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GUÍA DE DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO


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GUÍA DE DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

1. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1.1. ¿quién es víctima de violencia de género?

1.2. ¿cómo se acredita la situación de violencia de género?

1.3. Derecho a la información

1.3.1. Servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico

1.3.2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género

1.4. Derecho a la asistencia social integral

1.5. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada

1.5.1. Contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita

1.6. Derechos laborales

1.6.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena

1.6.2. Derechos de las trabajadoras por cuenta propia

1.7. Derechos en materia de seguridad social

1.7.1. Derechos en materia de cotización a la seguridad social

1.7.2. Derechos en materia de prestaciones de la seguridad social

1.8. Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral

1.8.1. Programa específico de empleo

1.8.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género

1.8.3. Incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia

1.8.4. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género

1.9. Derechos de las funcionarias públicas

1.10. Derechos económicos

1.10.1. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo

1.10.3. Anticipos por impago de pensiones alimenticias

1.10.4. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores

1.11. Derecho a la escolarización inmediata

2. DERECHOS DE LAS MUJERES EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Situación de residencia en españa de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género

2.3. Derecho de asilo

2.4. Programas de retorno voluntario de inmigrantes

3. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE LOS QUE TAMBIÉN SON TITULARES LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

3.1. Derecho a formular denuncia

3.2. Derecho a solicitar una orden de protección

3.3. Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de acciones

3.4. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado

3.5. Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales

3.6. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de Los procesos relacionados con la violencia de género

3.7. Ayudas a las víctimas de delitos

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1. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos, con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida.

Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

1.1. ¿Quién es víctima de violencia de género? (Art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12)

A los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, es víctima de violencia de género la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercido sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o hayan estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Este tipo de violencia es la expresión más grave de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Además, la Ley Orgánica 1/2004 incorpora a los hijos y las hijas de las mujeres al concepto de víctima desde su Exposición de Motivos y les reconoce toda una serie de derechos contemplados en los artículos 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 y en la Disposición Adicional 17ª.

1.2. ¿Cómo se acredita la situación de violencia de género?(Arts. 23, 26 y 27.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12)

Con carácter general, la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos correspondientes se acredita con la sentencia condenatoria, la orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

No obstante, para el reconocimiento de algunos derechos su normativa reguladora especifica cuáles son los medios para acreditar la situación de violencia de género.

1.3. Derecho a la información.- (Art. 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12)

El derecho a recibir información está garantizado a través de los siguientes medios:

1.3.1. Servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico

• Servicio telefónico gratuito a través de un número corto de tres dígitos: 016.

• Accesible a las personas con discapacidad auditiva y/o del habla: a través del número 900 116 016, por medio de un teléfono móvil, una PDA, o un teléfono de texto (DTS).

• Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

• Universalidad: atiende en Castellano, Catalán, Gallego y Euskera. Además, atiende en Inglés, Alemán, Árabe, Búlgaro, Chino, Portugués, Rumano, Ruso; y de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 h, en otros 42 idiomas. De este modo, con diferente grado de cobertura se atiende en total en 53 idiomas.

• Confidencialidad de los datos de las personas usuarias.

• Derivación de las llamadas en los siguientes supuestos:

- Cuando se trate de llamadas referidas a situaciones de emergencia, se derivará al teléfono 112.

- Cuando se trate de llamadas de información general sobre mujer, se derivará al Instituto de la Mujer.

- Cuando se trate de llamadas que requieran de información específica relacionada con una Comunidad Autónoma.

- Las llamadas realizadas por personas menores de edad serán derivadas al Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes.

Además pueden plantearse las consultas a través de la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

1.3.2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género

Está disponible en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el Área de Igualdad:

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action

Permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos (policiales, judiciales, información, atención y asesoramiento) que las administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencia de género.

