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SENTENCIA DEL TS DE 09-05-2016


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SENTENCIA DEL TS DE 09-05-2016 SOBRE IMPAGO DEL SUBSIDIO DE I.T. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 4.º AL 15.º POR INSOLVENCIA EMPRESARIAL

La Mutua que gestiona la IT viene obligada a anticipar el pago si la empleadora es insolvente.

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª María Luisa contra la sentencia del TSJ de Valencia, de 10-7-2014, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de 4-7-2013 del Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón, en los autos seguidos a instancia de dicha recurrente contra la empresa Turcaza, S.L., el INSS, Unión de Mutuas, sobre cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 4-7-2013, el Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón, dictó sentencia cuya parte dispositiva es:

"Con desestimación de la excepción de defecto formal en el modo de proponer la demanda y de cosa juzgada, y con estimación de la excepción de prescripción, y con estimación de la demanda interpuesta por María Luisa, en ejercicio de la acción de reclamación de cantidad por prestación de I.T. derivada de contingencia común, contra la empresa Turcaza SL, Union de Mutuas, e INSS y TGSS, condeno a la empresa Turcaza SL como obligada directa a que abone al actor en su totalidad la prestación por I.T. en cantidad de 13.172,11 €, con la obligación de Union de Mutuas de anticipar inmediatamente al demandante el pago de 12.711,14 €, sin perjuicio de su derecho de repetir contra la empresa condenada con la subrogación en los derechos y acciones de los beneficiarios, con absolución del INSS y TGSS de los pedimentos dirigidos en su contra".

Los hechos probados a tener en cuenta son:

1º.- La demandante María Luisa prestaba sus servicios profesionales en Turcaza SL, con una antigüedad del 12-3-2008 y un salario bruto mensual de 1.701,50 €.

2º.- María Luisa causó baja por I.T. por enfermedad común desde el 21-4-2011, mediante parte de baja emitido por los servicios médicos de la Seguridad Social, causando alta el 7-6-2011. La B.R. de contingencias comunes diaria asciende a 1.401,05 €.

3º.- María Luisa causó baja por I.T. por enfermedad común desde el 8-6-de 2011, mediante parte de baja emitido por los servicios médicos de la Seguridad Social, causando alta el 31-5-2012. La B.R. de contingencias comunes diaria asciende a 1.401,05 €.

4º.- La empresa Turcaza SL tenía concertada, en tales fechas, la cobertura de las prestaciones de I.T. tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales con Union de Mutuas.

5º.- La demandante ha devengado las siguientes cantidades en concepto de prestación por I.T. que no constan abonadas por la empresa demandada:

-periodo desde el 21-4-2011 al 7-6-2011: 1.410,09 €.

-periodo desde el 8-6-2011 al 31-5-2012: 11.951,86 €.

6º.- La empresa demandada presentó a la TGSS el TC2, con las deducciones por prestación de I.T. correspondiente a los meses de abril de 2.011 a mayo de 2012 respecto de la trabajadora demandante.

7º.- En virtud de sentencia de 29-5-2012 dictada por este Juzgado de lo Social en el expediente sobre extinción de contrato, seguido a instancias de la aquí demandante, se declaró extinguido el contrato de trabajo de María Luisa. En los hechos probados expresamente se declaró que la demandante no había percibido el importe correspondiente a la prestación por I.T. en las mensualidades de abril a julio de 2011 y en las posteriores hasta la fecha de celebración del Juicio. Tal sentencia fue confirmada en suplicación por la dictada el 8-1-2013 del TSJ de la Comunidad Valenciana .

