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LEY 27/2011 DE 1-8


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LEY 27/2011 DE 1-8, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (BOE 2-8)

ÍNDICE

PREÁMBULO

Artículo 1. Complementos para pensiones inferiores a la mínima.

Artículo 2. Exención parcial de la obligación de cotizar

Artículo 3. Incapacidad Permanente

Artículo 4. Jubilación

Artículo 5. Jubilación anticipada.

Artículo 6. Jubilación parcial.

Artículo 7. Ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 8. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 9. Beneficios por cuidados de hijos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional 1ª. Pensión de orfandad.

Disposición Adicional 2ª. Modificación en materia de convenios especiales.

Disposición Adicional 3ª. Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.

Disposición Adicional 4ª. Elaboración por el Gobierno de un estudio en relación con la Recomendación 5ª del Pacto de Toledo.

Disposición Adicional 5ª. Elaboración por el Gobierno de un estudio y propuestas de actuación en relación con la Recomendación 17ª del Pacto de Toledo.

Disposición Adicional 6ª. Convenio especial a suscribir en expedientes de regulación de empleo.

Disposición adicional 7ª. Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social.

Disposición adicional 8ª. Evaluación de la Ley sobre el cálculo de las pensiones.

Disposición adicional 9ª. Adecuación del Régimen Especial de Autónomos.

Disposición adicional 10ª. Bases máximas de cotización.

Disposición adicional 11ª. Alternativas de financiación complementaria.

Disposición adicional 12ª. Separación de fuentes de financiación.

Disposición adicional 13ª. Pensiones de unidades económicas unipersonales.

Disposición adicional 14ª Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. (Derogada)

Disposición adicional 15ª. Cotización a la Seguridad Social de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio.

Disposición adicional 16ª. Aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de 50 o más años en empresas con beneficios.

Disposición adicional 17ª. Prestación de servicios domésticos a través de empresas.

Disposición adicional 18ª. Anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

Disposición adicional 19ª. Estudio sobre el desarrollo de la previsión social complementaria

Disposición adicional 20ª. Estudio sobre las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos.

Disposición adicional 21ª. Estudio para la delimitación del umbral de pobreza y reordenación integral de las prestaciones no contributivas.

Disposición adicional 22ª. Información presupuestaria de la Seguridad Social.

Disposición adicional 23ª. Actualización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Disposición adicional 24ª. Estudios actuariales en los coeficientes reductores de la pensión en la jubilación anticipada y ampliadores por retraso en la edad de jubilación. (EN VIGOR A PARTIR DEL 1-1-2013)

Disposición adicional 25ª. Redacción de un nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Disposición adicional 26ª. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información.

Disposición adicional 27ª. Anticipos del cese de actividad de trabajadores autónomos.

Disposición adicional 28ª. Cómputo, a efectos de Seguridad Social, del periodo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria.

Disposición adicional 29ª. Cotización de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos.

Disposición adicional 30ª. Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública. (Se aplaza la aplicación de lo establecido en esta disposición por la Ley 17/2012, de 27-12, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.)

Disposición adicional 31ª. Complementariedad de ingresos con la pensión de jubilación.

Disposición adicional 32ª. Compensación por la suspensión de la revalorización de las pensiones.

Disposición adicional 33ª. Cotizaciones adicionales de los trabajadores autónomos.

Disposición adicional 34ª. Sistema de jubilación parcial anticipada para trabajadores autónomos.

Disposición adicional 35ª. Sacerdotes y religiosos secularizados.

Disposición adicional 36ª. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

Disposición adicional 37ª. Compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo.

Disposición adicional 38ª. Patrimonio de la Seguridad Social. (DEROGADA)

Disposición adicional 39ª. Integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

Disposición adicional 40ª. Adaptación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social a la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

Disposición adicional 41ª. Estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización.

Disposición adicional 42ª. Cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas, antes de la retirada del Sahara Occidental.

Disposición adicional 43ª. Desarrollo reglamentario de la Hipoteca inversa.

Disposición adicional 44ª. Informe sobre los efectos del retraso de la edad de jubilación.

Disposición adicional 45ª. Tipo de cotización para trabajadores del sector agrario integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Disposición adicional 46ª. Mutualidades de Previsión Social alternativas al régimen de Autónomos.

Disposición adicional 47ª. Sociedades laborales.

Disposición adicional 48. Profesionales sanitarios

Disposición adicional 49ª. Protección social de los actores de doblaje.

Disposición adicional 50ª. Deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

Disposición adicional 51ª. Modificación del ámbito subjetivo de protección de la Ley 32/2010, de 5-8, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Disposición adicional 52ª. Cónyuges de titulares de establecimientos familiares.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final 1ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Disposición final 2ª. Modificación de la Ley 7/2007, de 12-4, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Disposición final 3ª. Modificación del apartado 2 del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29-11

Disposición final 4ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29-11

Disposición final 5ª. Título competencial.

Disposición final 6ª. Disposiciones de aplicación y desarrollo.

Disposición final 7ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Disposición final 8ª. Normas aplicables a los Regímenes Especiales.

Disposición final 9ª. Modificación de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF.

Disposición final 10ª. Modificación de la Ley 20/2007, de 11-7, del Estatuto del trabajo autónomo.

Disposición final 11ª. Información sobre las políticas de inversión de los planes y fondos de pensiones.

Disposición final 12ª. Entrada en vigor.

