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INFORME DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 27-2-2015


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EL GOBIERNO APRUEBA LOS PRINCIPALES COMPROMISOS ANUNCIADOS EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Informe del Consejo de Ministros de 27-2-2015

El Consejo de Ministros ha materializado algunas de las medidas más importantes de la Agenda Social, como:

- los mecanismos de 'segunda oportunidad'

- la rebaja de cotizaciones para la contratación indefinida

- la ayuda para la conciliación laboral y personal de los autónomos

- la ampliación de los 'cheques familiares'

- la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

El texto pretende, por una parte, ayudar a normalizar la situación de quienes han contraído un endeudamiento excesivo. Por primera vez se establece un sistema específico para solventar la insolvencia de los particulares, con "mecanismos para conseguir que las personas físicas, que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y volver a empezar", ha indicado Sáenz de Santamaría.

Guindos, ha defendido que "este proceso, que en última instancia es de perdón de deuda, es posible porque la situación del sistema financiero español ha cambiado y en estos momentos tiene mucho mejor provisionados los créditos".

En primer lugar, se amplía y flexibiliza el acuerdo extrajudicial de pagos, la posibilidad de pactar con los acreedores, para que la reestructuración de la deuda sea más ágil y sencilla. Además de los empresarios y las empresas, los particulares podrán acogerse a esta vía. "Durante el plazo que dura la negociación de estos acuerdos extrajudiciales, se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual", ha apuntado el ministro.

También se establece un mecanismo judicial de reestructuración que permitirá a los particulares, sean empresarios o no, liberarse de las deudas contraídas con los bienes que se tienen en el momento de llegar a ese acuerdo con intervención de un juez, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Además, los plazos de prescripción de las deudas personales se reducen de quince a cinco años.

El objetivo es "la conciliación de los intereses de acreedores y deudores", manteniendo la cultura de pago pero teniendo en cuenta también que en muchas ocasiones "el exceso de endeudamiento llevaba a que el deudor quedara estigmatizado".

Otro bloque de medidas de la norma se refiere al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios que, según los datos aportados por De Guindos, hasta el momento ha permitido unas 12.000 reestructuraciones de deuda, 3.500 daciones en pago y la paralización de más de 12.000 lanzamientos de viviendas.

Ahora se flexibilizan los criterios para acceder a él y se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de sesenta años. El ministro ha estimado que el nº de potenciales beneficiarios prácticamente se dobla. La norma elimina las cláusulas suelo de las hipotecas para los deudores situados por debajo del nuevo umbral del Código y prorroga hasta 2017 la moratoria de los desahucios de las viviendas habituales para los colectivos especialmente vulnerables.

MEDIDAS DE EMPLEO Y FISCALIDAD

El Decreto Ley incluye, por otra parte, diversas iniciativas en materia de empleo avanzadas por Rajoy en el Debate sobre el estado de la nación.

Los nuevos contratos indefinidos disfrutarán de una rebaja de las cotizaciones. Los primeros 500 euros de salario estarán exentos y, a partir de esa cantidad, se aplicará un tipo progresivo, por lo que el ahorro será mayor en el caso de los sueldos más bajos. La vicepresidenta del Gobierno ha remarcado que con esta medida se consigue rebajar progresivamente el coste laboral de las cotizaciones sociales y también que esta bonificación será compatible con la del Programa de activación para parados de larga duración.

Para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, se pone en marcha una ayuda dirigida a los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por el cuidado de hijos menores de siete años o de familiares a cargo en situación de dependencia. Durante un año se beneficiarán de una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes si contratan a un trabajador para mantener su actividad. Sáenz de Santamaría ha cifrado en unos 3.000 euros anuales el ahorro para cada autónomo.

También el ámbito laboral, la norma reduce de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. La vicepresidenta ha justificado la medida por la baja producción en la campaña del olivar del año pasado. Además, ha detallado que la medida se aplicará en Andalucía y Extremadura a aquellos trabajadores que tuvieran 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores y que su ámbito temporal es de seis meses desde la entrada en vigor del decreto ley. El número de beneficiarios superará los 56.000.

La norma contempla igualmente medidas de apoyo a la familia en el terreno fiscal. Los 'cheques familiares' de 1.200 euros al año se amplían a las familias monoparentales con dos hijos. Además, la deducción fiscal para familias numerosas y con ascendientes o descendientes con discapacidad se extiende a los casos en que los contribuyentes sean pensionistas o parados que reciben prestaciones.

