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SENTENCIA DEL TS DE 10-06-2016


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SENTENCIA DEL TS DE 10-06-2016 SOBRE DESPIDO POR NO REINCORPORACIÓN DE UNA TRABAJADORA FIJA DISCONTINUA, TRAS BAJA POR MATERNIDAD, EN EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

Dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido: comienza el día de interposición de la reclamación previa.

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Catalina contra la sentencia del TSJ de Andalucía, de 17-9-2014, recaída en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, de 7-3-2013, en los autos de juicio iniciados en virtud de demanda presentada por Dª Catalina contra Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sobre despido nulo y subsidiariamente improcedente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 7-3-2013, el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:

«Estimando la demanda formulada por Dª Catalina contra el SAE, y declarando que la no incorporación de la trabajadora el 26-8-2012 tras su proceso de I.T. por riesgo durante el embarazo y posterior licencia por maternidad tiene la consideración de un despido nulo a tenor de lo establecido en el art. 53.4 del ET, y no siendo posible la readmisión por haber finalizado la actividad fija discontinua, condeno al abono de los salarios dejados de abonar entre el 26-8-2012 al 31-1-2013 sobre un valor diario de un valor diario de 73,59 € y en los términos del FD 4° de esta Sentencia».

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como Hechos Probados se declaran los siguientes:

1º.- Catalina era trabajadora de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y empleo (FAFEE), prestando servicios como trabajadora fija discontinua. En virtud de la Ley 1/2011 de 17-2-2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz, el SAE se subrogó en la posición de empresario. La relación laboral de la trabajadora en el SAE ha estado vigente diferentes periodos.

2º.- El 3-4-2012 la trabajadora recibió comunicación del SAE en la que se hacía constar que se había establecido una orden de llamamiento basada en la evaluación del desempeño obtenido y la antigüedad, tal y como especifica el CºCº 2007-2009, por lo que, le comunican que el día 3-4-2012 se iniciará en Córdoba el programa Cualifica en el que deberá incorporase como tutora. Para ello deberá presentarse en el SAE en Córdoba el día 3-4-2012 a las 9:30 hs.

La ausencia sin causa justificada y la no presentación de esa carta firmada en las fechas indicadas, serán interpretadas como rechazo del contrato referido y se procederá a dar por finalizada su relación contractual con el SAE. Esta comunicación fue reiterada el 9-4-2012.

3º.- La trabajadora contestó con un escrito presentado ante el SAE el 3-4-2012 en el que indicaba:

"Que soy trabajadora del SAE desde mayo de 2011, estando anteriormente trabajando para la extinta FAFEE. Que mantengo con la actual Agencia un contrato indefinido bajo la modalidad de fijo-discontinuo. Que tras el llamamiento, el día 3 de abril, vía telefónica, para mi incorporación al puesto de trabajo sujeto al programa Cualifica, alego:

- mi interés por incorporarme al puesto de trabajo.

- mi incapacidad para presentarme al llamamiento y firma de CT por encontrarme en situación de baja por amenaza de parto prematuro (presento via e-mail a la persona responsable de RRHH en Córdoba los partes de baja que justifican mi situación para su reenvío a Sevilla).

Actualmente me encuentro en suspensión del CT por I.T. que había iniciado con el Ayuntamiento de Córdoba tras recibir autorización por parte del SAE para poder trabajar en otra empresa en el período de discontinuidad, debido al desconocimiento de la fecha de inicio del Programa (6 meses ya de diferencia con la fecha aproximada de lanzamiento anual).

Por todo lo expuesto, solicito la suspensión de mi plazo de incorporación hasta recibir el alta médica."

4º.- En el momento del llamamiento la trabajadora se encontraba en situación de I.T. por amenaza de parto prematuro desde el 14-3-2012, que continuó con período de maternidad entre el 25-4-2012 al 25-8-2012.

5ª.- Consta de alta laboral para el Ayuntamiento de Córdoba entre el 13-2-2012 a 30-11-2012. Esta actividad estaba autorizada por el SAE.

6ª.- El 9-8-2012 la hoy demandante presentó escrito ante el SAE en el que indicaba que el período de maternidad terminaba el 25-8-2012 y solicitaba que se procediera a su llamamiento como tutora al programa Cualifica a partir del 26-8-2012. Tal petición no fue atendida por la demandada, contestando el SAE el 28-9-2012 que el programa Cualifica fue atendido por personal del centro.

