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COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS


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COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS

LAS PENSIONES PÚBLICAS EN LA XII LEGISLATURA

Las sucesivas reformas del sistema público de pensiones no han tenido, hasta ahora, otra consecuencia que no sea el deterioro y la degradación continua de las prestaciones: congelación de las cuantías; aumento de la edad de jubilación; desaparición de la revalorización automática al IPC. Todas las medidas han ido encaminadas a su reducción, ninguna se ha dirigido a aumentar los ingresos. Se ha llegado en tres años a acabar con más de los 60.000 millones que se tenían ahorrados en el Fondo de Reserva.

Pero lo cierto es que los sucesivos gobiernos han utilizado buena parte de los fondos del Sistema Público para usos ajenos a satisfacer las pensiones contributivas, que son la finalidad de las cotizaciones. No podemos estar de acuerdo cuando se utilizan para tapar agujeros presupuestarios ni mucho menos para subvencionar partidas que debieran estar contempladas en los presupuestos generales. Y en ningún caso es admisible que las exenciones, bonificaciones o tarifas planas en las cuotas de la Seguridad Social para fomentar el empleo sean con cargo a la caja única de la Seguridad Social sino con cargo a los presupuestos generales.

Es, además, perverso para el Sistema favorecer la contratación laboral precaria con salarios de miseria por su repercusión negativa para la sociedad y para la recaudación.

No es de recibo desfondar el Sistema por diferentes vías y cometer después la irresponsabilidad de decir que no hay dinero.

No se puede vincular las pensiones solo a las cotizaciones. Cuando no sean suficientes hay que complementar con los presupuestos generales del Estado

Exigimos el cumplimiento del mandato del artículo 50 de la Constitución “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…”.

Otra vez más se pone en cuestión la viabilidad del Sistema Público de Pensiones.

Pero los sucesivos gobiernos no han tenido la suficiente voluntad política para darle una solución adecuada.

Nos oponemos al intento de transformar las pensiones contributivas de viudedad y orfandad en meras prestaciones de asistencia social. Al contrario, exigimos la entrada en vigor el incremento al 60% de la Base Reguladora, ya aprobada, y demorada año tras año por el gobierno.

No entenderíamos razonable ni justificable que cualquier modificación supusiera una degradación más del Sistema Público de Pensiones.

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