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DIFERENTES PROCESOS POR PARTICIPACIÓN EN HUELGAS


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DIFERENTES PROCESOS POR PARTICIPACIÓN EN HUELGAS

CC OO: Fuentes y Villalba afrontan tres años y medio de cárcel

“Estábamos dando unas vueltas, y estaba casi todo cerrado. En el último bar hablamos con el propietario, que nos dijo que iba a cerrar y nos fuimos. Ya está. Después nos enteramos de que en la puerta del bar un joven había discutido con la policía y nos acercamos. Al día siguiente salimos en todos lo periódicos. Nos acusaron de ser responsables del piquete y de vulnerar el artículo 315.3 de derechos de los trabajadores”, explica Gonzalo Fuentes, secretario de Política Institucional de CC OO. Fuentes y Lola Villalba, también de CC OO, se enfrentan a tres años y medio de cárcel cada uno de ellos por participar en un piquete durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Su juicio ha sido aplazado dos veces al no presentarse el policía que escribió el atestado de la detención. La nueva fecha se ha marcado para el 26 de mayo de 2016. “No conozco a ningún empresario al que hayan metido en la cárcel por vulnerar el derecho a huelga. En cambio, los trabajadores estamos siendo encausados por defender nuestro trabajo”, concluye.

SAT: Peticiones de cárcel que suman 400 años sólo entre 2011 y 2015

“En Andalucía hay más de 600 compañeros sancionados por distintas delegaciones de Gobierno y procesos judiciales que suman peticiones de más de 400 años de cárcel y más de un millón de euros en multas sólo entre 2011 y 2015”, explica Andrés Bódalo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Él mismo está acusado de atentado a la autoridad, resistencia y lesiones, delitos por los que el fiscal pide seis años y medio de cárcel, por las protestas que se celebraron en toda Andalucía en 2012 en torno a las peonadas. Más de 3.000 personas participaron en las movilizaciones, con las que se consiguió que el Gobierno redujera las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario de 35 a 20. “Hicimos encierros en los ayuntamientos, y sólo tuvimos problemas en el de Jódar, en Jaén”. Allí, son un total de 18 personas las acusadas por las protestas y suman peticiones de cárcel de más de cien años. “Hay mujeres de 60 años que se enfrentan a más de seis años de cárcel por participar en estas protestas”, explica Bodalo.

CNT: hasta nueve años de cárcel por las protestas del 14N en Logroño

Jorge, militante de CNT en Logroño, llevaba la megafonía en la manifestación celebrada allí durante la jornada de huelga del 14N, en 2012. Tras la manifestación, se marchó a su puesto de trabajo, en turno de noche y de servicios mínimos. “Ni siquiera le dejaron hacer huelga”, explica a Diagonal Sonia, de la plataforma Stop Represión y de CNT en La Rioja. Después de que los sindicatos leyeran sus manifiestos, la policía cargó contra los manifestantes y se llevó detenido a Pablo, quien había respondido a las cargas sentándose en el suelo pacíficamente sosteniendo una pancarta. La Fiscalía pide ahora nueve años de cárcel para Jorge, a quien le acusa de delitos de daños, agresiones y de inducir a atentado a agentes de la autoridad, a pesar de que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Para Pablo, al que acusa de desórdenes públicos, atentado con medio peligroso y lesiones, la fiscalía ha pedido siete años y nueve meses de prisión. En el marco de la misma huelga hay un tercer acusado para el que se pide cinco años de cárcel.

UGT: 61 procesos penales y 24 sanciones administrativas

Desde UGT cifran en 61 los procesos judiciales por vía penal contra miembros de este sindicato. A esta cifra se suman 24 trabajadores más, sancionados por vía administrativa. “En la mayoría de los casos, el tipo penal utilizado es el artículo 315.3 del Código Penal, contra la libertad sindical y el derecho de huelga”. Desde el sindicato explican que en la mayoría de los casos les piden penas que van de los tres hasta los ocho años de cárcel, muchos por los piquetes de la huelga del 29 de marzo de 2012.

Uno de los casos citados desde UGT en cuanto a los procesos abiertos a raíz de esta huelga es el de dos sindicalistas detenidos frente a la cafetería Siguero, en Madrid, cuando formaban parte de un piquete informativo. Fueron agredidos por los agentes de policía, teniendo que recibir atención del Samur. La fiscalía pide para cada uno de ellos hasta siete años de cárcel, además de una multa económica, por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y atentado a agentes de la autoridad.

Francisco Garrobo: cuatro años de cárcel y 7.700 euros

“Nos acusan de ser autores intelectuales de diversas cosas que ocurrieron en el barrio. Es absurdo, este piquete era un piquete unitario convocado por la CNT, UGT y todos los partidos y asociaciones de vecinos y 15M. No soy tan importante como para ser autor intelectual”, explica a Diagonal Francisco Garrobo, miembro del Partido Pirata, participante en varios colectivos de Barcelona. “Buscaron a personas de los grupos más alternativos”, concluye. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 7.700 euros y tiene como juez instructora a Carmen García, la misma que investigó el caso 4F.

Artículo 315: promesas incumplidas

La modificación del artículo 315 del Código Penal, sobre derecho a huelga y el castigo a piquetes, fue una de las promesas realizadas desde el Ministerio de Justicia ante las reclamaciones lanzadas desde los sindicatos cuando, en 2012, comenzó a utilizarse este tipo penal contra las personas que participaban en piquetes informativos durante las jornadas de huelga. Aunque presente en el ordenamiento desde la época franquista, no se había llevado a los tribunales en los últimos 35 años.

La última reforma del Código Penal trajo una nueva redacción de este artículo, que no fue tan positiva como las prometidas por Catalá. Aunque la nueva redacción contemple que se pueda castigar con cárcel o multa –frente a la cárcel y multa anterior­– ahora implica una pena mínima de cárcel para los trabajadores que inciten a hacer huelga (de seis meses pasa al año y nueve meses), mientras rebaja la pena máxima impuesta a quienes impidan o limiten el derecho a huelga de los trabajadores, que pasa de tres a dos años.