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SENTENCIA DE LA AN DE 05-06-2015


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SENTENCIA DE LA AN DE 05-06-2015 SOBRE APLICACIÓN DE LA “ENMIENDA TELEFÓNICA”

RESUMEN

La AN avala la "Enmienda Telefónica" porque pretende evitar que la crisis se proyecte sobre los trabajadores mayores

Procedimiento seguido por demanda de GRUPORAGA, S.A. contra Ministerio de Empleo y Seguridad Social y SPEE sobre impugnación de actos administrativos.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 18-3-2015 se presentó demanda por GRUPORAGA, S.A. contra Ministerio de Empleo y Seguridad Social y SPEE de impugnación de actos administrativos.

GRUPORAGA, SA pretende que la liquidación, debida a la aplicación de la DA 16ª Ley 27/2011, se aplique únicamente a los trabajadores mayores de 50 años afectados directamente por el ERE de referencia y subsidiariamente se incluyan únicamente a Dª Adelina, Dª Angustia, Dª Camila y Dª Delfina, quienes fueron despedidas disciplinariamente, porque la empresa reconoció la improcedencia de sus despidos con posterioridad al despido.

Admitió, a estos efectos, que la resolución impugnada aplicó literalmente la DA 16ª Ley 27/2011, que retrotrae sus efectos a los tres años anteriores al inicio del período de consultas, pero defendió, que las consecuencias de dicha norma eran absolutamente desproporcionadas e injustas, por cuanto se aplica retroactivamente normas limitativas de derecho, que no estaban vigentes en el momento de producirse las extinciones de contrato.

Subrayó que se le liquida por importe de 163.932,86 euros, cuando sus beneficios en 2011 ascendieron a 12.000 euros.

Mantuvo, en todo caso, que las extinciones contractuales controvertidas, salvo las de las trabajadoras citadas más arriba, se produjeron por causa imputable a los trabajadores, siendo irrelevante que se reconociera la improcedencia de los despidos en documentos privados, por cuanto dicho reconocimiento se produjo en el marco de las correspondientes transacciones privadas, que no acreditaban, por sí mismas, que las extinciones no se hubieran producido por causa imputable a los trabajadores.

El Abogado del Estado se opuso a la demanda, por cuanto concurrían todos los requisitos, exigidos por la DA 16ª Ley 27/2011, puesto que la empresa tenía más de 500 trabajadores, obtuvo beneficios en los ejercicios 2010 y 2011 y extinguió contratos de trabajadores mayores de cincuenta años en expediente de despido colectivo, así como otras extinciones, debidas a causas no imputables a los trabajadores, en los tres años anteriores y posteriores al inicio del período de consultas.

Admitió, no obstante, que deben excluirse de la liquidación a Dª Lourdes y a D. Carlos María, por cuanto ambos admitieron la procedencia de sus despidos con posterioridad a su ejecución.

Negó, por el contrario, que pudieran excluirse a otros 9 trabajadores, por cuanto la empresa admitió la improcedencia de sus despidos y les indemnizó por dicha causa.

Los hechos controvertidos fueron los siguientes:

- 13 trabajadores, bien por reconocimiento en conciliación, bien en sentencia o conformidad privada más indemnización se ha reconocido la improcedencia del despido.

Hechos conformes:

- Lourdes y Carlos María quedan excluidos dado que se admitió la procedencia del despido.

- El tipo aplicable es de 80%, la base de 29,63%, en vez de 31,48% aplicado que arrojaría 116.163,5 €

COMENTARIO DEL CEF

La DA 16ª de la Ley 27/2011, en la versión vigente al inicio del período de consultas, decía textualmente lo siguiente:

"1. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el art. 51 del E.T., que incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, siempre que en tales despidos colectivos concurran las siguientes circunstancias:

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha avalado la Disposición Adicional 16ª de la Ley 27/2011, conocida como la ‘enmienda Telefónica’, por la cual, las empresas de más de 500 empleados con beneficios deben realizar aportaciones al Tesoro Público por las prestaciones contributivas por desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de los despidos de trabajadores de más de 50 años por causas no imputables a éstos.

Los jueces consideran que la norma no es "injusta" ni "desproporcionada" por cuanto "persigue un objetivo socialmente loable que procura evitar que el impacto de la crisis económica se proyecte sobre los trabajadores mayores" cuando la empresa o el grupo tiene beneficios en un ”periodo relevante” (dos ejercicios económicos anteriores a la decisión extintiva) y puede aplicar el despido a otros trabajadores o promover medidas de flexibilidad interna para mejorar su competitividad y productividad, como las modificaciones sustanciales, la suspensión de contratos, la reducción de jornada o la inaplicación de convenio. "Cuando no lo hace así, a sabiendas de la voluntad del legislador, deberá asumir las consecuencias de despedir a los trabajadores mayores evitando, de este modo, la socialización de los costes de su decisión", subrayan.

La Sala de lo Social se pronuncia sobre esta ley al estudiar la demanda del Grupo Raga contra la liquidación de 163.932,86 euros impuesta por el Ministerio de Empleo por las prestaciones contributivas de desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por el Servicio Público de Empleo por trece trabajadores mayores de 50 años que fueron despedidos de la compañía.

La empresa recurrió la resolución por entender, entre otros motivos, que la Ley 27/2011 se había aplicado con carácter retroactivo, lo que suponía un atentado contra la seguridad jurídica. Al respecto, los jueces señalan que la ley dispone su aplicación retroactiva a los despidos ejecutados en los tres años anteriores y posteriores al inicio del periodo de consultas y ello se ajusta al artículo 9.3 de la Constitución en relación con el 2.3 del Código Civil, "por lo que debemos descartar que las resoluciones recurridas vulneren la seguridad jurídica de la empresa demandante, así como el principio de irretroactividad de las normas”.

Explican que al inicio del periodo de consultas el Grupo Raga sabía que la DA 16ª de la Ley 27/2011 era aplicable a los despidos colectivos iniciados a partir del 27-4-2011 conociendo

“por consiguiente que debía tener en cuenta las extinciones anteriores al inicio del periodo de consultas, caso de que las mismas se hubieran producido por causa no imputable a los trabajadores".

 

"Así pues, como ejecutó el despido colectivo en el marco legal referido cuando podía haber recurrido a otras opciones menos costosas deberán soportar las consecuencias de su decisión", sentencian los magistrados.

No obstante, admiten parcialmente la demanda y reducen la cantidad que debe ingresar el Grupo Raga al erario a 116.163,5 euros, al excluir de la liquidación 2 de los 13 despidos examinados por ser procedentes, tal y como los propios trabajadores reconocieron.

Los magistrados concluyen que la finalidad de la norma examinada es la protección de los trabajadores mayores de 50 años

“por cuanto el legislador comprende que, en un contexto económico recesivo, donde el desempleo se ha convertido en el primer problema nacional, son un colectivo especialmente vulnerable, puesto que la pérdida de su empleo comportará su inclusión en el grupo de parados de larga duración, que no encontrará probablemente otro empleo”.

FALLO

Estimamos parcialmente la demanda de impugnación de actos administrativos, promovida por GRUPORAGA, S.A y revocamos parcialmente las resoluciones recurridas, por lo que el importe definitivo de la liquidación, que debe abonar la empresa demandante, asciende únicamente a 116.163, 5 euros, por lo que condenamos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a estar y pasar por dicha decisión, absolviéndole de los restantes pedimentos de la demanda

VER SENTENCIA

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