EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A DEROGAR LA REFORMA LABORAL

EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A DEROGAR LA REFORMA LABORAL

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El Pleno del Congreso instó al Gobierno a derogar la reforma laboral de 2012 que aprobó el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, así como a abrir un proceso de diálogo social que desde el "acuerdo" culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales.

Con 168 votos favorables, 42 abstenciones y 131 votos en contra, salió adelante la propuesta no legislativa del PSOE transaccionada con Podemos y PNV, que fue apoyada por ERC y logró la abstención de Ciudadanos.

Durante la sesión plenaria en el Congreso, el diputado socialista, Rafael Simancas, criticó que actualmente hay más paro de larga duración, más pobreza y más precariedad por la reforma laboral de 2012, y se refirió a la propuesta de "horarios felices" de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para terminar la jornada laboral a las 18 horas, y que con la reforma laboral de su Gobierno se permitió que los empresarios "fijaran los horarios que quisieran".

Nuevo Estatuto de los Trabajadores

No obstante, aclaró que el Grupo Socialista "no busca derogar todas las normas laborales vigentes de un plumazo" sino sustituirlas por una legislación "nueva y justa" y plasmarlas en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que sea "fruto del diálogo social y político".

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, la diputada Yolanda Díaz le reprochó al diputado socialista que "no podemos sufrir de amnesia" respecto a la reforma laboral de la última legislatura del PSOE porque "unos y otros han sido talibanes de la precariedad".

No obstante, manifestó que su grupo apoyará la iniciativa porque "al menos, contribuiremos a rematar una parte del mal en nuestro país" instando a la derogación de la reforma laboral y a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Por ERC, el diputado Jordi Salvador aclaró que un nuevo Estatuto de los Trabajadores es "correcto, siempre y cuando se hayan derogado las dos reformas laborales, la del PSOE y la del PP", mientras que desde el PNV, Iñigo Barandiarán, se mostró dispuesto a colaborar en el marco de la iniciativa del PSOE "a través de propuestas solventes y negociadas" con los agentes sociales, pero no las que estén amparadas en la "unilateralidad".

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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y A LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Exposición de motivos

La primera medida que adoptó el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura fue la «reforma laboral». Una reforma laboral que tenía un único objetivo: eliminar cualquier obstáculo que interfiriera la desregulación absoluta del mercado laboral y poner las bases para la creación de empleos de baja calidad, por su duración, por el tipo de jornada, por el salario y por las condiciones laborales.

En términos de actividad, ocupación y desempleo desde que gobierna el Partido Popular el balance es desolador: menos empleo, más precariedad y explotación laboral, más paro y menos protección frente al desempleo. Hoy tenemos casi 4,8 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de dos millones llevan más de dos años en situación de desempleo, un millón de las cuales tienen más de 45 años. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar nuestro país en busca de oportunidades de empleo y 2 millones de menores de 34 años están en el paro. España ostenta el vergonzoso récord de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea, un 46,5 %.

También las personas que trabajan sufren una precarización de sus condiciones laborales sin precedente durante el periodo democrático, de devaluación salarial y de pérdida de la protección que les otorgaba el convenio colectivo.

Así, en 2014 y 2015 menos de uno de cada diez contratos firmados fueron indefinidos y la tasa de temporalidad ha crecido hasta situarse en el primer trimestre de 2016 en el 25,6 %. Hemos pasado de 3,4 millones de asalariados temporales hace un año a 3,7 millones en 2016 y hemos perdido casi 200.000 asalariados (198.000) con contrato indefinido desde que gobierna Rajoy, pasando de 11,4 en 2011 a 11,2 en 2016. Y ello a pesar de que uno de los objetivos declarados de la reforma laboral fue combatir la dualidad del mercado de trabajo. Durante este mismo periodo de tiempo, la duración media de un contrato de trabajo fue de alrededor de 54 días y el 25 % dura menos de siete días.

Asimismo, se ha intensificado el proceso de sustitución de empleo a tiempo completo por empleo parcial no querido. La tasa de parcialidad se sitúa en más del 15 %. La tasa de involuntariedad en este tipo de jornada se situó en 2015 en relación a 2014 (según datos Eurostat) en un 64 %, cerca de un punto más que el año anterior, cuando en la UE 28 esa involuntariedad, que también ha crecido, no llegaba al 30 %.

A partir de 2012, las estadísticas nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo, con un claro incremento de las horas extraordinarias, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial, que además se corresponden con horas extras no pagadas, hecho que choca no solo con la atonía de nuestra actividad productiva sino con la naturaleza de un contrato definido por su menor jornada. En 2016 se trabajan 3,4 millones de horas más a la semana en jornadas de menos de 21 horas que en 2011.

La devaluación salarial, resultado de esa política de desregularización e individualización de las relaciones laborales y de fijación de las condiciones laborales desde la potestad unilateral del empresario, ha provocado una reducción de los salarios desconocida hasta la fecha. Los salarios han caído cerca de un 4 % y su poder de compra es el mismo que tenían a principios de los años 90. Hoy el 34 % de las personas trabajadoras reciben salarios equivalentes al salario mínimo interprofesional y casi la mitad perciben salarios de poco más de 900 euros al mes. En nuestro país existen hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y más del 13 % viven en hogares por debajo del umbral de pobreza. La brecha salarial entre mujeres y hombres se ha incrementado en más de un punto porcentual en relación a 2011, situándose en cerca de un 24 %.

Desde que entró en vigor la reforma laboral del Partido Popular, el número de convenios colectivos se ha reducido en un 30 %, y hay 3,5 millones de trabajadores menos protegidos por la negociación colectiva, pasando de 10,6 millones en 2011 a 7,1 millones en 2015. Todo ello resultado de la implantación de un modelo de relaciones laborales autoritario que ha roto el equilibrio de poder entre los trabajadores y empresarios y debilitado la negociación colectiva.

Los trabajadores en paro han visto además cómo la política de recortes se ha extendido al sistema de protección por desempleo provocando una caída en la tasa de protección que ha ido en aumento durante el periodo de gobierno del Partido Popular, casi más de 17 puntos porcentuales entre parados registrados y casi 27 puntos entre los parados EPA.

Y todo ello ha venido acompañado de la reducción de los créditos presupuestarios destinados a políticas activas de empleo, de alrededor de un 40 %, y el fracaso de los programas que puesto en marcha el Gobierno. Ni el programa de garantía juvenil ni el programa de activación para el empleo han tenido los resultados previstos.

Es urgente, por tanto, abordar e impulsar de forma decidida medidas que garanticen los derechos de los trabajadores, medidas que recuperen la centralidad de la negociación colectiva y que combatan de forma eficaz la precariedad en el empleo. Es necesario abrir un proceso de diálogo social para, desde el acuerdo, recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores, como carta de derechos fundamentales laborales que garantice la dignidad en el trabajo, la seguridad y la salud, y la igualdad de todas las personas trabajadoras en el acceso y la permanencia en el empleo, con especial atención a la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.