8º.- La demandante el 30-5-2012 presentó reclamación previa contra el INSS y la TGSS, así como contra Unión de Mutuas. El 30-5-2012 se presentó papeleta de conciliación ante el servicio administrativo sito en Tortosa, celebrándose el acto conciliatorio el 13-6-2012, terminando con el resultado de "intentado sin efecto". El 22-6-2012 se presentó la demanda origen de los presentes autos en el Juzgado de Castellón.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, el TSJ de Valencia, dictó sentencia el 10-7-2014, en la que consta la siguiente parte dispositiva:

"Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Dª María Luisa contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón de 4-7-2013 en virtud de demanda formulada por la misma, y en su consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida".

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, Dª María Luisa, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:

- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la del TSJ de Cantabria de 24-11-2004

- Se alega la infracción del art. 131.1 en relación con los arts. 2 y 4.1 de la LGSS.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Términos del debate casacional .

La cuestión debatida se centra determinar si la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social debe anticipar el pago de la prestación económica cuando concurre el siguiente supuesto:

a) Empresa en que la Mutua asume la gestión de las contingencias comunes

b) Insolvencia empresarial

c) Trabajador en I.T..

d) Impago del subsidio correspondiente a fechas en que la responsabilidad directa del pago corresponde al empleador (días 4º al 15º en supuestos de contingencia común).

Sentencia de contraste. Se invoca como sentencia de contraste la del TSJ de Justicia de Cantabria de 24-11-2004

Entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación concurren las identidades que exige el artículo 219 de la LRJS.

SEGUNDO.- El subsidio litigioso.

1. Regulación aplicable.

A) El art. 131.1 LGSS/1994, en la redacción vigente durante el periodo respecto del que se reclama, prescribía lo siguiente:

"El subsidio se abonará, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja. En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará, respectivamente, a partir del 16º día de baja en el trabajo ocasionada por la enfermedad o el accidente, estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días 4º al 15ª de baja, ambos inclusive".

B) Esa regulación, muy parecida a la del art. 173.1 LGSS/2015, deriva del art. 6º del RD-Ley 5/1992 y de la ulterior Ley 28/1992, que operaron sobre el art. 129 LGSS de 1974.

Se trata de normas sobre Medidas Presupuestarias Urgentes, según desvelan las respectivas rúbricas, que pretenden reducir el gasto público para garantizar la sostenibilidad del sector; la Ley es el resultado de tramitar como Proyecto el previo RD-L y las diferencias entre ambos son escasas. La Exposición de Motivos de la Ley aporta 2 mensajes de relevancia para aquilatar el alcance del precepto examinado y resolver dudas como la ahora suscitada:

a) Los cambios realizados poseen motivación económica:

"El crecimiento del déficit público durante el primer semestre del año ha obligado al Gobierno a actuar con urgencia y rigor sobre los ingresos y gastos públicos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Convergencia, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 5/1992, de 21-7, de Medidas Presupuestarias Urgentes".

b) Los sujetos protegidos por la Seguridad Social deben mantener sus derechos:

"se aborda una modificación de la prestación económica por ILT, cambio que no implica una modificación del nivel de protección de los trabajadores".

C) Lo que se hizo con la reforma de 1992, es transferir la obligación de abonar una parte del subsidio al empleador. Es comprensible, por tanto, que se suscitaran dudas tanto acerca de la validez de la operación cuanto de la naturaleza de lo abonado por el empresario a sus trabajadores. Ambas cuestiones, claro está, afectan de manera directa al enfoque y solución del presente recurso. Veámoslas seguidamente.

Doctrina unificada en supuestos análogos.

El problema específico de la responsabilidad subsidiaria de la Mutua (o de la entidad) que gestiona la I.T. por contingencias comunes respecto del abono de la prestación durante los días (4º a 15º) a cargo de la empresa también la hemos abordado en ocasiones anteriores. En concreto, las Sentencias del TS de 15-6-1998 (rec. 3519/1997 ) y 15-5-2001 (rec. 3546/2000 ) lo resuelven en sentido favorable a la pretensión de la trabajadora, por las siguientes razones:

La Ley citada de 1992 no niega el carácter de prestación, y, por tanto, su carácter de sustitución de renta al subsidio que nos ocupa, y, tampoco, existe disposición alguna que rechace en este supuesto la aplicación del principio de automaticidad.

