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SENTENCIA DEL TC DE 14-04-2016


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SENTENCIA DEL TC DE 14-04-2016 SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE QUIEN ACTUÓ COMO DIRIGENTE DE UN PIQUETE HUELGUÍSTICO

Vulneración del derecho a la huelga. Imputación subjetiva de los actos dañosos

Recurso de amparo promovido por D. Francisco contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete, de 18-1-2013, dictada en autos de juicio verbal, así como contra la providencia del mismo Juzgado, de 5-3-2013, por la que se inadmite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido frente a la citada Sentencia, y contra el Auto de 19-4-2013, también del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la anterior providencia.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 12-6-2013, D. Francisco, formuló demanda de amparo contra las resoluciones judiciales reseñadas en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos relevantes para la resolución del presente recurso de amparo son los siguientes:

a) Frente al demandante de amparo, el titular de un pub interpuso demanda de juicio verbal en reclamación de indemnización por culpa extracontractual por daños personales por lesiones y daños materiales por lucro cesante derivado del cierre de su local. Según la demanda, tales daños se habían producido en el curso de la jornada de huelga general de 29-9-2010, como consecuencia de los actos de agresión y violencia de un piquete dirigido por el demandado.

b) La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete, de 18-1-2013, estimó la demanda y condenó al recurrente en amparo a abonar al actor la cantidad de 816,82 €, en que cifraba los daños sufridos.

Por lo que se refiere a los daños personales, la Sentencia considera indiscutido que el demandante fue agredido por integrantes indeterminados del piquete informativo que se personó a las puertas del establecimiento de su titularidad, sin que tales miembros del piquete llegaran a ser identificados por la Policía Nacional cuando acudió al lugar.

Asimismo, referido por una testigo que una persona se subió a unas mesas y que, al ser cogida del brazo por el actor, se cayó y se inició el tumulto, el Juzgado no considera probado que el perjudicado contribuyera a la producción del resultado dañoso.

Afirma también que, a partir de la única declaración testifical imparcial con que se cuenta —la de los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después de su producción—, el demandado tenía la condición de cabecilla, líder o dirigente del piquete informativo, siendo posible establecer su presencia en el pub del demandante en el momento de la agresión.

Según añade la Sentencia:

“Los agentes manifiestan que se había formado un tumulto. Había un piquete compuesto por unas (sic) 100 personas bajo distintas banderas sindicales ciertamente y presumiblemente también integrado por no afiliados, pero a cuyo frente se encontraba claramente el Sr. …”; “Era éste quien dirigía al grupo, portando incluso un altavoz. Era él el que indicaba lo que se hacía y lo que no. Él movilizaba al grupo”; “También señalan los agentes que producido el tumulto las expresiones del demandado no eran apaciguadoras sino todo lo contrario”.

A partir de estas circunstancias, y situada la principal discrepancia entre las partes en si el demandado debe o no responder de un hecho ajeno, la Sentencia aplica al caso la doctrina jurisprudencial que, aun referida al ámbito penal, se ha desarrollado respecto a la responsabilidad civil de sindicatos en el caso de condena a afiliados de los mismos o incluso de terceros ajenos como autores del delito tipificado en el art. 315 del Código penal y que considera aplicable a un ilícito civil, puesto que en el caso del ilícito penal siempre serían mayores las exigencias.

Al respecto indica que jurisprudencialmente se ha entendido que es necesaria una relación de dependencia entre el causante del daño y la persona individual o jurídica bajo cuya dependencia se halla, habiéndose realizado una interpretación flexible, de modo que tal situación de dependencia alcanza a cualquier relación jurídica o de hecho o cualquier otro vínculo por el que el agente se halla bajo la dependencia onerosa o gratuita, duradera y permanente o puramente circunstancial o esporádica, o al menos, que la tarea, actividad, misión, servicio o función que realiza el autor del hecho ilícito cuente con el beneplácito o aquiescencia del supuesto responsable civil.

Considera el Juzgado que tal circunstancia concurre en el caso, afirmando que la anuencia del demandado hace que tenga que soportar los daños que la actividad que consintió haya podido ocasionar, de modo que se le condena a indemnizar al actor en la cantidad de 255,82 € en concepto de daños personales.