PREÁMBULO

I

El sistema de Seguridad Social constituye un pilar central de la sociedad española a través del cual se ha consolidado y desarrollado un sistema eficaz de bienestar para los ciudadanos. A lo largo de los años, ha ido ampliando su cobertura a más beneficiarios y ha ido, también, mejorando su intensidad protectora, garantizando la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante estados de necesidad.

Con el compromiso firme y duradero de todos los agentes políticos y sociales de velar para que los derechos de protección social no se vean reducidos por decisiones a corto plazo y se sitúen en el ámbito del diálogo permanente y del mayor consenso posible, se institucionalizó el Pacto de Toledo, que se fundamenta en la mutua colaboración de los partidos políticos para asegurar los derechos que dimanan de la formulación social del Estado. La Comisión del Pacto de Toledo ha venido realizando sus trabajos y ha formulado sus recomendaciones con el objetivo de establecer las bases para que los poderes públicos tomen sus decisiones en materia de pensiones.

El sistema de Seguridad Social tiene que seguir haciendo frente a importantes desafíos, afrontando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución demográfica, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de aquél. El hecho incuestionablemente positivo de que la esperanza de vida aumente progresivamente en España, hasta haberse convertido en el segundo país del mundo con mayor pervivencia de la población, enfrenta también el reto de que, en el futuro, será necesario asumir el pago de más pensiones durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población.

La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de población, aumentando el número de pensionistas en relación con la población activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. De no modificarse, aun parcialmente, esta tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos migratorios, la misma se acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográfica.

Esta tendencia demográfica afecta a todas las generaciones, pero sobre todo a las más jóvenes, por el hecho de que serán estas generaciones jóvenes las que serán mayores de sesenta y cinco años durante más tiempo.

II

Sin embargo, no es solo la tendencia demográfica el único factor que aconseja hacer las reformas que esta ley realiza en el sistema de pensiones. Resulta necesario reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir.

El sistema de Seguridad Social español ha asistido últimamente a una progresiva disminución del periodo de actividad laboral en dos sentidos:

  • por un lado, los años de formación y de estudio de los jóvenes se han prolongado y su acceso al mercado de trabajo, por esa razón, se ha retrasado en relación con la edad a la que era habitual su incorporación en pasadas generaciones
  • por otro lado, la tasa de participación de las personas mayores de 50 años sigue siendo insuficiente, por lo que en el Acuerdo social y económico se ha previsto la adopción de una Estrategia global de empleo de los trabajadores de más edad, con el objetivo de favorecer su mantenimiento en el mercado de trabajo y promover la reincorporación de quien pierde su empleo en los últimos años de su vida laboral.

Esta situación no es solo propia de España, sino común al resto de los países de nuestro entorno. Los Consejos europeos de Lisboa, Estocolmo, Gotemburgo, Barcelona, Bruselas, hasta llegar a los más recientes, promueven como prioridades la prolongación de la vida activa y la desincentivación de la jubilación anticipada y países de nuestro entorno han realizado reformas legales en el sentido de reducir los estímulos al abandono prematuro de la vida activa y algunos han establecido la edad legal en los 67 años.

En España, además, los efectos de la situación descrita son mayores debido precisamente al rápido incremento de la población de edad y de su esperanza de vida, así como por las dificultades existentes en la legislación de nuestro país para hacer frente a esos retos, que se han visto acentuados por la situación económica global, y que motivan la conveniencia de incorporar las correspondientes modificaciones en nuestro sistema.

III

Todas estas realidades han sido tenidas en cuenta en el marco del Diálogo social, en el que los interlocutores sociales y el Gobierno suscribieron, con fecha 2-2-2011, el Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, cuya Parte II está referido al Acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, en el marco del cual se recogen una serie de compromisos.

Las medidas enumeradas en el Acuerdo indicado, siguiendo las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25-1-2011, se dirigen a anticipar las reformas necesarias en la estructura del sistema para que éste pueda responder con eficacia a los nuevos desafíos y estar en condiciones óptimas de seguir proveyendo la más amplia cobertura protectora posible ante los riesgos sociales, dentro de un sistema de Seguridad Social financieramente estable y sólido que garantice a las generaciones futuras prestaciones sociales suficientes.

En consecuencia, la presente Ley, dentro de esos objetivos señalados, tiene como finalidad llevar al ordenamiento de la Seguridad Social los compromisos recogidos en el Acuerdo social y económico mencionado, así como incorporar algunas de las recomendaciones reflejadas en la nueva reformulación del Pacto de Toledo.

IV – ESTRUCTURA DE LA LEY

La ley se estructura en:

  • 9 artículos
  • 52 disposiciones adicionales
  • 1 disposición transitoria única
  • 1 disposición derogatoria única
  • 12 disposiciones finales.

============

Artículo 1. Complementos para pensiones inferiores a la mínima.

Modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20-6:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 50:

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional, la 54ª:

Artículo 2. Exención parcial de la obligación de cotizar

Modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20-6:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 112 bis

Dos. Se da nueva redacción a la disposición adicional 32ª:

Tres. Se introduce una nueva disposición adicional, la 55ª:

Artículo 3. Incapacidad Permanente

Modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6:

Uno. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 1 y al apartado 4 del artículo 140:

Dos. Se da nueva redacción al primer párrafo del apartado 1 del artículo 141

Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 141, con la siguiente redacción:

Cuatro. Se añade una disposición adicional, la 56ª, con la siguiente redacción:

Artículo 4. Jubilación

Modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Uno. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 161:

Dos. Se incorpora una nueva disposición transitoria, la 20ª:

Tres. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 162:

Cuatro. Se da una nueva redacción a la disposición transitoria 5ª:

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 163:

Seis. Se incorpora una nueva disposición transitoria, la 21ª:

Siete. Se incorpora una nueva disposición adicional, la 57ª:

Artículo 5. Jubilación anticipada.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 161 bis:

Dos. Se da nueva redacción al párrafo 1º de la norma 2ª, apartado 1, de la disposición transitoria 3ª:

Artículo 7. Ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se introduce una nueva disposición adicional, la 58ª, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Artículo 8. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Se introduce una nueva disposición adicional, la 59ª, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Artículo 9. Beneficios por cuidados de hijos.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Uno. Se introduce una nueva disposición adicional, la 60ª:

Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 180

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional 1ª. Pensión de orfandad.

