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ELECCIONES GENERALES 2015. PROGRAMAS EN MATERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO


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ELECCIONES GENERALES 2015. PROGRAMAS EN MATERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Las próximas Elecciones Generales del día 20 de diciembre de 2015 han hecho que todos los partidos políticos presenten sus propuestas también en el área Laboral.

UNIDAD POPULAR - IZQUIERDA UNIDA (IU)

En la web de esta formación encontramos distintos programas dependiendo del ámbito a tratar. Referente a nuestra área laboral el titulado “Por un nuevo estatuto del trabajo, de las  trabajadoras y las trabajadores-“. Hemos extractado algunas propuestas:

1.- Tener un Trabajo digno es un derecho:

• Jornada de 35 horas semanales.

2.- El derecho al Trabajo digno incluye el derecho a un contrato estable:

• El contrato indefinido, con plenos derechos frente al despido desde el inicio, ha de ser el pilar fundamental del mercado de trabajo.

3.- El derecho al Trabajo digno incluye el derecho a trabajar en condiciones de igualdad, a un salario y unas condiciones de trabajo compatibles con una vida digna y a un tiempo de trabajo compatible con el derecho a cuidar, sin discriminaciones:

• Elevación progresiva del salario mínimo hasta alcanzar como mínimo el 60% del salario medio (1176 euros al mes en 14 pagas) en un horizonte de máximo 4 años y revalorización anual del mismo. Mejorar los salarios en consonancia con la productividad.

4.- El derecho al Trabajo digno incluye el derecho a no ser despedido sin causa justa: Recuperación  del  principio  de causalidad en los despidos disciplinarios:

• El despido disciplinario o es procedente, por incumplimiento grave y culpables del trabajador/a, o es nulo. Por decisión judicial basada en situaciones excepcionales podría reconocerse la opción entre indemnización o readmisión al trabajador.

• Aumento de las indemnizaciones por despido hasta 45 días y recuperación de los salarios de tramitación. 

5.- El derecho al trabajo digno debe asegurarse a todos los y las empleadas, de manera directa o indirecta, por las Administraciones Públicas:

• Obligación de que todas las empresas que obtengan subvenciones y ayudas públicas tengan que contratar obligatoriamente a través de los Servicios Públicos de Empleo.

6.- El derecho al Trabajo digno exige la democratización de las relaciones de trabajo y el respeto de los derechos colectivos.

• Recuperación de la Ultraactividad de los Convenios Colectivos. Cumplimiento de los Convenios de la OIT y de la Carta Social Europea

7.- El derecho al Trabajo digno exige vías jurídicas apropiadas y suficientes para su protección.

• Reforzar el papel de la inspección de trabajo.

8.- El derecho al Trabajo digno implica no jugarnos la vida trabajando: hay que mejorar el sistema de Prevención de Riesgos Laborales

• Regulación legal específica de los riesgos psicosociales.

9.- El derecho al Trabajo digno implica una protección social adecuada y unas pensiones dignas: hay que revisar y mejorar el sistema de seguridad social:

• Reforzamiento del sistema público de pensiones: garantizar el derecho a una pensión digna

• Mejorar las prestaciones por desempleo

• Control de las Mutuas democráticamente con la participación de los trabajadores

10.- Garantizar el derecho al Trabajo digno para todas exige la puesta en marcha de un Plan de trabajo garantizado.

• Creación directa de un millón de puestos de trabajo a lo largo de un primer año con contratos indefinidos y remuneraciones comprendidas entre 900 y 1200 euros brutos mensuales en actividades que se determinen socialmente útiles y donde no haya oferta o ésta no sea suficiente por parte de los sectores privado y público, en áreas como servicios sociales, cuidado al medio ambiente, cuidado de los espacios urbanos y actividades culturales, deportivas y recreativas.

Unidad Popular define su línea política como “La izquierda consiste en situarse del lado humano que tienen las cosas, y entiende el beneficio como bien común”.