En cuanto a la indemnización por daños materiales derivados del cierre del local, la Sentencia afirma que, sin perjuicio de que por lo ya razonado también surgiría la obligación del demandado de resarcirlos, en este caso la responsabilidad es consecuencia de acto propio.

Al respecto indica que, según el atestado levantado por los agentes, cuando llegaron al lugar de los hechos “identificaron al demandado el cual discutía acaloradamente con el propietario, que resultó ser el actor”.

Añade la Sentencia que: “Se manifiesta también que fue identificado el Sr. …. como el autor de los insultos citados por el denunciante…‘cabrón, cierra hijo de puta, qué hacéis ahí’…”; y asimismo indica que

“En el acto de la vista los citados testigos manifiestan que lo que ellos pudieron comprobar es que las expresiones del demandado incitaban en todo momento a que se cerrara el pub en cuestión (en el que por otro lado se hallaron restos de petardos y vasos rotos) a toda costa, cuando quien aparecía como titular del mismo (trabajador autónomo o empresario pero en definitiva trabajador) pretendía mantener abierto al público el local”.

Afirma así el Juzgado que se ha producido una colisión entre el derecho a la huelga y el derecho al trabajo y que, en virtud de la prueba analizada, la conducta del demandado y del piquete informativo no puede considerarse una consecuencia del legítimo derecho de huelga, dado que, conforme a la doctrina del TC, el ejercicio de este derecho no comprende la posibilidad de ejercer violencia sobre los trabajadores, incluso la violencia moral, de alcance intimidatorio o coactivo.

Según la Sentencia, la conducta del demandado sobrepasa los límites constitucionalmente protegidos en orden a asegurar el libre desarrollo de las tareas propias de los piquetes de información, persuasión e incluso presión.

En consecuencia, por lo dicho, estima la pretensión de que el demandado abone al propietario del pub 561 €, en concepto de lucro cesante por el cierre del local.

c) Frente a la anterior sentencia, el recurrente en amparo interpuso incidente de nulidad de actuaciones por considerar que aquélla vulneraba el derecho fundamental de huelga (art. 28.2 CE) y el de tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a un Juez imparcial (art. 24 CE).

Mediante providencia de 5-3-2013, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete declaró no haber lugar a su admisión, instruyendo al pie de la misma la posibilidad de interponer recurso de reposición.

d) Interpuesto el indicado recurso de reposición, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete lo desestimó por Auto de 19-4-2013, en el que se manifiesta que en la resolución recurrida ya se sopesó si se estaba ante el ejercicio del derecho de huelga por parte del demandado y se concluyó que se había sobrepasado, no apreciándose vulneración ni de este derecho ni del de tutela judicial.

3. En su demanda de amparo, el recurrente estima que las referidas resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete —Sentencia, providencia y Auto— han vulnerado el derecho fundamental a la huelga consagrado en el art. 28.2 CE.

a) El demandante —que afirma ser trabajador del sindicato CC.OO. de Castilla-La Mancha y haber participado en un piquete informativo en la huelga general de 29-9-2010— fija la especial trascendencia constitucional del recurso en la inexistencia de doctrina constitucional sobre la responsabilidad civil de quienes participan de forma activa en los “piquetes de huelga” —dirigiéndolos visiblemente— respecto de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar terceras personas indeterminadas que integran el mismo piquete, cuando no queda acreditado que exista ningún tipo de dependencia o relación jurídica entre aquel y estos.

Señala que, en función de la respuesta del TC, el derecho fundamental de huelga, en cuanto a la función de promover y dirigir piquetes informativos, podrá ser ejercitado con mayor o menor libertad y seguridad jurídica, pues si se confirmara la constitucionalidad de la interpretación del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete existirán en el futuro pocos o ningún dirigentes de piquetes informativos, salvo que tal función la desempeñen personas insolventes patrimonialmente de forma vitalicia.

La interpretación del TC se hace más precisa, añade, en la actual situación de inexistencia de desarrollo por ley orgánica del derecho fundamental de huelga.

b) En su argumentación jurídica, la demanda de amparo señala que la interpretación de la Sentencia recurrida supone una sanción o efecto desfavorable por el mero hecho de dirigir un piquete informativo en la huelga general indicada, cuando alguna persona de tal piquete, sin relación con dicho dirigente, lleva a cabo un acto ilícito.