Uno. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 175 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Dos. Se modifica la redacción de la Disposición transitoria 6ª bis de la Ley General de la Seguridad Social:

Disposición Adicional 2ª. Modificación en materia de convenios especiales.

1. A partir de la publicación de esta Ley (2-8-2011), el Ministerio de Trabajo e Inmigración determinará las modalidades de convenios especiales en los que la suscripción de los mismos deberá llevarse a cabo necesariamente antes del transcurso de un determinado plazo a contar desde la fecha en que se haya causado baja en el régimen correspondiente o extinguido el derecho a las prestaciones por desempleo.

2. También se procederá a regular una nueva modalidad de Convenio especial a suscribir por los españoles que, sin haber estado previamente afiliados al sistema de la Seguridad Social, participen en el extranjero, de forma remunerada, en programas formativos o de investigación sin quedar vinculados por una relación laboral, en los términos y condiciones que reglamentariamente determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

3. Asimismo, en el plazo de 6 meses desde la promulgación de esta Ley, el Gobierno regulará una nueva modalidad de Convenio especial que puedan suscribir las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral para la cobertura de las prestaciones por jubilación y por muerte y supervivencia.

Disposición Adicional 3ª. Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.

1. El Gobierno, en el plazo de 3 meses a partir de la publicación de la presente Ley (ANTES DEL 2-11-2011) y en base a las previsiones contenidas en el artículo 97.2.m) de la Ley General de la Seguridad Social y en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente (YA SE VERÁ), establecerá los mecanismos de inclusión de la misma de los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social.

2. Las personas que, en la fecha de entrada en vigor de la disposición reglamentaria referida en el apartado anterior se hubieran encontrado en la situación indicada en el mismo, podrán suscribir un Convenio especial, por una única vez, en el plazo, términos y condiciones que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que les posibilite el cómputo de cotización por los periodos de formación realizados antes de la señalada fecha, hasta un máximo de dos años.

Disposición Adicional 4ª. Elaboración por el Gobierno de un estudio en relación con la Recomendación 5ª del Pacto de Toledo.

En el plazo de un año, el Gobierno procederá a presentar ante la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un estudio, con la correspondiente valoración económica, en relación con el contenido a que se refiere la Recomendación 5ª del Pacto de Toledo.

Disposición Adicional 5ª. Elaboración por el Gobierno de un estudio y propuestas de actuación en relación con la Recomendación 17ª del Pacto de Toledo.

Se encomienda al Gobierno que en el plazo de un año presente en la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un estudio sobre las medidas a adoptar para impulsar los mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos, de las personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, como elementos a considerar en las carreras de cotización de las mujeres. En dicho estudio se evaluarán económicamente las medidas que se propongan, y también la actual regulación existente en el sistema de Seguridad Social, especialmente en el artículo 180 de la Ley General de la Seguridad Social, y en el artículo 9 de la presente Ley.

Disposición Adicional 6ª. Convenio especial a suscribir en expedientes de regulación de empleo.

Uno. Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 31ª del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Disposición adicional 7ª. Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social.

1. Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, con la naturaleza de agencia estatal para la mejora de los servicios públicos de las previstas en la Ley 28/2006, de 18-7, cuyo objeto es llevar a cabo, en nombre y por cuenta del Estado, la gestión y demás actos de aplicación efectiva del sistema de la Seguridad Social, así como aquellas otras funciones que se le encomienden.

2. Se integrarán en la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social las siguientes Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como su personal y funciones:

– El Instituto Nacional de la Seguridad Social.

– El Instituto Social de la Marina, en aquellos ámbitos que se correspondan con las funciones de Seguridad Social inherentes a la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

– La Tesorería General de la Seguridad Social.

– La Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

– El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

3. Dicha integración supondrá la asunción por parte de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social de las funciones necesarias para que el sistema de la Seguridad Social se aplique, con el alcance y en las condiciones establecidos en la Ley General de la Seguridad Social, sus normas de aplicación y desarrollo y demás disposiciones complementarias, a todas las personas incluidas en su campo de aplicación, mediante los procedimientos de encuadramiento en el sistema, inclusión o exclusión en sus regímenes, cotización, liquidación de sus recursos, recaudación voluntaria y ejecutiva, tanto material como formal, de dichos recursos de derecho público, y percepción de los de derecho privado, gestión de las prestaciones económicas del sistema, pago de las mismas, su gestión económica y jurídica, así como los demás actos de gestión de los recursos económicos y administración financiera del sistema.

4. La actuación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social no se extenderá a las prestaciones y subsidios por desempleo, ni a los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social.

De igual modo, la actuación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social no se extenderá a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, salvo en los ámbitos en los que la Ley General de la Seguridad Social, sus normas de aplicación y desarrollo y demás disposiciones complementarias prevean la actuación, respecto de dicha prestación, de los organismos que se integran en aquélla.

