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SENTENCIA DEL TC DE 22-01-2015


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SENTENCIA DEL TC DE 22-01-2015. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO CONTRA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 3/2012

RESUMEN

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2012, de 6-7, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Derechos a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad:

- constitucionalidad de los preceptos legales relativos al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores

- modificación sustancial de las condiciones de trabajo, negociación colectiva

- extinción del contrato de trabajo, procesos por despido;

- aplicación de la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor en el sector público

- nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción de los contratos de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

Recurso de inconstitucionalidad promovido por 104 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y 11 del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición adicional 3ª y la disposición final 4ª.2, de la Ley 3/2012, de 6-7, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución.

El Abogado del Estado solicita se dicte la Sentencia por la que se inadmita el recurso con relación al art. 14, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2012, y se desestime respecto de todo lo demás.

II. Fundamentos jurídicos

Tras la aprobación de la Ley 3/2012, de 6-7, objeto del presente proceso constitucional, se han dictado una serie de normas que le afectan, de una u otra manera, como son:

- El Real Decreto 1483/2012, de 29-10, que aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada

- El Real Decreto-ley 1/2013, de 25-1, que prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección de las personas desempleadas

- La Ley 11/2013, de 26-7, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

- El Real Decreto-ley 11/2013, de 2-8, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes del orden económico y social, y que ha dado lugar a la Ley 1/2014, de 28-2, del mismo nombre

- La Ley 14/2013, de 27-9, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

- El Real Decreto-ley 16/2013, de 20-12, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Ninguna de estas normas ha afectado al contenido de los preceptos impugnados salvo en lo referente a la regulación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores (art. 4 de la Ley 3/2012) y al procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos (art. 14.1 de la citada Ley), respecto a los que determinaremos los efectos de su modificación en el momento de su análisis.

El presente recurso de inconstitucionalidad coincide en parte, en cuanto a su objeto y fundamentación, con el promovido por el Parlamento de Navarra y que ha sido desestimado en la reciente Sentencia del TC de 16-7-2014.

Por tal motivo, al resolver algunos de los preceptos impugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad habremos de reiterar las consideraciones efectuadas en la mencionada Sentencia, extendiéndolas al presente proceso en lo que se acomode a su ámbito de controversia.

CONCLUSIONES

La Constitución de 1978 no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, ni más concretamente de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento.

La Constitución, al institucionalizar los derechos colectivos laborales (huelga, negociación colectiva y conflictos colectivos), no los ha reservado en exclusiva a los sindicatos, de manera que no cabe sino concluir que la negociación colectiva está atribuida constitucionalmente a los sindicatos y a otras representaciones colectivas de los trabajadores.

Facultad unilateral del empresario de modificación sustancial de condiciones de trabajo fijadas en acuerdos o pactos colectivos (extraestatutarios)

La limitación del derecho a la negociación colectiva mediante la atribución de dicha facultad cuenta con una justificación razonable y proporcionada desde el punto de vista constitucional, sin que la laxitud en la redacción de las causas justificativas impida un control pleno y efectivo tanto en orden a su concurrencia como a su justificación.

Despido colectivo

Al imponer un período de consultas donde el empresario debe facilitar una memoria explicativa de las causas, así como toda la información necesaria para su acreditación, entiende el TC que el empresario cumple con la obligación de que la decisión esté fundada.

No puede afirmarse, por tanto, que el precepto impugnado (art. 51 ET) haya consagrado un despido colectivo no causal o ad nutum. (PERO POCO LE FALTA)

Prohibición a las Administraciones públicas de efectuar reducciones de jornada y suspensiones de contratos regulados en el artículo 47 del ET

No existe diferencia de trato entre el personal laboral al servicio del sector público administrativo y el sector público empresarial, pues el factor diferencial entre una y otra categoría de trabajadores se encuentra en la distinta estructura en la que se encuentran, siendo viable la atribución de consecuencias jurídicas distintas.

Negociación colectiva y jubilación (disposición adicional 10ª del ET)

Es constitucionalmente válido que el legislador, modificando la situación preexistente, autorice a la negociación colectiva a regular una materia que con anterioridad se había excluido de la misma, pero también cabe sustraer esta materia a la potestad negociadora de los representantes de los trabajadores y empresarios, encontrando perfecto acomodo también a los mandatos y objetivos constitucionales.

En relación con el período de prueba de un año, en el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, a las cláusulas de descuelgue (art. 82.3 ET) y a la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto de los sectoriales, se remite en su exposición a las argumentaciones efectuadas en la Sentencia del TC de 16-7-2014.

Por su parte, en cuanto a la limitación de los salarios de tramitación en caso de que el empresario opte por despedir improcedentemente, reenvía al Auto del TC de 12-2-2014, señalando que tal opción legislativa entra dentro del margen de libertad de configuración de las relaciones laborales que le es atribuida al legislador por la Constitución.

FALLO

Se desestima el presente recurso de inconstitucionalidad. (Y YA ESTÁ)

El Magistrado D. Fernando Valdés Dal-Ré formula un voto particular a la Sentencia, al que se adhieren la Magistrada Dª Adela Asua Batarrita y el Magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez

VER SENTENCIA

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1896.pdf

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