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EL TJUE CONSIDERA QUE LA LEY ESPAÑOLA CONTRA EL BLANQUEO ES CONTRARIA AL DERECHO COMUNITARIO


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EL TJUE CONSIDERA QUE LA LEY ESPAÑOLA CONTRA EL BLANQUEO ES CONTRARIA AL DERECHO COMUNITARIO

Marta Fernández - elboletin.com

Las normas contra el blanqueo castigan a los inmigrantes que envían dinero a sus familias

El tribunal con sede en Luxemburgo cree que la presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos que incluye la ley no respeta las normas europeas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado en una reciente sentencia que la norma española sobre el blanqueo de capitales y financiación terrorista es “contraria” al derecho comunitario, pues establece una presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos con carácter general, incluso las que objetivamente no suponen ningún riesgo delictivo.

El organismo, con sede en Luxemburgo, considera que esta generalización no se ajusta a los derechos establecidos en la UE y que, además, no permite demostrar la inocencia de estas transferencias que no presentan riesgos de tratarse de un caso de lavado de dinero procedente de un acto ilícito.

La sentencia responde a una cuestión remitida por la entidad de pagos Safe Interenvíos, en la que se denuncia además la práctica de los bancos de cancelar o negar la apertura de cuentas corrientes por parte de estas empresas que gestionan transferencias para poder realizar las operaciones. Las entidades bancarias se amparan en las exigencias de documentación de la ley española para demostrar que la operación responde a actividades delictivas.

Aunque la directiva europea respecto al blanqueo de dinero permite a los Estados unas medidas más rígidas, el TJUE apunta que la ley española extiende la sombra de sospecha a todos los ciudadanos y a todas las transferencias, algo que no respeta los derechos comunitarios.

Además, el tribunal entiende que las normas españolas implican costes y dificultades adicionales para la prestación de servicios de gestión del envío de fondos, por lo que puede persuadir a las empresas que se encargan de ello a operar en España, afectando a la competitividad.

Las normas contra el blanqueo castigan a los inmigrantes que envían dinero a sus familias

Los inmigrantes con trabajo legal se encuentran muchas trabas para enviar dinero a sus países a través de entidades de pago y bancos por la normativa actual que "generaliza la sospecha" sobre todos los ciudadanos.

La normativa española de blanqueo de capitales generaliza la sospecha a todas las operaciones de transferencia de dinero al extranjero, incluso en las remesas de pequeño importe enviadas por inmigrantes que trabajan de forma legal en nuestro país. La ley es demasiado restrictiva y exige excesivos controles y documentación de forma generalizada, lo que lleva a muchos a optar por vías alternativas, ante la dificultad de presentar determinada información.

Como han apuntado Enrique López, vicepresidente de de la Asociación Española de Entidades de Pago, y el abogado Antonio Selas, socio de Cremades & Calvo Sotelo, en un desayuno organizado por el despacho, las medidas españolas exigen a entidades de pago y clientes infinidad de documentos para demostrar que la operación no está relacionada con un acto delictivo.

“Si una empleada del hogar hace un envío de 100 euros a su familia, ya es sospechosa”, ha señalado López. Pero, en muchas ocasiones, es complicado contar con la información requerida para poder realizar las transferencias, como les ocurre a los inmigrantes que con la crisis regresan a su país y quieren enviar el dinero ahorrado a lo largo de los años: por ejemplo, si desea enviar 6.000 euros y la nómina es mucho más baja.

“Hay una exclusión financiera de gente que no puede aportar documentación de la procedencia de dinero obtenido de forma legal”, ha explicado Selas, pues las entidades de pago se ven entonces obligadas a rechazar la operación.

A estas consecuencias de la generalización de la sospecha hay que sumar los costes a los que se enfrentan las entidades de pago para controlar todas las operaciones, tanto tecnología, como personal adicional o asesores exteriores, además de la ralentización del proceso que esto provoca. Esto aumenta el coste también para los clientes.

Dificultades que también provocan un conflicto entre las sociedades de gestión y los bancos, que pueden cerrar las cuentas a estas empresas si creen que la justificación de una operación legal no es suficiente. Los bancos pueden recibir sanciones si no hay control en todas las operaciones de pagos.