5. La participación en el control y vigilancia de la gestión llevada a cabo por la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social se llevará a cabo por el Consejo General, por la Comisión Delegada del Consejo General y por las Comisiones Provinciales.

6. La constitución y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social se producirá con la aprobación de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública, de Economía y Hacienda y de Trabajo e Inmigración, previa negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

En dicho Estatuto se recogerán las especialidades contenidas en la normativa vigente de aplicación en materia de Seguridad Social.

7. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 28/2006, de 18-7, la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social estará sometida al mismo régimen de dirección y gestión contable y control interno que el establecido por la Ley 47/2003, de 26-11, General Presupuestaria, para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, correspondiendo el ejercicio de estas funciones a la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social.

8. Lo dispuesto en esta disposición no será de aplicación respecto de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, los cuales serán gestionados por los órganos y entidades correspondientes conforme a lo establecido en las normas específicas que los regulan, salvo en aquellas materias en que se disponga expresamente lo contrario.

9. Lo dispuesto en esta disposición adicional, se entiende sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social, conforme a sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional 8ª. Evaluación de la Ley sobre el cálculo de las pensiones.

El Gobierno evaluará en el plazo de un año (DESDE CUANDO) los efectos y el impacto que sobre las variables que para determinar el cálculo de las pensiones tendrá lo dispuesto en los artículos 3 y 4.Tres de la misma, referidos ambos a la fórmula de la integración de lagunas. En función de los resultados de dicha evaluación se llevarán a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios que resulten precisos (YA SE VERÁ) para corregir las distorsiones que tal evaluación haya evidenciado, y que permitan la incorporación de cotizaciones anteriores al periodo de cómputo como elemento de integración de lagunas.

Disposición adicional 9ª. Adecuación del Régimen Especial de Autónomos.

Al objeto de hacer converger la intensidad de la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia con la de los trabajadores por cuenta ajena, las bases medias de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos experimentarán un crecimiento al menos similar al de las medias del Régimen General.

En todo caso, la subida anual no superará el crecimiento de las medias del Régimen General en más de un punto porcentual. Las subidas de cada año, así como cualquier otra modificación sustancial del sistema, se debatirán con carácter previo en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como con las organizaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativas, y se consultará al Consejo Estatal del Trabajo Autónomo según establece el artículo 22 de la Ley 20/2007, y no serán aplicables los años en los que las crisis económicas tengan como efectos la pérdida de rentas o empleo en este colectivo.

Se tendrá en cuenta la posibilidad, prevista en los artículos 25.3 y 27.2c del Estatuto del Trabajo Autónomo, de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos que, por su naturaleza, tienen especiales dificultades para aumentar su capacidad económica y de generación de rentas, o para aquellos sectores profesionales que de forma temporal puedan sufrir recortes importantes en sus ingresos habituales.

Disposición adicional 10ª. Bases máximas de cotización.

Conforme a las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuando la situación económica y del empleo lo permita (YA SE VERÁ), el Ministerio de Trabajo e Inmigración y los interlocutores sociales examinarán la relación entre las bases máximas de cotización y los salarios medios, así como entre las citadas bases y la cuantía máxima de pensión de jubilación, a fin de mantener el carácter contributivo del sistema.

Disposición adicional 11ª. Alternativas de financiación complementaria.

Los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Economía y Hacienda y los agentes económicos y sociales, examinarán, en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la conveniencia (O NO) de establecer posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo.

Disposición adicional 12ª. Separación de fuentes de financiación.

El Gobierno buscará fórmulas (¿DÓNDE?) que hagan compatibles los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, con especial interés en el cumplimiento de los compromisos de financiación mediante impuestos de los complementos a mínimos de pensiones.

Disposición adicional 13ª. Pensiones de unidades económicas unipersonales.

Se faculta al Gobierno para reforzar, desde la vertiente no contributiva, las pensiones de los mayores que viven en unidades económicas unipersonales, sin hacer distinciones por razón de la contingencia protegida.

Disposición adicional 14ª Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. (Derogada)

Disposición adicional 15ª. Cotización a la Seguridad Social de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio. (DEROGADA)

Respecto a los trabajadores por cuenta propia dedicados a la venta ambulante o a domicilio, se establecerá una base mínima de cotización al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos inferior a la fijada anualmente con carácter general para dicho régimen, en los términos y condiciones que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Disposición adicional decimosexta. Aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de 50 o más años en empresas con beneficios.

1. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-3, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los despidos colectivos sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.

b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de 50 o más años sobre el total de trabajadores de la empresa.

A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años sobre el total de trabajadores despedidos, se incluirán los trabajadores afectados por el despido colectivo y aquellos cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.

A los efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores de 50 o más años sobre el total de trabajadores de la empresa, se tendrá en cuenta la plantilla de la empresa a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo.

c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:

1ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.

2ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.

A estos efectos, se considera que una empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal y como se define en los modelos de cuentas anuales de pérdidas y ganancias, tanto normal como abreviada, recogidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16-11, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, o en la normativa contable que sea de aplicación, sea positivo.

A los efectos previstos en esta disposición resultará de aplicación el concepto de grupo de empresas establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, si bien para la determinación del resultado del ejercicio solo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en España por las empresas que lo integren.

Código de Comercio Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades

Art. 42.

1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.