Con apoyo en la Sentencia del TC 137/1997, aduce que el modelo de huelga consagrado en el art. 28.2 CE legitima la participación activa en la misma, realizando acciones para provocar la adhesión y simpatía de otros trabajadores y ciudadanos en general, e incluyendo los piquetes informativos —sea como mero participante o como dirigente del mismo—.

Por ello, no son respetuosas con el derecho de huelga las resoluciones judiciales que hacen descansar la imputación de responsabilidad por daños ocasionados por terceros, a quienes como personas físicas a título individual se limitan a dirigir un piquete informativo, por el mero hecho de asumir esa actuación directiva.

El demandante considera que los esquemas de la responsabilidad civil deben matizarse en el supuesto de daños derivados del ejercicio del derecho de huelga imputables a los huelguistas, para evitar mermar o limitar el propio derecho fundamental.

Al respecto advierte sobre el efecto perverso y disuasorio para los trabajadores del ejercicio del derecho de huelga en caso de admitirse la reclamación mecánica por daños derivados de la huelga por el mero hecho de su participación activa, con independencia de quiénes sean los autores materiales del daño.

En este caso, remarca que, aun cuando las resoluciones recurridas reconocen implícitamente que el recurrente no participó directamente en los hechos lesivos, se le imputa la responsabilidad por ser “el cabecilla” del piquete informativo, insistiendo en que, por el mero hecho de dirigir el piquete, la sentencia impugnada considera que “se ha sobrepasado” en el ejercicio del derecho fundamental, lo que supone una violación de dicho derecho.

c) Considera asimismo que, además de prescindir de la doctrina de la Sentencia del TC 254/1988 —a la que añade la cita de la Sentencia del TS de 18-7-1986—, la juzgadora aplica jurisprudencia de la Sala Penal del TS dictada para enjuiciar la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato por los daños causados por un piquete de huelga. No obstante, entiende, trasladar a una persona física como el recurrente la teoría del riesgo creado para imputarle responsabilidad civil directa y exclusiva se traduce en la restricción injustificada del ejercicio del derecho de huelga.

Indica también que la Sentencia silencia el hecho que desencadena el conflicto —caída al suelo de una huelguista por la acción de quien invoca el daño—, de ahí que, salvo que conste probado que el líder del piquete fue quien dio directamente las órdenes de causar el daño, no se le puede imputar responsabilidad, pues de lo contrario se hace una interpretación que potencia los límites a la efectividad del derecho de huelga. Entiende que el citado hecho impone la ausencia de relación de causalidad entre el actuar del recurrente —dirigir el piquete— y el daño producido.

Por último, en la demanda se señala que el art. 5.2 de la LOLS, exonera de responsabilidad al sindicato por actos de sus afiliados, salvo que quede acreditado que se llevaron a cabo actuando por orden y por cuenta del sindicato. Por ello, considera, con mayor razón debería haberse interpretado la inimputabilidad de respon-sabilidad al recurrente, que, siendo demandado a título personal o como persona física, se limitó a dirigir el pi-que-te informativo de huelga, sin intervenir en los hechos que generaron el daño invocado, y sin poder evitarlos ante un hecho imprevisto derivado de la actuación previa realizada por quien alega haber sufrido daño.

Por todo lo dicho, el recurrente solicita la declaración de vulneración del derecho al ejercicio de la huelga y de nulidad de las resoluciones judiciales recurridas, así como la devolución de la cantidad de 816,82 € más los intereses legales.

