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INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE UN CARGO PÚBLICO



UNA JUEZ RECHAZA PAGAR INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE UN CARGO PÚBLICO

Irene Bascoy – Vigo

Alega que los funcionarios no tienen derecho a compensación tras la extinción de un contrato de alta dirección en la administración

Solicitaba más de 31.000 euros tras su salida de Remasa

El Juzgado de los Social nº 26 de Madrid rechaza que el socialista Javier Gago tenga derecho a ser indemnizado tras su salida como consejero delegado de Remolques Marítimos, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento y extinguida en el marco del Plan de racionalización del sector público puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy para reducir gastos.

Gago, que fue regidor de Vilagarcía de Arousa entre 1991 y 2007 con el PSOE, tenía un sueldo anual de 134.457,62 euros, incluidas pagas extras al frente de esta empresa, que gestionaba 69 barcos, la mayoría remolcaldores, encargados de tareas de salvamento marítimo.

Su salario casi duplica al del titular de la Xunta. Con un sueldo mensual de 11.204,80 euros, Javier Gago, que fue nombrado en febrero de 2010 por el entonces ministro de Fomento, José Blanco, presentó la demanda en junio del año pasado y reclamaba tres meses de sueldo por falta de preaviso y una indemnización de 7 días de salario por año trabajado. Más de 31.000 euros.

22 años en política

La magistrada desestimó el pasado 30 de junio la demanda "íntegramente" porque Gago, aunque estuvo 22 años en política, es funcionario. El también exdiputado en el Congreso y expresidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía con el bipartito tiene la plaza de secretario del Ayuntamiento de Catoira, plaza que precisamente estaba ocupando cuando le llamó Blanco para que tomara las riendas de Remasa.

La magistrada de Madrid argumenta en una sentencia que puede ser recurrida que la disposición adicional 8ª del Real Decreto de 2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral establece que "no tendrá derecho a indemnización alguna" por la extinción de contratos mercantiles y de alta dirección en la Administración quien "ostente la condición de funcionario de carrera del Estado, de las CC.AA. o de las Entidades Locales, o sea empleado de entidad integrante del sector público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo". Sería el caso de Gago.

Sin derecho a indemnización

La sentencia recoge además que el mismo Real Decreto también establece que en caso de haber derecho a indemnizaciones, el Gobierno puede "modificarlas" "en función de la situación económica y de las medidas de política económica".

El objetivo es "introducir criterios racionales y lógicos de ajuste en el ámbito de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal". "Se persigue la estabilidad económica, el interés general y el bien común", explica la norma.

Para la defensa de Gago, la disposición adicional 8ª de la reforma laboral "vulnera" el principio de igualdad consagrado en "la Constitución", pues en su opinión establece diferencias entre los funcionarios y el resto de los trabajadores.

Regulación de empleo

En su demanda también sostiene Javier Gago que la reforma

"intenta burlar una regulación de empleo o despido objetivo, por necesidad de amortizar puesto de trabajo, mediante el recorte o modificación de la regulación que regía el contrato en el momento del acuerdo entre las partes".

En cambio, Sasemar, que se quedó con el 100% de las acciones de la empresa Remasa, cuando ésta fue suprimida, defendió la legalidad y la aplicación de la reforma laboral.

Como queda dicho, Javier Gago pasó a dirigir la empresa estatal de remolques tras abandonar la Alcaldía de Vilagarcía, aunque primero retornó a su puesto como secretario municipal de carrera en el Ayuntamiento de Catoira, donde hoy vuelve a ocupar dicha plaza.

Javier Gago desempeñó el puesto de regidor municipal durante dieciséis años y fue sustituido luego por la también socialista Dolores García Jiménez (tras un breve paréntesis de Enrique León).

En las siguientes elecciones, la Alcaldía de Vilagarcía fue recuperada por el Partido Popular, cargo que actualmente ostenta Tomás Fole.