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SENTENCIA DEL TC DE 19-02-2015


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SENTENCIA DEL TC DE 19-02-2015 SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DIVERSOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2-8 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

RESUMEN

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 11/2013, de 2-8, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Competencias en materia laboral y límites a los decretos leyes: nulidad por falta de acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante para abordar la reforma urgente de algunas de las obligaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y de la competencia para sancionar el incumplimiento del deber de mantener la inscripción como demandantes de empleo.

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2-8, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

I. Antecedentes

1. La Abogada de la Generalitat de Cataluña interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2-8, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Los motivos del recurso son, resumidamente expuestos, los siguientes:

a) La Abogada de la Generalitat de Cataluña comienza señalando el heterogéneo contenido del Real Decreto-ley 11/2013, indicando que las cuestiones discutidas en el presente recurso se ubican en el capítulo III (arts. 6 a 8) que lleva por rúbrica «Modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo».

La impugnación se limita a los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, que, respectivamente, han modificado el artículo 27.4 de la Ley 56/2003, de 16-12, de Empleo y el apartado 5 del art. 48 de la LISOS.

Del art. 7 se impugna la redacción que ha dado al párrafo segundo, último inciso, del apartado 4 del artículo 27 de la Ley de empleo.

Según dicho párrafo segundo los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de la obligación de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que le habilita para incoar el procedimiento destinado a la sanción consistente en «no cumplir el requisito, exigido para la conservación de la percepción de la prestación, de estar inscrito como demandante de empleo...» tipificada en la letra b) del nuevo apartado 4 del artículo 24 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social

Artículo 24. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, los siguientes incumplimientos ante la entidad gestora de dichas prestaciones:

b) No cumplir el requisito, exigido para la conservación de la percepción de la prestación, de estar inscrito como demandante de empleo en los términos establecidos en los artículos 209.1 y 215.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo causa justificada.

También se impugna la nueva redacción que el apartado cinco del art. 8 ha dado al art. 48.5 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, en cuanto que atribuye la competencia para sancionar las infracciones cometidas por solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por desempleo al SEPE, con excepción de las tipificadas en los artículos 24.3 y 25.4 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, sin incluir en dicha excepción y, por tanto, atribuyendo a la competencia sancionadora del SEPE las infracciones tipificadas en las letras a) y b) del nuevo art. 24.4 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, consistentes en «no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de sus notificaciones y comunicaciones» y en «[n]o cumplir el requisito, exigido para la conservación de la percepción de la prestación, de estar inscrito como demandante de empleo en los términos establecidos en los artículos 209.1 y 215.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo causa justificada».

b) Como motivos de impugnación se alude, en primer lugar, al incumplimiento del presupuesto habilitante previsto en el art. 86.1 CE, por cuanto ni en el preámbulo de la norma ni en su debate de convalidación se habría acreditado la existencia de una necesidad extraordinaria y urgente.

Tampoco en el debate parlamentario de convalidación se especifica la situación de extraordinaria y urgente necesidad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. En el presente proceso constitucional debemos resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Los preceptos impugnados disponen lo siguiente:

Artículo 7. Modificación de la Ley 56/2003, de 16-12, de Empleo.

El apartado 4 del artículo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificado en los siguientes términos:

"4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal para su ejecución por éste.

Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento de la obligación de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal en el momento en que se produzcan o conozcan. Dicha comunicación podrá realizarse por medios electrónicos y será documento suficiente para que el Servicio Público de Empleo Estatal inicie el procedimiento sancionador que corresponda."»

Artículo 8. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8.

Cinco. El apartado 5 del artículo 48 queda redactado en los siguientes términos:

"5. La imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores corresponde, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la entidad gestora o servicio común de la Seguridad Social competente. En el caso de infracciones cometidas por solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, la competencia corresponde a la entidad gestora de éstas, salvo en el supuesto de las infracciones contenidas en los artículos 24.3 y 25.4 de esta Ley, en el que la imposición de la sanción corresponderá al servicio público de empleo competente que comunicará la sanción, en el momento en que se imponga, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para su ejecución por ésta."»

Se declaran inconstitucionales y nulos los artículos 7 y 8.cinco del RDL 11/2013, de 2-8, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, en cuanto a la redacción que han dado al apartado 4, párrafo segundo, último inciso, del artículo 27 de la Ley 56/2003, de Empleo, y al apartado 5 del artículo 48 del TRLISOS.

El Gobierno no ha explicitado de forma suficiente ni en la exposición de motivos ni tampoco en el trámite de convalidación parlamentaria del RDL, una argumentación sobre la necesaria prontitud que requería la atribución al SEPE de la competencia para sancionar determinados tipos infractores imputables a los beneficiarios de las prestaciones y subsidios por desempleo.

Las consideraciones anteriores no prejuzgan en ningún caso la resolución de la controversia material planteada en materia competencial, quedando no obstante constatado que sobre los mismos sujetos, solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial pesa una misma obligación en dos preceptos distintos [arts. 24.3 d) y 24.4 a) TRLISOS], determinantes de la atribución de la competencia sancionadora a dos Administraciones diferentes.

Por otro lado, no cabe en este proceso un pronunciamiento sobre los preceptos equivalentes de la Ley 1/2014

La conclusión de todo lo expuesto es, pues, que no ha quedado explicitada la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debían responder los arts. 7, en la redacción que da al último inciso del párrafo segundo del art. 27.4 de la Ley de empleo, y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, en cuanto que da nueva redacción al art. 48.5 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, atribuyendo al SEPE la competencia para sancionar las conductas previstas en el art. 24.4 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, de manera que no concurre esta primera dimensión del presupuesto habilitante requerido por el art. 86.1 CE.

La así expresada inobservancia de los presupuestos habilitantes determina la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos impugnados por vulneración del art. 86.1 CE.

FALLO

El Tribunal Constitucional, ha decidido

Declarar inconstitucionales y nulos los arts. 7 y 8.5 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2-8, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, en cuanto a la redacción que han dado al apartado 4, párrafo segundo, último inciso, del artículo 27 de la Ley 56/2003, de 16-12, de empleo y al apartado 5 del art. 48 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social

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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2828.pdf

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