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SENTENCIA DEL TS DE 10-11-2014


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SENTENCIA DEL TS DE 10-11-2014 SOBRE DEMANDA DE REVISIÓN EN UNA IMPUGNACIÓN DE DESPIDO

RESUMEN

Documentos decisivos recobrados u obtenidos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado la sentencia.

Demanda de revisión interpuesta por el Consorcio "Feval, Institución Ferial de Extremadura" y por la mercantil "Feval, Gestión de Servicios S.L.U.", contra la sentencia del TSJ de Extremadura de 19-2-2013, recaída en el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador D. Marcos contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Badajoz de 18-10-2012 siendo parte demandada referido trabajador sobre impugnación de despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

- La parte dispositiva de la sentencia dictada por el TSJ de Extremadura es del siguiente tenor literal:

"Con estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por D. Marcos contra la sentencia dictada el 18-10-2012 por el Juzgado de lo Social nº4 de Badajoz, en autos seguidos a instancia del recurrente frente a Feval Gestión de Servicios S.L.U. y Feval, Institución Ferial de Extremadura, declaramos improcedente el despido del demandante efectuado por las demandadas, a las que condenamos a que abonen al demandante una indemnización de 63.554 euros si las partes no se ponen de acuerdo en que se proceda a la readmisión del trabajador en su puesto".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Las entidades ahora demandantes presentaron, en fecha 19-03-2014 demanda de revisión de sentencia firme contra la Sentencia del TSJ de Extremadura de 19-2-2013 (cuya firmeza conoció el día 20-12-2013), por la vía del art. 236.1 LRJS e invocando como único motivo el contemplado en el art. 510.1 de la supletoria LEC, a cuyo tenor

"Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado"

Y señalando como documento decisivo" u "obtenido" por la parte para fundamentar su demanda de revisión la Sentencia del TSJ de Extremadura 18-10-2012 recaída en proceso de despido de otro trabajador cuya firmeza se conoció en fecha 03-09-2013; y, en posterior escrito aclaratorio de fecha 23-04-2014, también pretende fundamentarla en la Sentencia del TSJ de Extremadura de 5-3-2013 cuya firmeza se conoció el 07-04-2014.

2.- Con relación al proceso que termina por Sentencia del TSJ de Extremadura 19-2-2013 recaída en proceso de impugnación de despido objetivo y cuya revisión se pretende, es dable destacar, en esencia y en los exclusivos extremos que a este excepcional proceso de revisión afectan, que:

a) Se inició por demanda de despido formulada por el trabajador ahora demandado (D. Marcos) contra las entidades ahora demandantes impugnando el despido disciplinario que con fecha y efectos 07-10-2011 había notificado al actor. La sentencia de instancia del Juzgado de lo Social de Badajoz nº 4 de fecha 18-10-2012 desestimó la demanda y declaró procedente el despido.

b) Contra la anterior sentencia de instancia recurrió en suplicación el trabajador. La Sala, en la sentencia antes referida, estima en parte el recurso, confirmando que la relación laboral no es común, sino la especial de alto directivo, pero entiende que los hechos imputados no constituían incumplimiento contractual ninguno o, si lo era, no concurría la gravedad y culpabilidad necesarias, por lo que la decisión empresarial se declaró improcedente con las consecuencias que se establecen en el art. 11 del RD 1.382/1985, fijando una indemnización de 20 días por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades (63.554 €), que deberá abonarse al demandante si no se ponen de acuerdo las partes en la readmisión.

c) Contra la referida sentencia de suplicación, ambas partes formalizaron recursos de casación unificadora (la parte demandada en fecha 08-05-2013) y por Auto del TS de 20-11-2013 se declaró la inadmisión de los referidos recursos y la firmeza de la sentencia recurrida, lo que fue notificado el día 20-12-2013.

.- Las entidades demandantes en revisión pretenden, conforme al suplico de su demanda, que se rescinda parcialmente la Sentencia del TSJ de Extremadura 19-2-2013, "en el sentido de dejar sin efecto la declaración relativa a la declaración de improcedencia del despido".

