LA PIRENAICA DIGITAL

PAGINA DE LA CLASE OBRERA


SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE MADRID


SUBCRÍBETE AL BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA PIRENAICA, ENVIANDO TU DIRECCIÓN DE CORREO -->

Seguir a @PIRENAICADIGITA


SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE MADRID DE 03-11-2016 INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE CONTRATO DE INTERINIDAD POR VACANTE POR ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA PLAZA

Contratación laboral con las Administraciones públicas

Contrato de interinidad por vacante suscrito antes del 12-2-2012

Cese que se produce por adjudicación definitiva de la plaza una vez superado el plazo máximo de 3 años para su cobertura.

Auto sobre Despido promovido por Dª Ana contra la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La actora viene prestando servicios en la Residencia de Mayores Reina Sofía, con la categoría de Auxiliar de Enfermería cubriendo de forma interina la vacante vinculada a la oferta de empleo público correspondiente al año 2004

SEGUNDO.- La actora suscribió el 2-7-2003 contrato de interinidad para cobertura de vacante

TERCERO.- La demandada el 18-8-2016 comunica a la actora que debido a la adjudicación definitiva del puesto que ocupa, el 30-9-2016 será el último día de prestación de servicios

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se ejercita en la demanda de autos acción de despido, a fin de que se declare el derecho de la actora a la readmisión en las mismas condiciones en las que venía desarrollando su trabajo con anterioridad al cese, con abono de los salarios dejados de percibir, o se proceda a la indemnización prevista en el ET para el despido improcedente, o subsidiariamente se le abono la indemnización establecida por cese en contrato por tiempo cierto.

La actora alega en síntesis, que solicita la declaración de nulidad por no encontrar ajustado a derecho el cese como personal laboral interino de acuerdo con el art. 8.1 del RD 2720/1998, de 18-12, que ha existido fraude de ley al haberse superado el plazo máximo de 3 años para la cobertura de la vacante, establecido en el art. 70 de EBEP, que el contrato debería transformarse en indefinido no fijo si la provisión reglada no se ha producido durante el plazo máximo legal de 3 años, que toda decisión extintiva de este contrato de trabajo deberá ser en cualquier caso indemnizada.

En relación a la nulidad de la extinción de la extinción de la relación laboral hay que tener en cuenta el artículo 55.5 del E.T. y el artículo 122.2 de la LRJS.

No se da ningún motivo de nulidad de los establecidos en el art. 55.5 del ET, no puede considerarse como nulidad del despido lo alegado simplemente por la actora de no encontrar ajustado a derecho el cese como personal laboral interino de acuerdo con el art. 8.1 del RD 2720/1998, de 18-12, ya que no existe ningún indicio de que el despido obedezca a una discriminación, por lo que no procede declarar la nulidad del despido y entrar a valorar la posible improcedencia del mismo.

Hay que analizar si realmente ha existido una extinción del contrato de trabajo, o por el contrario ha habido un despido. La Administración mantiene que al ser un contrato de interinidad, y estar el puesto de trabajo de la actora vinculado a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2004, cesó la necesidad de cobertura temporal de dicho puesto al haber desaparecido la causa de interinidad.

La actora alega que el contrato ha de calificarse en fraude de ley con la sanción de declarar la relación laboral indefinida no fija. La actora suscribió el 2-7-2003 contrato de interinidad para cobertura de vacante con la demandada. Por resolución de 29-7-2016 de la Dirección General de Función Pública, se procede a la adjudicación de destinos correspondiente al proceso extraordinario de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería.

Por lo tanto, ha transcurrido el plazo de 3 años fijado por el artículo 70 EBEP que determina la conversión del contrato de interinidad en otro indefinido, en el caso de contrataciones realizadas por las Administraciones Públicas. La relación laboral del trabajador interino por vacante deviene indefinida cuando se supera el límite temporal máximo de 3 años para su cobertura desde que la misma quedó desierta. Por lo tanto, la relación laboral de la trabajadora es indefinida no fija.

