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JUEGOS RÍO 2016. RESISTIR ES VENCER


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JUEGOS RÍO 2016. RESISTIR ES VENCER

Ángel Gonzalo – Amnistía Internacional

María da Penha Silva tiene 51 años y el 8 de marzo de 2016 le tiraron su casa abajo.

Encabeza el movimiento vecinal que lleva años peleando para que la Favela de Vila autódromo, establecida hace 50 años en Río de Janeiro, no sea borrada del mapa

María llevaba al menos dos años viendo cómo las excavadoras demolían las casas de sus vecinos y los escombros ocupaban los aledaños de su hogar. Al final le tocó a ella y a su familia empaquetar sus enseres y refugiarse en la iglesia de la comunidad, prácticamente lo único que quedaba en pie en marzo de 2016, cuando estuve allí con un equipo de Amnistía Internacional. Entonces ya habían desaparecido los bares, las peluquerías y las tiendas, pero permanecía la voluntad de acero de sus habitantes de resistir y no rendirse. Tras mucho tiempo de lucha, en abril de 2016 las 20 familias que quedaban en Vila Autódromo alcanzaron un acuerdo con las autoridades. El alcalde de Río les prometió nuevas casas en el mismo lugar. Habían ganado.

Pero el camino fue largo y duro. Los intentos de desalojo en esta favela vienen de lejos. El primero fue en 1993. Vila Autódromo ha vivido bajo la amenaza del desalojo desde entonces con argumentos diferentes: seguridad ciudadana (cuando en realidad esta favela contaba con una de las tasas de criminalidad más bajas de la ciudad), protección medioambiental de la laguna de Jacarepaguá que está allí mismo (hoy convertida casi en un vertedero con motivo de las obras olímpicas, según nos mostraron los vecinos), construcción de vías de acceso rápidas entre el Parque Olímpico –que se sitúa al lado– y la ciudad, y edificación de una nueva barriada para personas con un mayor poder adquisitivo (anunciada por el alcalde al tiempo que derribaba la casa de María).

CAMPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO

La comunidad se enclava en un lugar con un alto valor inmobiliario, en una zona revalorizada con el Mundial de Fútbol de 2014 y con los Juegos Olímpicos de este verano. Alrededor se han construido urbanizaciones de clase media alta, modernas autopistas y medios de transporte que conectan en menos de una hora con el centro de la ciudad y la playa de Copacabana.

En Vila Autódromo vivían originalmente cerca de 500 familias, en su mayoría formadas por pescadores y obreros, con pocos recursos económicos. Desde 2009 el Ayuntamiento venía anunciando que toda la comunidad sería desalojada. El proceso se inició en 2014 con algunas familias que, por las presiones recibidas, acabaron aceptando cambiar sus casas por un alojamiento más pequeño a un kilómetro de distancia, en un lugar peor comunicado, con peores servicios y alejado de sus vecinos de toda la vida, rompiendo así los lazos comunitarios que durante décadas habían construido los vecinos de Vila Autódromo.

Entonces comenzó la campaña de acoso y derribo. Con el inicio de las demoliciones, las condiciones de vida en la comunidad se volvieron bastante precarias con cortes frecuentes de agua, luz y otros servicios públicos así como situaciones de riesgo generadas por la cantidad de escombros y circulación de maquinaria pesada. Las familias tuvieron que aceptar las propuestas de las autoridades sin tener ninguna confianza en el cumplimiento de las promesas que les hicieron.

En junio de 2015 se vivió uno de los episodios más tensos. Agentes de policía del municipio de Río entraron en la comunidad para demoler una casa y se encontraron con la oposición pacífica de los vecinos. Entonces cargaron contra ellos. María estaba allí y muestra las fotografías de lo que ocurrió. A algunos les golpearon en el rostro, a otros les dieron empujones, patadas, hubo mucha violencia y un uso excesivo de la fuerza.

“Me dejaron sin dinero, sin casa, sin nada, pero nunca pensé en darme por vencida. Hay cosas que no tienen precio, como tu felicidad o tus derechos.”

Amnistía Internacional ha permanecido todo este tiempo cerca de las familias de Vila Autódromo pidiendo a las autoridades diálogo con la comunidad, señalando que no estaban cumpliendo con los plazos de notificación, que el reasentamiento se estaba produciendo en áreas inadecuadas y que las indemnizaciones que ofrecían eran muy bajas. En este tiempo, la comunidad presentó un proyecto de habitabilidad premiado internacionalmente, que las autoridades también rechazaron. Ahora es cuestión de permanecer vigilantes y ver si las promesas se cumplen. De momento, al menos para estas 20 familias, parece que resistir es vencer.