En el punto 2 “Economía” encontramos las siguientes medidas:

Se garantizará una renta mínima, así como las pensiones contributivas y no contributivas, por encima del umbral de la pobreza.

Se aumentarán las pensiones públicas de acuerdo con el IPC anual. Se evitará el desmantelamiento del sistema de pensiones mediante la constante reducción y deducciones de cuotas. Por el contrario, se garantizará su suficiencia mediante los Presupuestos Generales del Estado.

En el punto 4 titulado “Empleo y derechos laborales” tiene como líneas básicas:

- Auténtica prioridad en la lucha contra el desempleo. Plan de choque. Leyes para el reparto y la reducción del tiempo de trabajo sin merma salarial. Penalización de horas extraordinarias.

- Subida del salario mínimo a 1000 euros.

- Derogar las últimas reformas laborales y revisar el Estatuto de los Trabajadores de modo que defienda al trabajador en su relación personal y colectiva con el empleador. Inspección eficaz para garantizar las leyes.

- Anular las empresas de trabajo temporal, proponiendo su posible reconversión al sector público de empleo.

- Ningún desempleado sin prestación.

- Defendemos el derecho de huelga y por tanto la derogación del artículo 315.3 del código penal, que está siendo utilizado en la represión de trabajadores y trabajadoras.

- Igual trabajo, igual salario.

- Plena igualdad en el ámbito laboral: penalizar cualquier acoso y discriminación; apoyo en la conciliación familiar (embarazo, lactancia, crianza, guardería, comedores escolares); y permisos de nacimiento y adopción iguales e intransferibles.

- Se reforzará la formación y las medidas de salud y seguridad laboral, con protocolos obligatorios de prevención y eliminación del acoso laboral.

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PODEMOS

Esta formación política bajo el eslogan “Un país contigo, Podemos” presenta un amplio programa dividido en 6 secciones. Las denominadas “Democracia económica” y “Democracia social” son las que incluyen medidas que afectan al campo laboral.

Se han seleccionado varias dentro de las secciones antes mencionadas en las que se ha respetado el número dado en el programa electoral para facilitar su búsqueda:

Ámbito “Democracia económica”:

Propuesta 67. Cuotas justas para los autónomos: Estableceremos cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y un alta gratuita para aquellos que lo hagan por debajo del salario mínimo interprofesional. Estudiaremos la equiparación de las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al Régimen General de la Seguridad Social. Posibilitaremos el pago trimestral, en lugar de mensual, de las cotizaciones y solo desde el inicio de la actividad; e informatizaremos y simplificaremos los trámites. Analizaremos, igualmente, la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a tiempo parcial, de manera que se pueda estar empleado por cuenta propia a media jornada.

Propuesta 69. Estudio del desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada: Estudiaremos el desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo que todos los autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes profesionales que ellos decidan asociar a su actividad y no con todo su patrimonio (como ocurre ahora).

Propuesta 70. Desarrollo de una verdadera Ley de Segunda Oportunidad, también en el terreno de las pymes y los autónomos: Impulsaremos esta reestructuración mediante un verdadero régimen de segunda oportunidad y un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas, tanto para personas físicas como jurídicas, que realmente las libere de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es efectiva. Los procesos de resolución deberán incluir todas las deudas generadas en su actividad anterior, incluidas las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Asimismo, facilitaremos el acceso a la asistencia jurídica en los procesos concursales y favoreceremos la mediación extrajudicial.

Propuesta 74. Apoyo a la economía colaborativa: Aprobaremos una ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones (especialmente en materia fiscal y de Seguridad Social). Del mismo modo, analizaremos la posibilidad de reconocer alternativas monetarias (algunas ya existentes) que puedan ser utilizadas localmente en las transacciones efectuadas por particulares en el ámbito de la economía colaborativa.

