en Zamudio.

Fuentes de la empresa remarcaron que lo que ha iniciado la división General Electric Hydro, en la que se engloba la empresa de Ortuella, es «una fase de consulta» con la representación de los trabajadores en toda Europa para poner en marcha la «transformación de este negocio».

La necesidad de la reestructuración la justifica la empresa en un descenso de los ingresos y unos resultados de explotación negativos. En concreto, aseguran que el negocio de hydro de General Electric se ha reducido un 56% sus ingresos en los últimos 5 años, de 1.600 millones de euros a 700 millones de euros, según datos referidos a todo el grupo, ya que la empresa ha querido facilitar los números concretos para la planta de Ortuella.

Unas pérdidas que, según afirman se han visto agravadas por el hecho de que «el negocio esté cambiando y las oportunidades de mercado se estén trasladando hacia países emergentes en distintos puntos de Asia y África y países como Corea del Sur y Nigeria.

Por ello, la dirección afirma que no le queda otra salida que buscar las condiciones necesarias para conseguir viabilidad del negocio «recuperando rentabilidad y competitividad», «reduciendo estructura de costes y producción».

Todas estas explicaciones, sin embargo, no convencieron a los trabajadores. Los sindicatos exigieron la retirada inmediata del plan de cierre y denunciaron «la falta de transparencia» de la dirección de la empresa: «Hasta la fecha tenían asignada carga de trabajo y de la noche a la mañana han renunciado a la producción de dicha carga, desviando trabajo a otras plantas del grupo», señalaron.

Por eso, los trabajadores consideran que se trata de «otra gran multinacional aprovechándose de la reforma laboral para deslocalizar la producción y condenar a la pobreza a un colectivo muy importante de trabajadores», y anunciaron que se impulsarán todas las acciones encaminadas a una solución del conflicto en todos los ámbitos: «la empresa, la calle y jurídicamente».

De hecho, los sindicatos ya denunciaron a la Inspección de trabajo, a finales de junio, que proyectos de la filial vizcaína se adjudicaban a sus competidores.

Por su parte, Arantxa Tapia señaló que el Ejecutivo vasco colaborará para tratar de que la reestructuración «sea lo mínima posible en cuanto a actividad y puestos de trabajo». Tapia se ha encontrado de golpe con dos graves conflictos laborales. Se va a reunir con representantes de CNA para intentar solucionar el problema de Edesa Industrial, la antigua Fagor, que se enfrenta también a una reestructuración.

MÁS DEL 80% DE EMPLEADOS DE ANDALUCÍA EMPRENDE SE CONCENTRA EN EL PARLAMENTO EN CONTRA DE SU DESIGUALDAD SALARIAL

Sevilla (Europa Press)

Más del 80 por ciento de la plantilla de la empresa pública Andalucía Emprende-Fundación Pública Andaluza (Aefpa), entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, se ha concentrado a las puertas del Parlamento andaluz para pedir a la Junta abordar un nuevo convenio colectivo, tras "4 años" sin el mismo, que acabe con la desigualdad salarial que afecta a tres cuartas partes de la plantilla, conformada en su totalidad por 945 trabajadores.

Así lo ha explicado la titular en la comisión negociadora de los trabajadores por CCOO, Yolanda Díaz, quien ha exigido a los consejeros del ramo de Economía y Conocimiento; así como a la de Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano y María Jesús Montero, respectivamente, que "asuman responsabilidades" sin "tirar la pelota al tejado del árbitro", así como que tengan "la capacidad de reaccionar y dar solución al problema" para que no lo solucione un tercero ni una comisión negociadora.

Según ha detallado Yolanda Díaz, llevan "ocho años intentando negociar un único convenio", toda vez que están "sin un convenio colectivo desde hace cuatro años" porque no se reconoce con la aplicación la reforma laboral de 2012.

Durante estos ocho años, tal y como ha detallado el sindicato, ha habido "inconvenientes" para negociar el convenio por el tema retributivo, ya que hay dos estructuras subrogadas con diferentes condiciones. Así, "cuando se empieza a negociar el primer convenio, se pretendía llevarse a cabo desde la desigualdad, por lo que dos personas que realizan el mismo trabajo, tenían un salario diferente", según ha señalado Yolanda Díaz.

Desde el sindicato alertan de que este problema de desigualdad salarial afecta a más de 600 personas, es decir, tres cuartas partes de la plantilla que, además, trabajan en la Red Territorial de la empresa pública Andalucía Emprende-Fundación Pública Andaluza.

En este proceso y, tras cuatro años de "enquistamiento en la negociación", se recurre a un Laudo Arbitral, pero según ha señalado el sindicato, "la sorpresa" es que la propia Consejería de Hacienda emite un informe de preceptivo vinculante que la Ley de Presupuestos obliga y, "en vez de hacer un informe objetivo sobre el texto del convenio, se hace una interpretación subjetiva del laudo con la intencionalidad de dejarnos sin convenido", ha abundado Díaz.

Así las cosas, el problema es que "la comisión negociadora ya no puede solucionar este problema" y desde las consejerías de Hacienda y de Economía se pide que "se dicte otro laudo o se modifique". Sin embargo, desde CCOO sostienen que "el laudo no es modificable y un nuevo procedimiento arbitral es una tomadura de pelo para el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales porque lo que ha hecho la Consejería de Hacienda es menospreciar su propio sistema de solución de conflicto".

Hacer una valoración objetiva de la ley

Para estos trabajadores, la "única solución" que ven "factible" y que, a su juicio, todos los grupos, inclusive el PSOE, están de acuerdo, sería volver a emitir una solicitud formal desde la Secretaría General Técnica de Economía a Hacienda para que emitan el informe preceptivo vinculante sin hacer una interpretación del laudo, sino mediante una valoración objetiva de si cumple o no la normativa legal, "que lo hace", según CCOO.

A la concentración se han acercado parlamentarios de todos los grupos políticos --IU, Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP-- para interesarse por la situación y considerar las reivindicaciones que este colectivo plantea en relación a un convenio colectivo y a la desigualdad salarial.

El sindicato ha adelantado que volverá a dirigirse a la Consejería de Hacienda o a la propia Presidencia de la Junta de Andalucía para invitarlos a la reanudación de las negociaciones. "Si no tuviéramos éxito, plantearíamos nuevas movilizaciones", advierte CCOO.

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