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EL GOBIERNO ELUDE PAGAR JUBILACIONES ANTICIPADAS



EL GOBIERNO ELUDE PAGAR JUBILACIONES ANTICIPADAS

Mercedes Jansa - elperiodico.com

Conflicto por las prestaciones públicas

La Seguridad Social cambia el criterio para el retiro de los mayores de 61 años

Desde junio no reconoce derechos a los que pagaron por mejorar su pensión

Las empresas, en su mayoría de gran tamaño, prescindieron de ellos --mayores de 55 años-- en la época de dificultades económicas para aligerar plantilla. Pactaron los despidos para eludir los tribunales, dieron buenas indemnizaciones y no pagaron impuestos. A estos trabajadores les animaron a suscribir un convenio especial con la Seguridad Social por el que pagaban las cotizaciones --entre 800 y 900 euros al mes-- para mejorar la pensión que les correspondería cuando llegaran a los 61, la edad de la jubilación anticipada.

Este tipo de convenios compensa el despido anticipado de trabajadores de más edad afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), ayuda a los que agotan la prestación y el subsidio de paro y a los que causan baja en el régimen general y no tienen cabida en otro.

Pero ahora, sin previo aviso, el Gobierno ha roto sus sueños, les ha cambiado los planes de vida y les impide pasar al retiro.

Son miles los afectados por una circular interna del pasado 13 de junio que ha invalidado lo que dicen las dos últimas reformas de pensiones. El Gobierno calcula que son unos 35.000 -7.000 por cada año de los que quedan hasta el 2019, año en que acaban las excepciones de la ley-, pero los afectados hablan de más de 130.000, que son los que figuran en el registro de convenios especiales de la Seguridad Social.

Recorte de Derechos

El nuevo criterio intenta aclarar los problemas suscitados en los dos últimos meses en los que a muchos despedidos se les ha denegado la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Sin embargo, su efecto ha sido el contrario ya que incluye recortes a los derechos establecidos en la reforma del 2011, como por ejemplo el de cotizar particularmente para mantener la pensión.

La ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantenía las mismas condiciones que antes de la reforma para la prejubilación a los trabajadores despedidos mediante un expediente de regulación de empleo negociado y planes de jubilación parcial, y establecía una cláusula de salvaguarda hasta enero del 2013.

Con este acuerdo de los agentes sociales que el Gobierno socialista hizo suyo, se trataba de garantizar la mayor protección para los trabajadores de más edad que tienen más dificultades para retornar al mercado de trabajo.

Una vez que se agota la prestación contributiva a los despedidos de más edad les queda el subsidio para mayores de 55 años, que cotiza por la base mínima. Por tanto, son muchos los casos en que estos trabajadores emplean sus ahorros en suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para cotizar más con el fin de que su futura pensión no se vea muy rebajada. Esta posibilidad es la que ahora no reconoce el departamento que dirige Fátima Báñez.

El Gobierno del PP reformó sin acuerdo político ni social en el 2013 esta llamada cláusula de garantía y excluyó de estos convenios a los trabajadores que tuvieran una nueva alta en la Seguridad Social.

En los dos años transcurridos entre las reformas este organismo consideró que el alta suponía una relación laboral con un empleado, y no solo la cotización del trabajador, por lo que mantuvo para estos despedidos la posibilidad de pagar sus cuotas al Seguro hasta los 61 años y entonces jubilarse.

Sin embargo, la circular interna del pasado junio excluye definitivamente a quienes contaban con este convenio especial, tanto si han agotado como si no el subsidio de paro.

Los sindicatos mayoritarios han reclamado por carta al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, la rectificación de una instrucción «arbitraria y discriminatoria», en palabras de Carmen López, responsable de UGT. Junto a CCOO, estudian los casos para plantear demandas ante los tribunales.

Los grupos de la oposición han emprendido una ofensiva parlamentaria para que la ministra de Empleo rinda cuentas en el Congreso de un hecho que deja a estos despedidos en un «limbo sin protección social», en palabras de Carles Campuzano, portavoz de CiU.

DUDAS DE LEGALIDAD

Este «acto ruin», como lo califican algunos de los afectados consultados por este diario, es de dudosa legalidad, según los partidos y sindicatos, ya que una circular de una dirección general no puede cambiar dos leyes de pensiones.

Las consecuencias para los miles de afectados son nefastas económicamente: se les aplican coeficientes reductores más agresivos para la jubilación anticipada que, indirectamente, se retrasa de los 61 a los 63 años. Contaban con unos ingresos que no llegarán y no saben si tendrán que pagar más.

Con vidas laborales largas que superan los 40 años, ya no van a volver al mercado laboral. Algunos ayudan a los hijos y a sus parejas aún en activo, afectados por los recortes.