Propuesta 91. Incremento gradual del salario mínimo interprofesional hasta llegar a 14 pagas de 800 euros al mes en enero de 2018: Incrementaremos de forma gradual el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, para asegurar posteriormente la convergencia con el 60 % del salario medio que establece la Carta Social Europea. De este modo, al final de la legislatura dicho salario se situará en un mínimo de 950 euros al mes

Propuesta 92. Pleno cumplimiento de la normativa laboral

Propuesta 93. Reequilibrio de la negociación colectiva: Reequilibraremos la negociación colectiva, para lo que estableceremos la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y modificaremos la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Igualmente, reconoceremos el grupo empresarial como unidad de negociación; por ello, agruparemos todas las empresas que, con un alto grado de dependencia sobre la empresa principal, participan en un mismo proceso productivo. Estableceremos, además, un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos, con el objetivo de no debilitar el poder contractual de la representación de los trabajadores. Con la finalidad de mejorar la eficacia de los sistemas de representación en la empresa, ampliaremos el ámbito de representación a todas las empresas y centros de trabajo que carezcan de representación unitaria, para establecer un sistema de representación sindical que agrupe a todas las personas que trabajan en un mismo grupo empresarial. Finalmente, reforzaremos las garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de autotutela, un objetivo que se conseguirá mediante la eliminación en el Código Penal de los tipos específicos relacionados con el ejercicio de este derecho. Con ello, regularemos un sistema de garantías para las personas que decidan participar en una huelga.

Propuesta 94. Nuevo marco laboral: Reformaremos la contratación temporal y a tiempo parcial con los siguientes objetivos:

Los contratos de obra o servicio determinado deben convertirse de manera automática en contratos indefinidos cuando su duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de estos contratos durante dicho periodo.

Los contratos a tiempo parcial de temporada deben convertirse en contratos fijos discontinuos que garanticen el derecho a llamamiento.

Los contratos a tiempo parcial deberán incorporar el principio de causalidad referido a la jornada necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, deberán fijar el cómputo de la jornada con referencia semanal y deberán establecer un umbral mínimo del 50 % de la jornada habitual.

Actualmente, el 76 % de las personas que desempeñan un trabajo a tiempo parcial son mujeres, y el 60,8 % de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen involuntariamente. Debemos terminar con este modelo de trabajo y garantizar la creación de empleo estable y de calidad.

Propuesta 95. Impulso de una regulación de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un instrumento de distribución irregular de la jornada: Impulsaremos una regulación de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un instrumento de distribución irregular de la jornada y en una prolongación fraudulenta de la jornada de trabajo. Dicha regulación tendrá como objetivos:

- Prohibir el uso abusivo de las horas extraordinarias.

- Desincentivar las horas extraordinarias estructurales.

- Dotar de suficientes mecanismos legales a los trabajadores para garantizar su cobro.

Propuesta 96. Reforma del despido

Otorgaremos al trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente.

Recuperaremos la figura del despido nulo por fraude de ley.

Reformaremos el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas, para lo que reforzaremos la causalidad, incluiremos la obligación de la autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y garantizaremos la efectividad del proceso de negociación.

Propuesta 97. Impulso de los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas: Impulsaremos los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas ante los cambios en la demanda y en el nivel de actividad económica, para evitar tanto el desempleo como los ajustes a través del salario. Del mismo modo, impulsaremos legalmente los mecanismos de flexibilidad interna (ya existentes, pero poco utilizados) a través de la reducción de la jornada laboral. Y para que esta reducción de la jornada de trabajo no se traduzca en una caída salarial paralela, fortaleceremos un mecanismo de ajuste que sea similar al modelo alemán, en el que la pérdida de jornada laboral se ve compensada en términos salariales por el Estado.

Propuesta 101. Renta Garantizada: Crearemos un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, para lo que aumentaremos la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35 % adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20 % por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1290 euros. Este plan integrará todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral

Propuesta 102. Programa de Renta Complementaria: Estableceremos un complemento para trabajadores con baja remuneración para eliminar la discriminación que supone la «trampa de la pobreza», y para garantizar el acceso de estos trabajadores a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo, supondría, de hecho, una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Lo anterior supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento solo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250 euros, para evitar posibles situaciones de fraude.