- El esencial fundamento de tal pretensión revisora, consiste en el hecho de que en dos sentencias que adquirieron firmeza posteriormente a la que se pretende la revisión y relativas a otros dos altos cargos que, conforme alegan las ahora demandantes, concurrieron con el trabajador ahora demandado en la realización de los hechos objeto del despido habiendo sido los tres despedidos, resulta que en las dos últimas el despido se declara procedente y en la primera improcedente; destacando los demandantes que no pudieron invocar estas dos últimas sentencias en el recurso de casación unificadora que formularon contra la primera al impedirlo la norma procesal por no haber ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso.

- Como establece y reitera la jurisprudencia constitucional, entre otras, la Sentencia del TC de 14-12-2009 diciembre:

«Una de las perspectivas del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE es la que se manifiesta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia perseguida por el Ordenamiento, lo que supone tanto que aquéllas se ejecuten en sus propios términos como el respeto a las situaciones jurídicas declaradas, sin perjuicio de que se haya establecido legalmente su eventual modificación o revisión por medio de ciertos cauces extraordinarios»

Existe, en efecto, «una innegable conexión entre la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, pues si éste comprende la ejecución de los fallos judiciales, su presupuesto lógico ha de ser el principio de la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes, que así entra a formar parte de las garantías que el art. 24.1 CE consagra.

De esta manera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad»

3Continúa señalando la citada la Sentencia del TC que

"En definitiva, si el órgano judicial modificase una resolución judicial anterior al margen del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, «quedaría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme”

- En interpretación y aplicación de la normativa y jurisprudencia constitucional y ordinaria expuesta, y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, cabe concluir en el presente proceso que con amparo en el motivo de revisión contemplado en el art. 510.1 LEC, -relativo a los documentos decisivos recobrados u obtenidos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado-, no es dable atribuir el referido carácter de documento recobrado u obtenido a ninguna de las dos sentencias firmes ulteriores dictada procesos de despido afectantes a otros dos trabajadores aunque hipotéticamente hubieran compartido con el trabajador ahora demandado la realización de los hechos que en el caso del demandado comportaron la declaración de improcedencia y en la de los otros dos la de improcedencia de los despidos.

Como se ha indicado, no existe norma legal de ningún tipo que imponga la prevalencia de una de esas sentencias sobre la otra, ni existe razón de clase alguna en la que se pueda fundar tal prevalencia; además, distinto enjuiciamiento de unos mismos hechos que llevan a cabo sentencias firmes distintas, constituye sin duda una grave patología jurídica, especialmente si afectan a las mismas partes (lo que tampoco concurre en el presente supuesto aunque existan otros posibles vínculos de conexión), pero hoy por hoy en nuestro ordenamiento no existen remedios que den solución a tal anomalía y menos aún cabe acudir al proceso de revisión pues dicho grave supuesto no es ninguno de los previstos en el art. 510 de la LEC ; y, debe tenerse en cuenta, por otra parte, que pueden haber sido distintas las pruebas practicadas en unos y otros litigios y también puede ser dispar el criterio valorativo del Juez que enjuicia unas y otras pruebas.

Si bien es cierto que conforme al art. 221.3 y 4 LRJS, relativo a los presupuestos del recurso de casación unificadora, resulta que

"3. Las sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso"

y que

"4. Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición"

Las ahora demandantes al formular el recurso de casación unificadora contra la Sentencia del TSJ de Extremadura de 19-2-2013, no pudieron invocar como contradictorias ni la Sentencia del TSJ de Extremadura de 18-10-2012 con firmeza el día 16-7-2013 ni la de 5-3-2013 cuya firmeza la obtuvo el 26-3-2014, pero tal circunstancia no es una vía para que obtener el acceso a la demanda de revisión, la que de este modo se convertiría en una especie de recurso de casación unificadora subsidiario, lo que no está previsto legalmente.

FALLO

Se desestimamos la demanda de revisión, interpuesta por el Consorcio “Feval, Institución Ferial De Extremadura” y por la mercantil “Feval, Gestión De Servicios S.L.U.”, contra la sentencia del TSJ de Extremadura de 19-2-2013, recaída en el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador D. Marcos contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Badajoz en fecha 18-10-2012, en autos de despido seguidos a instancia del referido trabajador contra las entidades ahora demandantes en revisión, absolviendo al demandado de las pretensiones en su contra formuladas; condenándose en costas a los demandantes y con pérdida del depósito realizado.

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