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ALGUNOS DE LOS MÁS GRAVES CASOS DE REPRESIÓN SINDICAL EN ESPAÑA


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ALGUNOS DE LOS MÁS GRAVES CASOS DE REPRESIÓN SINDICAL EN ESPAÑA

La Fiscalía solicita 140 años de cárcel para miembros de los piquetes de las huelgas generales (sólo contando los casos de CC.OO. y UGT).

Decenas de afiliados y cargos sindicales han sido acusados por el Ministerio Público de delitos contra los derechos de los trabajadores en los últimos meses (por hechos sucedidos en las 2 últimas huelgas generales y alguna huelga sectorial por convenios colectivos).

Los sindicatos denuncian una "persecución" política para crear un clima de miedo a la protesta y limitar el derecho de huelga.

Son penas individuales como mínimo de 3 años de prisión, pero han llegado a los 8 años, como en el caso de los miembros del comité de empresa de AIRBUS.

Cerca de 40 causas repartidas por España en las que la Fiscalía pide varios años de cárcel a trabajadores -la mayoría afiliados a sindicatos o incluso miembros de su estructura- por participar en piquetes. Entre todos suman más de 140 años de cárcel.

Los sindicatos ven detrás de estos casos una estrategia para desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y atentar contra derechos fundamentales como el derecho de huelga.

Fuentes sindicales concretan que hay 57 procedimientos abiertos contra ellos y más de 200 imputados. La Justicia comienza a pedir y sentenciar penas de prisión por participaciones en manifestaciones y huelgas. Una situación que no se daba desde el franquismo

Algunos casos son:

Carlos Cano (licenciado en Medicina) y Carmen Bajo (Animadora Socio-Cultural) han sido condenados a 3 años de prisión por participar en un piquete organizado por el 15 M de Granada, durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Granada, que entró en una cafetería donde se discutió con la dueña por su actitud desafiante, que impedía dar la información a los trabajadores, hubo gritos y se colocaron adhesivos, y según la dueña también se hizo una pintada.

El piquete salió sólo de la cafetería sin necesidad de acción policial, quedando abierta la empresa, pero los últimos en salir, Carmen y Carlos, fueron identificados por la policía que llegaba en ese momento. Fueron imputados por la fiscalía por un delito contra el derecho de los trabajadores en jornadas de Huelga.

Serafín Rodríguez y Carlos Rivas esperan un indulto que les evite la cárcel: una jueza de Vigo les condenó en 2011 a tres años de prisión por participar en una huelga del sector del transporte, una sentencia que ratificó la Audiencia Provincial de Pontevedra. La magistrada considera que los dos trabajadores (el primero afiliado al sindicato CIG, el segundo a UGT) incurrieron en un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzar objetos a los mismos.

Los dos trabajadores -que no cuentan con antecedentes de ningún tipo- pidieron un indulto, que se les denegó, y solicitaron otro a finales de enero. La jueza ordenó entonces que se paralizara su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resolviera este último indulto, pero la Fiscalía recurrió y solicita su encarcelamiento inmediato. Serafín y Carlos cuentan con el apoyo en forma de cartas escritas y firmas de compañeros y excompañeros de trabajo, incluso de los dos camioneros cuyos vehículos fueron dañados durante la huelga, que desistieron del proceso y respaldan su indulto.

Rubén Ranz, sindicalista de UGT, le piden una condena a prisión junto a su compañero José Manuel Nogales por discutir con un camarero en un piquete informativo en la huelga general del 29 de marzo de 2012, sólo por querer dejar unos panfletos, el camarero no quería que entraran y hubo intercambio de gritos, en ese contexto fueron detenidos e imputados por un delito de atentado contra agente de la autoridad, otro de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores. Un total de 3 años y 7 meses de prisión para cada sindicalista.

Tamara Vidal y Ana Outerelo, dos jóvenes gallegas, profesoras de gimnasia, que trabajan para la subcontrata Servicio que se encargan de la gestión de piscinas municipales, eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector en el 2010. Su supuesto delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, hecho no probado, y forcejear con el gerente de la piscina para que el piquete entrara en las instalaciones. Además ya han pagado una multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados.

El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra no contenta recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros, recurso que la Audiencia Provincial estimó. Han agotado todos los recursos, sólo les queda la petición de indulto que ya está hecha. Ana está embaraza y podría dar a luz en prisión. La petición de indulto está apoyada por la Diputación Provincial y por la Empresa de las trabajadoras que al parecer no presentó denuncia y las tiene en buena estima como profesionales, recogieron más de 70.000 firmas y están a la espera de la decisión del gobierno.

También en septiembre de 2010, Koldo González, secretario general de CCOO de La Rioja y otros cuatro compañeros de organización, participaron en un piquete durante la huelga general de ese año. A día de hoy no hay sentencia firme, pero en febrero fueron juzgados tras una denuncia del propietario de la fábrica donde actuaron. La Fiscalía solicitó dos años de prisión para cada uno por un delito de coacciones, ya que algunos miembros del piquete presuntamente pararon las máquinas.

El mismo delito contra los derechos de los trabajadores le imputa la Fiscalía a Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Baleares, para quien el Ministerio Público solicita cuatro años y medio de cárcel. Supuestamente, Vicens rompió la luna de un autobús durante la huelga general del 29-M de 2012.

En la huelga de 2010 se registraron incidentes en la planta de Airbus de Getafe (Madrid) que desembocaron en cargas policiales, dejando varios heridos y algunos disparos al aire por parte de los agentes.

José, Tomás, Enrique, Raúl, Rodolfo, Edgar, Armando y Jerónimo, ya conocidos como Los ocho de Airbus, y miembros del comité de empresa, acumulan una petición de la Fiscalía de 66 años de cárcel -ocho para cada uno- por su supuesta participación en los incidentes.

Los letrados Lillo y Baylos destacan el contexto en el que se están produciendo estas solicitudes de prisión. "Primero fueron las multas masivas a manifestantes, después la Ley de Seguridad Ciudadana y el intento de incriminar penalmente los escraches de la PAH.

Hay una clara estrategia de reforzamiento autoritario por parte del Gobierno después de la gran contestación social generada por las políticas de austeridad, y el siguientes paso es aprovechar el Código Penal para conseguir incriminar a los trabajadores, sobre todo a los dirigentes sindicales, por ejercer el derecho de huelga", expone Baylos.

Hay que remontarse al proceso 1001, cuando el franquismo juzgó a la dirección de Comisiones Obreras, para encontrar un momento en la historia de España en el que más sindicalistas se jugasen la entrada en prisión. Aquellas condenas del Tribunal de Orden Público en 1973 fueron muy duras, pero poco después el Tribunal Supremo de la dictadura las rebajó: seis años de cárcel para Marcelino Camacho; cinco para Nicolás Sartorius.

Hoy la Fiscalía pide ocho años contra los sindicalistas de Airbus que participaron en un piquete durante una huelga general.

En mayo del 2009, el dueño de una panificadora abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo en una máquina de amasar; el patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se pudo reimplantar.

La sentencia acaba de llegar: un año y un día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-.

En total, menos de dos años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Al parecer, lanzar pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor que tirar a la basura el brazo de un trabajador.