1.4. Derecho a la asistencia social integral (Art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12)

Para hacer real su derecho a la integridad física y moral, las mujeres víctimas de violencia de género, y sus hijos e hijas menores, tienen derecho a servicios sociales de:

• Atención

• Emergencia

• Apoyo y acogida

• Recuperación integral

La finalidad de estos servicios es dar cobertura a las necesidades derivadas de la situación de violencia, restaurar la situación en que se encontraba la víctima antes de padecerla o, al menos, paliar sus efectos.

A través de los mismos se hace posible que las mujeres:

• Reciban asesoramiento sobre las actuaciones que pueden emprender y sus derechos.

• Conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, médica, psicológica y social.

• Accedan a los diferentes recursos de alojamiento (emergencia, acogida temporal, centros tutelados, etc.) en los que está garantizada su seguridad y cubiertas sus necesidades básicas.

• Recuperen su salud física y/o psicológica.

• Logren su formación, inserción o reinserción laboral, y reciban apoyo psico-social a lo largo de todo el itinerario de recuperación integral con la finalidad de evitar la doble victimización.

El derecho a la asistencia social integral se reconoce también a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. Los servicios sociales deben contar con un número suficiente de plazas previstas para los menores y con personal con formación específica en su atención a fin de prevenir y evitar eficazmente las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los mismos.

1.5. Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada

- Art. 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12

- Ley 1/1996, de 10-1, de Asistencia Jurídica Gratuita

- Real Decreto 996/2003, de 25-7, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar. Esta asistencia se les prestará de inmediato, en aquellos procesos y procedimientos administrativos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie el procedimiento penal, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

1.5.1. Contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, entre otras, las siguientes prestaciones:

• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso.

• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el proceso judicial.

• Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, en periódicos oficiales.

• Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

• Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

• Obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios de los documentos notariales.

La solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá indicar cuáles de estas prestaciones pide que se le reconozcan. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita comportará en todo caso la exención del pago de las tasas y depósitos mencionados.

Reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la defensa de los intereses de la víctima, en todos los procesos, se realizará por el mismo abogado perteneciente al Turno de Oficio Especial de Violencia de Género establecido por los Colegios de Abogados en sus respectivos ámbitos.

1.6. Derechos laborales (Art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12)

El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en caso de que no estuviesen empleadas.

Para ejercer estos derechos las trabajadoras deben acreditar la situación de violencia de género, bien mediante la sentencia por la que se condene al agresor, la orden de protección o, excepcionalmente y hasta tanto se dicte la orden de protección, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género.

1.6.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena

(Arts. 37.7, 40.3.bis, 45.1.n, 48.6, 49.1, 52.d, 55.5.b del Estatuto de los Trabajadores

Los Convenios Colectivos y Acuerdos de empresa pueden contemplar mejoras de estos derechos.

• Derecho a la reducción de la jornada laboral con disminución proporcional del salario, cuya finalidad es que la mujer víctima de violencia de género haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

• Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

• Derecho a la movilidad geográfica, con reserva del puesto de trabajo durante los primeros 6 meses.

• Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, y con una duración inicial que no podrá exceder de seis meses.

• Derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora, en cuyo caso, se considerará a la trabajadora en situación legal de desempleo por lo que, en caso de reunir los demás requisitos exigidos, tendría derecho a percibir la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo.

• Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.

Nulidad del despido de la trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de sus derechos laborales.

1.6.2. Derechos de las trabajadoras por cuenta propia

(Art. 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 20/2007, de 20-7, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo; Ley 32/2010, de 5-8, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos; Real Decreto 1541/2011, de 31-10, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5-8)

Derechos de la trabajadora autónoma económicamente dependiente:

- Derecho a la adaptación del horario de la actividad.

- Derecho a la extinción de su relación contractual.

- Se considerará causa justificada de interrupción de la actividad por parte de la trabajadora la situación de violencia de género.

• Se encontrarán en situación legal de cese de actividad, a los efectos de la protección por cese de actividad, las trabajadoras autónomas que cesen en el ejercicio de su actividad, de manera temporal o definitiva, por causa de la violencia de género.