El hecho de que la ley imponga al empresario el pago directo de la I.T. en el periodo considerado, no presupone, a falta de norma expresa, que esta obligación de pago implique, como efecto reflejo, la privación al beneficiario de prestación del sistema de cobertura y garantía establecido, en los casos de impago, para las prestaciones de la Seguridad Social.

Como ha afirmado el TC en sentenicia de 10-2 (STC 37/1994, de 10 de febrero) el derecho a la Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, que admite dentro de un sistema de protección social pública (artículo 41 CE) supuestos de responsabilidad privada, siempre que no se altere sustancialmente el régimen de cobertura pública.

El hecho de que el artículo 131 admita e imponga la obligación al pago, durante un periodo determinado, de la prestación o subsidio de I.T. al empleador, únicamente conlleva la modificación de la obligación por sustitución de la persona del deudor, (conforme el artículo 1.203.2º del Código Civil), pero no su novación o extinción (según reiterada doctrina de este Tribunal, la novación por cambio del deudor no se presume, sino que ha de resultar de modo inequívoco).

Ello comporta que no habiendo variado esencialmente la naturaleza y objeto de la prestación, que incluso sigue conservando este nombre y carácter, y, a falta de disposición legal en sentido contrario, debe permanecer y subsistir el sistema de obligaciones y garantías accesorias establecidas para la prestación litigiosa en el régimen público de Seguridad Social para los supuestos de incumplimiento de la obligación prestacional por parte del empresario directamente obligado a su pago, y ello, sin perjuicio del derecho de la entidad gestora a reintegrarse posteriormente del empresario incumplidor, en ejercicio de las facultades que le confiere tal cualidad de entidad gestora de la seguridad social.

En definitiva, el trabajador ha causado derecho a la prestación de I.T. y la responsabilidad de su pago debe imponerse "ex lege" al sujeto obligado, que es el empleador actual (artículo 126.1 LGSS), pero ello no impide -a falta de norma expresa en sentido contrario- la responsabilidad subsidiaria de la entidad gestora, sin perjuicio de que ésta se subrogue en los derechos del beneficiario (artículo 126.3 LGSS).

TERCERO.- Responsabilidad de la Mutua .

1. Alcance de lo debatido.

La sentencia recurrida, confirmando la dictada en la instancia, condena a la empresa Turcaza, S.L., como responsable directa, al abono al trabajador de la totalidad de la prestación por I.T. (13.172'11 €), con obligación de la Union de Mutuas de anticipar el pago correspondiente al periodo de incapacidad a partir del día 16 y siguientes (12.711'14 €), sin perjuicio del derecho a repetir contra la empresa condenada y con absolución del INSS y de la TGSS, por tratarse de una contingencia derivada de enfermedad común.

A la vista de ello, la Sentencia del TSJ Comunidad Valenciana recurrida precisa que el objeto de la controversia asciende a la suma de 460,97 € que se corresponde con el importe de la prestación durante los días 4º al 15º.

La cuantía litigiosa, a efectos de procedencia de recursos, no viene dada por esa diferencia sino por lo reclamado en la demanda.

2.Mantenimiento de nuestra doctrina.

A) Los argumentos desplegados por la doctrina conservan plena validez pese al tiempo transcurrido y los cambios operados tanto en el ámbito de la protección cuanto de la gestión de la Seguridad Social. Razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, por tanto, abocan a su mantenimiento.

El subsidio por IT (derivada de contingencia común) que la empresa abona por ministerio de la LGSS durante los días 4º al 15º debe ser asumido subsidiariamente por la entidad responsable de gestionar la protección ante tal situación de necesidad: la Mutua (como en este caso) o el INSS (ISM). Si esta garantía subsidiaria se activa surge el derecho a repetir el pago frente a la empleadora.