La doctrina tradicional de esta Sala ha sido que los contratos de interinidad por vacante y los del personal indefinido no fijo al servicio de la Administraciones Públicas se extinguían no sólo al cubrirse la plaza ocupada por el trabajador, como resultado del proceso ordinario de cobertura, sino también por la amortización de la plaza vacante ocupada, supuesto en el que la causa extintiva operaba directamente sobre el contrato, lo que hacía innecesario acudir a los procedimientos de extinción colectiva o individual por causas objetivas previstos en los artículos 51 y 52 c) del E.T..

Nuestra doctrina es la siguiente:

a).- La relación laboral «indefinida no fija» -de creación jurisprudencial- queda sometida a una condición resolutoria (provisión de la vacante por los procedimiento legales de cobertura), cuyo cumplimiento extingue el contrato por la mera denuncia del empleador y sin necesidad de acudir al procedimiento contemplado en los arts. 51 y 52 ET; porque -se argumenta- con la comunicación escrita de los hechos constitutivos de la causa así como de la voluntad de actuación extintiva, cualquiera de las causas de extinción introducidas lícitamente en el contrato y actuadas oportunamente debe producir el efecto extintivo, salvo que la Ley o la negociación colectiva hayan sometido expresamente aquella actuación a algún requisito formal

b).- La doctrina es extensible a los casos en que el puesto desempeñado desaparece por amortización, y ello tanto porque no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido el presupuesto de la modalidad contractual (la existencia de un puesto de trabajo que se desempeña -en realidad- de forma interina), con lo que nos situamos en los supuestos de los arts. 1117 CC y 49.1.b) ET, porque existen indudables analogías entre el contrato de interinidad y el «indefinido no fijo», hallándose los trabajadores en idéntica situación.

c).- Tratándose de interinidad por vacante, la relación está vinculada al mantenimiento de la plaza que ha de cubrirse, por lo que cuando ésta se amortiza el contrato se extingue, pues entenderlo de otro modo llevaría a conclusiones absurdas, ya que o bien supondría la transformación de hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido (pues el interino no cesa en tanto no se incorpore el titular, cuyo nombramiento no se produce por hipótesis, al entender la Administración innecesario el puesto de trabajo), o bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ya ha acordado.

d).- Estas consideraciones son aplicables a los contratos «indefinidos no fijos», pues se trata de contratos también sometidos a la condición resolutoria de la provisión reglamentaria de la plaza y -por lo tanto- cuando por amortización no puede realizarse tal provisión, el contrato se extingue ex arts. 49.1.b) ET y 1117 CC.

Esta doctrina debe rectificarse tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional 20ª del E.T., norma que ha mejorado lo dispuesto en la Directiva Comunitaria 1998/59/CE, de 20-7, con relación al personal laboral de las Administraciones públicas, a quien a partir de ahora se aplica lo dispuesto en los artículos 51 y 52 c) del E.T. en los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y en los despidos por causas individuales por causas objetivas.

El último párrafo de esta Adicional al dar prioridad de permanencia al personal fijo evidencia que la misma se aplica, también, al personal indefinido no fijo y al interino por vacante. La aplicación de esta nueva normativa a los trabajadores denominados indefinidos no fijos es indudable porque la extinción de los contratos de este tipo es computable al efecto de considerar el despido, como colectivo, conforme al penúltimo párrafo del citado art. 51.1 del E.T. que excluye del cómputo las extinciones de contratos temporales que se produzcan con arreglo al art. 49.1 c) del texto legal citado.

Mayor dificultad exige determinar si a estos efectos son computables los contratos de interinidad por vacante que se resuelvan por la amortización de la plaza ocupada. Resolver ese problema requiere calificar la naturaleza de esos contratos y de la causa que les pone fin. Indudablemente se trata de contratos temporales (artículos 15.1 c) del E.T. y 4 y 8.1 c) del R.D. 2720/1998, de 18-12) que están sujetos al cumplimiento del término pactado: cobertura reglamentaria de la plaza ocupada interinamente.

Consiguientemente, estamos ante una obligación a plazo, a término, y no ante una obligación sujeta a condición resolutoria explícita o implícita.

De lo expuesto se deriva que nos encontramos ante un contrato temporal de duración indeterminada pero en el que consta que el término pactado llegará: cuando la vacante ocupada se cubra tras finalizar el proceso de selección que se convocará para cubrirla.