2. Para el cálculo de la aportación económica a que se refiere el apartado anterior, se tomará en consideración el importe bruto, desde la fecha del despido, de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados. También se incluirán a los efectos del cálculo de la aportación económica los importes abonados por el Servicio Público de Empleo Estatal por los referidos conceptos de los trabajadores de 50 o más años cuyos contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años anteriores o en el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo.

No obstante, se excluirán del cálculo de la aportación económica, a petición de la empresa afectada, los importes de prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad afectados que hubieran sido objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo. En estos casos la empresa deberá acreditar estos extremos en el procedimiento.

3. El importe de la aportación se determinará anualmente mediante la aplicación del tipo establecido en el apartado 4 sobre cada uno de los siguientes conceptos:

a) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal por prestaciones por desempleo de nivel contributivo de los trabajadores de 50 o más años afectados por los despidos, generadas total o parcialmente en virtud de las cotizaciones acreditadas en la empresa que promovió su despido.

b) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal por cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo por los trabajadores afectados, durante el periodo de percepción de las mismas.

c) Un canon fijo por cada trabajador que haya agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir algún subsidio de los establecidos en el artículo 215.1.1). a) y b), y 215.1.3) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Este canon se calculará mediante la totalización durante un periodo de seis años de la suma del coste anual del subsidio por desempleo más el de la cotización por jubilación por cuenta de la entidad gestora en el año del agotamiento.

También se hará efectivo el canon fijo por cada trabajador que, no teniendo derecho al cobro de la prestación por desempleo contributiva, acceda directamente al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.2) del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como consecuencia de la situación legal de desempleo motivada por el despido.

4. El tipo aplicable será el fijado por la siguiente escala en función del número de trabajadores de la empresa, del número de trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el despido y del porcentaje de los beneficios de la empresa sobre los ingresos:

Tipo aplicable para calcular la aportación económica

Porcentaje de trabajadores afectados de 50 o más años en relación con el número de trabajadores despedidos

% de beneficios sobre los ingresos

Nº de trabajadores en la empresa

Más de 2.000

Entre 1.000 y 2.000

Entre 101 y 999

Más del 35 %.

Más del 10 %.

100 %

95 %

90 %

Menos del 10 %.

95 %

90 %

85 %

Entre 15 % y 35 %.

Más del 10 %.

95 %

90 %

85 %

Menos del 10 %.

90 %

85 %

80 %

Menos del 15 %.

Más del 10 %.

75 %

70 %

65 %

Menos del 10 %.

70 %

65 %

60 %

5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) El porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años sobre el total de trabajadores despedidos se calculará año a año, dentro del periodo previsto para la realización de los despidos que figure en la comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral tras la finalización del periodo de consultas, teniendo en cuenta el número total de ambos colectivos que ha sido objeto de despido hasta el año en que se efectúa el cálculo.

b) En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).1ª, los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos ejercicios inmediatamente anteriores a aquél en que se inicie el procedimiento de despido colectivo.

c) En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).2ª, los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos primeros ejercicios consecutivos en que la empresa haya obtenido beneficios dentro del periodo indicado en dicho apartado.

d) El número de trabajadores de la empresa o grupo de empresas se calculará según los que se encuentren en alta en la empresa o grupo de empresas al inicio del procedimiento de despido colectivo, con independencia de que trabajen a jornada completa o a tiempo parcial.

6. En el supuesto a que se refiere el apartado 1.c).2ª, el cálculo de la primera aportación incluirá todos los conceptos establecidos en el apartado 3 correspondientes al periodo comprendido desde la fecha de los despidos hasta el segundo ejercicio consecutivo, incluido éste, en que la empresa haya obtenido beneficios. Este mismo periodo se considerará para la determinación del porcentaje de trabajadores a efectos de la aplicación de la regla establecida en el apartado 5.a).

7. Las empresas a que se refiere esta disposición presentarán, ante la Autoridad laboral competente en el procedimiento de despido colectivo, un certificado firmado por persona con poder suficiente en el que deberá constar la información que se determine reglamentariamente, en los siguientes plazos:

a) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 1, letras a), b) y c).1ª, 3 meses a contar desde que finalice el año siguiente al inicio del procedimiento de despido colectivo.

b) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 1, letras a), b) y c).2ª, antes de que finalice el ejercicio inmediatamente posterior a aquél en que se cumpla el último de los tres requisitos mencionados.

En ambos casos, la autoridad laboral deberá remitir dicho certificado al Servicio Público de Empleo Estatal.

8. El procedimiento para la liquidación y pago de la aportación económica se determinará reglamentariamente.

9. Cuando el despido colectivo implique la cesación total de la actividad de la empresa en el territorio español, se podrán adoptar las medidas cautelares oportunas, de acuerdo con la ley, para asegurar el cobro de la deuda correspondiente a la aportación económica, aun cuando esta no haya sido objeto de cuantificación y liquidación con carácter previo.

10. En el supuesto de cambio de titularidad de la empresa, el nuevo empresario quedará subrogado en las obligaciones establecidas en esta disposición.

11. Será exigible la aportación a que se refiere la presente disposición cuando la empresa proceda a la aplicación de medidas temporales de regulación de empleo que afecten a trabajadores de 50 o más años con carácter previo a la extinción de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores, en virtud de despido colectivo u otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no haya transcurrido más de un año entre la finalización de la situación legal de desempleo derivada de la aplicación de las medidas temporales de regulación de empleo y la extinción del contrato de cada trabajador.

En todo caso, para el cálculo de la aportación económica se tomará en cuenta el importe de las cantidades realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal a que se refiere el apartado 2, durante los periodos de aplicación de medidas de regulación temporal de empleo previos a la extinción de los contratos, incluidos, en su caso, los que pudieran corresponder en concepto de reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.c).