1.7. Derechos en materia de Seguridad Social

(Art. 21 de la L.O. 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)

1.7.1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social

Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario. (Orden TAS/2865/2003, de 13-10, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social)

Suspensión de la obligación de cotizar durante un período de seis meses para las trabajadoras autónomas que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

• Consideración como períodos de cotización efectiva del tiempo de suspensión de la relación laboral por las trabajadoras por cuenta ajena y del tiempo de suspensión de la obligación de cotizar por las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad. (Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11-11, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social)

1.7.2. Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social

• A los efectos de las prestaciones por maternidad y por paternidad, se considerarán situaciones asimiladas a la de alta los periodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género.

(Real Decreto 295/2009, de 6-3, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural)

• Derecho a la pensión de jubilación anticipada de las mujeres que extingan su contrato de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género y reúnan los requisitos exigidos. (Artículo 220 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social)

Derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de separación y divorcio de las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten los requisitos exigidos y aunque no sean acreedoras de la correspondiente pensión compensatoria. (Artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social)

Pérdida de la pensión de viudedad por quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o ex cónyuge, o pareja o ex pareja de hecho; e incremento, en su caso, de la pensión de orfandad de los huérfanos.

(Disposición adicional 1ª de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículo 38 del Decreto 3158/1966, de 23-12, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas)

• A efectos de tener derecho a la prestación por desempleo y al subsidio por desempleo, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora se encuentra en situación legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

(Artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículos 267.1 a) 5º y 267.1 b) 2º y 267.3 b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social)

1.8. Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral

1.8.1. Programa específico de empleo

(Artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Real Decreto 1917/2008, de 21-11, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género)

El programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, incluye las siguientes medidas:

• Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal especializado.

• Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena.

• Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

• Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.

• Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.

• Incentivos para compensar diferencias salariales.

• Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica.

1.8.2. Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género

(Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de género, que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

1.8.3. Incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia

(Orden TAS/1622/2007, de 5-6, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo)

Las mujeres víctimas de violencia de género desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, que se establezcan como trabajadoras autónomas pueden ser beneficiarias de una subvención por el establecimiento como trabajadora autónoma y de una

subvención financiera, cuyo objeto es reducir los intereses de los préstamos destinados a financiar las inversiones para la creación y puesta en marcha de la empresa.

1.8.4. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género

(Ley 43/2006, de 29-12, para la mejora del crecimiento y del empleo; Disposición final 1ª del Real Decreto 1917/2008, de 21-11)

Las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social, diferentes en función del carácter indefinido o temporal del contrato celebrado.

1.9. Derechos de las funcionarias públicas

(Artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 7/2007, de 12-4, del Estatuto Básico del Empleado Público; Art. 21 Orden TAS/2865/2003, de 13-10, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social)

• Derecho a la reducción o readaptación de la jornada, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo en los términos que la Administración establezca.

• Derecho a la movilidad por violencia de género.

• Derecho a la excedencia. Durante los 6 primeros meses, la funcionaria tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñara, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social correspondiente.

• Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

• Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social cuando las funcionarias víctimas de violencia de género hayan reducido su jornada con disminución proporcional de la retribución.

1.10. Derechos económicos

1.10.1. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo

(Art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y Real Decreto 1452/2005, de 2-12. La normativa relativa al procedimiento de tramitación es la que al respecto haya aprobado la Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se solicite la ayuda)

Es una ayuda económica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los siguientes requisitos:

Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente.

Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe, calculado en función de un número de mensualidades del subsidio por desempleo correspondiente, depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo, y de si la propia mujer y/o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad.

Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11-12, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. En cambio, es incompatible con otras ayudas que cumplan la misma finalidad, así como con la participación en el programa de Renta Activa de Inserción.

Esta no tiene en ningún caso la consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo de las pensiones no contributivas.

1.10.2. Renta activa de inserción

(Real Decreto 1369/2006, de 24-11, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo)

Es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el llamado “programa de renta activa de inserción”, a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

Para ser incluida en el programa de renta activa de inserción y ser beneficiaria de esta ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Acreditar su condición de víctima de violencia de género.

