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LOS DEPENDIENTES DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A RAJOY


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LOS DEPENDIENTES DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A RAJOY

Junta Directiva Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD)

La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) ha interpuesto denuncia ante la Fiscal General del Estado, Dª. Consuelo Madrigal, contra el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey

La Coordinadora, asociación que aglutina y representa al colectivo de personas en situación de dependencia de todo el país, no puede seguir permitiendo que el Ejecutivo que preside el Sr. Rajoy siga masacrando al colectivo más débil y frágil de nuestra sociedad.

En la denuncia interpuesta se expone a la Fiscal General del Estado toda la dramática situación a la que las políticas del Presidente del Gobierno, máximo responsable de las mismas, ha llevado a este colectivo.

En esta denuncia, la primera que se interpone en todo el país, se ponen en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos que están ocurriendo y las normativas que el Gobierno de España, encabezado por el Sr. Rajoy, está incumpliendo, en concreto la obligatoriedad del Gobierno de la nación de financiar el 50% del coste del sistema de atención a la dependencia, y que en la realidad solo lo hace con un 17%, de tal manera que incluso las personas dependientes están aportando más que el propio estado, el 19%.

Se denuncia al Sr. Rajoy Brey por vulneración de los siguientes derechos de las personas dependientes:

- El recorte en los presupuestos generales del estado de 1.490 millones de euros durante su legislatura

- El Artículo 3. Punto 10 de la Ley 39/2006, de 14-12, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, que de forma textual dice:

"La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia"

- El Artículo 9, punto 2 de la citada Ley que de forma explícita dice:

"La financiación pública de este nivel de protección (nivel mínimo de protección) correrá a cuenta de la Administración General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado."

- El Artículo 43 de la Ley de Dependencia en sus puntos:

Artículo 43. Infracciones.

Constituirá infracción:

1. Dificultar o impedir el ejercicio de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta Ley.

6. Tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia.

7. Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia.

8. Generar daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica

- Violación de los Artículos 9, 10, 15, 41, 43.2, 103, 105 y 149, 1,1º de la Constitución Española.

- Violación de los principios rectores de la política social y económica reconocidos en los:

- Art. 41 (régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad)

- Art.43 (protección de la salud a través de prestaciones y servicios necesarios)

- Art. 49 ("Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos")

- Art. 50 (atención a personas mayores)

- Vulneración los derechos fundamentales reconocidos en los Arts. 10 (dignidad de la persona) y 15 (derecho a la integridad física y moral).

La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) no puede permitir, ni un minuto más, todo lo que está suponiendo los presuntos hechos delictivos en el ejercicio de sus funciones por parte del Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy Brey, y que han traído como consecuencia que 117.000 personas en situación de dependencia hayan muerto sin recibir la atención que por ley les correspondía, lo que supone la escalofriante cifra de un muerto cada quince minutos durante casi cuatro años de forma ininterrumpida.

A las personas en situación de dependencia ya solo les queda confiar en la actuación por parte de la Justicia de nuestro país para parar la sangría, tanto de vidas como de condiciones dignas de vida, a la que se está sometiendo a las persona dependientes.

Un Estado con dignidad y decencia no puede permanecer en silencio y ser cómplice de esta situación que no tiene precedentes entre los países avanzados y democráticos.