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SENTENCIA DEL TJUE DE 19-10-2017


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SENTENCIA DEL TJUE DE 19-10-2017 SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. TRABAJADORA EN PERÍODO DE LACTANCIA

Evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo. Impugnación por parte de la trabajadora afectada. Discriminación por razón de sexo. Carga de la prueba.

Enfermera en servicio de urgencias que solicita la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural al entender la concurrencia de riesgos inherentes a su puesto de trabajo y que, sin embargo, la ve denegada por no prever la evaluación de riesgos correspondiente la existencia de ninguno de una forma general.

El asunto C531/15, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el TSJ de Galicia, mediante auto de 17-7-2015, en el procedimiento entre Elda y Servicio Galego de Saúde, INSS.

La Directiva 2006/54/CE, concretamente su artículo 19.1, relativo a la inversión de la carga de la prueba para el caso de que pueda presumirse la existencia de una discriminación directa o indirecta, es aplicable a la situación controvertida, en la que una trabajadora en período de lactancia impugna ante un órgano jurisdiccional nacional u otro órgano competente del Estado miembro de que se trate la evaluación de riesgos que presenta su puesto de trabajo por no haberse llevado a cabo de tal forma que incluya un examen específico que tenga en cuenta la situación individual de la trabajadora, para determinar si su salud o su seguridad o la de su hijo están expuestas a un riesgo.

En supuestos como el presente incumbe a la trabajadora afectada acreditar hechos que puedan sugerir que la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo no se llevó a cabo de acuerdo con las exigencias de la Directiva 92/85/CE y que permitan así presumir la existencia de una discriminación directa por razón de sexo, lo que incumbe verificar al tribunal nacional.

En consecuencia, corresponderá a la parte demandada (empresa) demostrar que dicha evaluación de los riesgos se realizó con arreglo a las exigencias de la Directiva 92/85/CE y que, por tanto, no se vulneró el principio de no discriminación.

En el caso, presentó la trabajadora un escrito firmado por su superior jerárquica directa que indicaba, de manera motivada, que su puesto de trabajo presentaba riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales para la lactancia natural.

En cuanto al momento en que deben aplicarse las reglas de inversión de la carga de la prueba, dispone el Tribunal que no será en el momento de la solicitud de adaptación de sus condiciones de trabajo o cuando se solicite la prestación económica controvertida, sino que solo ha de aplicarse en una fase posterior, cuando la trabajadora afectada impugna una decisión relativa a esta evaluación de los riesgos ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente.

El Tribunal de Justicia declara:

1) El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5-7-2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que una trabajadora en período de lactancia impugna ante un órgano jurisdiccional nacional u otro órgano competente del Estado miembro de que se trate la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo por no haberse llevado a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19-10-1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

2) El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, incumbe a la trabajadora afectada acreditar hechos que puedan sugerir que la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo no se llevó a cabo de acuerdo con las exigencias del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/85 y que permitan así presumir la existencia de una discriminación directa por razón de sexo, en el sentido de la Directiva 2006/54, lo que incumbe verificar al tribunal remitente. En consecuencia, corresponderá a la parte demandada demostrar que dicha evaluación de los riesgos se realizó con arreglo a las exigencias de esta disposición y que, por tanto, no se vulneró el principio de no discriminación.

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195741&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=293599

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