• Estar inscrita como demandante de empleo, pero no se le exige llevar 12 meses inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo.

No convivir con su agresor.

• Ser menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 ó más años de edad.

Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del SMI vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

• Puede ser beneficiaria de un nuevo programa de renta activa de inserción aunque hubiera sido beneficiaria de otro programa dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud.

La cuantía de la renta activa de inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.

Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la renta activa de inserción.

1.10.3. Anticipos por impago de pensiones alimenticias

(Real Decreto 1618/2007, de 7-12, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos)

A través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

Las personas beneficiarias de los anticipos son, con carácter general, los hijos titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar.

Las personas beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrá percibir durante un plazo máximo de 18 meses.

En el supuesto en que la persona que ostente la guarda y custodia de los menores (que es quien solicita y percibe el anticipo) sea víctima violencia de género, se entiende que existe una situación de urgente necesidad para reconocer los anticipos del Fondo, por lo que se tramitará el procedimiento de urgencia, que implica que el plazo para resolver y notificar la solicitud será de dos meses.

1.10.4. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores

(Art. 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 1/2013, de 14-5, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; Real Decreto 233/2013, de 5-4, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016)

Las mujeres víctimas de violencia de género constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda:

• Posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales, acordados en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria.

• Posibilidad de acceder al Fondo Social de Viviendas en Alquiler.

http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm

• Tienen la consideración de “sector preferente” a los efectos de las ayudas previstas en el Plan Estatal orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas.

1.11. Derecho a la escolarización inmediata

(Art. 5 y disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)

Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de los actos de violencia de género, tienen derecho a su escolarización inmediata en su nuevo lugar de residencia.

2. DERECHOS DE LAS MUJERES EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

(Art. 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 4/2000, de 11-1, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20-4; Real Decreto 240/2007, de 16-2, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)

La situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género incluye las siguientes posibilidades:

2.1.1. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

(Art. 9.4 del Real Decreto 240/2007, de 16-2, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)

Para conservar el derecho de residencia en el caso de nulidad matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, la mujer que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberá acreditar que ha sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.

2.1.2. Mujeres extranjeras no comunitarias: pueden ser titulares de alguno de los dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género siguientes:

Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge o pareja:

(Art. 19.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11-1, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Art. 59.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20-4)

- Obtención de la autorización una vez dictada a favor de la mujer una orden de protección o, en su defecto, cuando exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.

- Duración de la autorización: 5 años.

Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular:

(Art. 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11-1, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Arts. 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20-4)

- Solicitud de la autorización desde el momento en que se haya dictado a favor de la mujer una orden de protección o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género.

- Concesión de la autorización cuando el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.

- Duración de la autorización: 5 años. No obstante, en el curso de estos 5 años la mujer puede acceder a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional de residencia temporal y trabajo.

- Autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia: solicitud por parte de la mujer extranjera en el momento en que ella solicite a su favor la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal. Su concesión y su duración se producen en los mismos términos que la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular.

- La autoridad administrativa competente para otorgar esta autorización por circunstancias excepcionales, concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades, que se encuentren en España en el momento de la denuncia. Estas autorizaciones provisionales concluirán en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales.

2.1.3. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer extranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género. (Art. 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11-1, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social).

2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género. (Art. 31 bis de la L.O. 4/2000, de 11-1, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Arts. 131 a 134 del Reglamento de la L.O. 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20-4)

• Si al denunciarse una situación de violencia de género, se pusiera de manifiesto la situación irregular de la mujer extranjera:

- No se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español (infracción grave).

- Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

• Concluido el procedimiento penal:

- Con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.

- Con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia de género, se denegará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Además, perderá eficacia la autorización provisional de residencia y trabajo concedida a la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones provisionales concedidas a sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Y se incoará o continuará el procedimiento administrativo sancionador por estancia irregular en territorio español.