Las precedentes consideraciones, llevan a rectificar la doctrina sentada en las sentencias de esta Sala, al entender que la simple amortización de una plaza vacante, ocupada por un trabajador indefinido no fijo o por uno con contrato de interinidad por vacante, no conlleva la extinción de los contratos sin necesidad de acudir al procedimiento previsto en los artículos 51 y 52 c) del E.T.. Ello, incluso, cuando se haya aprobado una nueva R.P.T., supuesto en el que, sin perjuicio del valor probatorio que la nueva R.P.T. tenga para acreditar la concurrencia de las causas económicas, organizativas y demás que puedan justificar la extinción, deberán seguirse los procedimientos de extinción previstos en esos preceptos.

Por tanto, la simple amortización de una plaza vacante, ocupada por un trabajador indefinido no fijo o por uno con contrato de interinidad por vacante, no conlleva la extinción de los contratos sin necesidad de acudir al procedimiento previsto en los artículos 51 y 52 c) del E.T., como se da en este caso que la Administración ha extinguido el contrato de la actora, sin acudir al procedimiento establecido en los art. 51 y 52 c) del ET, que dependiendo de los umbrales, tiene que ser despido colectivo o despido objetivo individual.

Siendo la Directiva 1999/70 directamente aplicable tal y como ha reconocido el TS, y teniendo en cuenta la interpretación del Tribunal Europeo, hemos de estar a la misma y concluir que no se puede discriminar a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia del tipo de contrato suscrito y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva, siendo en este caso evidente la igualdad en los términos de comparación respecto de la trabajadora a la que ha venido sustituyendo y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que prohíbe cualquier discriminación y de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, y conforme a la misma la actora tiene derecho a igual indemnización que tendría un trabajador fijo comparable por la extinción de su contrato por causas objetivas, esto es 20 días por año de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b) del E.T., porque la extinción, es procedente, sin que pueda alterar esta calificación el hecho de que el demandado no hubiera puesto a disposición de la actora la indemnización que le corresponde, lo que es absolutamente excusable dados los términos de la norma nacional que el TJUE ha considerado se opone a la europea de aplicación.

En el presente caso, se dan las siguientes circunstancias:

1.- La contratación de la trabajadora ha de declararse indefinida no fija, por incumplimiento del art. 70 del EBEP

2.- La extinción del contrato de la actora, ha sido por la adjudicación definitiva del NPT que ocupaba

3.- Entrando en que la causa de extinción de la relación laboral podría ser correcta por la adjudicación definitiva del NPT, si bien no se ha acudido al procedimiento de los art. 51 y 52 del ET.

En el presente caso, al tratarse de una extinción individual de un contrato que devenido en indefinido no fijo, se deberían de haber observado las formalidades del art. 53 del E.T.

En primer lugar la comunicación escrita a la trabajadora expresando la causa.

En segundo lugar, el requisito indispensable es poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de 12 mensualidades.

CONCLUSIÓN

La contratación de la trabajadora debe declarase indefinida no fija por incumplimiento del artículo 70 del EBEP, por lo que debía haberse acudido al procedimiento recogido en los artículos 51 y 52 del ET.

De igual forma, tenían que haberse observado las formalidades del artículo 53 del ET, entre ellas, el haber puesto a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, una indemnización de 20 días de salario por año de servicio.

Al no hacerlo así, ni haber alegado la Administración demandada causa económica, el despido deviene en improcedente, debiendo abonarse la indemnización aplicando las reglas de cálculo recogidas en el artículo 56 y la disposición transitoria 11ª del ET.

FALLO

Estimo la demanda por despido improcedente interpuesta por Dª Ana contra la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, y declaro la improcedencia del despido de 30-9-2016 del que el demandante fue objeto, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, así como a que en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia opte entre la readmisión del trabajador o abonarle una indemnización de 28.006,37 euros.

Se advierte a la empresa demandada que de no optar por la indemnización lo hace por la readmisión. Si se produjese la readmisión se deberán abonar los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de notificación de la presente resolución, en la cuantía de 51,81 euros por día.

Contra esta sentencia se puede interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este Juzgado en el término de 5 días desde la notificación de esta Sentencia.

VER SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7875264&links=%22432%2F2016%22&optimize=20161125&publicinterface=true

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html