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EL GOBIERNO APRUEBA EL REAL DECRETO QUE DESARROLLA LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL


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EL GOBIERNO APRUEBA EL REAL DECRETO QUE DESARROLLA LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL

Nota del Consejo de Ministros

- Desarrolla la Ley 30/2015, que fue aprobada con el apoyo parlamentario del 90% de las Cortes Generales

- Regula el cheque formación para desempleados para que las CC.AA. puedan ponerlo en marcha

- Impulsa una formación profesional para el empleo que mejore la empleabilidad de los desempleados, las capacidades de los trabajadores, y responda a las necesidades del sistema productivo

- Permite mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de Formación

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9-9, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

El Real Decreto tiene como finalidad desarrollar la Ley, en concreto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores.

Además, incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer de una información completa, actualizada permanentemente y verificable de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, que permitan su trazabilidad, y que desemboca en la “cuenta de formación” regulada en la Ley de Empleo.

El ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional, con el objetivo de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que mejore la empleabilidad y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, y que responda a las necesidades del sistema productivo y la competitividad empresarial.

Esta nueva norma continúa la senda iniciada con la aprobación de la Ley 30/2015 de permitir mayor eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de Formación. Además, regula el funcionamiento y financiación de las Estructuras Paritarias Sectoriales creadas por la Ley, que constituyen los referentes sectoriales estatales de la formación profesional para el empleo, en la detección de necesidades y en el diseño, la programación y la difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados.

El RD prevé que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia de formación profesional para el empleo, reguladas en la Ley 30/2015.

Respecto al Cheque Formación, establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por los trabajadores desempleados del cheque formación y establece que las comunidades autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Los gastos derivados del Real Decreto serán financiados por la Administraciones Públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.

En la elaboración de este real decreto han participado las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y las Comunidades Autónomas, han emitido informe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y el Consejo General de la Formación Profesional, y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Antecedentes

Al comienzo de la legislatura el Gobierno inició una reforma integral del sistema de formación profesional para el empleo, y sentó las bases para un cambio de modelo con el fin de superar las debilidades que el sistema venía acumulando. Con la reforma laboral, aprobada en febrero de 2012, se introdujo la nueva cultura del empleo, que garantiza el derecho a la formación permanente.

En este contexto se aprueba la Ley 30/2015, de 9-9, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional que recibió el apoyo parlamentario del 90%, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La reforma fue fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales.

Las principales medidas adoptadas por la Ley para la mejora y eficacia del sistema son:

- La gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones Públicas se abre a la concurrencia competitiva de todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos

- Se elimina la posibilidad de subcontratación, salvo para la contratación del personal docente

- Las acciones formativas podrán financiarse a partir del momento de su concesión o adjudicación.

- Se limita el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25 % del importe concedido. Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un 35 % adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y como mínimo un 40% del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.

- Se apuesta por la evaluación permanente.

- Se incrementan los recursos para luchar contra el fraude, como el nuevo sistema integrado de información, o con la nueva unidad especial de la ITSS en materia de formación profesional para el empleo.

- Se refuerza el régimen sancionador, entre otras medidas se contempla como sanción accesoria la exclusión del acceso a ayudas, subvenciones por un período máximo de 5 años (en vez de 2) en algunas infracciones muy graves.

- Se fijan los módulos económicos máximos.

- Los costes indirectos no podrán superar el 10 % del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.

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Ver -> Real Decreto 694/2017, de 3-7, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9-9, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE 5-7).