12. Al menos el 50 % de las cantidades recaudadas en el ejercicio inmediatamente anterior se consignarán en el presupuesto inicial del Servicio Público de Empleo Estatal con la finalidad de financiar acciones y medidas de reinserción laboral específicas para el colectivo de los trabajadores de 50 o más años que se encontraran en situación legal de desempleo, para lo cual en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal deberán constar créditos destinados a financiar este tipo de acciones y medidas.

13. A los efectos previstos en esta disposición, se considerarán incluidos en el concepto de empresa los entes, organismos y entidades que formen parte del sector público y no tengan la consideración de Administración Pública conforme a lo previsto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14-11.

14. Lo previsto en esta disposición será de aplicación a los procedimientos de despido colectivo iniciados a partir del 1-1-2013.

Disposición adicional 17ª. Prestación de servicios domésticos a través de empresas.

Las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por los titulares del hogar familiar sino al servicio de empresas, ya sean personas jurídicas, de carácter civil o mercantil, determinarán el alta de tales trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social por cuenta de esas empresas.

Disposición adicional 18ª. Anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 1851/2009, de 4-12, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social:

Disposición adicional 19ª. Estudio sobre el desarrollo de la previsión social complementaria

En el plazo de 6 meses (DESDE CUANDO), el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados, un informe sobre el grado de desarrollo de la previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para promover su desarrollo en España.

Disposición adicional 20ª. Estudio sobre las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos.

El Gobierno, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), remitirá a la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados un estudio sobre las actuales cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en relación a los ingresos del sistema percibidos por los mismos, en relación al desarrollo de la recomendación nº 4 del Pacto de Toledo.

Disposición adicional 21ª. Estudio para la delimitación del umbral de pobreza y reordenación integral de las prestaciones no contributivas.

El Gobierno, en el plazo de 6 meses (DESDE CUANDO), realizará los estudios pertinentes (???) que permitan delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea, al objeto de reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación.

Asimismo, en el plazo de 1 año (DESDE CUANDO), el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. (???)

Disposición adicional 22ª. Información presupuestaria de la Seguridad Social.

El Gobierno realizará las actuaciones necesarias (???)para mejorar el tratamiento presupuestario de los recursos de la Seguridad Social que favorezcan su control parlamentario. En concreto, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 se incluirá una subdivisión a la actual Sección 60 (Seguridad Social) para separar las pensiones y las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social de las prestaciones sanitarias y sociales, así como dar un tratamiento presupuestario diferenciado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Disposición adicional 23ª. Actualización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

El Gobierno aprobará, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), las normas necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo, adecuando en su caso los porcentajes actuales de cotización. A este fin, se realizarán los estudios necesarios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, en la que se tendrá también a estos efectos la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

Disposición adicional 24ª. Estudios actuariales en los coeficientes reductores de la pensión en la jubilación anticipada y ampliadores por retraso en la edad de jubilación.

El Gobierno realizará un estudio actuarial, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), relacionado con los coeficientes reductores de la pensión utilizados en la jubilación anticipada, previstos en el apartado 2 del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, así como de los coeficientes amplificadores de la pensión utilizados en el artículo 163, al objeto de evaluar su adaptación a los principios de proporcionalidad y contributividad al sistema.

En dicho estudio, se contemplará específicamente la situación de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualista el 1-1-67 y se hubieran jubilado anticipadamente a través de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos o contratos individuales de prejubilación de empresas, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición adicional 25ª. Redacción de un nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Se faculta al Gobierno para que, en un plazo de 2 años (DESDE CUANDO), elabore un nuevo Texto Refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, los textos legales vigentes en materia de seguridad social. (FALTA HACE YA)

Disposición adicional 26ª. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información.

Uno. Se da nueva redacción al apartado 2, del artículo 14, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Dos. Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 104 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Disposición adicional 27ª. Anticipos del cese de actividad de trabajadores autónomos.

El Gobierno, en función de los resultados operados en el primer año de vigencia del cese de actividad establecido por la Ley 32/2010, de 5-8, efectuará los estudios pertinentes sobre la posibilidad de que quienes se encuentren en dicha situación legal de cese de actividad puedan acceder a la jubilación anticipada a los 61 años.

Disposición adicional 28ª. Cómputo, a efectos de Seguridad Social, del periodo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria.

El Gobierno presentará, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias, acorde con los incrementos que, en el ámbito de la contributividad, se producen en esta Ley, y con la sostenibilidad del sistema.

Disposición adicional 29ª. Cotización de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos.

El Gobierno presentará, en el plazo de un año (DESDE CUANDO)y previa discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social, un proyecto de ley que mejore la consideración de los períodos cotizados de los trabajadores a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos.

En el citado proyecto de ley se incluirán, entre otras, las siguientes reformas:

a) Medidas que modifiquen la regulación laboral del contrato de trabajo a tiempo parcial, en unos términos que promuevan el necesario equilibrio entre las necesidades de flexibilidad y adaptabilidad, requeridas por las empresas, y las demandas de estabilidad y seguridad en el empleo, demandadas por las personas trabajadoras.

b) Revisión de los incentivos a las empresas para la utilización de la contratación indefinida mediante esta modalidad de contratos.

c) Mejora de la protección social del trabajo a tiempo parcial, en particular mediante el incremento del coeficiente multiplicador establecido actualmente para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente.

