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UNA LEY DE MUTUAS HECHA PARA LOS EMPRESARIOS Miguel Arenas, abogado y socio del Colectivo Ronda Bajo la promesa de "modernizar su funcionamiento" se oculta la intención de perpetuar estas entidades privadas Esta reforma establece una nueva regulación que supone un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores El 5 de diciembre la Comisión de Empleo y Seguridad Social remitió su dictamen en el Congreso, tras la oportuna deliberación sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y una vez aprobadas las enmiendas que han considerado pertinentes. En breve, con el apoyo básicamente de PP y CIU y el rechazo del resto de fuerzas políticas, se aprobará esta norma con rango de ley. Aunque la Exposición de Motivos viene a señalar que el objetivo de la reforma es "modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia", a continuación viene a remarcar cuál es la verdadera finalidad de la nueva regulación de las mutuas de accidentes de trabajo -a partir de ahora, bajo la nueva denominación de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social- y que no es otro que "la lucha contra el absentismo laboral injustificado y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social ". O, lo que es lo mismo, agilizar la finalización de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral e introducir mecanismos que permitan a las mutuas presionar a los trabajadores para, por un lado, atemorizar para que no causen procesos de baja médica y, por otra, su fiscalización desde el primer momento que acceden a la prestación económica de incapacidad temporal. Pero vayamos por partes. Antes de analizar los derechos de las personas trabajadoras que se ven afectados por esta nueva regulación de las mutuas, recordemos que bajo la promesa de "modernizar su funcionamiento" se oculta la verdadera intención, que es la de perpetuar esta institución. Como señaló el diputado de ERC Albert Bosch, "en el resto de países las mutuas desaparecieron hace ya medio siglo, quedando con carácter general estas competencias en manos de la Administración Pública. Sin embargo, aquí, al igual que sucedió con otras instituciones franquistas, las mutuas siguieron campando a sus anchas y eso, al entender de Amaiur y de muchos especialistas en la materia, tiene bastante que ver con el crónico puesto de cabecera que España ocupa en la Unión Europea en materia de accidentes de trabajo y ocultación de enfermedades profesionales ". En la nueva regulación se siguen definiendo como en la anterior, es decir, asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y el ámbito de la cual de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Son, mejor dicho, siguen siendo, la privatización de una parte importante de nuestra Seguridad Social, por cierto, cada vez menos protectora y cada vez menos pública. Bajas médicas Entrando en materia, esta reforma, además de perpetuar estas caducas entidades, establece una nueva regulación que supone un ataque frontal contra los derechos de las personas trabajadoras. Así, la nueva redacción de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social permite a las mutuas, en cuanto a la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes -básicamente, enfermedad común-, su denegación, suspensión, anulación y, ahora también, su extinción -que podría llegar a producirse incluso aunque el trabajador continuase en situación de baja médica, desatando la necesidad de asistencia sanitaria de la necesidad económica, lo cual es simplemente aberrante-. Y es que la norma permite ahora a las mutuas que efectúen el control, también sanitario, de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud, desde que reciban el parte médico de baja, que será inmediatamente - "a partir del día de la baja médica ", se señala literalmente-, dado que las empresas comunican las mismas a la Seguridad Social por vía telemática. Tampoco puede obviarse que se establece un sistema de propuesta "motivada de alta" que permite a las mutuas acudir a Inspección Médica y al INSS para que emitan inmediatamente altas médicas y poder declarar la extinción de la prestación económica. Peor aún, además están legitimadas para suspender cautelarmente la prestación hasta que se resuelva sobre la procedencia de la extinción, en un claro intento de presionar al trabajador para que voluntariamente cause alta médica. Y lo anterior sin olvidar que, en adelante, se permite, en una clara y grave intrusión ilegítima en el derecho a la integridad física y moral de los trabajadores y una absoluta falta de respeto hacia su intimidad personal, que las mutuas puedan realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores "con el fin de evitar la prolongación innecesaria de los procesos". En vez de atacar la raíz del problema, que son las listas de espera, y los recortes en sanidad pública, se ataca al ciudadano, lo que obliga a ser tratado por servicios facultativos que en muchas ocasiones no cumplen con los parámetros de calidad en la asistencia sanitaria. Recordemos que sus servicios médicos son privados y prima la reducción económica de la prestación del trabajador sobre su derecho a la salud, que de ninguna manera está garantizado con este sistema de control. Si el trabajador se niega a recibir el tratamiento, la mutua podrá suspender la prestación e incluso instar la propuesta motivada de alta. En definitiva, no se modifica realmente la regulación de las mutuas, sino que exclusivamente se "maquilla" a las mismas para que sigan siendo asociaciones de empresarios "sin ánimo de lucro" que persiguen a los trabajadores enfermos que no puedan percibir las prestaciones de bajas médicas por enfermedad común. Un nuevo ataque a los derechos de las personas trabajadoras. Otro más. Los directivos de mutuas suben su límite de sueldo El 15 de diciembre, el Senado dio el visto bueno a la revisión de los límites que se habían impuesto a los ejecutivos de las mutuas. De este modo, según resaltó Europa Press, los ejecutivos de las mutuas podrán obrar más que el ministro de Empleo. 2015 Es el límite que el Gobierno ha puesto para una de las únicas condiciones puestas a las mutuas: la venta de sus filiales de prevención de riesgos. A cambio, las mutuas podrán alquilar sus inmuebles a precio de mercado. * Artículo de Miguel Arenas, abogado y socio del Colectivo Ronda, de Barcelona, publicado en la revista Diagonal. |