7º.- El programa cualifica se inició en Córdoba el 15-4-2012, terminado el 9-1-2013 y finalizando la tutora sus funciones el 31-1-2013. Las funciones que en años anteriores fueron realizadas por la trabajadora demandante han sido asumidas en el 2012 por la Sra. Nuria, trabajadora fija discontinua proveniente de la FAFFE al igual que la demandante.

8º.- En la provincia de Cádiz la trabajadora fija discontinua Sra. Fidela estaba también en situación de baja médica cuando se produzco su llamamiento. Esta trabajadora cursó baja laboral para tercera empresa para la que estaba dada de alta el 11-4-2012, siendo contratada por el SAE el 12-4-2012 (fecha de su llamamiento), procediéndose a incorporar efectivamente a su puesto de trabajo tras finalización de su baja médica.

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, el letrado de la Junta de Andalucía formuló recurso de suplicación y el TSJ de Andalucía dictó sentencia el 17-9-2014, en la que consta el siguiente fallo:

«Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el SAE contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba de 7-3-2013 en el procedimiento seguido a instancias de Dª Catalina frente a la recurrente y habiendo sido llamado a las actuaciones el Ministerio Fiscal. En su consecuencia, revocamos la sentencia de instancia y, apreciando la excepción de caducidad de la acción ejercitada, desestimamos la demanda iniciadora de las presentes actuaciones.»

CUARTO.- Contra la sentencia del TSJ de Andalucía, Dª Catalina, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con del TS de 24-10-2012.

QUINTO.- El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de estimar improcedente el recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-1.- El Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba dictó sentencia el 7-3-2013 estimando la demanda formulada por Dª Catalina contra el SAE, sobre despido, declarando que la no incorporación de la trabajadora el 26-8-2012, tras su proceso de I.T., por riesgo durante el embarazo y posterior licencia por maternidad, tiene la consideración de un despido nulo, condenando a la demandada al abono de los salarios dejados de percibir entre el 26-8-2012 al 31-1-2013, sobre un valor diario de 73,59 €, en los términos del FD cuarto de la sentencia.

2.- Recurrida en suplicación por el SAE, el TSJ de Andalucía dictó sentencia el 17-9-2014, estimando el recurso formulado, revocando la sentencia impugnada y, apreciando la excepción de caducidad de la acción, desestimó la demanda formulada.

La sentencia entendió que la acción de despido estaba caducada ya que el cese se produjo el 26-8-2012, la reclamación previa se interpuso el 18-9-2012 -transcurridos, por tanto 16 días desde la fecha inicial de cómputo- dicha reclamación suspendió el plazo de caducidad, cuyo cómputo se reanudó transcurrido 1 mes desde la interposición de aquella, lo que supone su desestimación por silencio administrativo, mes que finalizó el 18-10-2012, por lo que al interponer la demanda el 13-11-2012 había transcurrido en exceso el plazo de caducidad legalmente establecido.

3.- Contra dicha sentencia Dª Catalina interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria, la dictada por esta Sala el 24-10-2012.

La parte recurrida, SAE, ha impugnado el recurso, habiendo informado el Ministerio Fiscal que no existe contradicción, por lo que el mismo ha de ser declarado improcedente, y, si se entendiera que hay contradicción, asimismo ha de declararse la improcedencia del recurso.

SEGUNDO.- Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS por lo que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el artículo 224 de dicho texto legal, procede entrar a conocer del fondo del asunto.

TERCERO.-1.- El recurrente alega infracción del artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como del artículo 69.1 y 3 de la LRJS y de la jurisprudencia que lo interpreta.

2.- La cuestión ha sido resuelta, entre otras, por la sentencia de esta Sala de lo Social del TS de 24-10-2012, citada como contradictoria, que en concordancia con la jurisprudencia constitucional ha establecido que las normas sobre la incidencia de la reclamación previa sobre la caducidad de la acción han de interpretarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad que respeten las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución.

Así, distintas sentencias señalan que, aunque los mandatos del artículo 59.3 del E.T. son Derecho necesario, también lo son aquellos preceptos de la Ley de Procedimiento Administración que se refieren a los efectos de las notificaciones administrativas defectuosas, cuya aplicación hubiera supuesto la admisión de la demanda planteada ante el Juzgado de lo Social.

Por otra parte, se afirma que la prevalencia concedida al artículo 59.3 del E.T. supone que de hecho la Administración ha venido a beneficiarse de sus propias irregularidades, al haber inducido a los hoy demandantes a error, y a actuar dentro de un plazo que, posteriormente, la misma Administración consideró inaplicables.

