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EL FIASCO DE LA PRÓRROGA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO


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EL FIASCO DE LA PRÓRROGA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

Enrique Negueruela - nuevatribuna.es

Menos beneficiarios y menos gasto de lo previsto

El programa mantiene la “vampirización” de las prestaciones por parte de los empresarios, ya que el que contrate a un parado de este programa se queda con su “prestación”.

El número de beneficiarios fueron 123.087 personas y el gasto ha sido de 215,5 millones de euros

El 29 de abril se publicó el Real Decreto-ley 7/2017 por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, el PAE. Desde que se promulgó el 20-12-2014 hasta el mes de marzo de este año ha sido un auténtico fracaso.

El 6-3-2015, el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo con motivo de la aprobación de un crédito extraordinario de 850 millones de euros para el PAE, publica las previsiones del gobierno estimando que: “el Programa tendrá un coste total de más de 1.000 millones de euros durante su vigencia, entre el 15-1-2015 y el 15-4-2016.

Los beneficiarios potenciales superarán los 400.000, más de 350.000 en el primer año.” En esa nota de prensa se desagregaba la previsión de beneficiarios por provincias llegando a suponer 403.797 personas beneficiarias hasta el 15-4-2016, lo que implicaba una previsión de gasto de 1.032 millones de euros. 

La realidad ha sido otra.

El número de beneficiarios fueron 123.087 personas y el gasto ha sido de 215,5 millones de euros. El número de beneficiarios ha sido un 69,5% inferior al previsto y el gasto un 79,1%. 280.711 beneficiarios menos y 816,6 millones de euros menos hasta abril de 2016. Desde entonces los beneficiarios aumentaron en 55.774 y el gasto en 107 millones de euros. La media mensual de altas de beneficiarios ha sido de 6.879 personas.

Este fiasco contrasta con el número de personas paradas sin protección. Según la EPA hay 3.035.974 personas paradas que no perciben prestaciones, de las que 2.289.526 estarían inscritas. Hay que ser retorcido en la fijación de los requisitos para que, de los casi 2,3 millones de personas inscritas sin proteger, solamente 21.000 accedan al programa.

Por otro lado, en el Presupuesto de 2017 se prevé recaudar 19.415 millones de euros en cuotas por desempleo y el gasto previsto en prestaciones es de 18.318, incluyendo el coste de gestión. Hay 1.100 millones de euros de cotizaciones por desempleo sin gastar en 2017.

Luces y sombras

El programa mantiene la “vampirización” de las prestaciones por parte de los empresarios

La prórroga del PAE tiene luces y sombras. Hay algunas que vienen desde el principio, desde su primera regulación y otras se han introducido ahora. Veamos cuáles son.

La única luz introducida es la abertura a casi todas las personas que han agotado una prestación, sin necesidad de pasar por el tamiz del Prepara. Previsiblemente esta modificación sea la que admita un incremento de perceptores más allá de la media inferior a siete mil beneficiarias.

La apertura es a “casi” todos porque mantiene una redacción engañosa: “haber cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena”, solamente para excluir a las mujeres víctimas de violencia, a los mayores de 45 años, a las personas con discapacidad y a los emigrantes retornados que son los únicos que anteriormente a la reforma laboral, han podido percibir una Renta Activa de Inserción sin haber cotizado en un Régimen por cuenta ajena. Nunca nadie con un cese voluntario ha tenido acceso a ninguna prestación.

La redacción lleva a la involuntariedad del cese cuando restringe por la carencia del alta. Es preciso tener claro a quienes se elimina con esta redacción, la misma que los ha eliminado de la Renta Activa de Inserción. Tampoco incluye a aquellas personas que carecen de responsabilidades familiares, es decir, de cónyuge y/o hijos a cargo.

El programa mantiene la “vampirización” de las prestaciones por parte de los empresarios. Cuando se dice eufemísticamente que podrán “compatibilizar” la percepción de la ayuda por su participación en el programa con un trabajo por cuenta ajena, lo que realmente ocurre es que el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente. El empresario que contrate a un parado de este programa se queda con su “prestación”.

Como se trata de un programa de “activación para el empleo” es necesario que los parados de larga duración aprendan cómo funciona el nuevo mercado de trabajo del PP. Para ello, se fija la obligatoriedad de ser vampirizado si el contrato es superior a 90 días. Un parado al que el empresario no le descuente de su nómina el importe de la ayuda, según el artículo 5.1.g, causará baja definitiva en el programa.

La duración de 6 meses del programa sigue siendo absolutamente insuficiente. Cuando estamos hablando de parados de larga y muy larga duración, más de dos años, precisarían cuando menos una prórroga de otros 6 meses, como se planteó por los sindicatos cuando la anterior prórroga de 2016.

Otros aspectos a tener en cuenta es la exigencia de la “búsqueda activa de empleo”. Esto viene siendo que las personas paradas lleven nueve curriculums a otras tantas empresas y consigan que les pongan un sello. Al mismo tiempo tienen un tutor nombrado en su Oficina de empleo y se incorporan a un itinerario personal. Esto no parece ser suficiente activación sino que requiere de otras “pruebas físicas”. Es algo que carece de sentido.

De más sentido carece el hecho de que ahora, además de los Servicios Públicos de Empleo, sean las agencias privadas de colocación quienes, según el Real Decreto-ley, certifiquen la realización de la Búsqueda Activa. Parece que, como estas agencias se están quedando sin trabajo, a partir de ahora además de los notarios y los funcionarios públicos, serán las agencias de colocación fedatarios públicos. Rajoy debería revisar lo que le ponen a la firma.

La situación actual es que este Real Decreto-ley debe ir al Congreso para su convalidación o su tramitación como cualquier otro proyecto de Ley. Desde CC.OO. ha sido su Secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, quien lo ha valorado en una nota de prensa diciendo que “esta prórroga no recoge algunas de las reivindicaciones sindicales que, desde nuestro punto de vista, habrían permitido acceder al programa a más personas, de una forma relevante: Suprimir el requisito de tener cargas familiares, la posibilidad de compatibilizar la percepción de la ayuda del PAE con las rentas y ayudas procedentes de CCAA y administraciones públicas y poder solicitar nuevamente el programa en caso de no haber podido reincorporarse al mercado de trabajo,  con el fin de poder  hacer itinerarios de inserción más completos.”

Esta afirmación parece invitar a los grupos parlamentarios a abrir el debate en el Congreso y realizar aquellas modificaciones de calado que requiere su tramitación y que algunas se han apuntado en este artículo.