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LA FISCALÍA PIDE MÁS DE 11 AÑOS DE CÁRCEL A LAS 27 IMPUTADAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)


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LA FISCALÍA PIDE MÁS DE 11 AÑOS DE CÁRCEL A LAS 27 IMPUTADAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

David Bou - Directa.cat

En su escrito de acusación dirigido al Juzgado de Instrucción 3 de Cerdanyola solicita la apertura de juicio oral por los hechos sucedidos durante la ocupación del rectorado en abril de 2013

Las imputadas han convocado una rueda de prensa ante la puerta principal del edificio histórico de la UB

El proceso contra 25 estudiantes, un profesor y un trabajador del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) avanza. Así lo confirma el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, firmado el pasado 23 de mayo pero que no se ha hecho público en la defensa de las encausadas -agrupadas en la campaña ‘Somos 27 y més’- hasta el día de ayer.

Los hechos se remontan a la primavera del año 2013, cuando en un contexto de recortes en la educación pública, más de 150 personas se encerraron en el rectorado de la UAB para exigir la aplicación de unas mociones aprobadas anteriormente en el Claustro, órgano no vinculante pero sí de máxima representación de todos los sectores de la comunidad universitaria y el mayor en el que participa la comunidad estudiantil. Estas mociones defendían, entre otros, que la UAB desobedeciera la subida de tasas del 66% y que se establecieran títulos especiales de transporte público por las estudiantes de la universidad.

La fiscalía formula peticiones de penas de prisión contra las 27 personas imputadas y pide adicionalmente que se imponga a todas las acusadas la prohibición de acceso a la UAB durante cinco años

Más de tres años después de la protesta, el escrito de la fiscalía formula peticiones de penas de prisión contra las 27 personas imputadas. Pide un total de once años y cinco meses de prisión contra cada una de ellas como coautores de un delito continuado de desórdenes públicos durante la invasión de edificio público, uno de allanamiento de morada jurídico mediante la intimidación, otro de daños cualificados y un delito continuado de coacciones para restringir o impedir a 528 trabajadoras acceder a sus respectivos puestos de trabajo.

Además, pide adicionalmente que se imponga a todas las acusadas la prohibición de acceso a la UAB durante cinco años, medida que en el supuesto de que se acabara recogiendo a la sentencia, imposibilitaría a los dos trabajadores ya algunas de las estudiantes que aún no han finalizado sus estudios, desarrollar su actividad académica y profesional.

Sin embargo, las peticiones de la fiscalía no se acaban aquí, sino que acusa a siete estudiantes más por un delito continuado de coacciones con el objeto de alterar el derecho a la libertad de expresión, así como la libertad ambulatoria.

Este cargo se aplica en virtud del “diseño de una línea de actuación consistente en desarrollar la máxima beligerancia sobre Silvia Carrasco Pons”, entonces Vicerrectora de Estudiantes y Cooperación de la UAB. Por estos hechos el ministerio público también pide la prohibición a estas jóvenes de comunicarse por cualquier medio, así como de aproximarse a una distancia no inferior a un kilómetro a Carrasco por un período de cinco años. En total, las penas pedidas contra estas jóvenes aumentarían hasta los trece años y nueve meses de privación de libertad.

Bloqueo de la entrada al rectorado durante la ocupación la primavera de 2013 ->

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Uno de los estudiantes también está acusado como autor de tres faltas de coacciones, dos de vejaciones injustas y tres más de amenazas, que presuntamente habría proferido contra “toda persona o colectivo que no suscribas su línea de actuación o que cuestionara con argumentos pacíficos el comportamiento que el encausado y los miembros del colectivo del que formaba parte estaban llevando a cabo en la UAB “, según la fiscalía. Concretamente, esta expone en su escrito episodios con siete representantes de estudiantes con posicionamientos divergentes a los de las promotoras de la ocupación del rectorado. Sobre este joven también pesa otra falta de coacciones en condición de coautor, compartiendo la responsabilidad de los hechos con otra de las 27 acusadas. Para cada una de estas faltas la petición de pena es de veinte días de pena multa, con una cuota diaria de 14 euros.