2.3. Derecho de asilo. (Ley 12/2009, de 30-10, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria)

La condición de refugiada se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal país, o a la mujer apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él:

• Para que se reconozca el derecho de asilo es preciso que los fundados temores de las mujeres a ser objeto de persecución se basen en actos de persecución que sean graves y revistan la forma de actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual.

• Para valorar los motivos de persecución se considerará que, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual. Así mismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género.

2.4. Programas de retorno voluntario de inmigrantes

Los programas de retorno voluntario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrecen la posibilidad de retornar a aquellas personas extranjeras (inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas con estatuto de protección de protección subsidiaria), que manifiesten su deseo de volver a su país de origen y que cumplan los requisitos establecidos en alguno de los programas.

Los programas de los que podrían beneficiarse las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género serían los siguientes:

Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a personas vulnerables: del que pueden ser beneficiarias las solicitantes de asilo, las que tengan estatuto de protección subsidiaria y las que estén en situación irregular y acrediten, mediante un informe emitido por los servicios sociales municipales o por la entidad especializada que gestione el retorno, ser víctimas de violencia psicológica, física o sexual

Programa de retorno voluntario de atención social: del que pueden ser beneficiarias las extranjeras vulnerables en situación de regularidad administrativa. Es necesario que se encuentren en situación de carencia y precariedad social, acreditada mediante un informe emitido por los servicios sociales municipales o por la entidad especializada que gestione el retorno, y que sean víctimas de violencia psicológica, física o sexual.

Programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros extracomunitarios que retornen voluntariamente a sus países de procedencia (APRE): del que pueden ser beneficiarias quienes tengan reconocido el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo de forma anticipada y acumulada, con la finalidad, precisamente, de facilitar su retorno, y sean nacionales de países que tengan suscrito con España convenio bilateral en materia de Seguridad Social.

3. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE LOS QUE TAMBIÉN SON TITULARES LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.- Además de los derechos específicos que la Ley integral reconoce a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, las mismas tienen los derechos que las leyes reconocen a las víctimas del delito, entre los que cabe destacar los siguientes:

3.1. Derecho a formular denuncia. (Arts. 259 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Las mujeres tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género sufridas.

A través de la denuncia se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de una infracción penal, es decir, de una conducta que el Código Penal define como delito o falta, estableciendo un castigo o pena para quien la realiza.

Tras la presentación de la denuncia y su remisión a la autoridad judicial, si ésta entiende que existen indicios de haberse cometido un hecho delictivo, iniciará las correspondientes actuaciones penales.

3.2. Derecho a solicitar una orden de protección. (Art. 62 de la L.O. 1/2004, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

La orden de protección es una resolución judicial que dicta el órgano judicial competente en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta, aprecia la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de medidas de protección durante la tramitación del proceso penal.

La orden de protección contempla en un único documento medidas cautelares de naturaleza penal y civil a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos, y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por las distintas Administraciones Públicas. Con la orden de protección se acredita la condición de víctima de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos que establece la L.O. 1/2004.

Las medidas de protección que la autoridad judicial puede acordar a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos, pueden ser de carácter penal y civil. Entre las primeras puede acordarse una o alguna de las siguientes:

1. Desalojo del agresor del domicilio familiar.

2. Prohibición de residir en determinada población.

3. Prohibición de que el agresor se aproxime a la víctima y/o a sus familiares u otras personas a la distancia que se determine.

4. Prohibición de que el agresor se comunique con la víctima y/o con sus familiares u otras personas por cualquier medio: carta, teléfono, etc.

5. Prohibición al agresor de acercarse a determinados lugares: centro de trabajo de la víctima, centros escolares de los hijos, etc..