Como medida de apoyo a las ONG y otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, se aprueba la exclusión de declarar por el Impuesto de Sociedades a las entidades e instituciones con ese carácter e ingresos menores de 50.000 euros.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Se reforman parcialmente, y de forma consensuada con los agentes implicados, 4 leyes:

- Ley Orgánica del Poder Judicial

- Ley de Enjuiciamiento Civil

- Ley de tasas judiciales

Ley Orgánica del Poder Judicial

El principal objetivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es "reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales". Partiendo de que el reparto de cargas no es homogéneo en todo el territorio nacional, esta medida permitirá que se distribuyan los asuntos entre juzgados limítrofes. "Rompemos el principio tradicional de partido judicial para buscar una solución más eficaz", si bien los juzgados mantendrán sus responsabilidades en su ámbito territorial, ha dicho.

Catalá ha puesto como ejemplo que los juzgados de violencia de género de Madrid tienen una carga de trabajo que apenas llega al 66%, mientras que en algunas localidades de la periferia de la capital supone hasta un 150%: "Alguno de los juzgados periféricos podrá transferir asuntos a los de Madrid". El ministro también ha señalado que ante asuntos de especial complejidad, como el caso de las preferentes, determinados juzgados se podrán especializar de forma temporal en ellos.

Además, ha señalado que se desarrollarán mecanismos para que los puestos de trabajo se cubran por jueces especializados y se mejorará la calidad de las resoluciones judiciales. "En ocasiones vemos con una cierta sorpresa cómo algunas secciones  de un órgano colegiado producen resultados diferentes en función de la sección o el juzgado en el que recaigan los asuntos", ha dicho.

Entre las medidas para profesionalizar la justicia, Rafael Catalá ha anunciado un nuevo sistema de sustituciones equivalente al que se aprobó para jueces y magistrados. Los secretarios judiciales podrán hacer sustituciones de plazas vacantes en los juzgados cuando la carga de trabajo lo permita para evitar así el nombramiento de interinos. "De los 45.000 funcionarios que trabajan en la Administración de justicia, casi 9.000 son interinos, más del 20%. En algunos cuerpos y en algunos territorios puede haber incluso hasta el 50%", ha dicho el ministro.

Catalá ha informado de que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses integrarán también a psicólogos y trabajadores sociales. Además se creará un sistema de médicos residentes en el área forense y se mejorará el sistema de ingreso ya que la oposición contará con un temario "más propio de médicos que de funcionarios de la administración de Justicia" en sentido genérico.

Para mejorar la violencia de género, el proyecto de ley amplía las competencias del juez de violencia sobre la mujer y refuerza las  unidades de valoración forense.

Ley de Enjuiciamiento Civil

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El texto pretende "promover como objetivo estratégico del Gobierno el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la Justicia". En este sentido, a partir del 1-1-2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a comunicarse sólo mediante medios telemáticos.

El ministro ha aclarado que los particulares podrán seguir presentando papeles en los juzgados, que serán escaneados e incorporados a su expediente digital. Además, ha resaltado que los ciudadanos recibirán mediante aviso de SMS o correo electrónico notificaciones de la Administración que hasta ahora se reciben en papel.

El texto mejora la regulación del juicio verbal al introducir la figura de la contestación escrita a la demanda. En opinión de Catalá, con esta medida "se suspenderán muchos menos juicios y el juicio verbal será mucho más eficaz y ágil de lo que viene siendo en la actualidad".

Por otra parte, la norma atribuye a los procuradores la realización de todos los actos de comunicación al resto de partes, testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban participar en él, con el fin de agilizar los trámites procesales y reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales. Se elimina la necesidad de contar con dos testigos para que la notificación sea válida.

En relación con el procedimiento monitorio, los jueces verificarán si existen cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios.

Exención de tasas judiciales

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.

El ministro de Justicia ha argumentado que la supresión de las tasas es una reivindicación muy extendida entre los ciudadanos y profesionales que el Gobierno ha considerado oportuno recoger. La entrada en vigor de la norma es inmediata y no se dilata "para no generar etapas intermedias que serían difíciles de planificar".

Rafael Catalá ha declarado que las tasas judiciales "no tienen un objetivo recaudatorio" y que los ingresos obtenidos por este concepto se incorporan a la "caja común que paga los servicios públicos" por lo que, como cualquier tributo, "no están afectadas a un fin" concreto. También ha asegurado que no está acreditado que la actual regulación de las tasas haya tenido un impacto directo e inmediato sobre la litigiosidad.