Finalmente, la fiscalía propone que todas las acusadas indemnicen de forma conjunta la UAB con la cantidad de 384.838,38 euros, lo que responde al peritaje de los desperfectos y prejuicios por la universidad que habría provocado su acción.

Relato del ministerio fiscal

La fiscalía enumera los hechos a lo largo de 23 páginas, en las que formula sus acusaciones y peticiones de pena. Divide las acciones de las imputadas en tres fases temporales, que comprenden el período que va desde el 17 de abril de 2013, fecha del inicio de la ocupación del rectorado, hasta el 17 de mayo, día en el que “el grupo de estudiantes que había desarrollado la invasión del edificio abandonaron voluntariamente el mismo “, según sus propias palabras.

En el escrito de acusación se manifiesta que las acusadas “en ejecución de un plan preconcebido, amparándose en el derecho legítimo a la protesta estudiantil, desarrollaron una secuencia de comportamiento criminal ejecutado en varias fases sucesivas, previamente planificadas”. El Ministerio Fiscal afirma que el fin último y común era “alterar la paz pública o menos, subsidiariamente, de aprovechar las circunstancias concurrentes para tratar de afectar la paz pública y la normal convivencia ciudadana en el entorno universitario”, y remacha ” el plan criminal tuvo el siguiente desarrollo “antes de describir los hechos, divididos en tres fases.

En el escrito de la fiscalía se detalla cuáles de las 27 personas ejercieron el papel de interlocutores con los órganos de gobierno de la UAB y qué actuaron como portavoces en una rueda de prensa

En el documento judicial se detalla cuáles de las 27 personas ejercieron el papel de interlocutores con los órganos de gobierno de la UAB y qué actuaron como portavoces en una rueda de prensa que se desarrolló el 22 de abril ante la puerta principal del rectorado. Todas estas personas se encuentran entre las 27 imputadas.

En relación a los episodios presuntamente delictivos que se describen en el primer apartado del escrito, aquel por el que todas las procesadas reciben la petición de once años y cinco meses de prisión, la Fiscalía afirma que “si bien no todos los acusados referidos se puede acreditar que participaron en cada uno de ellos, sí que todos ellos participaron en su diseño y elaboración, les dieron apoyo explícito y ejecutaron alguno o algunos de los mismos de forma coordinada, actuando en grupo y con el conocimiento que estos actos formaban parte de una estrategia conjunta “.

Sin embargo, la fiscalía afirma que durante esta primera fase de la ocupación no se impidió el acceso a las dependencias del rectorado a las trabajadoras ni se ocasionaron desperfectos, sino que se entró en las instalaciones del rectorado ” negándose a abandonar las mismas y pernoctando en ellas cada noche sin la autorización ni el permiso de las autoridades universitarias “.

Rápidas reacciones

El grupo de apoyo ‘Somos 27 y más’, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y Alerta Solidaria han convocado una rueda de prensa el jueves en dos y media del mediodía ante la puerta principal del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, en la plaza Universidad.

A su vez, la CGT ha emitido un comunicado donde tacha de “grave y delirante” la imputación de estas personas, entre las que se encuentra el secretario general del sindicato y profesor de la UAB, Ermengol Gassiot. “En la mencionada acusación, algunos profesores y PAS mostraron su solidaridad con su presencia en el edificio y haciendo sus clases en el rectorado”, afirma la misiva antes de explicar que la misma UAB se ha personado como acusación particular en este procedimiento. La CGT se muestra contundente cuando afirma que la UAB “ha redactado informes para la policía y ha perseguido claramente aquellas personas que fueron contrarias a la candidatura del anterior rector, Ferran Sancho”. Por todo ello, consideran que “el presente procedimiento conforma una persecución indiscriminada de la lucha sindical y, por tanto, en una clara vulneración del ejercicio de derechos fundamentales”.