6. Omisión de datos relativos al domicilio de la víctima.

7. Protección judicial de la víctima en las oficinas judiciales.

8. Incautación de armas y prohibición de tenencia.

Las medidas de naturaleza civil que pueden adoptarse son las siguientes:

1. El uso y disfrute de la vivienda, el mobiliario y el ajuar familiar.

2. La atribución de la guarda y custodia de los hijos menores.

3. La suspensión del ejercicio de la patria potestad

4. La suspensión del régimen de comunicaciones, visitas y estancias del padre con los hijos o la forma en que éste debe llevarse a cabo, por ejemplo, a través de un Punto de encuentro.

5. La fijación de una prestación de alimentos.

6. Cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los menores de un peligro o evitarles perjuicios.

La solicitud puede efectuarla la propia víctima, sus familiares más cercanos, su abogado, o el Ministerio Fiscal. Sin perjuicio del deber de denuncia, los servicios sociales que conozcan su situación, deberán ponerlos en conocimiento del órgano judicial o del Ministerio Fiscal para que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

Las medidas civiles deben pedirse expresamente por la victima o su presentante legal y por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o incapaces.

Es aconsejable solicitar la orden de protección en el mismo momento en el que se presenta la denuncia, aunque también puede solicitarse con posterioridad.

Cuando no se presenta denuncia, la propia solicitud de la orden de protección tiene esta consideración, en cuanto a los hechos y situaciones de violencia relatados en la misma.

El Juzgado debe dictar la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación, tras una comparecencia de la víctima y el agresor. La Ley establece que esta comparecencia deberá realizarse por separado, evitando así la confrontación entre ambos.

3.3. Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de acciones. (Art. 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Presentada la denuncia y en su primera comparecencia en el Juzgado, el Secretario Judicial informará a la víctima de su derecho a mostrarse parte en el proceso penal.

El ejercicio de este derecho, que supone la intervención activa de la mujer víctima de violencia de género en el procedimiento judicial que se tramita tras su denuncia y el ejercicio de la acción penal y, en su caso, de la acción civil, se realiza a través de su personación en las actuaciones penales como acusación particular; para ello debe nombrar un abogado en defensa de sus intereses y un procurador para su representación.

La designación de estos profesionales puede realizarse por libre elección de la víctima o a través del Turno de Oficio Especializado de Violencia de Género. En este último caso la asistencia y representación serán gratuitas si a la mujer se le concede el beneficio de justicia gratuita.

La personación y consiguiente condición de “parte” en el proceso penal conlleva que la víctima, a través de su abogado, puede proponer diligencias de prueba, intervenir en la práctica de las mismas, y conocer todas las resoluciones que se dicten durante la tramitación del proceso, pudiendo, si no está de acuerdo, presentar los recursos que procedan.

Asimismo, como acusación particular, la víctima podrá solicitar la condena del agresor y una indemnización por las lesiones, daños y perjuicios sufridos.

El Ministerio Fiscal tiene encomendada la defensa de los intereses de las víctimas y perjudicados en los procesos penales. Si llega a la convicción de que se ha cometido un delito, dirigirá la acusación contra quien considere responsable, independientemente de que la víctima se haya personado o no en el procedimiento penal. Si no llega a dicha convicción, no formulará la acusación o podrá solicitar el archivo del procedimiento, por ejemplo si considera que no existen suficientes pruebas de los hechos.

3.4. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado. (Art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

La comisión de un delito o falta obliga a reparar los daños y perjuicios causados. Esta responsabilidad civil comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

En caso de que la víctima haya ejercido la acción civil (para exigir esta responsabilidad civil) en el proceso penal, en la sentencia que se dicte, y siempre que la misma sea condenatoria, además de la pena que en su caso se imponga al culpable, se fijará cuál es la responsabilidad civil por los daños físicos, psicológicos o morales causados a la víctima por el delito.

No obstante, la víctima puede reservarse su derecho a ejercer la acción civil en un proceso distinto ante los Juzgados del Orden Civil, de forma que en el proceso penal no se ejercitará la acción civil. También puede renunciar a cualquier reclamación que, en este sentido, le pudiera corresponder.

3.5. Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales

La víctima, aunque no ejerza su derecho a intervenir en el proceso penal, debe ser informada de su papel en el mismo y del alcance, desarrollo y la marcha del procedimiento.

