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SENTENCIA DEL TS DE 09-06-2015


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SENTENCIA DEL TS DE 09-06-2015 SOBRE TRASLADO DEL RECARGO POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA A LA DE VIUDEDAD

RESUMEN

Incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional. Imposición de un recargo del 30 % por falta de medidas de seguridad.

Aplicación de este a las prestaciones de muerte y supervivencia con independencia de cuál haya sido la causa de la muerte y aun cuando esta no guardara relación alguna con aquellas que motivaron la incapacidad.

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Sar Remolcadores, S.L., contra la sentencia de 30-9-2013 del TSJ de Cataluña en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 2-3-2012, del Juzgado de lo Social nº 16 de Barcelona, en autos seguidos a instancias de Sar Remolcadores, S.L., frente al INSS, TGSS, Dª Débora y Mutua Universal-Mugenat.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 2-3-2012 el Juzgado de lo Social nº 16 de Barcelona dictó sentencia, en la que consta la siguiente parte dispositiva:

"Desestimando la demanda interpuesta por Sar Remolcadores, S.L. contra INSS, TGSS, Mutua Universal-Mugenat y Dª Débora, absuelvo a los demandados de los pedimentos de la demanda confirmando la resolución de la Entidad Gestora, declarando también la incompetencia de este orden jurisdiccional social para la cuestión relativa a la capitalización pudiendo la actora ejercitar la acción ante la jurisdicción contencioso-administrativa.".

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

- D. Argimiro (vaya nombre) prestó servicios para la empresa desde el 16-2-1979 hasta el 15-4-2003, siendo declarado en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad profesional, por resolución del INSS de 22-4-2004.

- Por Sentencia de 2-5-2006 del Juzgado de lo Social n° 12 de Barcelona, se declaró la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en la enfermedad profesional sufrida por el Sr. Argimiro, estableciéndose un recargo del 30% de todas las prestaciones económicas derivadas de dicha enfermedad profesional. Dicha sentencia fue confirmada por otra del TSJ de Catalunya de 13-10-2008.

- El 29-11-2008, falleció D. Argimiro solicitando su viuda D. Débora la pensión de viudedad que le fue reconocida por resolución del INSS de 5-1-2009 y con efectos de 1-12-2008.

- El 13-7-2010, el INSS se dirigió a la empresa Sar Remolcadores, S.A. informándole del reconocimiento de dicha pensión de viudedad, así como que por Sentencia del Juzgado de lo Social n° 12 se había declarado la responsabilidad por falta de medidas de seguridad y establecido el recargo del 30% de las prestaciones, dándole trámite de audiencia para efectuar alegaciones.

- La empresa formuló las alegaciones que tuvo por oportunas, dictándose resolución por el INSS en fecha 27-8-2010 por la que se declara, procedencia de la aplicación del recargo de prestaciones respectó de las de muerte y supervivencia derivadas del fallecimiento de D. Argimiro, siendo notificada a la empresa el 2-9-2010.

El 8-10-2010, la empresa presentó la preceptiva reclamación previa siendo desestimada por resolución definitiva de 2-11-2010.

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por Sar Remolcadores, S.L., ante el TSJ de Cataluña, que dictó sentencia el 30-9-2013, en la que consta el siguiente fallo:

"Desestimando la petición subsidiaria planteada en el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Sar Remolcadores, S.L. frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 16 de Barcelona de fecha 2-3-2012, en autos por recargo e prestaciones, debemos confirmarla en toda su extensión.".

La empresa Sar Remolcadores, S.L. formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la del TSJ de Cataluña de 15-3-2010.

El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El causante falleció 29-11-2008, siendo en aquella fecha perceptor de una pensión de incapacidad permanente absoluta, situación declarada por resolución del INSS de 23-4-2004, a cuyo favor se declaró en sentencia de 2-5-2006 un recargo del 30% por falta de medidas de seguridad en la enfermedad profesional padecida por el trabajador.

El INSS dictó el 27-8-2010 Resolución declarando la procedencia de la aplicación a las prestaciones de muerte y supervivencia del recargo reconocido a la de incapacidad permanente.

La empresa para la que había prestado servicios el fallecido impugnó la anterior resolución en vía judicial, al objeto de que el citado recargo no repercuta también en las prestaciones de muerte y supervivencia.

La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la pretensión y declaró la falta de competencia para la cuestión relativa a la capitalización, pudiendo la actora ejercitar la acción ante la jurisdicción contencioso administrativa y su sentencia fue confirmada en suplicación si bien el recurso se dirigía tan solo frente a la imposición del recargo.

Recurre la empresa demandante en casación para la unificación de doctrina y ofrece como sentencia de contraste la de 15-3-2010 del TSJ de Cataluña.

Entre ambas resoluciones concurre la preceptiva contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 de la LRJS sin que sea óbice que en la sentencia de contraste sea conocida la causa del fallecimiento de la causante, lo que no sucede en la recurrida.

SEGUNDO.- La parte actora recurrente alega sin cita de la norma de amparo la infracción del artículo 172.2 en relación con el 123 ambos de la LGSS.

Se concreta así el debate planteado consistente en si procede trasladar a las prestaciones por muerte y supervivencia el incremento del recargo por falta de medidas de seguridad impuesto a la prestación antecedente por Incapacidad permanente absoluta, derivada de accidente de trabajo en la sentencia recurrida y de enfermedad profesional en la de contraste con independencia de cual haya sido la causa de la muerte y aun cuando esta no guardara relación alguna con la causa que motivó la incapacidad permanente absoluta en su día declarada en favor del causante.

El artículo 172.2 de la LGSS declara que:

"se reputarán (sic) de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una invalidez permanente absoluta para todo trabajo o la condición de gran invalidez".

Es evidente que la prestación básica no experimenta variación al devenir en muerte y supervivencia, mediando una presunción iure et de iure, suscitando la duda el incremento por falta de medidas de seguridad.

No existe una razón convincente para aislar el incremento frente a la prestación básica.

De hacer depender la prestación por muerte y supervivencia de la causa real de la muerte no existiría una presunción tan enérgica como la que establece el artículo 172.2 de la LGSS.

Existe la dificultad de la difícil concreción de la naturaleza atribuible al recargo, interminable polémica como prestación o sanción, pero ese dilema no puede prescindir de que en definitiva es un beneficio extra en favor de un marco de protección que une infracción y lesión repercutiendo en cuantas ventajas puedan tener origen en la contingencia y siendo ésta transportada por mor de la presunción al ámbito contemplado por el artículo 172.2 de la LGSS no existe una razón para excluir un elemento acerca del que no existe mención.

Desde el momento en que la omisión de falta de medida de seguridad incide de manera determinante en el menoscabo funcional padecido, este es el origen de la prestación y no su añadido.

Cuando el artículo 172.2 de la LGSS decide llevar en bloque a la muerte y supervivencia la situación vigente en vida del causante sin establecer ninguna restricción al respecto, no existe una razón para conjeturar que en la mente del legislador pueda estar presente la exclusión del recargo.

Por lo expuesto, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación el recurso con imposición de las costas a la recurrente y devolución del depósito constituido para recurrir.

FALLO

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa Sar Remolcadores, S.L., contra de la sentencia de 30-9-2013 del TSJ de Cataluña en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 2-3-2012 del Juzgado de lo Social nº 16 de Barcelona, en autos seguidos a instancias de la empresa Sar Remolcadores, S.L., frente al INSS, TGSS, Dª Débora, y Mutua Universal-Mugenat. Con imposición de las costas a la parte recurrente y la devolución del depósito constituido para recurrir.

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