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(LA EMPRESA) UGT PLANTEA OTRO ERE EN SU FUNDACIÓN DE ASESORES LEGALES


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(LA EMPRESA) UGT PLANTEA OTRO ERE EN SU FUNDACIÓN DE ASESORES LEGALES

Sevilla

Notifica el despido colectivo a la plantilla de la Fundación Socio Laboral en Andalucía

La plantilla de UGT Andalucía sigue sin tocar suelo. Los problemas económicos han empujado a la federación regional a poner en marcha otro expediente de regulación de empleo para recortar su personal. Es el tercer ERE (el cuarto con el ERTE) que plantea desde noviembre de 2012, pocos meses antes de que ABC revelara las primeras irregularidades en la gestión económica del sindicato.

El despido colectivo afectará a los empleados de la Fundación Socio Laboral Andalucía (FSLA), una entidad constituida principalmente por abogados laborales que asesoraba a los afiliados de la central y trabajadores.

La gerente de la fundación, Ana María Ramírez Ortiz, ha notificado por escrito a los afectados «su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo el próximo día 27 de febrero». En su comunicación, a la que ha tenido acceso este periódico, advierte de que el ERE «afectará a la totalidad de los centros de trabajo de la FSLA».

La fundación «ugetista» dispone de diez oficinas, una por cada capital de provincia, Algeciras y Jerez de la Frontera, donde trabajan 77 profesionales, según informa el sindicato en su web. La dirección de la entidad insta a los trabajadores a designar una comisión negociadora. La organización ha prescindido de más 200 trabajadores de los 350 que llegó a tener en los años de bonanza.

El anuncio de nuevos despidos coincide con la publicación de un atestado de la Guardia Civil, remitido al juzgado de instrucción 9 de Sevilla, que corrobora la confección de facturas falsas, el cobro de comisiones a proveedores y el autoalquiler de aulas a través de sociedades interpuestas para justificar irregularmente subvenciones de la Junta destinadas a formar a desempleados y empleados. Tras revisar 21 expedientes, la Consejería de Economía le reclama en firme el reintegro de 15,3 millones de euros por ayudas sin justificar.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que tumbó el expediente de regulación temporal de empleo que presentó a finales de 2012, la comisión ejecutiva regional, que dirige Carmen Castilla, anunció que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia. Insiste en que el ERTE fue legal (Por ESO SE APROBÓ LA REFORMA LABORAL). Con este recurso evita abonar las indemnizaciones a los 57 trabajadores afectados.