B) Quizá pueda añadirse que el resultado es el más acorde con la interpretación constitucional de la norma pues así lo aconseja la protección a una situación de necesidad (art. 41 CE ) que el legislador ha identificado como digna de amparo.

Pero también es un resultado más coherente que el alcanzado por la sentencia recurrida. Nótese que cuando el empleador impaga los salarios o cuando deja de abonar sus cotizaciones la Directiva 2008/94 de 22-10 ordena o recomienda que la institución de garantía (en nuestro caso, el FOGASA) asuma la obligación del empleador. Y en el caso de estos días de subsidio se estaría ante una categoría (ni salarial, ni dependiente del pago de cotizaciones) al margen de toda cobertura.

C) Desde luego, se trata de la interpretación más acorde con la finalidad de unas normas que no deseaban rebajar el nivel de protección, sino reducir el déficit público y cambiar la identidad del sujeto obligado al pago. Mantener una tesis como la de la sentencia recurrida implica que si la empresa no es capaz de realizar el pago en cuestión la persona que se encuentra en baja por IT queda sin opciones reales de cobro.

La escasa cuantía de lo reclamado ni afecta a la recurribilidad de las resoluciones judiciales (puesto que la cuantía litigiosa viene dada por el importe de lo reclamado, no por el diferencial entre ello y lo reconocido en sentencia), ni rebaja la relevancia de los bienes o derechos en presencia, ni afecta a la virtualidad de los argumentos desplegados.

3.Estimación del recurso.

La sentencia recurrida aplica doctrina errónea, por lo que debemos casarla y resolver el debate suscitado en suplicación en sentido favorable al recurso formalizado por la trabajadora.

El recurso de suplicación, a su vez, desarrolla los mismos argumentos que ha desplegado el de casación unificadora, de modo que no se requiere argumentación adicional alguna para explicar el alcance de su triunfo.

Eso comporta la ampliación del alcance de la condena que alberga el fallo dictado por el Juzgado de lo Social: la obligación de la Union de Mutuas en orden a anticipar el pago correspondiente al periodo de incapacidad no surge a partir del día 16 y siguientes (lo que desemboca en el pago de 12.711'14 €) sino que arranca el día 4º en cada uno de los dos periodos de IT (lo que eleva la cifra a 13.172,11 €), sin perjuicio del derecho a repetir contra la empresa condenada y con absolución del INSS y de la TGSS.

FALLO

1) Estimamos el recurso de casación unificadora interpuesto por Dª María Luisa contra la sentencia del TSJ de Valencia, de 10-7-2014, en el recurso de suplicación nº 891/2014.

2) Casamos y anulamos la referida sentencia de 10-7-2014, por lo que procedemos a resolver el recurso de suplicación interpuesto en su día por la Sra. María Luisa.

3) Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la Sra. María Luisa frente a la sentencia dictada el 4-7-2013 del Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón, en los autos seguidos a instancia de dicha recurrente contra la empresa Turcaza, S.L., el INSS, Unión de Mutuas, sobre cantidad.

4) El Fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social queda redactado como sigue:

"Que con desestimación de la excepción de defecto formal en el modo de proponer la demanda y de cosa juzgada, y con estimación de la excepción de prescripción, y con estimación de la demanda interpuesta por  María Luisa  , en ejercicio de la acción de reclamación de cantidad por prestación de I.T. derivada de contingencia común, contra la empresa Turcaza SL, Union de Mutuas, e INSS y TGSS, y condeno a la empresa Turcaza SL como obligada directa a que abone al actor en su totalidad la prestación por I.T. en cantidad de 13.172,11 €, con la obligación de Union de Mutuas de anticipar inmediatamente al demandante dicho pago, sin perjuicio de su derecho de repetir contra la empresa condenada con la subrogación en los derechos y acciones de los beneficiarios, con absolución del INSS y TGSS de los pedimentos dirigidos en su contra".

VER SENTENCIA ->

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