Propuesta 106. Eliminación de todos los incentivos al empleo a tiempo parcial y avance hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal: Eliminaremos todos los incentivos al empleo a tiempo parcial y avanzaremos hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal. Con estas medidas trataremos de evitar, por un lado, la dualidad entre jornadas interminables para algunas personas (sobre todo hombres), unas jornadas que además son incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados y, por otro, el empleo precario a tiempo parcial, el subempleo, las interrupciones que impiden un reingreso laboral en buenas condiciones o la pérdida de derechos sociales para otras (sobre todo mujeres).

Propuesta 108. Jubilación a los 65 años y lucha contra la pérdida del poder adquisitivo: Derogaremos la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PSOE en 2010, lo que conllevará el restablecimiento de la edad de jubilación a los 65 años, y derogaremos la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP en 2014, con lo que recuperaremos la indexación de las pensiones al índice de precios al consumo (IPC), de forma que se garantice al pensionista cuál será la capacidad adquisitiva de su pensión a lo largo de todo su ciclo como pensionista. Se derogará, para ello, la Ley 23 / 2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Propuesta 109. Compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva: Garantizaremos la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva tanto para las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), que se pagan actualmente con cargo a la Seguridad Social, como para el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida de las nuevas cohortes de pensionistas que se incorporan al sistema en el caso de las pensiones contributivas.

Propuesta 110. Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones: Aboliremos los regímenes especiales, salvo los que se justifiquen por la propia naturaleza del trabajo, para todos aquellos trabajadores que se incorporen por primera vez a la Seguridad Social.

Propuesta 113. Eliminación del tope máximo a las cotizaciones de los salarios más altos Eliminaremos el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.

Dentro del programa “Democracia social” tenemos:

Propuesta 126. Un régimen único para todos: la Seguridad Social: Pondremos en marcha un proceso progresivo de convergencia dentro de la Seguridad Social de la multiplicidad de regímenes especiales existentes. Promoveremos la homogeneización de la cartera de prestaciones para todo el personal funcionario.

Propuesta 178. Principios y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Dotaremos de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en lo relativo a los aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la tutela judicial, la educación inclusiva y la libertad de las personas con diversidad funcional. De esta forma, se promocionarán, protegerán y ratificarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de cualquier persona, independientemente de su naturaleza o condición.

Propuesta 180. Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional: Promoveremos la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional que permita aumentar en un 50 % su tasa de actividad a lo largo de los cuatro años de la legislatura. Para ello, se propondrá un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con diversidad funcional que trascienda el vigente y se centre en la atención individualizada a lo largo del proceso de inserción laboral, la promoción de la formación, el apoyo individualizado, la activación de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, y la discriminación positiva hacia las personas con diversidad funcional con mayor necesidad de apoyo o en situación de exclusión social. Siempre teniendo presente la perspectiva de género.

Propuesta 192. Plan Estratégico para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar: Elaboraremos un Plan Estratégico para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar que incorpore a todos los actores implicados y evalúe las políticas públicas implementadas en este ámbito durante los últimos diez años. Este plan estratégico tendrá como objetivo fundamental favorecer la crianza y la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos dependientes en el ámbito familiar.

Promoveremos medidas destinadas a la adecuación de los horarios laborales de los cuidadores, como una mayor flexibilización horaria, el teletrabajo, o los permisos para el cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas dependientes.

Declararemos el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los 0 años, e instauraremos un plan de implantación progresiva.

Impulsaremos las fórmulas contractuales que promuevan jornadas laborales cortas a tiempo completo, así como la adaptación entre los horarios laborales y los escolares.

Reformaremos el sistema de permisos por nacimiento o adopción estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de los derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible, abonado con el 100 % del salario y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

Extenderemos los planes de «respiro» familiar a las cuidadoras y cuidadores de niños, niñas, adolescentes y personas dependientes, prestando una especial atención a las familias monoparentales.