4. Por providencia de 15-12-2014, este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda presentada.

7. El Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo por vulneración del derecho fundamental a la huelga, declarando la nulidad de las resoluciones recurridas, con retroacción de actuaciones para que la Juez a quo dicte, respecto a la responsabilidad civil por lucro cesante derivada del cierre del local, una nueva resolución respetuosa con dicho derecho fundamental.

a) El Fiscal recuerda la doctrina constitucional sobre la imposición de sanciones penales y laborales disciplinarias a los participantes en una huelga, señalando las conductas que este Tribunal ha considerado totalmente ajenas al ejercicio del derecho de huelga. Indica asimismo que la actuación del demandante de amparo, como integrante de un piquete informativo, formaba parte, prima facie, del ejercicio legítimo del derecho a la huelga, en los términos establecidos en la STC 137/1997, al desarrollar “funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo”.

b) Añade que la Juez a quo hace responsable al recurrente de las lesiones sufridas por el propietario del pub, pese a reconocer expresamente que no tuvo participación directa en las mismas en tanto la agresión se realizó por integrantes indeterminados del piquete informativo. A su juicio, no puede compartirse el razonamiento judicial, fundado en una suerte de responsabilidad cuasi-objetiva basada en la creación del riesgo, derivada de la condición de “cabecilla” del piquete.

Considera que, a la vista de los hechos declarados probados en la Sentencia, no puede concluirse que la actuación del demandante de amparo sobrepasara los límites constitucionalmente protegidos en orden a asegurar el libre desarrollo de las tareas de información, persuasión y presión, en un contexto de ejercicio legítimo del derecho a la huelga. Además, indica, no hay ningún dato que permitiera concluir que la agresión sufrida por el propietario del establecimiento fuera premeditada o previsible o que hubiera sido alentada, instigada u ordenada por el demandante de amparo. Por ello, entiende que la condena del recurrente como responsable civil directo por las lesiones causadas por terceros indeterminados no se ajusta al estándar de razonabilidad constitucional exigible a toda resolución judicial.

No considera admisible la traslación de la doctrina jurisprudencial desarrollada respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de sindicatos en caso de condena a sus afiliados o a terceros como autores del delito tipificado en el art. 315 del Código penal, que la Sentencia recurrida entiende aplicable a los ilícitos civiles, trasladando la exigencia de relación de dependencia entre el autor del delito y la persona individual o jurídica bajo cuya dependencia se encuentra.

En su opinión, las situaciones son sustancialmente diferentes, señalando que en este caso no se trata de un supuesto de responsabilidad civil subsidiaria ex delito, sino de responsabilidad civil directa del demandante de amparo, e indicando además que la relación de dependencia exigida por la doctrina jurisprudencial no puede predicarse de quien asume, de hecho, la condición de “líder” del piquete de huelga, sin que exista otro tipo de vinculación o relación con las personas que lo integran, y sin que conste acreditado que quienes causaron las lesiones actuasen por orden y/o a instancia del recurrente.

En otras palabras, afirma, no puede hacerse recaer en el demandante de amparo la responsabilidad civil directa por lesiones causadas al margen de todo elemento culpabilístico, pues ninguna participación tuvo en la actuación agresiva, sin que su condición de “líder” del piquete sea título suficiente para estimar concurrente una “relación de dependencia” de los miembros integrantes del piquete a los efectos de imputarle, por vía de responsabilidad civil, el resultado de los actos lesivos cometidos por los primeros.

Advierte que el razonamiento expuesto para imputarle la responsabilidad civil directa y exclusiva se traduce en una restricción objetiva e injustificada del ejercicio del derecho fundamental de huelga, resultando una medida desproporcionada, con un efecto disuasorio o desalentador en su ejercicio.

Hacer responsable civilmente a quien asume la condición de líder de un piquete informativo por las lesiones causadas por terceros supone desconocer el contenido esencial del ejercicio del derecho de huelga y provoca, en su proyección futura, un efecto inhibidor en quien, como líder de un piquete, pretenda llevar a cabo funciones de información, propaganda, persuasión o disuasión durante el desarrollo de una huelga.

c) A la misma conclusión llega respecto al reconocimiento de responsabilidad civil del demandante de amparo por los perjuicios derivados del lucro cesante derivado del cierre del local, responsabilidad que la Juez a quo imputa por actos propios constitutivos de un comportamiento coactivo —el hecho de discutir “acaloradamente” con el propietario del establecimiento y las expresiones “cabrón, cierra, hijo de puta, qué hacéis aquí”—. El Fiscal señala que la Sentencia no dio por acreditado que el demandante de amparo fuera una de las personas que entraron de forma violenta en el establecimiento y lanzaron petardos y ocasionaron la rotura de vasos, consiguiendo que los clientes abandonaran el local; y asimismo, tampoco esta entrada en el local resultaba previsible, ni consta acreditado que fue ordenada o instigada por el recurrente.