Disposición adicional 30ª. Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública. (Se aplaza la aplicación de lo establecido en esta disposición por la Ley 17/2012, de 27-12, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.)

1. El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos:

   a) Tener una edad igual o superior a 65 años.

   b) No tener derecho a otra pensión pública.

   c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

   d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

2. La aplicación del porcentaje señalado en el apartado 1 se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de 8 años, a partir del 1-1-2012.

3. Con efectos para las declaraciones del IRPF, a presentar a partir del ejercicio 2013, se regulará en la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF, un mecanismo corrector de la progresividad en el caso de pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con rentas procedentes del trabajo u otras pensiones, tomando como referencia el importe de la pensión mínima de viudedad. Para ello, las personas que compatibilizan estos ingresos estarán exentas de la obligación de declarar si no sobrepasan el límite legal establecido y, en el caso de que exista la obligación de declarar, se aplicará a las personas que perciban rendimientos de trabajo y pensiones de viudedad la separación de la escala de tributación en el IRPF por ambas fuentes. (ARTÍCULO SUSPENDIDO POR LEY 2/2012, de 29-6)

Disposición adicional 31ª. Complementariedad de ingresos con la pensión de jubilación.

Se incorpora un apartado 4 en el artículo 165 de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente contenido:

Disposición adicional 32ª. Compensación por la suspensión de la revalorización de las pensiones.

El Gobierno, en el plazo de un año, presentará un informe sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos 5 años. Teniendo en cuenta el mismo y, con arreglo a las posibilidades económicas del sistema, el Gobierno articulará las medidas necesarias para llevar a cabo la recuperación del poder adquisitivo perdido. (YA VEREMOS)

Disposición adicional 33ª. Cotizaciones adicionales de los trabajadores autónomos. (DEROGADA)

Disposición adicional 34ª. Sistema de jubilación parcial anticipada para trabajadores autónomos.

El Gobierno presentará, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), un estudio relativo a un sistema específico de jubilación parcial a los 62 años, a favor de autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar.

Disposición adicional 35ª. Sacerdotes y religiosos secularizados.

El Gobierno modificará el Real Decreto 1335/2005, de 11-11, a fin de que los titulares de pensiones que se tramiten al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 487/98, de 27-3, tengan derecho a percibir, al menos, el importe equivalente al 99 por 100 de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate, vigente en cada momento, conforme a la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Disposición adicional 36ª. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

Se modifica la disposición adicional 10ª del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

Disposición adicional 37ª. Compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo.

El Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las diferentes actividades. Mientras no se produzca esta regulación, se mantendrá el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden TIN/1362/2011, de 23-5.

Disposición adicional 38ª. Patrimonio de la Seguridad Social. (DEROGADA)

Disposición adicional 39ª. Integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. (DEROGADA)

Disposición adicional 40ª. Adaptación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social a la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

Con efectos de 1-1-2012, los siguientes preceptos del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Uno. Modificación del apartado 2 del artículo 10

Dos. Modificación del apartado 1 del artículo 26:

Tres. Modificación del apartado 2 de la disposición adicional 7ª:

Cuatro. Modificación del apartado 4 de la disposición adicional 8ª:

Cinco. Modificación del apartado 3 de la disposición adicional 11ª bis:

Disposición adicional 41ª. Estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización. (DEROGADA)

Disposición adicional 42ª. Cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas, antes de la retirada del Sahara Occidental.

El Gobierno, en el plazo de 2 meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26-2-76, momento en el que España se retiró del Sahara Occidental.

Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y los plazos.

Disposición adicional 43ª. Desarrollo reglamentario de la Hipoteca inversa.

El Gobierno, en el plazo de 1 año (DESDE CUANDO), aprobará las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 41/2007, de 7-12, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25-3, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, en relación a la regulación de hipoteca inversa, previendo:

1. El establecimiento de las condiciones, forma y requisitos para la realización de las funciones de asesoramiento independiente a los solicitantes de hipotecas inversas.

2. El régimen de transparencia y comercialización de la hipoteca inversa.

Disposición adicional 44ª. Informe sobre los efectos del retraso de la edad de jubilación.

El Gobierno, en el plazo de dos años (DESDE CUANDO), presentará un informe económico sobre los efectos producidos en la prolongación de la vida laboral, por la aplicación de coeficientes adicionales por retrasar la edad de jubilación.

Disposición adicional 45ª. Tipo de cotización para trabajadores del sector agrario integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Para los trabajadores del Régimen Especial Agrario por cuenta propia que se integraron en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos según Ley 18/2007, de 4-7, desde el año 2012 el tipo de cotización aplicable a la base de cotización elegida hasta una cuantía del 120 por ciento de la base mínima establecida para este régimen será el 18,75 por ciento.

Disposición adicional 46ª. Mutualidades de Previsión Social alternativas al régimen de Autónomos. (DEROGADA)

Disposición adicional 47ª. Sociedades laborales.

Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuando el número de socios no sea superior a 25, aun cuando formen parte del órgano de administración social, tengan o no competencias directivas, disfrutarán de todos los beneficios de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena que corresponda en función de su actividad, así como la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

Disposición adicional 48. Profesionales sanitarios

El Ministerio de Trabajo e Inmigración regulará el encuadramiento en la Seguridad Social de las actividades de los profesionales sanitarios, no incluidos en el Estatuto Marco de Personal Estatutario, aprobado por Ley 55/2003, de 16-12, con la finalidad de dar un tratamiento homogéneo, en este ámbito, al personal sanitario incluido y no incluido en dicho Estatuto, todo ello sin perjuicio de las consecuencias inherentes a la naturaleza de la relación, laboral o mercantil, del profesional con las empresas o entidades para las que preste servicios.

