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LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS POR CAUSAS ECONÓMICAS


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LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS POR CAUSAS ECONÓMICAS

Ricardo Bodas Martín - Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

El despido colectivo no es una potestad soberana del empresario, quien está obligado, cuando tenga la intención de despedir colectivamente por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, a consultar previamente, en tiempo hábil, con los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo (art. 2.1 Dir. 98/59/CEE y art. 51 ET), entendiéndose por tiempo hábil el que permita alcanzar los objetivos de la consulta, por lo que la aportación tardía de documentación no comportará mecánicamente la nulidad del despido.

- El período de consultas se constituye, de este modo, en una manifestación específica de la negociación colectiva, que deberá procurar necesariamente, al tratarse de objetivos mínimos, sobre las posibilidades de evitar o reducir el despido colectivo y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos (art.2.2 Directiva).

- Dicha negociación finalista obliga por igual a empresarios y a los representantes de los trabajadores, quienes deben procurar alcanzar efectivamente los objetivos propuestos mediante la negociación de buena fe.

Se trata, en todo caso, de una negociación colectiva compleja, que exige al empleador proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente para que el período de consultas pueda alcanzar sus fines.

- Se entiende por información pertinente, a tenor con el art.2.3 Directiva, asumida por el art.64.1 ET, la que permita a los representantes de los trabajadores hacerse cabalmente una composición de lugar, que les permita formular propuestas constructivas en tiempo hábil. Dicha información no puede eludirse, siquiera, porque la empresa esté en proceso de liquidación.

- Tampoco es eludible cuando la decisión haya sido tomada por la empresa dominante (art. 2.4 Directiva y art. 51.8 ET), lo cual obligará a acreditar efectivamente que concurre una sociedad dominante, entendiéndose como tal aquella que controle a otras, concurriendo tal control cuando dicha empresa pueda imponer la política financiera y de explotación de sus filiales, a tenor con lo dispuesto en la Norma de Valoración 19.1 RD 1514/2007, de 16-11, cuya carga probatoria corresponderá a quien lo pretenda.

La obligación empresarial de proporcionar información pertinente a los representantes de los trabajadores se cumple, tal y como dispone el art. 64.1 del ET, cuando se efectúa la transmisión de los datos necesarios para que la representación de los trabajadores tenga conocimiento preciso de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen, sin que los trabajadores puedan imponer la aportación de cualquier documentación, salvo que acrediten su relevancia para la negociación del período de consultas.

- Dicha información habrá de versar necesariamente sobre las causas, alegadas por el empresario, así como sobre su adecuación a las medidas propuestas.

- Si no se hiciera así, si la información aportada no permitiera alcanzar razonablemente los fines perseguidos por el período de consultas, la consecuencia sería la nulidad de la medida, a tenor con lo dispuesto en el art.124.11 LRJS.

Los reproches sobre la información insuficiente aportada en el período de consultas se han convertido, especialmente en los despidos colectivos por causas económicas, en el principal factor de conflictividad en los procesos de impugnación de despidos colectivos, por lo que parece oportuno examinar con cierto detenimiento qué documentación permitirá que el período de consultas alcance sus objetivos, para lo cual abordaremos únicamente en este trabajo qué documentación económica es pertinente y cual no lo es en este tipo de despidos.

Conviene precisar, antes que nada, que la jurisprudencia ha concluido que la documentación, exigida por el art. 4 RD 1483/2012, de 29-10, no tiene valor «ad solemnitatem», y no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse -razonablemente- aquellos documentos que se revelen «intrascendentes» a los efectos que la norma persigue, consistente en proporcionar información que consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas.

- Dicha conclusión podría hacer pensar que la documentación, contenida en el art.4 RD 1483/2012, no es relevante por sí misma, lo que sería totalmente equivocado, puesto que su falta de aportación comportará normalmente la nulidad del despido, salvo cuando se acredite que dicha omisión no impidió que el período de consultas alcanzara sus fines, lo que sucederá normalmente cuando dicho período concluya con acuerdo.

En efecto, el art.4 del Reglamento distingue qué información debe aportarse, según se apoye la medida en la concurrencia de pérdidas actuales, previstas, o en la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas, entendiéndose como tal cuando se acredite que en 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior y lo hace de manera perentoria, puesto que utiliza expresiones inequívocas, tales como «deberá aportar» o «deberá informar», lo cual nos permite concluir que el empresario es deudor de dichas informaciones, que serán normalmente relevantes para acreditar los distintos supuestos de situación económica negativa, listados en el art.51.1 ET.

- El apartado quinto del precepto examinado regula, a continuación, qué documentación deberá aportarse por los grupos de empresa, distinguiendo aquellos que están obligados a la consolidación de sus cuentas de quienes no lo están, correspondiéndoles la carga de la prueba de dicha exención.

El empresario está obligado, por tanto, a aportar a los representantes de los trabajadores una memoria, que acredite los resultados de la empresa de los que se desprenda que está en situación económica negativa, que incluirá todos los documentos que estime conveniente y en particular los listados en el art. 4 del Reglamento, sin que baste una memoria genérica, porque el objetivo de la memoria es acreditar la concurrencia de la causa económica y acreditar significa «probar su existencia o realidad).

- La memoria deberá identificar la adecuación entre las causas y la pérdida de eficacia económica de los contratos, con arreglo a técnicas de ponderación, entendiéndose como tales la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, habiéndose admitido por la jurisprudencia, que el control judicial pasa, sin que ello signifique control de oportunidad o exigencia de optimización de la medida empresarial, por constatar la idoneidad y razonabilidad de la medida, lo cual obligará a demostrar que el despido colectivo se ajusta a la intensidad de la causa.

- De hecho, la jurisprudencia más reciente ha exigido que la decisión, sobre si concurren las causas justificadoras de los despidos, obliga a hacer un juicio de adecuación, razonabilidad y proporcionalidad (en términos de los sacrificios de las partes en presencia) de las concretas medidas extintivas adoptadas.

La documentación deberá aportarse en tiempo hábil, entendiéndose como tal el necesario para que los representantes de los trabajadores puedan comprenderla adecuadamente y proponer propuestas constructivas, por lo que se ha entendido que no se vulneró dicho derecho cuando se aportaron las cuentas anuales al día siguiente de iniciarse el período de consultas.

- Es habitual, que el empresario aporte documentación durante el período de consultas, bien porque no disponía de ella a su inicio, bien porque se le exigió en la negociación, sin que dicha aportación sea extemporánea, siempre que permita alcanzar los fines del período de consultas.

En concreto la documentación debe contemplar:

I. Pérdidas actualizadas (art.4.2 RD 1483)

II. Concurrencia de pérdidas previsibles

III. La reducción de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos

IV. Documentación en los grupos de empresa

V. Documentación complementaria

La aportación de la información legal y reglamentaria no colma la obligación empresarial de garantizar la documentación pertinente, que deberá ampliarse siempre que los representantes de los trabajadores acrediten la necesidad de pruebas suplementarias, lo que debería atenderse con generosidad, puesto que están en juego intereses legítimos para sus representados, lo que deberá contrapesarse con las necesarias garantías de confidencialidad que, caso de incumplirse, deberían promover acciones para satisfacer los perjuicios causados.

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 15 de octubre de 2015.