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COMIENZA EL JUICIO DE LOS ERE


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COMIENZA EL JUICIO DE LOS ERE

Teresa López Pavón - elmundo.es/andalucia

Hubo un tiempo en Andalucía en el que un sofisticado entramado de cargos públicos, empresas, dirigentes sindicales y mediadores convirtió el proceso de un expediente de regulación de empleo (ERE), el del despido masivo de personas con empleo, en un mecanismo de reparto de dinero público dirigido por el PSOE andaluz.

La trama de los ERE se dedicó durante una década a subvencionar a personas mediante una fuente que parecía inagotable de fondos públicos. De este modo, el poder andaluz pudo mantener una poderosa red clientelar. Esta operación sirvió para la desactivación de los conflictos sociales que pudieran empañar la imagen del Gobierno socialista y de su presidente Manuel Chaves. Además un buen número de empresas, organizaciones sindicales y mediadores bien conectados con el PSOE y la Junta se lucraron con una copiosa lluvia de ayudas ilegales.

Toda esa maquinaria será sometida a juicio. En el banquillo de los acusados, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves -ex presidente del PSOE y ex ministro en los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- y José Antonio Griñán -también ex presidente del PSOE y también ex ministro en el gobierno de Felipe González-, junto a una veintena de ex altos cargos de la administración andaluza, acusados de haber diseñado el mecanismo para eludir los controles de la Intervención General que permitió una distribución arbitraria de los fondos públicos.

El juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por la conocida como pieza política de los ERE comienza tras una procelosa investigación judicial instruida por la magistrada Mercedes Alaya y, tras su marcha del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, concluida por el juez de refuerzo Álvaro Martín.

El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle e integrado también por las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, tendrá que determinar, a lo largo de los próximos meses, qué grado de participación tuvieron los acusados en la construcción de esa trama, para la que se utilizó una herramienta administrativa, un procedimiento específico, que permitió eludir los rigores de la Ley General de Subvenciones en el reparto de al menos 855 millones de euros en ayudas a las empresas en crisis y a los desempleados, muchos de ellos intrusos que nunca trabajaron para esas compañías.

Ese procedimiento específico sirvió para amparar el reparto indiscriminado de los cuantiosos fondos del programa 31-L (primero fue el programa 22-E), una partida de los presupuestos de la Junta de Andalucía generosamente alimentada año tras año, y de la que salían las transferencias de financiación con destino a la Agencia Idea, el ente instrumental que abonaba las ayudas con la más absoluta opacidad.

No hacía falta expediente, ni siquiera una solicitud de la empresa beneficiaria. Bastaba la firma del que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero para que el dinero fluyera en la dirección que él mismo señalara. Esas ayudas, que permitieron prejubilar a unos 6.500 trabajadores, nunca se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ni existía un procedimiento establecido para acceder a ellas. O sí: tener un contacto en las altas instancias del Gobierno andaluz que activara el mecanismo.

Fue el propio Javier Guerrero el que, durante una declaración ante la Policía Judicial en los primeros pasos de la investigación de la juez Alaya, se refirió a aquella partida 31L como un “fondo de reptiles”, aportando a la causa una de las descripciones más certeras sobre el carácter de aquel desvío millonario de dinero público en beneficio de intereses ajenos al general.

Aquel procedimiento específico no era otro que el “convenio marco” firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía, que después se convertiría en la Agencia IDEA) en 2001, al que nunca se le dio publicidad. Dos de los acusados, los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández (por aquel entonces presidente del IFA), rubricaron aquel convenio que se considera como el origen del fondo de reptiles.

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, imputado en la causa por su actuación en su etapa de consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009 y, desde abril de 2009, como presidente de la Junta. Le imputa los delitos continuados de malversación y prevaricación. Para Manuel Chaves, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Hay otros 20 ex altos cargos de la Junta que se sentarán en el banquillo junto a los ex presidentes. Entre ellos, la que también fue ministra en el gobierno de Zapatero Magdalena Álvarez. En el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que finalmente tuvo que dimitir en junio de 2014. Son 3, por tanto, los ex ministros socialistas que se sientan en este banquillo.

También está acusado el ex consejero Gaspar Zarrías, quien durante aquellos años fue el brazo derecho de Manuel Chaves tanto en la Junta de Andalucía, donde llegó a ser vicepresidente, y factótum del PSOE de Jaén, epicentro del origen de la operación. Tras la marcha de Chaves en 2009 para incorporarse al gabinete de Zapatero como vicepresidente del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas, Zarrías fue nombrado secretario de Estado de Cooperación Territorial.

Su papel se considera fundamental en la creación del “convenio marco” como herramienta efectiva para neutralizar la conflictividad social derivada de la situación de crisis de la industria. A sus órdenes presuntamente, según la tesis que manejó durante la investigación la Guardia Civil, estaba el ex sindicalista Juan Lanzas, el principal conseguidor de los ERE.

Los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández fueron los firmantes del citado “convenio marco” con el que se dio amparo a las presuntas ilegalidades eludiendo el control de la Intervención.

Entre los acusados se encuentran igualmente los ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Ante el tribunal se sentará también el director general de Trabajo Javier Guerrero, convertido en el último eslabón de la cadena del Gobierno andaluz y quien firmaba de su puño y letra todas las ayudas pese a carecer de competencias para ello. El testimonio del chófer de Guerrero en el transcurso de la investigación dio lugar a alguno de los capítulos más sustanciosos de la causa, tras confesar que llegó a pagar fiestas y cocaína para su jefe con dinero del fondo de reptiles.

El resto de acusados son:

- el ex viceconsejero de Innovación Jesús R. Román

- el ex director general de Trabajo Juan Márquez

- el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá

- el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro,

- el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano

- el ex secretario general de Trabajo Javier Aguado

- la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina

- el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa

- los ex directores generales de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete

- el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río

- el ex secretario general de Empleo J.F. Sánchez y,

- el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez.

Cuando todos ellos accedan a la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, reamueblada expresamente para la ocasión, habrán pasado ya casi 7 años desde que Mercedes Alaya incoó, con fecha de 19-1-2011, las diligencias previas 174/2011 por la comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Se había abierto lo que enseguida se conocería como el caso ERE.

Muchos fueron los intentos entonces por desacreditar las informaciones periodísticas como a la propia instructora Mercedes Alaya, que fue finalmente apartada de la investigación.

El caso ERE no se agota en este juicio. La juez que relevó a Alaya, María Núñez Bolaños, decidió trocear la macrocausa y abrir piezas separadas por cada una de las ayudas bajo sospecha, pudiendo resultar un número aún indeterminado de procedimientos.