Disposición adicional 49ª. Protección social de los actores de doblaje.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración presentará, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), un estudio a fin de garantizar el encuadramiento en la Seguridad Social de los actores de doblaje, más adecuado a sus características profesionales.

Disposición adicional 50ª. Deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

Con pleno respeto al equilibrio contable y patrimonial del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno presentará, en el plazo de un año (DESDE CUANDO), un Informe que contenga propuestas concretas para resolver la situación de la deuda sanitaria recogida en la disposición adicional 30ª de la Ley 41/94, de 30-12, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y que desde entonces ha sido objeto de reiteradas prórrogas en las sucesivas Leyes de Presupuestos y decretos-leyes de prórroga presupuestaria. (VALGA LA REDUNDANCIA)

Disposición adicional 51ª. Modificación del ámbito subjetivo de protección de la Ley 32/2010, de 5-8, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 2, con el siguiente texto:

Disposición adicional 52ª. Cónyuges de titulares de establecimientos familiares. (DEROGADA)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar.

Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se aplicará una reducción del 20 por 100 a las cotizaciones devengadas por la contratación de las personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas en el sistema especial a que se refiere la disposición adicional 39ª de esta Ley, siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la fecha de la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 % para familias numerosas, en los términos de las reducciones y bonificaciones que ya se vienen aplicando en este Régimen Especial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y, de manera específica:

1º El Real Decreto 1194/85, de 17-7 julio, por el que se acomodan, al amparo de lo establecido en la disposición adicional 7ª de la Ley 8/80, de 10 de marzo, modificada por la Ley 32/84, de 2-8, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final décima.

2º Los artículos 57.1.a), 62 y 63 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el momento de constitución y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final 1ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Se da nueva redacción al primer párrafo del apartado 6 y al apartado 7 del artículo 12:

Disposición final 2ª. Modificación de la Ley 7/2007, de 12-4, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se da nueva redacción a la letra e) del artículo 49 de la Ley 7/2007, de 12-4, del Estatuto Básico del Empleado Público:

Disposición final 3ª. Modificación del apartado 2 del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29-11

Disposición final 4ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29-11

Uno. Se modifica el párrafo 1º de la disposición adicional 1ª:

Dos. Se modifica la letra a) del párrafo 4º de la disposición adicional 1ª:

Disposición final 5ª. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.17ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, salvo la disposición final 1ª, que se dicta al amparo del artículo 149.1.7ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación laboral.

Disposición final 6ª. Disposiciones de aplicación y desarrollo.

1. Se autoriza al Gobierno y al Ministro de Trabajo e Inmigración, en sus respectivos ámbitos, para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley.

2. El Gobierno, por medio de Real Decreto, podrá modificar la redacción que la disposición adicional 18ª da al artículo 3 del Real Decreto 1851/2009, de 4-12, por el que se desarrolla el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por 100.

Disposición final 7ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Uno. Se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1 del artículo 66:

Dos. Se añade un nuevo apartado al artículo 135 quáter:

Tres. Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 145:

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados 2 y 3, pasando el actual apartado 2 a numerarse como apartado 4, en la Disposición adicional 17ª bis:

Cinco. Se añade un nuevo apartado 2, pasando a numerarse como 3 el actual apartado 2, en la Disposición adicional 25ª:

Seis. Se añade un tercer párrafo a la Disposición adicional 39ª:

Siete. Se introduce una nueva Disposición adicional, la 61ª:

Ocho. Se introduce una nueva disposición adicional, la 62ª:

Nueve. Se añade un nuevo apartado 2, en la disposición transitoria 18ª

Disposición final 8ª. Normas aplicables a los Regímenes Especiales.

Se da nueva redacción al apartado 1 de la adicional 8ª del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Disposición final 9ª. Modificación de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF.

Uno. Se añade un penúltimo párrafo al apartado 5 del artículo 51 con el siguiente tenor literal:

Dos. Se añade en la letra b) del apartado 1 del artículo 52 lo siguiente:

Tres. Se añade en la disposición adicional 16ª lo siguiente:

Disposición final 10ª. Modificación de la Ley 20/2007, de 11-7, del Estatuto del trabajo autónomo.

1. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 1:

2. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 24:

3. Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 25:

4. Se adiciona una nueva letra e) en el apartado 1 de la disposición adicional 2ª:

Disposición final 11ª. Información sobre las políticas de inversión de los planes y fondos de pensiones.

Modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29-11, en los siguientes términos:

En el artículo 14 se adiciona un nuevo apartado 7:

Disposición final 12ª. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor el día 1-1-2013 salvo:

a) Las disposiciones adicionales 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 22ª, 23ª, 25ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 35ª, 36ª, 37ª, 39ª, 42ª y 45ª, así como las disposiciones finales 2ª, 3ª, 5ª, 6ª y apartados uno, dos, tres, cuatro y cinco de la disposición final 7ª, que entrarán en vigor en la fecha de publicación de la Ley en el BOE (el 2-8-2011).

b) Las disposiciones adicionales 18ª y 40ª, que entrarán en vigor el 1-1-2012.

c) El apartado Tres del artículo 3, que entrará en vigor el 1-1-2014.

d) La disposición final 10ª que entrará en vigor el 1-1-2017. (SE VA RETRASANDO AÑO A AÑO).

2. (DEROGADO).