Por ello, no puede calificarse de razonable una interpretación que prima los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales.

Por el contrario, resulta razonable estimar que el artículo 79.3 Ley de Procedimiento Administrativo -hoy artículo 58.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- era aplicable al presente supuesto, de manera que la notificación, aun errónea, debió surtir efectos al interponerse la correspondiente demanda, que, por ello, quedaba dentro del plazo legalmente señalado" y añadiendo que ha de valorarse en adición, que la caducidad es institución que pretende reforzar la seguridad jurídica de quien habría de sufrir las consecuencias del éxito de la acción ejercitada.

Y resultaría no ya desproporcionado, sino altamente contrario a los principios de justicia distributiva, robustecer la posición, ya de por sí favorable, que la Ley dispensa a la Administración en el proceso, al exigirse la reclamación previa para demandarla, otorgándole un plus nacido, precisamente, de su mal cumplimiento de las obligaciones de orden público que le impone el Ordenamiento Jurídico, aunque no conste que esa defectuosa información fuera intencionada.

2.- Tras la entrada en vigor de la LRJS, la solución a estos problemas tiene una respuesta expresa en el texto legal, al disponerse en el art. 69.1.II y III y 3 de la referida norma procesal que:

"1. En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos o de la reclamación administrativa previa que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso o reclamación que proceda

3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, si bien la interposición de la reclamación previa suspende el plazo de caducidad, en los términos del artículo 73».

3.- Aplicando la anterior doctrina al supuesto debatido, procede estimar el recurso formulado. En efecto, ante la comunicación efectuada por la trabajadora el 9-8-2012 al SAE de que finalizaba su baja por maternidad el 25-8-2012 y solicitaba que se procediera a su llamamiento como tutora al programa Cualifica el 26-8-2012, este no respondió y la actora interpuso reclamación previa el 18-9-2012, reclamación que no fue respondida por lo que transcurrido un mes, el 18-10-2012, se entiende denegada, disponiendo la actora de 20 días hábiles para interponer la demanda, como la interpuso el 13-11-2012, aún no habían transcurrido los 20 días que para el ejercicio de la acción de impugnación del despido establece el artículo 59.3 del ET y 103.1 de la LRJS, computados a partir de la fecha en que se entiende denegada por silencia la reclamación previa, tal y como establece el artículo 69.1 y 3 de la LRJS .

CUARTO.-1.- En virtud del artículo 228.2 de la LRJS, si la sentencia del TS declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamiento ajustado a dicha unidad de doctrina, por lo que, habiéndose alegado por la demandada SAE, como motivo de suplicación, que la sentencia de instancia ha infringido el artículo 21 de la Ley 18/2011, de 23-12, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede resolver dicho motivo de recurso. Aduce, en esencia, que la no contratación de interinos no es sino seguimiento de lo ordenado por la Ley de Presupuestos sobre la no utilización de dicha figura, salvo en caso de necesidad o urgencia.

2.- El precepto cuya vulneración denunció la recurrente en el recurso de suplicación, artículo 21 de la Ley 18/2011, de 23-12, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece:

"Contratación de personal laboral temporal durante el año 2012.

1. Solo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo de 12 meses, durante el ejercicio 2012, para programas específicos o relativos a necesidades estacionales..."

La censura jurídica formulada no ha de tener favorable acogida ya que la trabajadora no es personal temporal ni ha sido "contratada" pues, siendo su relación laboral de carácter fijo discontinuo, tal y como resulta del hecho probado primero de la sentencia de instancia, tenía un contrato vigente, en virtud del cual debía ser llamada para el programa de formación para el empleo denominado Cualifica, una vez finalizada la situación de I.T. por amenaza de parto prematuro y posterior baja por maternidad y, al no haberlo efectuado así la demandada, se ha producido su despido.

Al encontrarse la actora en situación de baja por maternidad, sin que hubieran transcurrido 9 meses desde la finalización de la misma y no habiéndose declarado la procedencia del despido, procede declarar su nulidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.5 del ET y al haberlo entendido así el juzgador de instancia ha de ser confirmado dicho pronunciamiento.

FALLO

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Catalina frente a la sentencia de 17-9-2014 del TSJ de Andalucía en el recurso de suplicación interpuesto por el SAE frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba de 7-3-2013, en los autos seguidos a instancia de Dª Catalina contra el SAE sobre despido. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimamos el recurso de tal clase interpuesto por el SAE, confirmando la sentencia de instancia. Sin costas.

VER SENTENCIA

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