La información a la víctima de sus derechos corresponde tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Juzgado y a las Oficinas de Asistencia a la Víctima. El contenido de dicha información comprenderá:

• Su derecho a mostrarse parte en el proceso penal y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho delictivo.

• La posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente pueden corresponderle.

• Información sobre el estado de las actuaciones judiciales, a examinar las mismas, así como a que se le expidan copias y testimonios (Art. 234 de la L.O. del Poder Judicial).

• Debe serle comunicada cualquier resolución que pueda afectar a su seguridad, así la orden de protección, la adopción o modificación de otras medidas cautelares, los autos que acuerdan la prisión o libertad provisional del imputado y la situación penitenciaria del agresor (Arts. 109, 506.3, 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

• Tiene que ser informada del lugar y fecha de celebración del juicio oral (Arts. 785.3, 962 y 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

• Debe notificársele la sentencia, tanto de instancia como, en su caso, la que resuelva el recurso de apelación. (Arts. 270 de la L.O. del Poder Judicial; 789.4, 792.2, 973.2 y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

• Debe notificársele el sobreseimiento del proceso.

3.6. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procesos relacionados con la violencia de género

(Art. 63 de la L.O. 1/2204, de 28-12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; art. 232.2 L.O. Poder Judicial; art. 15.5 Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; arts. 2.a) y 3.1 L.O. 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales)

La Ley Integral prevé medidas específicas de protección de la dignidad e intimidad de la víctima.

Por un lado, se establece que los datos personales de la misma, de sus descendientes y las personas que estén bajo su guarda o custodia, tengan carácter reservado.

La reserva del nuevo domicilio, centro de trabajo o colegios de los hijos no sólo preservan la intimidad de la víctima sino que, además, es un instrumento importante para su seguridad, al evitar que estos datos puedan llegar a conocimiento del imputado.

Con esta misma finalidad, el modelo de solicitud de la orden de protección dispone que la víctima puede indicar un domicilio o teléfono de una tercera persona a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos judiciales podrán hacer llegar las comunicaciones o notificaciones.

Asimismo, el Juzgado puede acordar, de oficio o a instancia de la propia víctima o del Ministerio Fiscal, que las actuaciones judiciales no sean públicas y que las vistas se celebren a puerta cerrada.

3.7. Ayudas a las víctimas de delitos

(Ley 35/1995, de 11-12, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23-5)

Se trata de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental; así como en beneficio de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aunque se perpetren sin violencia. Además, se prevé la concesión de ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden ser beneficiarias de estas ayudas en tanto que son víctimas de un delito.

Las personas beneficiarias de estas ayudas pueden serlo a título de víctimas directas, cuando sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito; y a título de víctimas indirectas, en el caso de muerte, como los hijos de la persona fallecida.

El plazo para solicitar estas ayudas es de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. No obstante, dicho plazo se interrumpe con el inicio del proceso penal y se abre de nuevo desde que recaiga la resolución judicial firme.

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

- Ámbito estatal: 016

- Personas con discapacidad auditiva: 900 116 016

- Andalucía: 900 200 999

- Aragón: 900 504 405

- Canarias: 112

- Cantabria: 942 214 141

- Castilla-La Mancha: 900 100 114

- Castilla y León: 012

- Cataluña: 900 900 120

- Extremadura: 112

- Galicia: 900 400 273

- Illes Balears: 112/971 178 989

- La Rioja: 900 711 010

- Madrid: 012

- Navarra: 012

- País Vasco: 900 840 111

- Principado de Asturias: 900 209 629

- Región de Murcia: 112

- Comunidad Valenciana: 900 580 888

- Ceuta: 900 700 099

- Melilla: 952 699 214

Más información: en los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, en los Centros de Atención a la Mujer autonómicos y locales, en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito en las sedes de los Juzgados, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las diferentes organizaciones de mujeres y de extranjeros.

Página web de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género:

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm