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SENTENCIA DEL TS DE 02-03-2016


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SENTENCIA DEL TS DE 02-03-2016 SOBRE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Everardo contra la sentencia de 20-2-2014 del TSJ de Andalucía, en el recurso de suplicación interpuesto por el citado trabajador ahora recurrente en casación y por la "Autoridad Portuaria de Melilla" contra la sentencia de 14-8-2013 del Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla, en procedimiento seguido a instancia del referido trabajador contra la citada Autoridad Portuaria y contra el Ministerio Fiscal, sobre despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 20-2-2014 el TSJ de Andalucía dictó sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"I.- Se estima parcialmente recurso de suplicación interpuesto por D.  Everardo, en el único sentido de fijarse el salario regulador del despido en la cantidad de en 2.922.05 mensuales, o 96,06 diarios.

II.- Se estima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por la Autoridad Portuaria y se revoca la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Melilla, de 14-8-2013.

III.- Se declara procedente del despido de D. Everardo, se convalida la extinción del contrato, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación a favor del trabajador.

IV.- Se absuelve a la Autoridad Portuaria de las peticiones efectuadas en su contra.

La sentencia de instancia, de 14-8-2013 del Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla, contenía los siguientes hechos probados:

Primero.- El trabajador demandante ha prestado sus servicios a jornada completa como trabajador fijo desde el 18-2-1983, para la Autoridad Portuaria de Melilla.

Segundo.- Por comunicación escrita se notificó el 15-10-2012, por parte de la Autoridad Portuaria a la actora, la extinción de su contrato, por haber ocultado deliberadamente el 18-1-2012 la pesada del elemento de transporte rodado de mercancías, omitiendo la extracción del ticket de la pesada, el registro de la misma en el parte diario de peso y la denuncia a través del parte de verificación del peso…

Tercero.- Se notifica la carta de despido al actor el 15-10-2012, dándose traslado de todo el proceso al actor y a representación sindical de UGT.

Cuarto.- El actor, durante los años 2007 a 2011, ha sido miembro del Comité de Empresa.

Quinto.- El 18-1-2012 el actor no anotó la pesada del elemento de transporte rodado de mercancías sin seguir estrictamente el procedimiento para el control de pesada al no salir de la garita para identificar al conductor, que entró en la garita a identificarse.

Sexto.- El 27-2 en turno de noche y con escasa visibilidad el actor permitió negligentemente el paso a la zona restringida del puerto del vehículo sin autorización de acceso ni tarjeta para franquear la entrada, sin identificar al conductor y a otros dos pasajeros….

Séptimo.- El actor no presenta ninguna sanción anterior en 29 años de servicio.

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente:

"Estimando parcialmente la demanda que da origen a estas actuaciones, debo declarar y declaro improcedente el despido de D. Everardo  ocurrido el 15-10-2012, condenando a la demandada Autoridad Portuaria de Melilla a que readmita al actor en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido y debiendo abonar asimismo los salarios dejados de percibir desde que se adoptó el despido y hasta la notificación de esta resolución a razón de un importe diario de 87,10 euros, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que pudieran corresponder por los hechos realizados, si no hubieren prescrito ".

D. Everardo formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se alega como sentencia contradictoria la dictada por el TSJ de Castilla y León de 30-5-2012, articulándolo en un motivo al amparo del art. 207.e) de la LRJS, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, considera que la sentencia recurrida hace una aplicación indebida del art. 97 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en relación con la infracción por inaplicación del art. 46 del "II CºCº de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias".

QUINTO.- El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar sí tratándose de un trabajador por cuenta ajena que ostenta la condición de empleado público el plazo de prescripción de las posibles faltas disciplinarias cometidas es el más breve establecido en el art. 60.2 ET o en los posibles convenios colectivos aplicables o debe ser el más largo preceptuado en el art. 97 EBEP.

2.- Los preceptos básicos a tener en cuenta a efectos interpretativos son:

a) Dispone el EBEP, en la redacción vigente en la fecha de los hechos, sobre el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas incluidas en su ámbito de aplicación (art. 2), --entre las que se encuentra la ahora empleadora del trabajador recurrente--, sobre la responsabilidad disciplinaria de dicho personal que

"1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto"

 “4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral " (art. 93.1 y 4).

b) Establece el EBEP en cuanto a la prescripción de las faltas disciplinarias de los empleados públicos que:

"Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses;"

"El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas" (art. 97);

c) Preceptúa el E.T. con carácter general en relación con la prescripción las infracciones cometidas por los trabajadores que

"Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los 10 días; las graves, a los 20 días, y las muy graves, a los 60 días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido " ( art. 60.2);

d) Finalmente, en el II CºCº de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias se convino que

"Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que el Organismo Público afectado tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado. Este plazo no será de aplicación mientras exista una litispendencia penal por los mismos hechos, quedando en suspenso el expediente disciplinario " (art. 46.IV CºCº).

SEGUNDO.- 1.- La sentencia ahora recurrida por el trabajador demandante, --revocatoria, en cuanto ahora afecta, de la de instancia (Sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla nº 1 de 14-8-2013)--, considera que debe aplicarse el plazo de prescripción de 3 años " desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas "que para las infracciones muy graves establece en art. 97 EBEP, en un supuesto de falta muy grave (despido) en que los hechos imputados se afirma que tienen lugar el día 18-01-2012, el expediente disciplinario se incoa en fecha 24-04-2012 y el despido se notifica el día 15-10-2012; razonándose, en esencia, que

<<La parte recurrida niega la pretendida prescripción, invocando el EBEP, y la doctrina contenida en la sentencia del TS de 23-5-2013>>

<<La Sala de lo Social del TS , en la sentencia citada, ya ha sentado la inaplicabilidad del artículo 60.2 ET a los empleados públicos, careciendo de toda fundamentación legal la pretensión de trasponer a las relaciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas el plazo de 60 días desde el conocimiento de la comisión de las faltas >>

<<Estableciendo el artículo 97 de EBEP que las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses, y que, como precisa su párrafo segundo, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas, es claro que, en el supuesto sometido a consideración, no transcurrió el plazo de tres años para decidir el despido del trabajador>>.

TERCERO.- 1.- El EBEP comportó en el ámbito de las distintas modalidades de las relaciones de servicio a favor de las Administraciones públicas, --comprendidas en su ámbito de aplicación de forma directa o supletoria (art. 2.1 y 5) --, una nueva manera de configurarlas y estructurarlas, dando un primer paso hacía una regulación más uniforme de todas ellas, fijando "los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público" y regulando derechos y obligaciones comunes; si bien siendo un paso importante, parece necesitado de ulteriores planteamientos y desarrollos, si lo que se pretendía era alcanzar la máxima homogenización de las, hasta ahora, múltiples modalidades de relaciones de servicio a favor de las Administraciones públicas y de la reducción a un mínimo, claramente delimitado, de los servicios a realizar por los concretos funcionarios públicos.

2.- A pesar de ello, aun trasluciendo el EBEP un cierto temor hacia la "laboralización" y pretendiendo, de manera loable, determinar "las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio", no siempre lo logra en la aplicación práctica, bien como consecuencia de la generalidad de muchas de las remisiones que efectúa, con la mera invocación de las normas legales sociales y de los convenios colectivos aplicables o con remisiones globales e imprecisas, o mediante una técnica legislativa que la jurisprudencia social ha denominado de "exclusión pormenorizada"; o bien a causa de no atreverse a abordar de una manera conjunta y global la solución uniforme a los problemas derivados de las actuaciones comunes a todos los empleados públicos que de manera loable establece.

CUARTO.- 1.- La respuesta debe ser que, en todo caso, que la prescripción de las faltas disciplinarias son plenamente aplicable los plazos establecidos en el art. 97 EBEP y no los fijados en el art. 60.2 ET o en los posibles convenios colectivos aplicables, pues en la regulación del régimen disciplinario de los distintos empleados públicos la aplicación imperativa y preferente del EBEP respecto a al personal laboral, a diferencia de lo que se contempla para otras materias en el referido Estatuto, se establece claramente en el art. 93

"1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto”

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral"

Que relega a un carácter subsidiario la aplicación de la legislación laboral (ET o convenios colectivos) respecto de lo no previsto en dicho Título normativa dedicada al régimen disciplinario, y precisamente la prescripción de las faltas disciplinarias está expresamente prevista y regulada en el art. 97 EBEP.

2.- En la invocada por la sentencia recurrida STS de 23-5-2013, ya se dio respuesta por esta Sala de casación a la cuestión ahora planteada, en favor de que, en todo caso, a los trabajadores que ostenten la condición de empleados públicos se les aplique el plazo de prescripción de las faltas previsto en el art. 97 EBEP, a cuya doctrina debemos estar por razones de seguridad jurídica, acordes con la finalidad de este recurso,

QUINTO.- La aplicación de la doctrina expuesta comporta entender que la solución jurídica correcta es la contenida en la sentencia recurrida en la que se entiende no ha prescrito la falta muy grave que declara cometida por el trabajador recurrente, por lo que procede la desestimación del recurso casacional.

FALLO

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador D. Everardo, contra la sentencia de 20-2-2014, dictada por el TSJ de Andalucía recaída en el recurso de suplicación interpuesto por el citado trabajador ahora recurrente en casación y por la "Autoridad Portuaria de Melilla" contra la sentencia de 14-8-2013, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla, en procedimiento seguido a instancia del referido trabajador contra la citada Autoridad Portuaria y contra el Ministerio Fiscal. Sin costas.

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