En atención a la doctrina constitucional, considera que la actuación del demandante de amparo debe situarse en el contexto de enfrentamiento y tensión que caracteriza las situaciones de huelga. Considera que el requerir a terceros que se adhieran a la huelga, aunque sea con actitud vehemente o con acaloramiento o insistencia, formaría parte del contenido esencial de este derecho fundamental, si bien, también este Tribunal ha señalado que el ejercicio del derecho de huelga no ampara proferir insultos o expresiones injuriosas a terceros.

En consecuencia, indica, las expresiones o insultos proferidos por el recurrente contra el propietario del local —que estimó acreditados la Sentencia— no estarían amparados por el ejercicio legítimo del derecho a la huelga. Ahora bien, aduce que los hechos que se imputan al demandante de amparo son posteriores al momento en que determinadas personas accedieron al interior del local, consiguiendo que los clientes lo abandonaran, habiendo reconocido el actor en su demanda que los agentes policiales le recomendaron el cierre del local, dato que no fue ponderado en la Sentencia.

A su modo de ver, la argumentación de la Juez, que atribuyó al recurrente la responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados por el cierre del local sobre la única base de que su actuación había rebasado los límites del ejercicio legítimo de la huelga, resulta manifiestamente insuficiente y no cumpliría con el estándar de motivación reforzada exigible cuando están en juego derechos fundamentales.

Aduce que no existe en la Sentencia la más mínima justificación sobre la relación de causalidad adecuada entre la actuación imputada al demandante de amparo y el resultado producido, ni tampoco se ponderó adecuadamente el contexto en que tuvo lugar. Por ello, concluye, tales circunstancias conllevan una vulneración del derecho a la huelga, señalando que declarar la responsabilidad civil directa del recurrente por lucro cesante resulta una medida desproporcionada, que provoca un efecto de desaliento en el ejercicio del citado derecho.

II. Fundamentos jurídicos (RESUMEN)

En cuanto a la indemnización por los daños personales, no cabe la imputación al líder o cabecilla del piquete, al no constar ni su autoría material ni tampoco que diera ninguna directriz para su comisión, entendiéndose por tanto la misma como lesiva de su derecho de huelga, no siendo posible considerar que tal imputación sea respetuosa con este derecho fundamental cuando la propia sentencia califica la agresión como hecho ajeno e impone la obligación de resarcimiento por mera anuencia.

En ausencia de previsión legal que regule la cuestión, el respeto al citado derecho fundamental requiere que, en la atribución de responsabilidad civil por daños derivados de la actuación huelguística ilícita de un piquete violento, los órganos judiciales deben atender cuidadosamente a la conducta personal e individualizada de sus miembros en la producción del acto dañoso, de modo que, por sí sola, la condición de integrante e incluso líder del piquete no constituye título suficiente y constitucionalmente válido para que pueda imputarse tal responsabilidad.

En relación con la imputación de responsabilidad civil por daños materiales (lucro cesante por cierre del local), ha quedado acreditado como acto propio del dirigente del piquete la incitación al cierre con una conducta que excede de los márgenes constitucionalmente tutelados, al proferir insultos hacia quienes desean ejercer su libertad de trabajo o empresa, no estando comprendida en el derecho de huelga la posibilidad de limitar la capacidad de decisión de terceros mediante violencia o presión moral de alcance intimidatorio o coactivo.

FALLO

Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por D. Francisco y, en su virtud:

1º Reconocer que ha sido vulnerado su derecho a la huelga (art. 28.2 CE).

2º Declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete, de 18-1-2013, dictada en autos de juicio verbal, exclusivamente en lo que se refiere a la condena relativa a los daños personales a indemnizar, así como de la providencia del mismo Juzgado de 5-3-2013, que inadmite a trámite el incidente de nulidad promovido contra la anterior Sentencia, y del Auto de 19-4-2013, que desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la anterior providencia.

Votos particulares

1. Voto particular que formulan la Magistrada Dª Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré

2. Voto particular parcialmente disidente que formula la Magistrada doña Encarnación Roca Trías

3. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos

VER SENTENCIA

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24925

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